domingo, 25 de enero de 2009

Plan B

Lydia Cacho

Una mujer joven arregla su boutique en la Quinta Avenida en Playa del Carmen, piensa en su familia, feliz de haber dejado la ciudad de México. Un hombre entra a la tienda; guayabera negra de lino y pantalón negro, uno ochenta de estatura, tez morena, gesto adusto. Le explica que la seguridad para que los maleantes no ataquen su tienda le va a costar 30 mil pesos mensuales. Ella no entiende. El hombre levanta su camisa, porta una pistola de alto calibre. “Cada día veinte cobramos” dice el sujeto al salir. El jefe de la policía explica a la mujer y a su esposo: “son los zetas, no se puede hacer nada, denles lo que puedan”. La pareja huye de regreso al Distrito Federal; quebrada, asustada y con sus sueños aplastados en un país sin ley.

Un hotelero me mira a los ojos mientras habla, no puede creerlo, el suyo es un hotel cinco estrellas, la petición de los zetas es de 50 mil dólares mensuales. Ni la policía, ni el alcalde ni el gobernador le pueden asegurar que los narcos no cumplirán la promesa de secuestrar a su hija de 14 años si no paga. Tal vez lo mejor sea mudar su inversión a otro país, esto parece que empeorará antes de mejorar, asegura.

Caminando en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, dealers jovencitos nos ofrecen coca, tachas y methas. Los militares que pasean por la playa, a dos cuadras, miran a las turistas en bikini. Cargando sus rifles y con el rostro cobrizo bañado de sudor, aparentan dar seguridad al turismo. Frente al centro comercial dos agentes federales uniformados de azul, fornidos y guapos, sonríen y charlan con unas jovencitas americanas.

Los negocios, desde restaurantes y cerveceras hasta hoteles o perfumerías de lujo en Cancún y Playa del Carmen han recibido las órdenes de pagar un impuesto secundario: el de los sicarios que se hacen llamar Zetas. Los alcaldes y el gobernador responden “hemos pedido apoyo al gobierno federal, el fenómeno nos rebasa”.

En la cárcel municipal de Cancún, un preso detenido por vínculos con el narcotráfico, es el jefe. Una mujer espera audiencia con “el Zeta” él mantiene el control adentro y afuera de la cárcel, el negocio, las drogas, el buen comportamiento de los presos; a las esposas les ayuda para que sus hijos estudien. El director de la cárcel está de adorno, asegura un custodio avergonzado.

Un convoy de camionetas y patrullas pasa por la avenida Bonampak, supongo que será una avanzada presidencial. A dos cuadras se detienen, de la camioneta blindada y escoltado por militares cubanos, Greg Sánchez, alcalde de Cancún, baja vestido d elino blanco con zapatos claros, para que le tomen la foto para una publicidad de obra pública. Se sube a la camioneta y se dirige a la carretera para luego cruzar hacia Cozumel. Custodiado fuertemente aborda su Lear Jet 45 nuevecito, ordena a su piloto privado que lo lleve a la ciudad de México para reunirse con líderes del PRD, partido al que pertenece.

Por el país Calderón viaja rodeado del Estado Mayor presidencial, los gobernadores con ropa y vehículos blindados, mientras la ciudadanía no tiene protección ante los ex militares transformados en brazos armados del narco.

Aquí mandan los zetas, parece ser la frase con que las autoridades se quedan al final del día. Nadie se salva, ni las grandes corporaciones cerveceras, amenazadas con bazucas, ni los gaseros de Zacatecas, ni los hoteleros de la Riviera Maya. Mientras, en el país se forman grupos paramilitares ante la desprotección del Estado. Parece un mal remake de la historia de Colombia; aunque la sociedad mexicana no ha reaccionado como lo hizo la colombiana. Miles emigran al extranjero para salvar la vida, quien puede culparles. Para los capos no sólo se trata del dinero: lo que les apasiona es apropiarse del poder formal, su guerra -contrario a lo que dice el Presidente- sí es contra la sociedad, así debilitan el poder del Estado. Mientras tanto el procurador dice que no hay guerra, que es solamente contra los delincuentes; sus argumentos son débiles e incongruentes.

Cada vez que les escuchamos, el discurso de legisladores y políticos en general, suena hueco, falso. La verdad es que ni la Suprema Corte se salva de su corresponsabilidad por la situación actual de México. Un fuerte grupo de Ministros han protegido al poder criminal. La sociedad ya lo ha entendido. No sé si en México tenemos un Estado fallido, pero no hay duda de que en algunas regiones estamos padeciendo un Estado desplazado.

¿Qué tendrá que suceder para que arresten a los gobernadores y alcaldes aliados con el Narco? No se puede construir un estado de derecho sobre cimientos corrompidos. www.lydiacacho.net