martes, 8 de mayo de 2007

Don Giovanni

Yerbamala
Martes, 08 de Mayo de 2007
Nota Completa
  • Mosqueda y sus cuentas: polémicas, inoportunas y fútiles
  • La Canadevi cosecha sus primeros frutos
  • Guanajuato capital: se van los funcionarios

1.- EL DOS DE JULIO. La desparpajada alocución que dirigió hace una semana el secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda, a los delegados federales de la entidad contuvo un ingrediente que no debe dejar de ser revisado.

Más allá de la campechana manera de comunicarse, que puede ser perfectamente respetable como una actitud idiosincrásica (hay políticos que han hecho una característica de la socarronería, el desenfado y la expresión soez), importa referirse a la comparación de los votos obtenidos el dos de julio de 2006 por los entonces candidatos a gobernador, Juan Manuel Oliva; ya presidente de la República, Felipe Calderón.

Ha dicho Mosqueda, palabras más palabras menos, que si bien Juan Manuel Oliva habría podido darse el lujo de perder algunos centenares de miles de votos (ganó por más de seiscientos setenta mil), Calderón no lo hubiera soportado (su triunfo apenas fue por menos de 250 mil votos).

En correo se consignó que Mosqueda se encontraba cobrando un apoyo al hoy presidente, bajo el esquema de que Guanajuato le aportó sufragios a Calderón muy por encima de los que el candidato estatal necesitaba para triunfar con holgura. Como el hecho se produjo en el marco de una encendida exhortación (la hemos llamado eufemísticamente “un regaño”), la interpretación cobró sentido.

Pero además, esa misma tesis se le ha escuchado en diversos foros a otros funcionarios de la administración estatal, algunos de ellos muy cercanos histórica y políticamente al gobernador Oliva: Calderón debe apoyar a Guanajuato porque aquí se le hizo ganar, como si los votos de la diferencia con López Obrador fueran estos y no los de alguna otra entidad de la República, sobre todo aquellas gobernadas por el PRI donde se dieron diferencias sustanciales entre la elección presidencial y la de senador o diputados, por ejemplo.

El argumento tiene varios problemas. Uno de ellos es el de su veracidad, como revisaremos en seguida. El otro, quizá más delicado, es el de su oportunidad política, la cual no se ve por ninguna parte.

En el caso de la veracidad habría que revisar una hipótesis que comparten muchos analistas políticos y ciudadanos comunes y corrientes: la diferencia en la asistencia de votantes en las urnas, que otorgó el gran diferencial entre el PAN y las restantes fuerzas políticas, obedeció en gran medida a la preocupación de muchos estamentos sociales medios y altos por el temor al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, algo a lo que sobre todo fueron sensibles los conservadores votantes del Bajío.

En una elección de corte exclusivamente estatal, con Juan Manuel Oliva contendiendo contra Miguel Ángel Chico y Ricardo García Oseguera, muy probablemente la gradería hubiese estado desierta. Baste recordar el patético y aburrido debate que protagonizaron los tres candidatos en la campaña estatal. Con ese atractivo en la taquilla, difícilmente se hubieran logrado los niveles de votación que finalmente se registraron.

Es decir, en este escenario no es Oliva quien le da votos a Calderón, sino al contrario: la elección presidencial arrastra los votos en cascada y los electores preocupados por manifestar su voluntad en los comicios nacionales terminan llevando las cifras locales a nivel de récord histórico.

Desde luego, se trata de dos hipótesis, tan defendibles una como la otra, dependiendo del punto de vista. Sin embargo, lo que sí se antoja absolutamente insostenible es la necesidad de exhumar un expediente en el que no se tienen más que percepciones y que puede constituirse a todas luces en una impertinencia y un ruido en la relación entre el mandatario estatal y el federal.

Nadie dice que el gobernador de Guanajuato, máxime en el momento político que vive el país, no pueda enfrentarse con toda legitimidad a la Federación, siempre que lo haga en asuntos de trascendencia para los habitantes del estado, dentro del marco legal que nos rige y bajo un plan de acción que garantice los resultados.

Los asuntos sobran: la contaminación de las paraestatales federales en Salamanca; el reparto de agua del acuerdo Lerma - Chapala; la designación del delegado de la PGR, acéfala hace 9 meses, entre otros.

Pero, desde luego, parece que el tema no es un asunto de gobierno, sino de simple vanidad. Qué tragedia.

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