Editorial del periódico El Correo

VAN CON TODO. En el pacto entre alcaldes panistas del país con el que se suman a la cruzada nacional por la seguridad, justicia y legalidad, destacan algunos guanajuatenses. En particular el de San Miguel de Allende, Jesús Correa, que asume el compromiso cuando su corporación policiaca es investigada por la muerte de ciudadanos y un sinfín de violaciones a los derechos humanos.

Igual que sus correligionarios, Correa Ramírez se comprometió a depurar su cuerpo de policías, actualizar los permisos colectivos de portación de armas de fuego, adecuar las normas municipales para mejorar condiciones de seguridad pública y reasignar recursos de sus presupuestos.

Pero el caso es, según sus propias explicaciones, que desde el momento mismo en que inició su administración puso en marcha acciones para sanear a la corporación. Al tiempo que elevó los salarios de los agentes, los sometió a estudios de confiabilidad. Resultado: 83 despedidos.

¿Qué querrá decir con ello? Acaso que va por buen camino. No es cierto. Simplemente no ha hecho nada. Al contrario, cada vez más sanmiguelenses piden la destitución del jefe policiaco, Daniel Trujillo García; la Procuraduría General de Justicia del Estado investiga a sus elementos por la muerte de un joven que llegó a la corporación por una falta administrativa; y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato ha abierto por lo menos 19 expedientes por abusos.

Germán Martínez Cázares, presidente nacional panista, también invitó a unirse al pacto a los alcaldes de Guanajuato capital, Valle de Santiago, Pénjamo, Irapuato, Salamanca, Silao, León y Celaya. Acudieron cuatro, entre ellos el leonés Vicente Guerrero Reynoso, también con recomendaciones de la PDHG por los cursos de tortura a sus policías. El celayense, Gerardo Hernández Gutiérrez, no se presentó a pesar de que su ciudad es la más insegura del estado. Faltaba más.