El Sol de México
13 de marzo de 2007
Teresa Escalante
Ciudad de México.- La delegación Benito Juárez obligará a las constructoras a demoler edificios con alturas no permitidas y a cubrir los gastos que implique la recimentación de casas de uno o dos niveles que han sufrido un hundimiento diferenciado por este tipo de vivienda.
El diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, presidente de la Comisión en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aseguró que en zonas donde la altura máxima es de cuatro pisos se construyen edificios de seis y ocho, donde además cuentan con tuberías de agua potable de un diámetro menor al autorizado, con el consecuente desabasto en las viviendas, ya que "se permitió violar el Plan de Desarrollo Urbano de la delegación".
Díaz Cuervo señaló que para conocer el impacto que ocasiona el desmedido otorgamiento de licencias de construcción en la Benito Juárez, se levantará un censo de las obras realizadas y en proceso desde el 2000 hasta la fecha.
Dijo que para identificarlas se contratarán 10 personas que recorrerán calle a calle la delegación en busca de construcciones irregulares.
El diputado explicó que pretenden detener y corregir estas acciones y, en su caso, proponer las modificaciones necesarias a la Ley de Desarrollo Urbano y al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Benito Juárez.
Informó que realizarán un estudio comparativo entre el número de viviendas construidas por habitante en la Benito Juárez, con respecto a las otras delegaciones que fueron pactadas por el Bando 2, como Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
Los vecinos podrán opinar a través de encuestas el nivel de afectación a su vida cotidiana, ya que se realizarán foros de análisis.
Adelantó que llamarán a comparecer tanto a funcionarios públicos como a los titulares de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), al de la Seduvi, al delegado, al director general de Obras, al exdelegado y a miembros del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Distrito Federal.
De igual manera, Díaz Cuervo comentó que la comisión elaborará un informe donde se señalen acciones en contra de funcionarios e instancias que hayan cometido irregularidades, así como propuestas de modificación a leyes y programas
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