Por: Redacción, Jueves,
30 de Octubre de 2008
Se plantean objetivos específicos representantes de sector público, privado, social y académico
LEÓN
Guanajuato respondió ayer al llamado a la guerra contra el crimen organizado, encabezada por el presidente Felipe Calderón, con la firma de un acuerdo estatal entre los sectores público, social, académico y privado, en el que se comprometen a realizar, en el ámbito de su competencia, acciones específicas en pro de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos concretos y comunes.
Mediante el Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del Estado de Guanajuato, los diversos sectores adquirieron compromisos para lograr objetivos concretos en periodos que van desde los tres a los 12 meses a partir de la firma del documento.
Sin embargo, antes, todos los suscriptores del acuerdo deberán presentar en un plazo de 30 días hábiles, a partir de la firma del mismo, la planeación y programación para el cumplimiento de los objetivos que a cada uno de ellos corresponda, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de la Gestión Pública.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado simplemente fue relegada de esta tarea.
De tal manera que la PGJE y la Gestión Pública serán las responsables de dar seguimiento a los puntos de acuerdo asumidos, para efectos de control y sistematización de los avances y resultados derivados de la firma de este acuerdo del que fungieron como testigos de honor el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo y el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
EL LLAMADO AL RECLAMO SOCIAL
En su participación en el evento, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muoriño Terrazo, mencionó que actualmente hay un justo reclamo ciudadano que exige a las autoridades ir mucho más allá de los resultados hasta ahora han alcanzados.
A este respecto, dijo que es trascendental que los tres órdenes de gobierno deben ‘’intensificar la coordinación, incrementar la capacitación y profesionalización de los cuerpos policíacos y actualizar la legislación estatal o federal para hacer más pronta y expedita la administración de justicia’’.
Destacó que también es de suma importancia para responder a los reclamos ciudadanos arraigar la cultura de la legalidad a lo largo y ancho del país.
Se requiere, dijo ‘’consolidar la alianza entre autoridades y sociedad para que la cultura de la legalidad y el respeto al estado de derecho trascienda positivamente en las escuelas, en las familias, en los centros de trabajo, en las calles, en las plazas públicas’’.
Resaltó también la importancia de la convocatoria hecha por el gobierno de Guanajuato para involucrar y comprometer a los diferentes poderes y niveles de gobierno y de los sectores de la sociedad a cumplir el acuerdo de la seguridad.
‘’Vemos con gran satisfacción que esta convocatoria del presidente Calderón, tuvo eco aquí en Guanajuato, que todos los sectores sumen compromisos concretos’’, dijo el funcionario.
LOS COMPROMISOS
Gobierno del Estado
El Poder Ejecutivo se comprometió a depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
A reasignar recursos y gestionar mayores asignaciones y partidas presupuestales para los sistemas de seguridad y procuración de justicia.
A la creación de grupos especiales para la desarticulación de bandas delictivas.
A la presentación de una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado, dentro de los seis meses posteriores a la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A la Creación de esquemas de seguimiento de policías dados de baja, establecer indicadores de evaluación de cuerpos policíacos y su seguimiento, actualizar licencias colectivas de portación de armas de fuego, promover la creación de un observatorio ciudadano en el estado, implementar y eficientar mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional.
También deberá establecer junto con los poderes Legislativo y Judicial acciones conjuntas y específicas para establecer el diseño, las instancias y las bases de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y los Juicios Orales en el Estado de Guanajuato.
Municipios
Los 46 alcaldes de Guanajuato se comprometieron a depurar y fortalecer las instituciones de seguridad; interconectarse a los sistemas y protocolos de Plataforma México para el registro, acceso y análisis de información sustantiva; a desarrollar un programa permanente de desarrollo de procedimientos policiales; actualizar su licencia colectiva de armas de fuego; integrar y fortalecer el consejo de honor y justicia; mejorar las condiciones de seguridad pública ; desarrollar estrategias de seguridad; implementar en seis meses mecanismos para asegurar y garantizar el esquema de atención de emergencias; implementar un sistema de denuncia contra la corrupción; llevar a cabo trámites para la reasignación de recursos y partidas dentro de sus presupuestos; y a establecer indicadores de evaluación y seguimiento.
Poder Judicial
El Poder Judicial del Estado se comprometió, entre otras cosas, a aumentar la transparencia en el desempeño de los órganos jurisdiccionales; a favorecer la seguridad social y celeridad de los procesos; a fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados; a capacitar, actualizar y especializar permanentemente a los servidores públicos; Aincremantar la transparencia en la carrera judicial; a optimizar el sistema de rendición de cuentas y el de información para lograr una mejor coordinación entre autoridades; y también a establecer junto con los poderes Ejecutivo y Legislativo acciones conjuntas y específicas para establecer el diseño, las instancias y las bases de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y los Juicios Orales en el Estado de Guanajuato.
El resto de los organismos
Las instituciones educativas públicas y privadas; la Delegación Guanajuato de la Cámara Nacional de Radio y la Televisión; locutores; Prensa; las Barras y Colegios de Abogados, el Colegio de Notarios y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, agropecuarias, obreras y asociaciones religiosas de la entidad; se comprometieron a llevar a cabo en el ámbito de sus respectivas competencias los siguientes objetivos:
Implementar programas de promoción y difusión sobre la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana, en un plazo de cuatro meses.
A promover permanentemente el combate a las adicciones, los derechos humanos y la transparencia; difundir números telefónicos de denuncia y los mecanismos de acceso a las instancias de seguridad pública y procuración de justicia; y a desarrollar y apoyar, dentro del plazo de seis meses, programas que incorporen el componente social de la estrategia de seguridad.
Finalmente, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, se compromete a ser defensora de la sociedad, a avalar que los actos de ejecución, evaluación y mejora de los contenidos del acuerdo se sujeten al principio de legalidad y al respeto de los derechos humanos.
Poder Legislativo
Los integrantes del Poder Legislativo de Guanajuato se comprometieron a dar trámite y votar las iniciativas que en materia de justicia y seguridad pública le sean presentadas, a más tardar dentro del periodo ordinario siguiente a la presentación de las mismas.
A revisar, en un plazo no mayor a tres meses, la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado de Guanajuato.
A verificar que las prioridades presupuestales fortalezcan los programas los programas y acciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
A revisar y auditar mediante el Órgano de Fiscalización Superior la correcta aplicación de los recursos federales y estatales en la materia.
Y, finalmente, a establecer junto con los poderes Ejecutivo y Judicial acciones conjuntas y específicas para establecer el diseño, las instancias y las bases de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y los Juicios Orales en el Estado de Guanajuato.
Viejo discurso
Pese a la aparición de ‘narcomantas’ en varios municipios y el abandono de una cabeza humana en el quiosco de Salvatierra como clara muestra de la presencia de grupos de la delincuencia organizada en la entidad, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal recurrió al viejo discurso al asegurar que Guanajuato registra un índice delictivo mucho menor a los de otros estados de la República.
Señaló que las ‘narcomantas’ son un esquema de propaganda criminal que pretende desacreditar al estado mexicano, por lo que su colocación en 4 municipios guanajuatenses forma parte del contexto que se vive a nivel nacional.
Señaló que ésta es una vertiente de los grupos delictivos para "generar un repliegue de la autoridad en el combate en el delito, pero no lo vamos hacer, en sentido contrario, vamos a incrementar la capacidad como estado para combatir el delito", por lo que la ofensiva será permanente, precisó.
Aseguró que a nivel federal se han obtenido logros importantes en materia de combate a la delincuencia, como el desmembramiento de bandas, decomisos de drogas y dinero producto de actividades ilícitas.
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