Jueves, 15 de Marzo de 2007
Editorial
Correo
Con un contingente de cerca de 300 policías estatales y municipales de Celaya, las autoridades de ambos niveles de gobierno recibieron ayer a un grupo casi igual de numeroso de miembros del Comité Promejoramiento del Agro Nacional, que de forma pacífica se instaló frente a las sedes de Conagua, SAGARPA, SDA y CFE en demanda de una rebaja en los costos de la energía eléctrica. Una decisión, cabe imaginar, tomada ante el "escenario de amenaza real" que el despliegue de tractores por diversos puntos de la ciudad representaba para la seguridad de los celayenses.
El director de la Guardia Municipal, Prisciliano Mandujano Herrera, explicó que se solicitó el apoyo del gobierno estatal para implementar el “operativo especial”, cuyo fin fue el de “salvaguardar el orden”. Por tanto, se felicitó porque si bien no estaba dispuesto a "caer en provocaciones”, “no fue necesario emplear la fuerza pública” porque la manifestación se dio "en son de paz”.
En un municipio donde desde hace años se dan los más altos índices de inseguridad pública, llamar en auxilio a las autoridades estatales para hacer frente a las imaginarias “provocaciones” de unos manifestantes que resultan ser pacíficos, no es un gesto inocuo, sin repercusiones. Sobre todo cuando al desproporcionado llamado acuden no sólo más de cien elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, sino otros tantos de la Policía Ministerial y 80 de la corporación local, además de notarios públicos.
Se trata de un despliegue que no se ha visto en los tiempos recientes para combatir la inseguridad en el municipio, ése sí un problema de enormes dimensiones que pone en serio riesgo la integridad de los ciudadanos. Porque lo único que provocaron los manifestantes, fue que las inconsecuencias de las autoridades municipales quedaran otra vez en evidencia.
Más grave que todo esto es que ha quedado expuesta la idea de seguridad que se tiene en ese municipio y en el gobierno del estado, esa que considera una peligrosa amenaza a los grupos de manifestantes, aunque intenten resolver sus problemas por la vía pacífica, como ocurrió ayer. Muy distinta a la que se tiene ante las bandas de delincuentes que no sólo provocan intranquilidad y sentimiento de desamparo entre los celayenses, sino que incluso en sus acciones llegan hasta a atentar contra la vida de sus víctimas.
Hoy la máxima prioridad tiene que estar en la lucha sin cuartel contra la delincuencia, que se nutre de los errores de los encargados de las instituciones y de los miedos que desata entre la población. Para ello es imprescindible la responsabilidad en la cooperación entre los gobiernos estatal y municipal, a la vez que la capacidad para identificar en dónde se encuentran los verdaderos peligros para los ciudadanos
jueves, 15 de marzo de 2007
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