Ciudadanos y autoridad trabajando juntos
Por Jesús Ibarra,
mar 16, 2007
Atención San Miguel
Una asociación entre ciudadanos y el gobierno municipal, basada en la ley y la transparencia es esencial para proteger el patrimonio cultural y natural de San Miguel, según Alberto Székely, experto legar en desarrollo y medio ambiente.
El Embajador Székely, abogado de la ciudad de México, manifestó ante alrededor de 200 personas el 9 de marzo, en el Museo Casa de Allende que el futuro de San Miguel no puede discutirse en una situación de confrontación entre autoridades y ciudadanos, generada por la autorización de desarrollos cuya legalidad ha sido puesta en duda por la ciudadanía.
Székely introdujo y discutió su estrategia de 27 puntos que ofrece una guía legal para la cooperación entre ciudadanos, el Ayuntamiento y el Congreso Estatal, en cuanto a decisiones que involucren el patrimonio cultural, el desarrollo urbano, el medio ambiente y la transparencia, entre otros aspectos.
El documento completo se puede consultar en www.vaporsanmiguel.blogspot.com
“La única manera de evitar de evitar confrontaciones es asegurar que el gobierno ya no está solo”, dijo Székely, quien añadió que esto implica que la autoridad debe de estar abierta a la transparencia y “llevar a cabo sus funciones bajo la luz pública y a la vista de todos”. “Esto sólo se puede garantizar si la sociedad civil se corresponsabiliza y se compromete”, dijo.
Varios miembros del gobierno local, incluidos el síndico Rodolfo Jurado y el secretario del Ayuntamiento Cristóbal Finkelstein Franyuti, así como el desarrollador Raúl Araiza, dueño del proyecto de los condominios El Caracol que causó un sinnúmero de protestas. El presidente municipal Jesús Correa no estuvo presente.
En general, las autoridades respondieron favorablemente a la propuesta. “Me agrada ver esta participación ciudadana de una manera más organizada”, dijo Jurado. Para Finkelstein la propuesta fue “un buen ejercicio democrático”. “Ya era tiempo de ver propuestas más serias y analizadas por parte de los ciudadanos. Creo que juntos, autoridades y ciudadanos, podemos lograr proyectos importantes para el beneficio de San Miguel”, dijo Finkelstein. “También ha sido un aviso para las autoridades para virar nuestra manera de comunicación con la ciudadanía”, añadió.
Székely había sido previamente por el grupo Basta ya a dar una conferencia en donde habló de la importancia de la participación ciudadano para proteger los recursos locales. En esa ocasión en claro que “no venía a confrontar a nadie, sino a proponer otras alternativas de cooperación que, por el lado de la ciudadanía, sustituyan la protesta por propuesta, por el de los empresarios, les dé la certidumbre jurídica para que puedan contribuir confiadamente el desarrollo y, por el lado de las autoridades, les cierre el paso a la imposición pero les abra el de la coadyuvancia con la sociedad”. Székely enfatizó que no viene a trabajar con intereses partidistas.
Anunció que él y su equipo de abogados aconsejarán tanto a la ciudadanía como a las autoridades que se exijan mutuamente apegarse a la ley, y que demostrará que lo que ahuyenta el empleo y la inversión es “la inseguridad jurídica de si se cumplirá la ley o no”. “No queremos echar leña al fuego, sino apagarlo de inmediato”, dijo.
Respecto a la participación de los extranjeros, Székely manifestó que según el Artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, todos los extranjeros residentes en México pueden participar en actos cívicos o sociales. Sin embargo, no pueden participar en asuntos políticos como partidos o elecciones. “Los ciudadanos deberán manifestarse de forma pacífica y respetuosa”, dijo Székely. “Y las autoridades no pueden usar ningún medio que inhiba la formulación de quejas o demandas”.
La ley de 1939Székely hizo referencia a la ley, autorizada en 1939 en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato que declara a San Miguel como “pueblo típico”, que prohíbe la construcción dentro de la ciudad de edificios que no estén acorde con el estilo colonial de su arquitectura y el inicio de cualquier obra de construcción sin el consentimiento escrito de un consejo de ciudadanos llamado “Junta de Vigilancia”.
“Al leer la ley, se puede concluir que si hubiera sido respetada y aplicada durante los 68 años que ha estado vigente, la historia y situación de San Miguel sería muy diferente”, comentó Székely. “Es la única ley que incluye las prohibiciones específicas que protegen el patrimonio cultural de San Miguel y su integridad de imagen y estructura urbana”. La ley puede ser consultada en su totalidad en le blog de Basta ya: http://bastayasma.blogspot.com
Respuestas a las preguntas del público
“Los que violan la ley no son los únicos que pueden acudir a los despachos jurídicos en busca de ayuda. Con nuestra ayuda, la ciudadanía ya no estará sola”, dijo Székely en respuesta a la pregunta de un ciudadano, durante la sesión de preguntas que tuvo lugar después de la presentación, que se extendió durante que casi una hora.
Para Székely, la declaración por la UNESCO de San Miguel como Patrimonio de la Humanidad es muy importante. “Pero no es posible hacer las cosas en sentidos opuestos. Si esta declaración es letra muerta desde su origen, representará una pérdida de prestigio para la ciudad”, dijo el abogado, refiriéndose a las construcciones que han sido autorizadas y que están en desacuerdo con la arquitectura de la ciudad.
En respuesta a la pregunta de cual sería el costo de sus servicios y quien pagaría por ellos, Székely declaró que cualquier servicio tiene derecho a una retribución económica. “La asesoría jurídica será pagada por aquellos que crean en esta plataforma. Hay mucho trabajo por hacer y dependerá de la disponibilidad de los recursos para pagar los servicios profesionales”, dijo Székely. Sin embargo, aseguró que su despacho era de interés público y no tenía fines de lucro.
Como parte del público, Don Patterson, director de Ecología, desmintió el rumor de la construcción de un nuevo centro comercial Walmart. “Cuando hacemos una protesta, debemos de tener cuidado de tener toda la información necesaria a mano, incluyendo planos y explicaciones”, dijo Patterson.
Propuestas:
Los siguientes temas están incluidos en las 27 propuestas de Székely:
· Asegurar auténticas consultas del Estado y el Municipio con la ciudadanía
· Fortalecimiento de la evaluación del impacto ambiental
· Fortalecer el régimen de protección de la zona de preservación ecológica de El Charco del Ingenio
· Creación de zonas de preservación ecológicas privadas.
· Asegurar que la autoridad municipal cumpla con aplicar y cumplir la ley de 1939 sobre protección y conservación de San Miguel de Allende como pueblo “típico”.
· Acción legal en caso de que las autoridades efectúen actos de intimidación a ciudadanos por ejercer sus derechos legales.
· Lograr reformas a la ley estatal y municipal de transparencia.
· Eliminar al máximo las disposiciones legales que atribuye facultades discrecionales a las autoridades con respecto a medio ambiente, desarrollo urbano, y protección del patrimonio y reemplazarlas por obligaciones.
· Petición al Ayuntamiento para que cumpla las disposiciones de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato.
· Acción legal contra funcionarios del Ayuntamiento que efectúen actos u omisiones que contravengan disposiciones vigentes en materia ambiental, de desarrollo urbano o de patrimonio cultural.
· Acciones con respecto al agua
· Organización formal de los ciudadanos, gozando de personalidad jurídica.
· Publicar una gaceta informativa a través de la cual los ciudadanos puedan estar informados de las actividades y decisiones del gobierno.
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