Participación del Embajador Alberto Székely durante el 8vo. Foro sobre la Reforma Energética

A continuación, le pediríamos al señor Embajador Alberto Székely que hiciera uso de la palabra, informo a ustedes que el señor Embajador Alberto Székely se recibió de licenciado en Derecho en la Facultad correspondiente en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene dos maestrías en Estados Unidos, particularmente en Derecho, y tiene doctorado en la Facultad de Leyes, en el Colegio de la Universidad de Londres, y fue estudiante especial de El Colegio de México.

Ha impartido cursos de Derecho Internacional Público en la propia UNAM, en el Colegio de México, en el College of Laund de Arizona State University, y es profesor visitante actualmente de la “Joe Cokins University”, ahora es profesor visitante también de la Universidad de Arizona -me cuesta trabajo leer tan largo currículum, señor doctor. Fue representante alterno ante la ONU en Ginebra, Consultor Jurídico ante la Secretaría deRelaciones Exteriores, ha publicado libros y más de cien artículos. Le cedo el uso de la palabra al doctor Alberto Székely.

-EL C. DOCTOR ALBERTO SZEKELY: Muchísimas gracias.

Asisto a este evento con base en mi experiencia profesional sobre este tema específico acumulado durante 32 años, tanto en el ámbito académico y de la investigación jurídica, como en el diplomático, y huelga decir que asisto de manera totalmente independiente de cualquier política o postura partidista, jamás he militado en partido político alguno.

Al final de la sesión, tendré el gusto de compartir, por si resulta de alguna utilidad, una compilación de mis investigaciones publicadas durante esas tres décadas.

Comparezco preocupado, muy preocupado, porque a menos que se actúe sin dilación alguna está por perpetrarse un nuevo episodio de negligencia nacional como aquellos que nos hicieron en el pasado, perder territorio, renunciar por irresponsabilidad jurídica y política a espacios como al Isla de la Pasión, e ignorar por descuido la riqueza mineral de los fondos marinos nacionales, que también deberían de ser objeto de una consulta como esta.

Me explico. Cuando hablamos de los yacimientos submarinos transfronterizos de hidrocarburos, necesariamente se alude a aquellos que atraviesan nuestras fronteras con otros países, principalmente por el momento con Estados Unidos, sólo algunos de los cuales son relevantes para el tratado de largo nombre, celebrado en 2000, entre ambo países.

Mientras que otros, a lo largo de la costa occidental del Golfo de México, pero no dentro del polígono trazado en el centro de ese espacio por el tratado. En ambos casos la situación de México es precaria y sumamente peligrosa, sin que al respecto se estén tomando las medidas adecuadas para salvaguardar los intereses nacionales.

El tratado de 2000, que obliga a México, y es ley suprema de la unión, está relacionado con probables yacimientos de los que poco se sabe, respecto a su abundancia potencial y explotabilidad, situados en el polígono trazados por el tratado.

Hay importantes defectos del tratado que pueden tener nefastas consecuencias para el interés nacional. Esos defectos tienen que ver con, primero: disposiciones que irremediablemente tenemos que reconocer que son débiles en el tratado, y que México no debería de haber aceptado, y que quizá resulten del grado en que se siguió o no se siguió el pliego de instrucciones original.

También tiene que ver estos defectos con la negligencia de los gobiernos sucesivos en aprovechar los pocos aspectos promisorios del tratado.

Cuando en su artículo cuatro el tratado establece una moratoria de diez años a la explotación de yacimientos a ambos lados de un segmento de la frontera submarina, dentro de sendas franjas de 1.4 millas náuticas, deja un alarmante hueco o laguna jurídica de lo que pasará al final de ese lapso, hueco, y este sí es el verdadero hoyo de ese tratado, que sin duda será aprovechado por los intereses del otro lado de esa frontera.

En efecto, el artículo cinco débilmente dispone que durante esos diez años las partes buscarán llegar a un acuerdo para la eficiente y equitativa explotación de dichos yacimientos, lo cual Estados Unidos fácilmente podría aducir a un en contra del principio de la buena fe o “pactas un Servan”, en el Derecho Internacional, que no le obliga, pues la obligación de buscar un acuerdo no es lo mismo que una obligación de llegar a un acuerdo, esa obligación de llegar a un acuerdo no está en el tratado.

Más razón le estará dando a esa postura el propio gobierno de México si seguimos con la situación prevaleciente, ya que casi ocho años después de adoptado el tratado, y a sólo un poco más de dos años de que se cumpla la moratoria de diez años, México nunca ha pedido oficialmente a Estados Unidos que se sienten sus gobiernos a negociar un acuerdo para la explotación de los yacimientos.

El artículo cuatro, en su fracción tres, dispone que las partes podrán, por canje de notas diplomáticas, modificar ese período de diez años, será un acto de gran irresponsabilidad apostarle a que Estados Unidos quiera acordar esa prórroga, cuando no está ni siquiera obligado a ella, y cuando el vencimiento de los diez años lo han dejado libre para explotar desde su lado esos yacimientos sin preocuparse de que haya o no un acuerdo con México.

Son defectos importantes del tratado. No podremos ni acudir entonces a la Corte Internacional de Justicia, cuyo reconocimiento jurisdiccional ha sido retirado por Estados Unidos, pero aún si fuéramos, y Estados Unidos participara en un litigio con nosotros en la Corte, llegaríamos con una posición sumamente débil, ni hemos buscado nosotros mismos ese acuerdo, ni hemos legislado internamente para disponer el régimen y delimitación de nuestra plataforma continental.

Tenemos serios problemas constitucionales al respecto que deben ser analizados.

Desafortunadamente no puedo estar de acuerdo con mi amigo, de muchos años, el embajador González Félix, en que esto se resuelva con una enmienda como la que propone a la Ley Reglamentaria del artículo 27.

Pero si eso está mal, peor estamos todavía, el caso de los otros yacimientos transfronterizos submarinos en aguas profundas fuera del polígono del tratado, y a lo largo de la franja costera del Golfo, cuya explotación es inminente, desde el lado americano, como ya aquí se ha dicho, sin que nuestros gobiernos se hayan preocupado por asegurar siquiera el inicio de negociaciones con los Estados Unidos.

Esta negligencia no hace más que fortalecer la posición americana que se basa en la llamada Regla de Captura, y lo hace porque además en otros yacimientos de hidrocarburos en la frontera terrestre, y no nada más con Estados Unidos, hemos tolerado y participado también en la explotación de estos yacimientos, sin que haya acuerdo previo alguno y, por lo tanto, hemos consagrado con nuestra práctica, hemos dado fuerza, más bien, con esta práctica a esa Regla de Captura. Eso en cuanto a la negociación.

En cuanto a la exploración y explotación. Conforme al Derecho Internacional es obligación de países vecinos llevar acabo la exploración y explotación de yacimientos submarinos  transfronterizos sólo previo acuerdo entre ellos, que respete la parte “alícuota” que a cada uno de ellos corresponde como derecho sobre esos recursos.

Dado nuestra régimen constitucional y legal interno, en la materia, en dicho acuerdo no puede preverse lo que se ha llamado la “unitización” del yacimiento falaz concepto que tratan de vender como la única alternativa inteligente disponible, y como si fuera una regla de la física, los despachos y empresas americanas a las autoridades mexicanas, y que algunas de estas parecen ya haber comprado.

Se dice que este tema no tiene que ver con la llamada Reforma Energética, sin embargo se usa el tema de los yacimientos como panacea para vender esa reforma. Es necesario entender que si una reforma constitucional permitiera la participación privada, máxime la extranjera, exploración y explotación de estos yacimientos, no estará lejos el día en que su explotación se acuerde en negociaciones entre la Shell, por el lado americano, y la Shell, por el lado mexicano.

Sí, en cambio se preserva el régimen actual, no hay en él que impida llegar a acuerdos sobre la explotación de estos yacimientos con Estados Unidos, lo cual es también cierto con nuestros otros países vecinos, ni es necesario que se le modifique en medida alguna, desde luego, siempre que no se pretenda incluir en estos acuerdos la participación privada, manejada alrededor del concepto de unitización.

Lo que hace falta es iniciar cuanto antes, como urgente asunto de seguridad nacional, sin dilación alguna y con seriedad, sin la participación amateur de políticos que no tienen
conocimiento de causa iniciar las negociaciones, por un parte, del acuerdo que prevé el artículo, el tratado de 2000.

Por otra parte, un acuerdo para los otros yacimientos que están fuera del polígono, y que ya están a punto de explotación.

Y sobre todo, México debe exigir la negociación y puesta en vigor de un tratado que resulta de la mayor relevancia para proteger nuestros intereses respecto de estos yacimientos.

Es un tratado, que conforme al acuerdo paralelo al TLC en materia ambiental, conforme a uno de sus artículos, los tres países tenían la obligación de negociar en materia de impacto ambiental transfronterizo.

Estados Unidos y Canadá han saboteado el cumplimiento de esa obligación. Y si llegamos a un acuerdo de explotación de yacimientos tranfronterizos, sin este acuerdo al que nos obliga el TLC, haremos un terrible error.

Confío plenamente en que la actual canciller se alce a este reto y actúe ya por encima de las resistencias en otros rincones del gobierno. La canciller tiene lo que necesita para desahogar esta gran responsabilidad histórica.

Las autoridades mexicanas no tendrán que empezar esas negociaciones desde cero para prepararse para ellas.

Desde hace más de 20 años se elaboró un modelo de tratado entre expertos legales y técnicos de ambos países, de lo que podría ser un acuerdo para la explotación de estos yacimientos, respetando plenamente el régimen constitucional mexicano actual que era el mismo de entonces, este proyecto denominado “Proyecto Puerto Vallarta”, por el lugar donde se adoptó después de una investigación de 6 años, y que está en el paquete de publicaciones que voy a entregar.

Ahí se ha avanzado ya muy considerablemente en todos los elementos legales y técnicos que se deben de considerar en una negociación de ese tipo.

Concomitantemente a todo lo anterior, obviamente no nos servirá de nada celebrar negociaciones cuidadosas y hacer valer nuestros derechos para explotar estos recursos, si al mismo tiempo no liberamos a PEMEX y a su sindicato de la corrupción que ha robado a la nación por 70 años ya de la riqueza con la que podríamos haber salido del subdesarrollo, y que podría haber eliminado las millonarias filas de los que dicho saqueo ha dejado en extrema miseria.

Para ello, lo que se necesita, no es modificar la Constitución, lo que se necesita es aplicar el Código Penal y la Ley de Responsabilidades, independizando la procuración de justicia y reestableciendo el estado de derecho, si quiera en este ámbito limitado.

Lo que tenemos que hacer también es convocar a los expertos técnicos, algunos de los cuales están presentes, de los cuales seguramente podemos sentirnos orgullos que se han educado aquí y en otras partes.

Convocar a nuestras universidades e institutos de investigación a que participen en una urgente campaña de desarrollo tecnológico que nos permita todavía aprovechar lo poco que queda de la riqueza petrolera nacional, sin derrotarnos desde el principio para sucumbir a la dependencia, como algunos en el Gobierno quieren imponer.

Más que nada, debemos convocar a nuestros abogados internacionalistas a que esgriman el derecho internacional por encima de los intereses que hay detrás de la contienda política nacional en el tema energético.

Muchas gracias. (Aplausos).