Piden a Oliva resolver caso de empresario preso

SOLICITUD
Norma Alicia Izquierdo García y sus hijos, enfundados con playeras en las que plasmaron con frases su demanda, abordaron al Ejecutivo después de concluir la ceremonia en la que el rector de la UG rindió su cuarto informe.

Por: Martín Fuentes ,
Jueves, 09 de Agosto de 2007
Correo

Familia del coahuilense recluido por supuesto despojo exige al gobernador que se solucione conforme a derecho

GUANAJUATO


Esposa e hijos de un empresario coahuilense recluido en el Cereso de San Miguel de Allende por un supuesto despojo, interceptaron al gobernador para solicitarle una audiencia, y después la mujer ofreció una rueda de prensa en la que exigió justicia y demandó a Juan Manuel Oliva Ramírez que pida -a quienes tienen intereses en el caso- que saquen las manos y se resuelva conforme a derecho.

Norma Alicia Izquierdo García y sus hijos, enfundados con playeras en las que plasmaron con frases su demanda, abordaron al Ejecutivo después de concluir la ceremonia en la que el rector de la Universidad de Guanajuato rindió su cuarto y último informe de actividades.

Juan Manuel Oliva Ramírez ofreció atenderla, pero no dijo cuándo, y minutos después la cónyuge del empresario, acompañada de dos abogados y del diputado local perredista Arnulfo Montes de la Vega, ofreció una rueda de prensa en la que subrayó que lo único que demanda es justicia.

Públicamente demandó al gobernador que pida a quienes tienen intereses en el caso, que saquen las manos y se resuelva conforme a derecho. Aseveró que sí hay intereses y que una prueba de ello es que Iñaki García, abogado de Richard Bernard Leet, el extranjero radicado en San Miguel de Allende que acusó de despojo a Óscar Carlos Gutiérrez del Bosque, visitó a éste en el Cereso para decirle que si no le entregaba 10 millones de dólares no saldría libre.

Uno de los abogados del matrimonio coahuilense comentó que el abogado del demandante es hijo de Miguel Ángel García Domínguez, ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y tío de Luis Alberto Villarreal García, ex alcalde de San Miguel de Allende y actualmente senador.

"No se vale, vinimos a invertir, a apoyar el crecimiento de Guanajuato y nos encontramos con esto", manifestó la mujer que en varias ocasiones contuvo el llanto. Durante la rueda de prensa se explicó que Richard Bernard, apoyado en el notario público Luis Felipe Sánchez, demostró que tenía paso franco al predio que había prometido comprar en 15 millones de dólares al empresario de La Laguna y que, respaldado por esa circunstancia, simuló un despojo y un día antes de entregar una suma de 10 millones, en julio de 2004, interpuso una demanda penal por ese motivo.

Richard Bernard, quien había dado un anticipo de un millón de dólares, también se comprometió a pagar deudas y ceder varios lotes del predio y acciones del desarrollo turístico inmobiliario a Óscar Gutiérrez, explicó la mujer.

Uno de sus abogados, Reyes Flores Hurtado, subrayó que el mayor problema que enfrentan actualmente es que a pesar de que existen pruebas que demuestran la inocencia de su cliente, éste permanece en prisión desde hace casi cinco meses.

Norma Alicia Izquierdo también fue aprehendida hace semanas, pero después de pasar 10 días en prisión, "los más terribles de mi vida", según dijo, mientras que Flores Hurtado resaltó que mientras ella sí pudo obtener su libertad, no obstante que se trata del mismo delito y expediente, su esposo sigue recluido y sigue sin atenderse un incidente de libertad que se promovió "con las mismas probanzas" en que se apoyaron para defender a la mujer.

Acusaron que el caso ha pasado "de un juzgador a otro" y no saben ni siquiera en manos de quién está el expediente. En la rueda de prensa Montes de la Vega puntualizó que no tenía por qué partidizarse el caso, y reveló que incluso Reyes Flores es presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Acción Nacional (PAN) en Torreón, además de que si decidió intervenir fue porque le solicitaron hacerlo después de ponerlo al tanto de lo sucedido.

Montes de la Vega confió además que el procurador de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato, Manuel Vidaurri Aréchiga, le manifestó que esa institución "no tenía qué ver" nada en el caso de Gutiérrez del Bosque, mientras que Flores Hurtado reveló que la PDHE fue al Cereso a entrevistar a su cliente dos meses después de haber interpuesto una queja por el trato recibido por parte de las instituciones responsables de procurar e impartir justicia.