El INAH, bajo el asedio neoliberal

La Jornada
Gilberto López y Rivas

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) forma parte de los bienes públicos que los depredadores neoliberales desearían ver sometidos a la lógica de ese proceso de ocupación integral trasnacional y globalizador que caracterizó en estas páginas el grupo Paz con Democracia en el Llamamiento a la nación mexicana, en el que se asienta: “El vaciamiento de valores y símbolos de identidad nacional que han guardado las propias instituciones culturales del Estado, el INAH y el INBA, y el despojo de sus funciones en defensa de este patrimonio nacional por instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, violando el marco jurídico existente, han abierto el camino a su privatización y desnacionalización”.

La burocracia neoliberal –supuestamente modernizante– impuesta en las direcciones de los organismos culturales es consciente de que sus principales enemigos a vencer son sus propios trabajadores, quienes no están de acuerdo con el despojo del carácter nacional y público de esas instituciones. El actual director del INAH, Alfonso de Maria y Campos, embajador muy alejado de la tradición de prestigiados antropólogos e historiadores como Guillermo Bonfil, Gastón García Cantú, Enrique Florescano, que en el pasado ocuparon ese puesto, está empeñado en destruir desde dentro el instituto a través del desconocimiento sistemático de sus representaciones sindicales y de una propuesta de reglamento interno que violenta los derechos laborales amparados en las leyes y en las Condiciones Generales de Trabajo (CGT).

Efectivamente, los investigadores del INAH, en abierto enfrentamiento con la Dirección General, al grado de proponer algunos su desconocimiento, denunciaron que el embajador entregó a la Secretaría de Educación Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, lo que debiera ser un anteproyecto de Reglamento Interior del INAH, sin consultar a los sindicatos ni a su comunidad académica.

En dicho reglamento –que se contrapone a la Ley Orgánica del Instituto– se establece una estructura vertical y autoritaria en la que el director general se otorga poder plenipotenciario y jurisdicción en todos los ámbitos decisorios sin que los académicos tengan participación real en las medidas de su competencia. Del análisis del documento se infiere un establecimiento fabril y a sus trabajadores como meros peones de la autoridad patronal, sustrayéndole, en consecuencia, el perfil colegiado de los consejos con los que cuenta el máximo organismo cultural.

Las autoridades pretenden una corporación estructurada a partir del fortalecimiento de las instancias burocrático-administrativas en detrimento de las académicas. A este respecto las representaciones sindicales de investigadores y arquitectos conservadores del INAH declararon recientemente: “Nuestra institución se ha distinguido por ser un foro permanente de discusión académica y técnica con una amplia participación de sus especialistas, lo que ha permitido ocupar un lugar preponderante en la investigación y conservación del patrimonio cultural de la nación por lo que consideramos que el documento presentado por el director general olvida y deja a un lado los derechos y compromisos de la comunidad del instituto.”(La Jornada, 4/6/08)

El embajador Maria y Campos –nada diplomático– acostumbra un trato vejatorio, discriminatorio y clasista hacia los representantes sindicales, opinando peyorativamente sobre la indumentaria de los académicos, su forma de hablar y hasta poniendo en duda su desempeño laboral (bajo escrutinios y evaluaciones constantes, por cierto) y, lo más grave, negándose a cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos por las pasadas administraciones, como el convenio de equiparación IPN-UNAM, firmado el 31 de marzo de 1981 y depositado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como el pliego de prestaciones convenido bilateralmente. En reunión con una representación de trabajadores técnicos, administrativos y manuales, el embajador llegó a decir: “Si he sabido con qué gente iba a tratar, no hubiera aceptado el puesto”.

La autoridad del INAH, asimismo, trasladó sin consulta ni autorización de los interesados sus fondos de retiro, que desaparecieron de Banamex sin conocerse dónde se encuentran, incluyendo los de aquellos trabajadores que se ampararon contra la nueva Ley del ISSSTE. Decisiones arbitrarias como las descritas muestran un profundo desconocimiento del Instituto y un desprecio absoluto a las conquistas laborales ya obtenidas.

Este debilitamiento institucional llevado a cabo por la burocracia panista por la vía de pretender adocenar y someter a los trabajadores obedece a las políticas culturales del Estado mexicano y la trasnacionalización corporativa neoliberal que busca apropiarse de la cultura con fines mercantiles y homogeneizadores. “El patrimonio cultural, como memoria de la nación y de todos sus pueblos y componentes regionales, como soporte también de sus identidades, está siendo sitiado por las corporaciones trasnacionales y el uso privado que de él hacen las elites políticas regionales, y por la industria turística que ocupa lugares, costas, territorios y recursos naturales que pertenecen a la nación, y en los que habitan pueblos indígenas, a quienes se convierte en objetos exóticos de consumo” (Llamamiento, ítem 40 ).

La defensa de ese patrimonio es la razón de ser del INAH. Sus trabajadores se enfrentan a quienes desde su posición de autoridad intentan trastocar esa misión esencial de la institución para ponerla al servicio de sus intereses corporativos y de sus mentalidades elitistas y autoritarias. Como en el caso de los recursos energéticos, la nación debe prevalecer.