La alcaldesa de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, encabezará su primera Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial (ANCMPM), en su calidad de nueva presidenta del organismo, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 31 de enero en la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz.
Con la presencia del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y la asistencia de los presidentes municipales de Campeche, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Querétaro, Zacatecas, San Miguel de Allende, Tlacotalpan así como de la Ciudad de México, se desarrollará este encuentro en el marco de las fiestas patronales de La Candelaria.
Fernando Ariza de la Fuente, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad, indicó que dentro de la agenda propuesta a tratar en la primera Asamblea General Ordinaria de 2009, se discutirá el programa de trabajo para el presente ciclo.
Agregó que se considera revisar los status de la aplicación de recursos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), de la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), instancias que el año pasado financiaron la ejecución de proyectos específicos para las ciudades que pertenecen a la ANCMPM.
A la par de estas actividades, dijo el funcionario, se informará a los 10 alcaldes el presupuesto con el que la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, cuenta para este 2009 con el fin de ejercerlo en diferentes acciones y actividades, principalmente de promoción nacional e internacional de las llamadas "Joyas de México".
El funcionario adelantó que durante la Asamblea se presentarán los avances del Programa Patrimonio y de la Guía Visual, así como se hará la presentación de la publicación de la revista de la ANCMPM, que en esta ocasión, su edición está dedicada a Tlacotalpan.
Finalmente, Ariza de la Fuente explicó que dentro de esta agenda de trabajo se encuentra la discusión de la gestión del Decreto Federal de Estímulos Fiscales, que de concretarse, se reflejará en importantes apoyos a las 10 ciudades.
viernes, 30 de enero de 2009
miércoles, 28 de enero de 2009
Denuncian corrupción en el caso jurídico de Juan Gabriel
ABOGADOS Eduardo Alvarado y Claudio Guiza, defensores de Marie Gertrude Thompson viuda de Trott.
El Sol del Bajío
26 de enero de 2009Alma Gabriela Pérez
San Miguel de Allende, Gto.- Los abogados titulares del caso de la canadiense americana Marie Gertrude Thompson viuda de Trott contra el cantautor Juan Gabriel y su hijo Iván Aguilera Salas, señalaron lentitud en el litigio, debido a que comenzó en el año 2001 y a la fecha no acaba. Señalaron que es gracias a la complacencia y complicidad de las autoridades judiciales del estado.
Los abogados Claudio Guiza Santoyo y Eduardo Alvarado Rocha, representantes legales de la parte afectada, en este caso la señora Thompson viuda de Trott, indicaron que con la complicidad de las autoridades judiciales del estado, en un caso excepcional, se han hecho cómplices. Desconocen si es por la causa de la fama de Juan Gabriel, pero señalan que se han enfrentado a un tortuoso procedimiento judicial que ha durado 8 años.
El licenciado Eduardo Alvarado Rocha señaló que ya tienen una sentencia ejecutariada, firme, definitiva y modificable en beneficio de la señora Trott, dueña de las propiedades en litigio, en este caso el rancho "Tierras de Paz", ahora denominado por el cantante Juan Gabriel, como rancho "Los Gabrieles", ubicado sobre la carretera a Dolores Hidalgo y tiene una extensión aproximada de 7 hectáreas y 5 mil metros cuadrados de construcción.
"En este país, nadie puede ser dueño de algo si no lo ha pagado, como en cualquier país occidental. Lamentablemente aquí, nos hemos enfrentado a lo largo de todos estos años con una serie de personas nefastas, que se han encargado de corromper el sistema de impartición de justicia del estado", mencionó el licenciado Alvarado.
El rancho fue vendido a Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, en la cantidad de 2 millones y medio de dólares, cantidad que el cantante pagó la mitad como enganche comprometiéndose a pagar el resto en un año, cosa que no ocurrió. No pagó por sinvergüenza señalaron.
Dijeron que Juan Gabriel es un tipo conflictivo que es perseguido por Hacienda en México por no pagar impuestos al igual que en Estados Unidos. "Ha llegado a negar, incluso el conocimiento personal de la señora. A lo largo de este juicio plagado de mentiras, de estulticias, de sinvergüenzonadas, de malondronadas y de payasadas, que lamentablemente han sido consentidas, sino es que toleradas o a veces en complicidad de parte de ciertas autoridades, en donde nos ha costado mucho trabajo prevalecer la verdad, por lo intrincado del por si ya sistema judicial mexicano", indicó el abogado Alvarado.
Respecto a la pelea legal que ha emprendido Juan Gabriel en este caso, lo consideraron como sinvergüenza y cínico que pretende apoderarse una propiedad sin pagarla. Agregaron que la asesoría jurídica que recibe el cantante está llena de mentiras y que en base a presuntas influencias de carácter jurídico, han querido amedrentarlos.
La permanencia en el rancho del sobrino de Juan Gabriel de nombre Antonio Aguilera, se debe a que le fue entregada la posesión, debido a que se firmó un contrato con reserva de dominio, que en el sentido jurídico se señala que el propietario sigue siendo el dueño hasta que se le termine de pagar. En este caso, hubo traslado de posesión (detentación material de un bien), con la promesa incondicional de pago de la segunda parte de lo convenido, que nunca se efectuó. El pasado 9 de enero, se llevó a cabo el embargo del rancho en base a la ejecución de sentencia, ante el incumplimiento de pago. Los bienes de Juan Gabriel fueron asegurados por los abogados para poder garantizar el pago a lo que está condenado, que es un millón 250 mil dólares, unos 16 millones de pesos, que no ha podido o querido pagar. Sobre el monto de lo embargado, el dato lo tienen los peritos valuadores en la materia.
Entre los bienes del rancho, hay todavía muebles de la señora Trott que Juan Gabriel le pidió prestados y otros más "desaparecieron". Los abogados esperan justicia pronta y expedita, la cual no han recibido. "Las dos cosas han cambiado a partir de que la presidencia del Tribunal de Justicia del Estado la asumió la licenciada Raquel Barajas Monjarás, de quien yo no tengo una queja ni mucho menos, al contrario, yo creo que en lo general, todos los abogados litigantes nos hemos dado cuenta de los enormes avances que hemos tenido bajo su presidencia, pero esperamos justicia pronta y expedita y es algo que no ha ocurrido en este caso. Ni hemos recibido justicia... a través de una larga batalla jurídica en donde nos hemos tenido que enfrentar a una bola de abogados sinvergüenzas, chicaneros y tramposos y que muchas veces han contado con la complicidad de jueces igualmente venales y corruptos", indicó Alvarado.
Señaló que esta situación la han denunciado en su oportunidad ante las mismas autoridades, que en San Miguel de Allende un grupo de abogados le hacen un daño terrible a la impartición de justicia. "Por excepción, por los intereses muy particulares que hemos en esta comunidad, hay una intromisión espantosa en la impartición de justicia y en su corrupción".
Unos cuantos detentan el poder en San Miguel dice el FACS
ASPECTO del Centro Histórico de San Miguel de Allende.
El Sol del Bajío26 de enero de 2009
Alma Gabriela Pérez
San Miguel de Allende, Gto.- Miembros del Frente Amplio Cívico Sanmiguelense (FACS) denunciaron a través de un comunicado que hay un grupo de poder encabezado supuestamente por el actual Senador de la República, Luis Alberto Villarreal García. Indican que este grupo ha acaparado el poder en el municipio para cumplir sus propios fines y sus caprichos, además de enriquecerse con la repartición de cargos públicos.
El FACS está integrado por "un grupo de sanmiguelenses, independientes de cualquier credo o corriente política", que se han dedicado a analizar los acontecimientos del municipio.
En su reciente comunicado, aseguran que un grupo de personas encabezadas por Luis Alberto Villarreal se han beneficiado con la repartición de cargos públicos en los cuales cobran altos sueldos y que no cumplen el perfil de servidor público. Señalaron algunos casos de presunta corrupción, como que el Ayuntamiento sobrepasó el tope salarial para sus integrantes y que el sueldo del presidente municipal está por arriba de la recomendación hecha por el congreso del estado.
Mencionaron que el congreso del estado "puso en evidencia la corrupción en el trienio de Luis Alberto Villarreal y estando como secretario del Ayuntamiento Jesús Correa, pues vendieron vehículos supuestamente chatarra en cantidades irrisorias", mencionan como ejemplo, que un Tsuru Nissan pick up modelo 1993, se vendió en 500 pesos y un chevrolet 1993 en 6 mil pesos, indicaron que el síndico municipal en ese momento, Juan Pascualli, quien pretende ser diputado federal, debió tomar cartas en el asunto ya que era su obligación proteger los intereses del municipio.
En el 2008, se enteraron de que el gobierno municipal fue castigado por la federación, por supuesto manejo indebido de dinero destinado al combate de la pobreza por más de 20 millones. Indicaron que se pretendía concesión millonaria para "ciertas personas (amigos o socios)" para la colocación de parquímetros. Agregaron que en la actual administración municipal, se ha realizado un gasto excesivo de publicidad, "pues a falta de acciones de gobierno efectivas, Correa y Franyutti (Filkenstein) pretenden engañar a la población con una publicidad masiva, repitiendo hasta el cansancio que llevan un buen gobierno, bajo la idea de que una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad", además dijeron que el gasto de publicidad para este año es de 3.7 millones de pesos
Mencionaron el caso del intento de entregar el edificio de presidencia municipal en un comodato de 99 años, presuntamente para beneficiar a incondicionales de Villarreal. Integrantes del FACS dijeron que estas son sólo algunas anomalías que han detectado y que piensan puede haber más.
Este escrito, lo reparten y sacan copias para distribuirlos entre la población, según ellos, para que no sucedan más actos de esta naturaleza en San Miguel de Allende y que no hayan más gobernantes corruptos.
Bloquearon carretera
Manifestantes cerraron la carretera en protesta de no ser escuchados por los representantes de gobierno del estado.
El Sol del Bajío28 de enero de 2009
Alma Gabriela Pérez
DOLORES HIDALGO CIN, GTO.- Defensores del río Laja, habitantes pertenecientes de al menos 10 comunidades, se apostaron sobre la carretera del libramiento sobre el Río Laja y La Antigua Estación. Desde la mañana, cientos de elementos de Seguridad Pública, Ministeriales y demás corporaciones, vigilaron la ribera del río para que se continúe la explotación del material petreo.
El operativo comenzó a las 9 de la mañana para dar paso a las tolvas y areneros quienes se dispusieron a sacar arena y grava de la ribera del río Laja desde las 9 de la mañana. La extrema vigilancia se debió al conflicto existente por varios años entre los habitantes de las comunidades aledañas a la ribera, debido a que habitantes se oponen a la extracción, mientras que el extractor de material petreo, amparado por un permiso otorgado por la CNA (Comisión Nacional del Agua).
Más de 200 elementos vigilaron la ribera del río junto a decenas de patrullas pertenecientes a dependencias como la Policía Ministerial, Fuerzas de Seguridad del Estado, Tránsito del Estado, Protección Civil Estatal, Policía Federal Preventiva (PFP). Al darse cuenta del saqueo (con permiso) de arena y grava, unos 25 habitantes de las comunidades llegaron al lugar y bloquearon la carretera de jurisdicción estatal, que conecta la carretera San Miguel de Allende al entronque del Xoconoxtle, como medida de protesta.
Algunos vehículos particulares traían una calcomanía con la leyenda "Comunidades unidas por la vida de la naturaleza del río Laja,¡No más arena!".
A medio día, los manifestantes representados por su abogada, de nombre Alicia Tovar, pidieron hablar con el asesor de gobierno del estado Vicente López y un licenciado de apellidos García Cerrillo, mientras cerraron el paso vehicular con unas 5 camionetas y vehículos. Llegó con los manifestantes el oficial Carlos Rodríguez de Tránsito del Estado, quien les solicitó retiraran sus vehículos, debido a que cometían un delito.
Los manifestantes se negaron debido a que solicitaron hablar con los representantes de gobierno del estado, quienes se encontraban fuertemente resguardados por decenas de policías quienes impidieron el paso a cualquier persona a la zona donde se realizaba la extracción.
Minutos después, fuertemente resguardado, llegó el licenciado Juan Espinosa, de la agencia número 1 del Ministerio Público de Dolores Hidalgo acompañado de otros funcionarios, quien también les pidió retirar sus vehículos y permitir el paso, a lo que se negaron los manifestantes. La abogada representante de las comunidades les dijo que la averiguación previa del caso tiene más de un año.
Unos 40 minutos después, unos 50 elementos de seguridad se dispusieron a que dos grúas realizaran el trabajo de desalojar los vehículos, mientras que algunos manifestantes se retiraron del lugar y despejaron la carretera.
El desalojo de la carretera, se dio entre algunos insultos que vociferaban algunos manifestantes a los uniformados.
Los manifestantes dijeron que cómo era posible de que hubiera tal cantidad de uniformados, debido a que cuando necesitan apoyo policiaco, se les niega, además de que la semana pasada, sufrieron robos en las escuelas del Jardín de Niños, primaria, telesecundaria y el VIBA de la comunidad de Río Laja, lo que les parece injusto.
Señalaron que las autoridades protegen a Israel González, quien posee permisos de extracción de material pétreo por la CNA. Lo criticaron porque años anteriores, era un principal defensor del río Laja y ahora, "lo ataca", dijeron que engañó a la gente, quienes les dieron su firma para pedir la concesión de explotación del río, supuestamente para exportar la arena a Estados Unidos.
Manifestantes y elementos de seguridad, quedaron a la expectativa, debido a que los vecinos dijeron que habría hasta sangre en caso de que sus demandas de cuidar el río no se cumplan.
Dijeron que cuidan el río porque no desean que se acabe el agua. Las autoridades quedaron también a la expectativa para que no se volviera a cerrar la carretera y evitar un enfrentamiento entre los extractores de arena y los manifestantes.
Incluso, un ciudadano cantó ante los policías "si amas a la naturaleza, a cuidarla yo te invito, metiéndote a agua guarda", entre otras estrofas relacionadas a la preservación del río.
Las personas apostadas en la carretera dijeron que son varios más, quienes se oponen a la extracción de las comunidades de Río Laja, El Calvarito, Cerrito, Rioyos, Peña Prieta, San Pablo, El Tajo, Los Dolores, Mastranto, Espejito, San Agustín, Rancho Nuevo, entre otros.
Después de las 2 de la tarde, se dio un enfrentamiento entre policías y manifestantes sin que pasara a mayores.
Durante la tarde de ayer, los habitantes de las comunidades defensores del río, seguían apostados frente al lugar de la extracción con la amenaza de no moverse y esperar a que sus peticiones sean escuchadas.
martes, 27 de enero de 2009
Ciudad mágica
Sitio clave para la Independencia de México, San Miguel de Allende es además Patrimonio Cultural de la Humanidad
Gisela Orozco
Enviada La Raza
San Miguel Allende, México | 2009-01-25 | La Opinión
Ubicada en la zona del Bajío en el estado de Guanajuato (México), San Miguel de Allende encierra en cada una de sus calles historia, tradición, arte y magia.
Considerada una de las ciudades más bellas del país, fue fundada en 1542 por el monje franciscano Fray Juan de San Miguel, quien la nombró San Miguel El Grande.
HONOR A ALLENDE
Durante la guerra de Independencia, San Miguel fue sitio clave para las reuniones de conspiración.
En pleno centro de la ciudad, justo al frente de la parroquia de San Miguel, se encuentra la casa de las conspiraciones, que en ese entonces fuera propiedad de Don Domingo Allende, hermano del General Ignacio Allende, una de las principales figuras del movimiento insurgente.
Ignacio Allende fue fusilado el 26 de junio de 1811, después del triunfo del movimiento. El 8 de marzo de 1826, su terruño fue elevado al grado de ciudad y su nombre cambiado a San Miguel de Allende, en su honor.
ARQUITECTURA ÚNICA
Actualmente la ciudad cuenta con una gran población de estadounidenses que han encontrado aquí un lugar mágico para vivir, con buen clima y con especial apreciación a las artes.
En parte, sus nuevos habitantes han inyectado una buena dosis de recursos económicos a la ciudad, que el año pasado fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, gracias a sus joyas arquitectónicas.
Destacan entre ellas el Palacio de los Condes de la Canal; la parroquia de San Miguel, cuya fachada de estilo neogótico fue obra del albañil Zeferino Gutiérrez, al igual que el Templo de la Concepción, cuya cúpula es una de las más altas del país.
Además, encontramos la casa del Inquisidor; el Centro Cultural Ignacio Ramírez "El Nigromante" -que alberga un mural de David Alfaro Siqueiros-, el teatro Ángela Peralta; la Santa Casa de Loreto, entre otros.
RUMBO EL MIRADOR
La calle Salida Real a Querétaro -nombrada así por ser la salida hacia esa ciudad-, cuenta con varios sitios interesantes.
El primero es el templo donde se filmó parte de la cinta "El Padrecito" de Mario Moreno Cantiflas, seguido justo al lado por el hotel Posada La Ermita, que fuera propiedad del "Mimo de México".
Un poco más adelante, en la acera de enfrente, encontramos la que fuera la casa del cantante Pedro Vargas, llamado "El tenor de las Américas", propiedad que él bautizó como "La Gloria". Vargas es oriundo de San Miguel y uno de sus máximos orgullos.
La casa está justo al lado del mirador, desde donde se puede admirar la belleza de San Miguel en todo su esplendor. Ahí también encontramos una escultura de Vargas hecha de madera.
Para comprar artesanías de talavera, madera, latón, papel maché, plata o vidrio soplado, está el mercado de artesanías sólo a unas cuadras del centro, con precios más accesibles que las artes que se venden en la zona de la parroquia.
Pierde rancho ‘Juanga’
AM
Por negarse durante nueve años a pagar el adeudo de un millón 250 mil dólares del rancho “Los Gabrieles” que adquirió en San Miguel de Allende, el cantautor mexicano Juan Gabriel perdió la propiedad.
De forma inicial pagó 1 millón 250 mil dólares, pero ahora el bien inmueble será rematado para así poder liquidar el adeudo a la dueña original.
Fue en el año 2000 cuando Marie Gertrude Thompson viuda de Trott puso en venta la propiedad entonces llamada “Tierras de Paz” de 7 hectáreas.
Ese año Alberto Aguilera Valadez “Juan Gabriel” se presentó personalmente en el rancho acompañado de un agente inmobiliario y mostró su interés en adquirirlo.
De acuerdo a Eduardo Alvarado Rocha abogado de Marie Gertrude, en el contrato de compraventa se acordó pagar por el inmueble 2.5 millones de dólares de los cuales el 50% sería cubierto a la firma del documento y el resto en un año con un interés del 8%.
“Él se presentó personalmente a través de un agente de bienes raíces, estuvo 30 días viviendo de gorra en Tierras de Paz con el pretexto de que iba a comprar la propiedad, el precio de venta acordado fue de 2.5 millones de dólares, se formalizó a través de un contrato de compraventa, él es el que firma el contrato y señala que es su deseo que esté a nombre de su hijo que en ese entonces era menor de edad y que se llama Iván Gabriel, el contrato fue que él firmaba decía que pagaba la mitad en el momento de la firma y el resto en un año con un interés anual del 8%”.
Pero pasado el año Juan Gabriel no pagó. De acuerdo a Marie Gertrude el “Divo de Juárez” para evadir la responsabilidad alegó no conocerla.
“En el contrato en vez de Marie se puso Mari, él uso eso de pretexto para decir que no me conocía, dijo que él no conocía a Mari y que por tanto no pagaba”, dijo Marie Gertrude sorprendida puesto que en presencia de ella el “Divo de Juárez” firmó el contrato de compraventa.
“Él firmó personalmente el contrato privado y la escritura pública en presencia de la señora”, añadió el abogado Alvarado de la Rocha quien añadió que ante la falta de pago se demandó en 2001.
Derivado de esa denuncia en junio del año 2001 un juez dictó el embargo precautorio de Tierras de Paz, ya entonces llamado “Los Gabrieles”, y de otra propiedad del cantautor llamada San Agustín.
Pero fue en enero de 2009 cuando el Juez Segundo de partido de San Miguel de Allende dictó la ejecución del embargo para cumplir con la sentencia definitiva que lo condena al pago del capital insoluto (mil 250 millones de dólares), pago de intereses (8% anual a partir de 2001) y lo condena al pago de gastos y costos legales que incluye todos los honorarios de los abogados que litigaron desde 2001 a la fecha.
Enfrentan corrupción
Para logar que el Juez dictara el embargo con fines de ejecución, Marie Gertrude tuvo que enfrentarse a corrupción de jueces y magistrados, y abuso de poder.
“En este proceso cayeron dos jueces y un magistrado fue sancionado y removido de su cargo, si nosotros estuviéramos en un proceso justo y equitativo y tuviéramos autoridades imparciales, estaríamos pensado no más de tres meses el trámite, lastimeramente no es el caso.
“Nosotros a lo largo ocho años hemos enfrentado abusos y atropellos por parte jueces, funcionarios judiciales, un sinfín de trampas y chapucerías, alguien tan sinvergüenza que es capaz de hacer lo que señalamos no se toca el corazón para violar la ley”.
Ahora, Alvarado Rocha aseguró que la sentencia del Juez Segundo de partido, es definitiva, y que ya no hay recurso legal que pueda interponer la defensa del “Divo de Juárez”.
Lo que prosigue, dijo, es valuar la propiedad, rematarla y con los recursos obtenidos pagar el adeudo.
‘Allá en el Rancho Grande’
El rancho fue vendido al cantante por 2 y medio millones de dólares y esto es lo que incluye:
7 hectáreas de terreno
5 casas
Caballerizas
Picadero para entrenamiento de caballos
Jardines
Cancha de cricket.
Por negarse durante nueve años a pagar el adeudo de un millón 250 mil dólares del rancho “Los Gabrieles” que adquirió en San Miguel de Allende, el cantautor mexicano Juan Gabriel perdió la propiedad.
De forma inicial pagó 1 millón 250 mil dólares, pero ahora el bien inmueble será rematado para así poder liquidar el adeudo a la dueña original.
Fue en el año 2000 cuando Marie Gertrude Thompson viuda de Trott puso en venta la propiedad entonces llamada “Tierras de Paz” de 7 hectáreas.
Ese año Alberto Aguilera Valadez “Juan Gabriel” se presentó personalmente en el rancho acompañado de un agente inmobiliario y mostró su interés en adquirirlo.
De acuerdo a Eduardo Alvarado Rocha abogado de Marie Gertrude, en el contrato de compraventa se acordó pagar por el inmueble 2.5 millones de dólares de los cuales el 50% sería cubierto a la firma del documento y el resto en un año con un interés del 8%.
“Él se presentó personalmente a través de un agente de bienes raíces, estuvo 30 días viviendo de gorra en Tierras de Paz con el pretexto de que iba a comprar la propiedad, el precio de venta acordado fue de 2.5 millones de dólares, se formalizó a través de un contrato de compraventa, él es el que firma el contrato y señala que es su deseo que esté a nombre de su hijo que en ese entonces era menor de edad y que se llama Iván Gabriel, el contrato fue que él firmaba decía que pagaba la mitad en el momento de la firma y el resto en un año con un interés anual del 8%”.
Pero pasado el año Juan Gabriel no pagó. De acuerdo a Marie Gertrude el “Divo de Juárez” para evadir la responsabilidad alegó no conocerla.
“En el contrato en vez de Marie se puso Mari, él uso eso de pretexto para decir que no me conocía, dijo que él no conocía a Mari y que por tanto no pagaba”, dijo Marie Gertrude sorprendida puesto que en presencia de ella el “Divo de Juárez” firmó el contrato de compraventa.
“Él firmó personalmente el contrato privado y la escritura pública en presencia de la señora”, añadió el abogado Alvarado de la Rocha quien añadió que ante la falta de pago se demandó en 2001.
Derivado de esa denuncia en junio del año 2001 un juez dictó el embargo precautorio de Tierras de Paz, ya entonces llamado “Los Gabrieles”, y de otra propiedad del cantautor llamada San Agustín.
Pero fue en enero de 2009 cuando el Juez Segundo de partido de San Miguel de Allende dictó la ejecución del embargo para cumplir con la sentencia definitiva que lo condena al pago del capital insoluto (mil 250 millones de dólares), pago de intereses (8% anual a partir de 2001) y lo condena al pago de gastos y costos legales que incluye todos los honorarios de los abogados que litigaron desde 2001 a la fecha.
Enfrentan corrupción
Para logar que el Juez dictara el embargo con fines de ejecución, Marie Gertrude tuvo que enfrentarse a corrupción de jueces y magistrados, y abuso de poder.
“En este proceso cayeron dos jueces y un magistrado fue sancionado y removido de su cargo, si nosotros estuviéramos en un proceso justo y equitativo y tuviéramos autoridades imparciales, estaríamos pensado no más de tres meses el trámite, lastimeramente no es el caso.
“Nosotros a lo largo ocho años hemos enfrentado abusos y atropellos por parte jueces, funcionarios judiciales, un sinfín de trampas y chapucerías, alguien tan sinvergüenza que es capaz de hacer lo que señalamos no se toca el corazón para violar la ley”.
Ahora, Alvarado Rocha aseguró que la sentencia del Juez Segundo de partido, es definitiva, y que ya no hay recurso legal que pueda interponer la defensa del “Divo de Juárez”.
Lo que prosigue, dijo, es valuar la propiedad, rematarla y con los recursos obtenidos pagar el adeudo.
‘Allá en el Rancho Grande’
El rancho fue vendido al cantante por 2 y medio millones de dólares y esto es lo que incluye:
7 hectáreas de terreno
5 casas
Caballerizas
Picadero para entrenamiento de caballos
Jardines
Cancha de cricket.
lunes, 26 de enero de 2009
Gasto en seguridad no disminuyó los delitos
Por: Martín Fuentes.,
Lunes, 26 de Enero de 2009
El año pasado fue de acuerdos y equipamiento, pero hubo 20% más incidentes que en 2007
GUANAJUATO
A pesar del incremento sustancial en el presupuesto y de los múltiples acuerdos de coordinación –uno de ellos firmado en Los Pinos por los tres órdenes de gobierno-, el año pasado incrementaron en el estado un 20.6 por ciento los índices delictivos, en relación a lo registrado en 2007; este año el panorama no es halagüeño, con una suma creciente de homicidios que azoran a las autoridades policíacas.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG) cataloga 12 delitos bajo el rango de "mayor impacto": robo de casa habitación, a bancos, a transportistas en carretera y de ganado; lesiones dolosas, con arma de fuego y con arma blanca; homicidios dolosos, con arma de fuego y con arma blanca; violación y secuestro.
Durante el 2008 y con un incremento en el presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública que ascendió de 748 millones 806 mil a 840 millones 8 mil pesos, la comisión de esos delitos aumentó en un 20.6 por ciento.
En 2007, la PGJEG registró 15 mil 676 delitos calificados de "mayor impacto", mientras que el año pasado fueron 19 mil 724 en todo el estado a pesar de que, para entonces, se habían realizado obras y acciones del gobierno, sobre todo en materia de seguridad pública y prevención para contener a la delincuencia.
A LA ALZA
Las cifras de la procuraduría detallan que uno de los delitos que más se incrementó fue el robo a transportistas en carreteras, en un 127 por ciento, al pasar de 110 en 2007 a 251 el año pasado; fue en octubre de 2008 cuando más se registraron, 31, uno diario en promedio, lo que refleja la inseguridad en las carreteras que cruzan el estado.
Celaya, Irapuato, Salamanca, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz, lugares que tan sólo en julio reportaron 12 robos a transportistas en carretera, son los municipios donde más se cometió ese delito.
Entre 2007 y 2008 los robos de ganado en la entidad pasaron de 237 a 316; además, en el primero de esos años la autoridad tuvo conocimiento de 3 mil 569 robos a casas habitación, y durante el año pasado la cifra se elevó a 3 mil 881.
Llama también la atención el aumento en los robos de vehículos, que en el mismo lapso pasaron de 2 mil 745 a 3 mil 666, lo que significa que diariamente se roban poco más de 10 en todo el estado, en promedio; los más afectados son Celaya, León e Irapuato, en ese orden.
Tan sólo en diciembre del año pasado se contabilizaron 160 robos de vehículo en Celaya, al menos cinco diariamente en promedio, lo que da una idea de la inseguridad que priva en ese municipio.
Pero si los delitos que impactan el patrimonio se elevaron, lo mismo ocurrió con los que impactan la integridad física de las personas, porque aunque las lesiones dolosas con arma de fuego registraron una ligera disminución, las lesiones dolosas con arma blanca pasaron de 547 en 2007 a 572.
Algo similar ocurrió con los homicidios: aunque disminuyeron un poco los perpetrados con arma blanca, sobre todo vinculados con riñas, los que se cometieron con arma de fuego aumentaron.
Mientras en 2007 se tuvo conocimiento de 108 homicidios con arma de fuego, el año pasado la cifra se elevó a 133, lo que representa un aumento del 23 por ciento.
Y nuevamente, uno de los municipios donde se tuvo conocimiento de más asesinatos fue Celaya, entre uno y cinco todos los meses del 2008, exceptuando julio.
Las violaciones sexuales también se incrementaron de 177 en 2007 a 223 el año pasado.
En el caso de los secuestros en el estado, no se pudo precisar con la información disponible el comportamiento de ese delito.
A LA BAJA
No obstante, las mismas cifras de la PGJEG revelan datos positivos. Entre ellos, el rubro de robo a bancos: mientras en 2007 se registraron seis, el año pasado fueron cinco.
En términos generales, el aumento de los delitos se reflejó en los municipios; por ejemplo, en León, mientras en 2007 se registraron 6 mil 133, al año fueron 6 mil 281.
Los incrementos más significativos, por delito, se dieron en el robo a casas habitación, en homicidios y en violaciones sexuales.
LOS ACUERDOS
Habrá que recordar que en la segunda mitad del 2008, las autoridades federales y estatales, firmaron un acuerdo por el estado de derecho, la seguridad y la legalidad a convocatoria del presidente Felipe Calderón Hinojosa ante la creciente ola delictiva en el país.
A partir de ahí se convocó a los estados de la República a replicar los marcos jurídicos y homologar las leyes a fin de que en lapsos que irían de un mes a cinco años, se generaran las condiciones por la seguridad en el país.
En octubre pasado se firmó en Guanajuato el Acuerdo Estatal por la Seguridad, Justicia y Legalidad y se comprometieron acciones concretas para frenar la ola delictiva; empero, las estadísticas demostraron, que ello no ocurrió, al contrario, incrementaron.
Para este año, la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, en cuya estructura descansa la responsabilidad de prevenir los delitos de mayor impacto que se generan en la entidad, se designó el mayor presupuesto en su historia: mil 184 millones 404 mil 506 millones de pesos y, sin embargo, en lo que va del año suman ya 17 ejecuciones.
Lunes, 26 de Enero de 2009
El año pasado fue de acuerdos y equipamiento, pero hubo 20% más incidentes que en 2007
GUANAJUATO
A pesar del incremento sustancial en el presupuesto y de los múltiples acuerdos de coordinación –uno de ellos firmado en Los Pinos por los tres órdenes de gobierno-, el año pasado incrementaron en el estado un 20.6 por ciento los índices delictivos, en relación a lo registrado en 2007; este año el panorama no es halagüeño, con una suma creciente de homicidios que azoran a las autoridades policíacas.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG) cataloga 12 delitos bajo el rango de "mayor impacto": robo de casa habitación, a bancos, a transportistas en carretera y de ganado; lesiones dolosas, con arma de fuego y con arma blanca; homicidios dolosos, con arma de fuego y con arma blanca; violación y secuestro.
Durante el 2008 y con un incremento en el presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública que ascendió de 748 millones 806 mil a 840 millones 8 mil pesos, la comisión de esos delitos aumentó en un 20.6 por ciento.
En 2007, la PGJEG registró 15 mil 676 delitos calificados de "mayor impacto", mientras que el año pasado fueron 19 mil 724 en todo el estado a pesar de que, para entonces, se habían realizado obras y acciones del gobierno, sobre todo en materia de seguridad pública y prevención para contener a la delincuencia.
A LA ALZA
Las cifras de la procuraduría detallan que uno de los delitos que más se incrementó fue el robo a transportistas en carreteras, en un 127 por ciento, al pasar de 110 en 2007 a 251 el año pasado; fue en octubre de 2008 cuando más se registraron, 31, uno diario en promedio, lo que refleja la inseguridad en las carreteras que cruzan el estado.
Celaya, Irapuato, Salamanca, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz, lugares que tan sólo en julio reportaron 12 robos a transportistas en carretera, son los municipios donde más se cometió ese delito.
Entre 2007 y 2008 los robos de ganado en la entidad pasaron de 237 a 316; además, en el primero de esos años la autoridad tuvo conocimiento de 3 mil 569 robos a casas habitación, y durante el año pasado la cifra se elevó a 3 mil 881.
Llama también la atención el aumento en los robos de vehículos, que en el mismo lapso pasaron de 2 mil 745 a 3 mil 666, lo que significa que diariamente se roban poco más de 10 en todo el estado, en promedio; los más afectados son Celaya, León e Irapuato, en ese orden.
Tan sólo en diciembre del año pasado se contabilizaron 160 robos de vehículo en Celaya, al menos cinco diariamente en promedio, lo que da una idea de la inseguridad que priva en ese municipio.
Pero si los delitos que impactan el patrimonio se elevaron, lo mismo ocurrió con los que impactan la integridad física de las personas, porque aunque las lesiones dolosas con arma de fuego registraron una ligera disminución, las lesiones dolosas con arma blanca pasaron de 547 en 2007 a 572.
Algo similar ocurrió con los homicidios: aunque disminuyeron un poco los perpetrados con arma blanca, sobre todo vinculados con riñas, los que se cometieron con arma de fuego aumentaron.
Mientras en 2007 se tuvo conocimiento de 108 homicidios con arma de fuego, el año pasado la cifra se elevó a 133, lo que representa un aumento del 23 por ciento.
Y nuevamente, uno de los municipios donde se tuvo conocimiento de más asesinatos fue Celaya, entre uno y cinco todos los meses del 2008, exceptuando julio.
Las violaciones sexuales también se incrementaron de 177 en 2007 a 223 el año pasado.
En el caso de los secuestros en el estado, no se pudo precisar con la información disponible el comportamiento de ese delito.
A LA BAJA
No obstante, las mismas cifras de la PGJEG revelan datos positivos. Entre ellos, el rubro de robo a bancos: mientras en 2007 se registraron seis, el año pasado fueron cinco.
En términos generales, el aumento de los delitos se reflejó en los municipios; por ejemplo, en León, mientras en 2007 se registraron 6 mil 133, al año fueron 6 mil 281.
Los incrementos más significativos, por delito, se dieron en el robo a casas habitación, en homicidios y en violaciones sexuales.
LOS ACUERDOS
Habrá que recordar que en la segunda mitad del 2008, las autoridades federales y estatales, firmaron un acuerdo por el estado de derecho, la seguridad y la legalidad a convocatoria del presidente Felipe Calderón Hinojosa ante la creciente ola delictiva en el país.
A partir de ahí se convocó a los estados de la República a replicar los marcos jurídicos y homologar las leyes a fin de que en lapsos que irían de un mes a cinco años, se generaran las condiciones por la seguridad en el país.
En octubre pasado se firmó en Guanajuato el Acuerdo Estatal por la Seguridad, Justicia y Legalidad y se comprometieron acciones concretas para frenar la ola delictiva; empero, las estadísticas demostraron, que ello no ocurrió, al contrario, incrementaron.
Para este año, la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, en cuya estructura descansa la responsabilidad de prevenir los delitos de mayor impacto que se generan en la entidad, se designó el mayor presupuesto en su historia: mil 184 millones 404 mil 506 millones de pesos y, sin embargo, en lo que va del año suman ya 17 ejecuciones.
Silencio
25 de enero de 2009
El 4 de octubre de 2008, el periodista Armando Rodríguez narró la historia de un capitán valiente, Jorge Liborio Jarillo, que un 25 de septiembre enfrentó a varios ladrones y mató a uno de ellos.
Ex militar, entonces tendero, el hombre de 45 años sacó una pistola y se defendió. Pero cometió “el error” de llamar a la policía, hacer su declaración, atender al Ministerio Público. Ahora está muerto, como el mismo Armando, reportero de El Diario de Ciudad Juárez. A Jorge Liborio lo alcanzó el crimen organizado afuera de su tienda; a Armando, frente a su casa. Ambos crímenes, que no están relacionados entre sí más allá de las casualidades, siguen sin castigo.
En pleno proceso de normalización democrática, es por lo menos notorio cómo en los últimos pocos años los mexicanos perdimos gradualmente un derecho fundamental: el de expresión. Los periodistas pueden hoy denunciar o exponer información que confronte (siempre con datos en la mano) a cualquier nivel de autoridad en el país. Nadie lo discute porque sería negar el esfuerzo de la sociedad civil, que en el 2000 condujo al cambio de gobierno. Sin embargo, los temas que más importan en este momento no se hablan más con libertad y sin riesgo, ni en los medios ni en la calle.
Por la incapacidad del gobierno para garantizar el imperio de la ley, muchos nos hemos vuelto mudos. La realidad nos estalla en los ojos y aun así procuramos el silencio. Y con razón. Lea:
El 2 de septiembre pasado, a Juan Salvador Valencia Gómez, de 39 años, se le ocurrió quejarse de un grupo que lo extorsionaba. Sucedió en Minatitlán, Veracruz. Los sicarios lo acribillaron frente a pobladores y policías —dice la nota de EL UNIVERSAL— que resguardaban la oficina del Registro Civil. Juan Salvador abrió la boca: líder de vendedores ambulantes, también expendedor de discos pirata, pidió protección a la autoridad. Ahora está muerto.
El día posterior, Alejandro Bacelis —otro ambulante— fue levantado y ejecutado en Xalapa por las mismas causas. Acudió a solicitar protección para él y para sus agremiados. Junto a su cuerpo, los sicarios dejaron un mensaje que ya es común: “Esto es para el gobierno, no que según me hiban (sic) a cuidar, esto es un ejemplo para todos los que no respetan y hacen caso, atentamente Cartel del Golfo/Zetas, A la letra se le Respeta”.
Lo siguiente sucedió en Culiacán, según el testimonio de Pablo Ordaz, periodista de El País. Una mujer sentada en una silla giratoria le comentó a su peluquero: “Aquí ya no se puede vivir, ni siquiera podemos dejar que nuestros hijos jueguen en la calle. Y todo por culpa del maldito narco...”. Una segunda señora que se arreglaba el cabello se puso de pie y ordenó al estilista, mientras sacaba de su bolsa una pistola: “Rápela”. Sólo cuando se cercioró de que el peluquero ya cumplía la orden, la desconocida se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de marcharse —narra Ordaz—, encaró a la mujer:
—Y no se ponga peluca. Que si se la pone, la mato.
En Mazatlán, me cuentan amigos, no se debe sonar la bocina del auto porque está prohibido “apurar”; el de enfrente sacará una pistola y te “silenciará”. A mi amigo Oscar Maravilla lo levantaron porque “se atrevió a protestar” cuando a un narco le gustó su novia. Gran parte de la prensa del norte del país dejó de investigar, porque el narco está metido a todo: piratería, trata de blancas, secuestro, ambulantaje, venta de protección... La llaga más insospechada será la de un “patrón”, y si Amado Carrillo o Miguel Ángel Félix Gallardo no atentaron contra ciertos símbolos de un Estado no fallido (funcionarios, policías, periodistas, líderes comunitarios o de organizaciones civiles), ahora éstos son blanco de cualquiera con pistola.
Ejemplos sobran y el espacio es un verdugo. Concluyo: la gente no denuncia secuestros ni extorsiones, como indican las estadísticas. Cierra la boca si entierran uno o 10 cadáveres en el jardín de enfrente. No levanta el teléfono y mucho menos la voz, porque el Estado ya no le garantiza ese derecho.
Pero si callamos, no es que estemos contentos. Diría Miguel de Unamuno: a veces el silencio es la peor mentira.
Subdirector editorial de EL UNIVERSAL
El 4 de octubre de 2008, el periodista Armando Rodríguez narró la historia de un capitán valiente, Jorge Liborio Jarillo, que un 25 de septiembre enfrentó a varios ladrones y mató a uno de ellos.
Ex militar, entonces tendero, el hombre de 45 años sacó una pistola y se defendió. Pero cometió “el error” de llamar a la policía, hacer su declaración, atender al Ministerio Público. Ahora está muerto, como el mismo Armando, reportero de El Diario de Ciudad Juárez. A Jorge Liborio lo alcanzó el crimen organizado afuera de su tienda; a Armando, frente a su casa. Ambos crímenes, que no están relacionados entre sí más allá de las casualidades, siguen sin castigo.
En pleno proceso de normalización democrática, es por lo menos notorio cómo en los últimos pocos años los mexicanos perdimos gradualmente un derecho fundamental: el de expresión. Los periodistas pueden hoy denunciar o exponer información que confronte (siempre con datos en la mano) a cualquier nivel de autoridad en el país. Nadie lo discute porque sería negar el esfuerzo de la sociedad civil, que en el 2000 condujo al cambio de gobierno. Sin embargo, los temas que más importan en este momento no se hablan más con libertad y sin riesgo, ni en los medios ni en la calle.
Por la incapacidad del gobierno para garantizar el imperio de la ley, muchos nos hemos vuelto mudos. La realidad nos estalla en los ojos y aun así procuramos el silencio. Y con razón. Lea:
El 2 de septiembre pasado, a Juan Salvador Valencia Gómez, de 39 años, se le ocurrió quejarse de un grupo que lo extorsionaba. Sucedió en Minatitlán, Veracruz. Los sicarios lo acribillaron frente a pobladores y policías —dice la nota de EL UNIVERSAL— que resguardaban la oficina del Registro Civil. Juan Salvador abrió la boca: líder de vendedores ambulantes, también expendedor de discos pirata, pidió protección a la autoridad. Ahora está muerto.
El día posterior, Alejandro Bacelis —otro ambulante— fue levantado y ejecutado en Xalapa por las mismas causas. Acudió a solicitar protección para él y para sus agremiados. Junto a su cuerpo, los sicarios dejaron un mensaje que ya es común: “Esto es para el gobierno, no que según me hiban (sic) a cuidar, esto es un ejemplo para todos los que no respetan y hacen caso, atentamente Cartel del Golfo/Zetas, A la letra se le Respeta”.
Lo siguiente sucedió en Culiacán, según el testimonio de Pablo Ordaz, periodista de El País. Una mujer sentada en una silla giratoria le comentó a su peluquero: “Aquí ya no se puede vivir, ni siquiera podemos dejar que nuestros hijos jueguen en la calle. Y todo por culpa del maldito narco...”. Una segunda señora que se arreglaba el cabello se puso de pie y ordenó al estilista, mientras sacaba de su bolsa una pistola: “Rápela”. Sólo cuando se cercioró de que el peluquero ya cumplía la orden, la desconocida se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de marcharse —narra Ordaz—, encaró a la mujer:
—Y no se ponga peluca. Que si se la pone, la mato.
En Mazatlán, me cuentan amigos, no se debe sonar la bocina del auto porque está prohibido “apurar”; el de enfrente sacará una pistola y te “silenciará”. A mi amigo Oscar Maravilla lo levantaron porque “se atrevió a protestar” cuando a un narco le gustó su novia. Gran parte de la prensa del norte del país dejó de investigar, porque el narco está metido a todo: piratería, trata de blancas, secuestro, ambulantaje, venta de protección... La llaga más insospechada será la de un “patrón”, y si Amado Carrillo o Miguel Ángel Félix Gallardo no atentaron contra ciertos símbolos de un Estado no fallido (funcionarios, policías, periodistas, líderes comunitarios o de organizaciones civiles), ahora éstos son blanco de cualquiera con pistola.
Ejemplos sobran y el espacio es un verdugo. Concluyo: la gente no denuncia secuestros ni extorsiones, como indican las estadísticas. Cierra la boca si entierran uno o 10 cadáveres en el jardín de enfrente. No levanta el teléfono y mucho menos la voz, porque el Estado ya no le garantiza ese derecho.
Pero si callamos, no es que estemos contentos. Diría Miguel de Unamuno: a veces el silencio es la peor mentira.
Subdirector editorial de EL UNIVERSAL
domingo, 25 de enero de 2009
Plan B
Lydia Cacho
Una mujer joven arregla su boutique en la Quinta Avenida en Playa del Carmen, piensa en su familia, feliz de haber dejado la ciudad de México. Un hombre entra a la tienda; guayabera negra de lino y pantalón negro, uno ochenta de estatura, tez morena, gesto adusto. Le explica que la seguridad para que los maleantes no ataquen su tienda le va a costar 30 mil pesos mensuales. Ella no entiende. El hombre levanta su camisa, porta una pistola de alto calibre. “Cada día veinte cobramos” dice el sujeto al salir. El jefe de la policía explica a la mujer y a su esposo: “son los zetas, no se puede hacer nada, denles lo que puedan”. La pareja huye de regreso al Distrito Federal; quebrada, asustada y con sus sueños aplastados en un país sin ley.
Un hotelero me mira a los ojos mientras habla, no puede creerlo, el suyo es un hotel cinco estrellas, la petición de los zetas es de 50 mil dólares mensuales. Ni la policía, ni el alcalde ni el gobernador le pueden asegurar que los narcos no cumplirán la promesa de secuestrar a su hija de 14 años si no paga. Tal vez lo mejor sea mudar su inversión a otro país, esto parece que empeorará antes de mejorar, asegura.
Caminando en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, dealers jovencitos nos ofrecen coca, tachas y methas. Los militares que pasean por la playa, a dos cuadras, miran a las turistas en bikini. Cargando sus rifles y con el rostro cobrizo bañado de sudor, aparentan dar seguridad al turismo. Frente al centro comercial dos agentes federales uniformados de azul, fornidos y guapos, sonríen y charlan con unas jovencitas americanas.
Los negocios, desde restaurantes y cerveceras hasta hoteles o perfumerías de lujo en Cancún y Playa del Carmen han recibido las órdenes de pagar un impuesto secundario: el de los sicarios que se hacen llamar Zetas. Los alcaldes y el gobernador responden “hemos pedido apoyo al gobierno federal, el fenómeno nos rebasa”.
En la cárcel municipal de Cancún, un preso detenido por vínculos con el narcotráfico, es el jefe. Una mujer espera audiencia con “el Zeta” él mantiene el control adentro y afuera de la cárcel, el negocio, las drogas, el buen comportamiento de los presos; a las esposas les ayuda para que sus hijos estudien. El director de la cárcel está de adorno, asegura un custodio avergonzado.
Un convoy de camionetas y patrullas pasa por la avenida Bonampak, supongo que será una avanzada presidencial. A dos cuadras se detienen, de la camioneta blindada y escoltado por militares cubanos, Greg Sánchez, alcalde de Cancún, baja vestido d elino blanco con zapatos claros, para que le tomen la foto para una publicidad de obra pública. Se sube a la camioneta y se dirige a la carretera para luego cruzar hacia Cozumel. Custodiado fuertemente aborda su Lear Jet 45 nuevecito, ordena a su piloto privado que lo lleve a la ciudad de México para reunirse con líderes del PRD, partido al que pertenece.
Por el país Calderón viaja rodeado del Estado Mayor presidencial, los gobernadores con ropa y vehículos blindados, mientras la ciudadanía no tiene protección ante los ex militares transformados en brazos armados del narco.
Aquí mandan los zetas, parece ser la frase con que las autoridades se quedan al final del día. Nadie se salva, ni las grandes corporaciones cerveceras, amenazadas con bazucas, ni los gaseros de Zacatecas, ni los hoteleros de la Riviera Maya. Mientras, en el país se forman grupos paramilitares ante la desprotección del Estado. Parece un mal remake de la historia de Colombia; aunque la sociedad mexicana no ha reaccionado como lo hizo la colombiana. Miles emigran al extranjero para salvar la vida, quien puede culparles. Para los capos no sólo se trata del dinero: lo que les apasiona es apropiarse del poder formal, su guerra -contrario a lo que dice el Presidente- sí es contra la sociedad, así debilitan el poder del Estado. Mientras tanto el procurador dice que no hay guerra, que es solamente contra los delincuentes; sus argumentos son débiles e incongruentes.
Cada vez que les escuchamos, el discurso de legisladores y políticos en general, suena hueco, falso. La verdad es que ni la Suprema Corte se salva de su corresponsabilidad por la situación actual de México. Un fuerte grupo de Ministros han protegido al poder criminal. La sociedad ya lo ha entendido. No sé si en México tenemos un Estado fallido, pero no hay duda de que en algunas regiones estamos padeciendo un Estado desplazado.
¿Qué tendrá que suceder para que arresten a los gobernadores y alcaldes aliados con el Narco? No se puede construir un estado de derecho sobre cimientos corrompidos. www.lydiacacho.net
Una mujer joven arregla su boutique en la Quinta Avenida en Playa del Carmen, piensa en su familia, feliz de haber dejado la ciudad de México. Un hombre entra a la tienda; guayabera negra de lino y pantalón negro, uno ochenta de estatura, tez morena, gesto adusto. Le explica que la seguridad para que los maleantes no ataquen su tienda le va a costar 30 mil pesos mensuales. Ella no entiende. El hombre levanta su camisa, porta una pistola de alto calibre. “Cada día veinte cobramos” dice el sujeto al salir. El jefe de la policía explica a la mujer y a su esposo: “son los zetas, no se puede hacer nada, denles lo que puedan”. La pareja huye de regreso al Distrito Federal; quebrada, asustada y con sus sueños aplastados en un país sin ley.
Un hotelero me mira a los ojos mientras habla, no puede creerlo, el suyo es un hotel cinco estrellas, la petición de los zetas es de 50 mil dólares mensuales. Ni la policía, ni el alcalde ni el gobernador le pueden asegurar que los narcos no cumplirán la promesa de secuestrar a su hija de 14 años si no paga. Tal vez lo mejor sea mudar su inversión a otro país, esto parece que empeorará antes de mejorar, asegura.
Caminando en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, dealers jovencitos nos ofrecen coca, tachas y methas. Los militares que pasean por la playa, a dos cuadras, miran a las turistas en bikini. Cargando sus rifles y con el rostro cobrizo bañado de sudor, aparentan dar seguridad al turismo. Frente al centro comercial dos agentes federales uniformados de azul, fornidos y guapos, sonríen y charlan con unas jovencitas americanas.
Los negocios, desde restaurantes y cerveceras hasta hoteles o perfumerías de lujo en Cancún y Playa del Carmen han recibido las órdenes de pagar un impuesto secundario: el de los sicarios que se hacen llamar Zetas. Los alcaldes y el gobernador responden “hemos pedido apoyo al gobierno federal, el fenómeno nos rebasa”.
En la cárcel municipal de Cancún, un preso detenido por vínculos con el narcotráfico, es el jefe. Una mujer espera audiencia con “el Zeta” él mantiene el control adentro y afuera de la cárcel, el negocio, las drogas, el buen comportamiento de los presos; a las esposas les ayuda para que sus hijos estudien. El director de la cárcel está de adorno, asegura un custodio avergonzado.
Un convoy de camionetas y patrullas pasa por la avenida Bonampak, supongo que será una avanzada presidencial. A dos cuadras se detienen, de la camioneta blindada y escoltado por militares cubanos, Greg Sánchez, alcalde de Cancún, baja vestido d elino blanco con zapatos claros, para que le tomen la foto para una publicidad de obra pública. Se sube a la camioneta y se dirige a la carretera para luego cruzar hacia Cozumel. Custodiado fuertemente aborda su Lear Jet 45 nuevecito, ordena a su piloto privado que lo lleve a la ciudad de México para reunirse con líderes del PRD, partido al que pertenece.
Por el país Calderón viaja rodeado del Estado Mayor presidencial, los gobernadores con ropa y vehículos blindados, mientras la ciudadanía no tiene protección ante los ex militares transformados en brazos armados del narco.
Aquí mandan los zetas, parece ser la frase con que las autoridades se quedan al final del día. Nadie se salva, ni las grandes corporaciones cerveceras, amenazadas con bazucas, ni los gaseros de Zacatecas, ni los hoteleros de la Riviera Maya. Mientras, en el país se forman grupos paramilitares ante la desprotección del Estado. Parece un mal remake de la historia de Colombia; aunque la sociedad mexicana no ha reaccionado como lo hizo la colombiana. Miles emigran al extranjero para salvar la vida, quien puede culparles. Para los capos no sólo se trata del dinero: lo que les apasiona es apropiarse del poder formal, su guerra -contrario a lo que dice el Presidente- sí es contra la sociedad, así debilitan el poder del Estado. Mientras tanto el procurador dice que no hay guerra, que es solamente contra los delincuentes; sus argumentos son débiles e incongruentes.
Cada vez que les escuchamos, el discurso de legisladores y políticos en general, suena hueco, falso. La verdad es que ni la Suprema Corte se salva de su corresponsabilidad por la situación actual de México. Un fuerte grupo de Ministros han protegido al poder criminal. La sociedad ya lo ha entendido. No sé si en México tenemos un Estado fallido, pero no hay duda de que en algunas regiones estamos padeciendo un Estado desplazado.
¿Qué tendrá que suceder para que arresten a los gobernadores y alcaldes aliados con el Narco? No se puede construir un estado de derecho sobre cimientos corrompidos. www.lydiacacho.net
Sin opciones, los comerciantes se rinden ante extorsionadores
Por: Martín Diego Rodríguez,
Domingo, 25 de Enero de 2009
Reconoce funcionario que no hay aparato de inteligencia para combatirlos
LEÓN
Cuando Carlos recibió la primera llamada telefónica pensó que era una broma, incluso colgó el auricular. Pero a la segunda llamada su piel se le erizó.
El comerciante fue obligado a pagar 50 mil pesos para que ninguno de sus familiares fuera secuestrado.
Aunque accede hablar con el reportero, Carlos se ve desesperado "tengo terror, tengo pavor de lo que me pueda suceder". Su vida ha dado un drástico vuelco y reconoce que eso fue cuando continuó escuchando a su interlocutor.
"Lo primero que me dijo es que no colgara, que era un negociador y que me tenían vigilado. Cuando me dijo eso hasta le aventé maldiciones y le dije que se dejara de payasadas y le colgué (el celular).
Pero después llamó al teléfono de la casa, me dijo que no estaban jugando y que estaban viendo en ese momento a mi hija, que si la quería ver de vuelta no hiciera nada".
Carlos aparenta ser un hombre rudo. Mide casi 1.80 metros de altura y sus brazos tienen el grosor de un leño pero no. Se quebró al relatar el calvario en el cual vive desde septiembre cuando, dice "me ficharon".
La extorsión es uno de los delitos con mayor recurrencia en la entidad en los últimos meses. Hay una cifra negra que las autoridades mismas no conocen por el temor de las víctimas a declarar, pues no hay confianza.
Un alto funcionario de la Secretaría de Gobierno del Estado, quien conoce el tema de seguridad, asegura que la oleada de extorsiones que se viene registrando en la entidad es por la falta de un aparato de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública que estudie los patrones que siguen los extorsionadores "que no son ningunos improvisados, son gente que está dispuesta a todo, y cuando es todo, es a todos.
Ellos saben que no tienen nada qué perder".
Reconoce que la extorsión se debe a que en la entidad y en el país, se ha frenado el trasiego de estupefacientes "que era una de sus principales actividades, ahora lo que sigue son "delitos que lleven al terror, la extorsión, el secuestro, el robo y otras modalidades que, si no se frenan, avanzarán como este caso".
Carlos vive en un barrio popular, sus vecinos no saben lo que ocurrió en septiembre cuando se le despojó de uno de los vehículos que utilizaba para transportar los electrodomésticos que vende en uno de los tianguis de Guanajuato.
"Piensan que uno tiene mucho dinero, pero todo lo que ves, es producto del esfuerzo, estamos endrogados para pagar ésto y sacar una ganancia muy pequeña por como está la situación en Guanajuato y en el país.
A veces, uno se pone la soga al cuello por querer ofrecer al cliente más, a veces, ahí está nuestro error".
En el mercado no es el mismo, "uno sabe cuando ya están tocados porque, a veces eran dicharacheros, tiraban mucha carrilla, ahora nada más se dedican a lo suyo, hablan poco, y dejan de reír", reconoce uno de los líderes de comerciantes semifijos que él también fue avisado.
"Yo no voy a decir lo que me ocurrió, no, pero está difícil. A veces uno cree en las autoridades pero pasan tantas cosas, que ya ni sabemos en quién confiar. El caso es que septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la cosa se puso seria para nosotros.
En diciembre más, hasta nos pedían por adelantado lo que no teníamos", relata mientras sorbe su café en las sombrillas de un restaurant. Quizá por estar en público no deja de observar con el rabillo del ojo a su alrededor.
El hombre suspira, la profesión de comerciante es la más vulnerable, dice "estamos en público, saben dónde vendemos, qué es lo que vendemos, dónde nos movemos y hasta dónde vivimos.
Somos muy difíciles de esconder" dice.
Carlos ya piensa en mudarse, en irse a vivir a otro lugar, cambiar domicilio y hasta su identidad "una vez que dimos la primera cantidad, nos vuelven a pedir más.
En enero nos pidieron otro tanto, ¿de dónde lo sacamos?".
Terrorismo en pleno
La guerra por el terror comenzó a desatar ya sus primeras víctimas "son bandas criminales las que se reivindican los homicidios. Dejan sus huellas, sus mensajes, para que al ser difundidos por la prensa, se enteren de quién es el más cabrón", dice el funcionario estatal.
Sin chistar dice: "el control del movimiento de droga fue el primer enfrentamiento, luego fue la venta, las narcotienditas, ahora es la extorsión, dinero que se deposita en cuentas bancarias y que pocas veces son denunciados.
No porque las autoridades estén coludidas sino porque, ¿quién denuncia? ¿Un vendedor ilegal?".
Los últimos hechos violentos, dice, se deben a la competencia por el territorio de las extorsiones "sus clientes están en los mercados, pero también en empresarios quienes no han querido denunciar.
En la Secretaría hemos tenido ya algunos reportes de levantones, de extorsiones de empresarios, mismos que cuando los invitamos a poner denuncias, alegan que están aterrados", dice.
Y no, no es un asunto sencillo. Carlos no denunció por una razón "¿cómo fue que consiguieron mi teléfono? Igual y está intervenido, a la mejor hasta saben que voy a ir al Ministerio Público, no voy a hacer nada, nada más que ya me quiero ir porque las cosas se están poniendo muy difíciles".
Insiste en que no se revele su identidad.
El líder comerciante precisa que la extorsión se ha dado en todos los niveles: "a unos les han pedido 50, 60 mil pesos, a otros les piden que los 10 o los 5 mil pesos, ¿te imaginas cuánto sacan nomás de nosotros?.
A los que están afectando no sólo es a los comerciantes sino también a los prestadores de servicios. En los hoteles, en los restaurantes, en las fondas nos hemos dado cuenta pero nadie dice nada.
No le vamos a jugar al héroe".
Urge Coordinación y trabajo
Para el presidente regional de Consejos de Participación Ciudadana de la PGR, el abogado leonés Iván Omar Plascencia, urge una coordinación entre las fuerzas policíacas del país para poner freno a la ola violenta que se vive.
"¿De qué sirven las reuniones entre las distintas corporaciones si no hay resultados? De lo que se trata es de resultados, no de planes, no de estrategias, se necesitan resultados ya".
Por ejemplo, reconoció que mientras la Secretaría de la Defensa Nacional realiza trabajos esporádicos en la entidad para inhibir el delito, la Secretaría de Seguridad Pública carece de facultades que, el Congreso del Estado debería darle, para frenar la ola delictiva.
Son miles los casos
Según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en el primer semestre de 2008 ha habido más de 893 mil intentos de extorsión.
Desde 2001, más de ocho millones 770 mil personas han recibido llamadas de intentos de extorsión, para lo que se han utilizado más de 55 mil 600 números celulares. El 40 por ciento de estos números corresponde al Distrito Federal.
Las seis entidades de la República que registran mayor número de denuncias por intentos de extorsión son: Estado de México, Distrito Federal, Michoacán, Tamaulipas e Hidalgo.
También los indocumentados
El diputado local, Antonio Ramírez Vallejo, reveló que de los intentos de extorsión también han sido víctimas indocumentados que transitan por el estado, "todo esto es muy delicado, pero invito a la ciudadanía que denuncie que no tenga miedo de denunciar".
Al cuestionarle sobre cuántos casos de esta naturaleza tenía conocimiento, manifestó que "por lo menos tres o cuatro".
Incluso, añadió que él se ha dado cuenta de que cuando se hacen extorsiones a comerciantes, prefieren pagar a realizar la denuncia, "aquí el llamado es para que más que pagar, sin exponer a la familia denuncien".
Detalló que muchas de las extorsiones son "nada más a ver si pega, por eso cuando contesten el teléfono y empiecen a escuchar, que cuelguen de inmediato, que no dialoguen con la persona que los quiere extorsionar, ni le escuchen nada, porque las personas los escuchan y les mete miedo".
No se deje engañar
En caso de recibir una llamada telefónica de esta naturaleza seguir los siguientes pasos:
* Mantener la calma y no manejar monto alguno al extorsionador
* A tomar nota del nombre de la persona que efectúa la amenaza o solicitud de dinero, así como el número telefónico del cual le están llamando y la forma de pago de la exigencia (depósito en negocios dedicados al envío de dinero o cuentas bancarias, así como tarjetas de prepago de teléfonos celulares)
* Dar aviso inmediato a la autoridad más próxima, ya sea vía telefónica o en forma directa
* Para tal efecto se pone a su disposición los teléfonos de emergencia en las entidades federativas y a nivel federal el 01 800 (3686242)
* En caso de que la exigencia económica sea para evitar que un familiar sea remitido al Ministerio Público o para sufragar gastos médicos verificar si el citado familiar se encuentra bien y no recibir las llamadas hasta que la autoridad tenga conocimiento
El mecanismo que utilizan estos defraudadores es el siguiente:
a) Se comunican vía telefónica con la víctima
b) Le plantean una situación de emergencia en la que supuestamente está involucrado un familiar
c) Se identifican como miembros de una corporación de seguridad o institución pública
d) Solicitan una cantidad de dinero supuestamente necesaria para que su familiar haga frente al problema en el que se encuentra
e) Piden que el dinero se deposite en una cuenta bancaria de la que proporcionan el número
f) Los defraudadores retiran el dinero inmediatamente y por lo general es en una ciudad distinta
g) La víctima se comunica con sus familiares y se da cuenta que todo fue un engaño
La Procuraría General Justicia recomienda en estos casos principalmente verificar la información del supuesto familiar, así como denunciar los hechos a cualquier oficina de la Policía Ministerial o al Centro de Atención Telefónica Permanente de la Procuraduría General de Justicia 01 800 368 6242.
Domingo, 25 de Enero de 2009
Reconoce funcionario que no hay aparato de inteligencia para combatirlos
LEÓN
Cuando Carlos recibió la primera llamada telefónica pensó que era una broma, incluso colgó el auricular. Pero a la segunda llamada su piel se le erizó.
El comerciante fue obligado a pagar 50 mil pesos para que ninguno de sus familiares fuera secuestrado.
Aunque accede hablar con el reportero, Carlos se ve desesperado "tengo terror, tengo pavor de lo que me pueda suceder". Su vida ha dado un drástico vuelco y reconoce que eso fue cuando continuó escuchando a su interlocutor.
"Lo primero que me dijo es que no colgara, que era un negociador y que me tenían vigilado. Cuando me dijo eso hasta le aventé maldiciones y le dije que se dejara de payasadas y le colgué (el celular).
Pero después llamó al teléfono de la casa, me dijo que no estaban jugando y que estaban viendo en ese momento a mi hija, que si la quería ver de vuelta no hiciera nada".
Carlos aparenta ser un hombre rudo. Mide casi 1.80 metros de altura y sus brazos tienen el grosor de un leño pero no. Se quebró al relatar el calvario en el cual vive desde septiembre cuando, dice "me ficharon".
La extorsión es uno de los delitos con mayor recurrencia en la entidad en los últimos meses. Hay una cifra negra que las autoridades mismas no conocen por el temor de las víctimas a declarar, pues no hay confianza.
Un alto funcionario de la Secretaría de Gobierno del Estado, quien conoce el tema de seguridad, asegura que la oleada de extorsiones que se viene registrando en la entidad es por la falta de un aparato de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública que estudie los patrones que siguen los extorsionadores "que no son ningunos improvisados, son gente que está dispuesta a todo, y cuando es todo, es a todos.
Ellos saben que no tienen nada qué perder".
Reconoce que la extorsión se debe a que en la entidad y en el país, se ha frenado el trasiego de estupefacientes "que era una de sus principales actividades, ahora lo que sigue son "delitos que lleven al terror, la extorsión, el secuestro, el robo y otras modalidades que, si no se frenan, avanzarán como este caso".
Carlos vive en un barrio popular, sus vecinos no saben lo que ocurrió en septiembre cuando se le despojó de uno de los vehículos que utilizaba para transportar los electrodomésticos que vende en uno de los tianguis de Guanajuato.
"Piensan que uno tiene mucho dinero, pero todo lo que ves, es producto del esfuerzo, estamos endrogados para pagar ésto y sacar una ganancia muy pequeña por como está la situación en Guanajuato y en el país.
A veces, uno se pone la soga al cuello por querer ofrecer al cliente más, a veces, ahí está nuestro error".
En el mercado no es el mismo, "uno sabe cuando ya están tocados porque, a veces eran dicharacheros, tiraban mucha carrilla, ahora nada más se dedican a lo suyo, hablan poco, y dejan de reír", reconoce uno de los líderes de comerciantes semifijos que él también fue avisado.
"Yo no voy a decir lo que me ocurrió, no, pero está difícil. A veces uno cree en las autoridades pero pasan tantas cosas, que ya ni sabemos en quién confiar. El caso es que septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la cosa se puso seria para nosotros.
En diciembre más, hasta nos pedían por adelantado lo que no teníamos", relata mientras sorbe su café en las sombrillas de un restaurant. Quizá por estar en público no deja de observar con el rabillo del ojo a su alrededor.
El hombre suspira, la profesión de comerciante es la más vulnerable, dice "estamos en público, saben dónde vendemos, qué es lo que vendemos, dónde nos movemos y hasta dónde vivimos.
Somos muy difíciles de esconder" dice.
Carlos ya piensa en mudarse, en irse a vivir a otro lugar, cambiar domicilio y hasta su identidad "una vez que dimos la primera cantidad, nos vuelven a pedir más.
En enero nos pidieron otro tanto, ¿de dónde lo sacamos?".
Terrorismo en pleno
La guerra por el terror comenzó a desatar ya sus primeras víctimas "son bandas criminales las que se reivindican los homicidios. Dejan sus huellas, sus mensajes, para que al ser difundidos por la prensa, se enteren de quién es el más cabrón", dice el funcionario estatal.
Sin chistar dice: "el control del movimiento de droga fue el primer enfrentamiento, luego fue la venta, las narcotienditas, ahora es la extorsión, dinero que se deposita en cuentas bancarias y que pocas veces son denunciados.
No porque las autoridades estén coludidas sino porque, ¿quién denuncia? ¿Un vendedor ilegal?".
Los últimos hechos violentos, dice, se deben a la competencia por el territorio de las extorsiones "sus clientes están en los mercados, pero también en empresarios quienes no han querido denunciar.
En la Secretaría hemos tenido ya algunos reportes de levantones, de extorsiones de empresarios, mismos que cuando los invitamos a poner denuncias, alegan que están aterrados", dice.
Y no, no es un asunto sencillo. Carlos no denunció por una razón "¿cómo fue que consiguieron mi teléfono? Igual y está intervenido, a la mejor hasta saben que voy a ir al Ministerio Público, no voy a hacer nada, nada más que ya me quiero ir porque las cosas se están poniendo muy difíciles".
Insiste en que no se revele su identidad.
El líder comerciante precisa que la extorsión se ha dado en todos los niveles: "a unos les han pedido 50, 60 mil pesos, a otros les piden que los 10 o los 5 mil pesos, ¿te imaginas cuánto sacan nomás de nosotros?.
A los que están afectando no sólo es a los comerciantes sino también a los prestadores de servicios. En los hoteles, en los restaurantes, en las fondas nos hemos dado cuenta pero nadie dice nada.
No le vamos a jugar al héroe".
Urge Coordinación y trabajo
Para el presidente regional de Consejos de Participación Ciudadana de la PGR, el abogado leonés Iván Omar Plascencia, urge una coordinación entre las fuerzas policíacas del país para poner freno a la ola violenta que se vive.
"¿De qué sirven las reuniones entre las distintas corporaciones si no hay resultados? De lo que se trata es de resultados, no de planes, no de estrategias, se necesitan resultados ya".
Por ejemplo, reconoció que mientras la Secretaría de la Defensa Nacional realiza trabajos esporádicos en la entidad para inhibir el delito, la Secretaría de Seguridad Pública carece de facultades que, el Congreso del Estado debería darle, para frenar la ola delictiva.
Son miles los casos
Según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en el primer semestre de 2008 ha habido más de 893 mil intentos de extorsión.
Desde 2001, más de ocho millones 770 mil personas han recibido llamadas de intentos de extorsión, para lo que se han utilizado más de 55 mil 600 números celulares. El 40 por ciento de estos números corresponde al Distrito Federal.
Las seis entidades de la República que registran mayor número de denuncias por intentos de extorsión son: Estado de México, Distrito Federal, Michoacán, Tamaulipas e Hidalgo.
También los indocumentados
El diputado local, Antonio Ramírez Vallejo, reveló que de los intentos de extorsión también han sido víctimas indocumentados que transitan por el estado, "todo esto es muy delicado, pero invito a la ciudadanía que denuncie que no tenga miedo de denunciar".
Al cuestionarle sobre cuántos casos de esta naturaleza tenía conocimiento, manifestó que "por lo menos tres o cuatro".
Incluso, añadió que él se ha dado cuenta de que cuando se hacen extorsiones a comerciantes, prefieren pagar a realizar la denuncia, "aquí el llamado es para que más que pagar, sin exponer a la familia denuncien".
Detalló que muchas de las extorsiones son "nada más a ver si pega, por eso cuando contesten el teléfono y empiecen a escuchar, que cuelguen de inmediato, que no dialoguen con la persona que los quiere extorsionar, ni le escuchen nada, porque las personas los escuchan y les mete miedo".
No se deje engañar
En caso de recibir una llamada telefónica de esta naturaleza seguir los siguientes pasos:
* Mantener la calma y no manejar monto alguno al extorsionador
* A tomar nota del nombre de la persona que efectúa la amenaza o solicitud de dinero, así como el número telefónico del cual le están llamando y la forma de pago de la exigencia (depósito en negocios dedicados al envío de dinero o cuentas bancarias, así como tarjetas de prepago de teléfonos celulares)
* Dar aviso inmediato a la autoridad más próxima, ya sea vía telefónica o en forma directa
* Para tal efecto se pone a su disposición los teléfonos de emergencia en las entidades federativas y a nivel federal el 01 800 (3686242)
* En caso de que la exigencia económica sea para evitar que un familiar sea remitido al Ministerio Público o para sufragar gastos médicos verificar si el citado familiar se encuentra bien y no recibir las llamadas hasta que la autoridad tenga conocimiento
El mecanismo que utilizan estos defraudadores es el siguiente:
a) Se comunican vía telefónica con la víctima
b) Le plantean una situación de emergencia en la que supuestamente está involucrado un familiar
c) Se identifican como miembros de una corporación de seguridad o institución pública
d) Solicitan una cantidad de dinero supuestamente necesaria para que su familiar haga frente al problema en el que se encuentra
e) Piden que el dinero se deposite en una cuenta bancaria de la que proporcionan el número
f) Los defraudadores retiran el dinero inmediatamente y por lo general es en una ciudad distinta
g) La víctima se comunica con sus familiares y se da cuenta que todo fue un engaño
La Procuraría General Justicia recomienda en estos casos principalmente verificar la información del supuesto familiar, así como denunciar los hechos a cualquier oficina de la Policía Ministerial o al Centro de Atención Telefónica Permanente de la Procuraduría General de Justicia 01 800 368 6242.
Trapecistas políticos saltan a San Lázaro
Redacción
La cercanía de la fecha límite para registrar candidatos a diputados federales ha disparado un frenesí de renuncias, algunas anunciadas, otras ya efectivas, en algunos gobiernos estatales, donde ya comenzó la desbandada
Al menos 37 secretarios de los gabinetes estatales han pedido licencia o están a punto de hacerlo para contender por candidaturas a diputaciones federales.
Son los trapecistas de la política. Quienes sueltan algún puesto público incluso sin haber cumplido a cabalidad con su función— con la esperanza de atrapar en el aire el siguiente de su carrera, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Algunos de los integrantes de gabinetes estatales que tienen la mirada puesta en el Congreso de la Unión son:
En Coahuila, los secretarios del Medio Ambiente, Héctor Franco López; de Obras Públicas, Hugo Martínez González, y de Fomento Agropecuario, Héctor Fernández Aguirre, así como el encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna, Miguel Ángel Riquelme Solís. Ernesto Gutiérrez Villanueva, secretario del Campo de Chiapas, también aspira a una diputación.
Por el Estado de México: Alfonso Navarrete, secretario de Desarrollo Metropolitano, Ignacio Rubí Salazar, del Trabajo, así como Fernando Maldonado Hernández, del Transporte; María Elena Barrera, de Salud; Enrique Jacob Rocha, de Desarrollo Económico; Guadalupe Monter Flores, de Educación; Ernesto Nemer Álvarez, de Desarrollo Social; Luis Videgaray, de Finanzas, y Alfredo del Mazo, de Turismo.
A Guanajuato lo representa el procurador, Daniel Federico Chowell, y a Guerrero, el secretario de Desarrollo Rural, Armando Ríos Piter. Por Michoacán van la secretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández González; el de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca; la de la Mujer, Cristina Portillo Ayala; y Alejandro Méndez, director de la Comisión Forestal.
Nuevo León presenta al secretario general de Gobierno, Rodrigo Medina de la Cruz, y Oaxaca al secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus; al de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña; al coordinador de Planeación para el Desarrollo Social, Emilio Mendoza; al de Comunicación Social, Héctor Pablo Ramírez, y al coordinador de asesores del gobernador, Heliodoro Díaz Escárraga.
Por Querétaro: la secretaria de Educación, Guadalupe Murguía, y el de Gobierno, Alfredo Botello Montes. Quintana Roo tiene a la secretaria de Gobierno, Rosario Ortiz
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