'Castiga’ gobierno federal a San Miguel de Allende

Correo
Por: América Ortiz.

El municipio tendrá que regresar 20 mdp del Fondo de Infraestructura Social de 2006 que no utilizó para obras prioritarias para combatir la extrema pobreza en San Miguel de Allende, de acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación en mayo pasado.

"El resultado de la auditoría realizada por la Federación señala que en 71.7 por ciento de las obras que se realizaron con recursos del FISM en el 2006 no fueron para el beneficio de las familias más vulnerables del municipio".

El tesorero municipal, Eduardo Soria Cruz, explicó que el año pasado recibió una notificación de la auditoría hecho por el Congreso federal al FISM aplicado en San Miguel de Allende en el 2006, siendo a este único municipio en el estado a quien se le practicó.

Reconoció que la auditoría marca inconsistencias en que los recursos de la Federación no se aplicaron en donde debía ser, que eran obras encaminadas al desarrollo social de las familias en extrema pobreza.

Soria Cruz aseguró que no existen responsables directos de este hecho debido a que en el 2006 aún no estaban las reglas de operación para la aplicación de estos recursos y las cuales se emitieron con posterioridad por el gobierno federal.

Ante el presunto desacato, el gobierno federal "penalizó" al municipio con un pago de 20 millones de pesos más 2 millones 700 mil pesos de intereses, los cuales debían ser depositados directamente al fondo 3 del Ramo 33 federal del propio municipio, esto es que el dinero nunca se traspasó a una cuenta federal, sino sólo se hicieron movimiento internos.

Explicó que en lo que va de este año se han estado pagando los 20 millones de pesos, pero aún faltan por cubrir 3 millones y medio más y aparte los intereses.

En la sesión de Ayuntamiento celebrada este martes, el Cabildo aprobó realizar un crédito puente de la cuenta corriente del municipio por el restante 3.5 millones de pesos a fin de saldar esa cuenta con la Federación.

Para el tesorero, lo ocurrido, que no quiso llamar como "penalización", es bueno porque de ahora en adelante se fijarán más en las reglas de operación de los programas.

El gobierno federal "castigó" al municipio con un cobro por más de 20 millones de pesos luego de que los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del 2006 fueran destinados a obras que no iban encaminadas al beneficio de las familias en extrema pobreza; el tesorero Eduardo Soria Cruz, aseguró que dicho dinero será regresado a las arcas municipales.

En una auditoría superior de la Federación practicada a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F, más conocido como Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), se reveló que en el año 2006, cuando aún era alcalde el ahora senador de la República Luis Alberto Villarreal García, los recursos de este fondo fueron destinados a obras como pavimentaciones cuando debían ser canalizados a proyectos que ayudaran a la población en extrema pobreza como electrificaciones, redes de agua potable y alcantarillado, entre otros.

El regidor del PRD, Juan Rosario Licea, y el tesorero municipal, Eduardo Soria Cruz, coincidieron en que según en informe no existió desvió de recursos ni faltante de los mismos, sólo que se destinó a obras que no eran de primera necesidad, tal y como lo marcaban las reglas de operación.

El perredista Juan Rosario Licea mencionó que el resultado de la auditoría señala que en 71.7 por ciento de las obras que se realizaron con recursos del FISM en el 2006 no fueron para el beneficio de las familias más vulnerables del municipio, lo que representó el 34.2 por ciento del dinero presupuestado para ese fin.

Mencionó que esta información deberá servir al Ayuntamiento para estar más atentos al destino de los recursos, basados netamente en las reglas de operatividad de cada programa que viene del gobierno estatal o el federal, por ello consideró este hecho como "una llamada de atención del gobierno federal".