Mundo Hispano
June 11th, 2008 @ 11:35am
* Fue inaugurado el Tercer Seminario Iberoamericano de Vías Verdes.
México, 11 Jun (Notimex).- La transformación de parte de la red férrea que ha dejado de cumplir su papel de comunicación en otro con sentido social, cultural, es lo que se aborda en el Tercer Seminario Iberoamericano de Vías Verdes, que cuenta con el apoyo de Conaculta.
En la ceremonia de inauguración del encuentro, que se lleva a cabo del 10 al 13 de junio en Guadalajara, Jalisco, se destacó la importancia de las Vías Verdes como "una alternativa de fortalecimiento del patrimonio cultural ferrocarrilero".
Iniciativa que va de la mano del "establecimiento de espacios de convivencia, recreación y oferta cultural para la población", se dijo, de acuerdo con un comunicado del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) difundido hoy.
El seminario cuenta con la participación de unos 200 expertos, en su mayoría personas involucradas en la toma de decisiones de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, así como de investigadores, académicos y representantes de la sociedad civil.
La ceremonia de inauguración de esta reunión, que tiene como propósito abrir un foro de intercambio y difusión de las experiencias y proyectos de Vías Verdes en México, España y otros países de Iberoamérica, fue presidida por Sara Topelson de Grinberg, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social; explicó el Conaculta.
Además, por Jesús Alejandro Cravioto Lebrija, secretario de Cultura del gobierno del estado de Jalisco; Sergio Carmona, secretario de Desarrollo Urbano de esa misma entidad federativa, y Alfonso Petersen Farah, presidente municipal de Guadalajara.
De igual forma, por Oscar Corzo Cruz, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carmen Aycart Luengo, directora del Programa de Vías Verdes España, entre otros.
Por parte del Conaculta acude Teresa Márquez Martínez, directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero.
Tras destacar la importancia de los ferrocarriles en la vida de México, Topelson de Grinberg, dijo que las Vías verdes pueden ser "una alternativa de fortalecimiento del patrimonio cultural ferrocarrilero, vinculada al establecimiento de espacios de convivencia, recreación y oferta cultural para la población".
Hizo un reconocimiento al trabajo de las instituciones involucradas en el desarrollo de proyectos de Vías Verdes para fomentar "el rescate y reutilización de la infraestructura férrea que ha dejado de cumplir su función original de transporte de carga y pasajeros, y que ahora puede encontrar otro sentido social".
En su turno, Cravioto Lebrija reiteró su apoyo al desarrollo de las Vías Verdes en México, iniciativa que busca "recuperar espacios ferroviarios para transformarlos en espacios susceptibles de ser disfrutados por la sociedad".
Recordó en ese sentido que "antiguas vías en desuso puedan convertirse en senderos peatonales, y estaciones del tren en centros culturales", por lo que invitó a retomar las experiencias de los países pioneros en esta alternativa.
A su vez, Aycart Luengo refirió que el Programa de Vías Verdes España inició en 1993 y a la fecha ha logrado el establecimiento de 70 espacios de este tipo, que abarcan mil 500 kilómetros.
Esta experiencia, dijo, partió de un inventario de la infraestructura ferroviaria que permitió ubicar la existencia de siete mil 500 kilómetros de vías fuera de servicio, así como 954 estaciones, 501 túneles y mil 70 puentes.
Hizo referencia a cuatro elementos fundamentales en la conformación de las Vías Verdes, como son el rescate o desarrollo de la infraestructura propia para su operación; los servicios y el equipamiento; la información y promoción, y la gestión.
Sobre el último punto, Aycart resaltó la importancia de involucrar a los sectores públicos y privados y de la sociedad civil desde una visión integral, pues "lo fundamental es que nadie se sienta desplazado".
Mencionó como beneficios de las vías verdes "la posibilidad de abrir caminos a muchas personas a un mundo desconocido, promover el desarrollo local, la educación ambiental, el turismo más humano y el conocimiento del entorno", entre muchos otros.
Por su parte, Teresa Márquez Martínez, del Conaculta, hizo una breve historia de la llegada de los ferrocarriles a México, su importancia en el desarrollo económico del país y su impacto en la vida cotidiana.
Al hacer un recuento del inventario ferroviario en México, dijo que existen 489 estaciones con valor histórico, cultural y artístico y unos nueve mil kilómetros de vías fuera de uso, por lo que subrayó la importancia de impulsar las Vías Verdes con un sentido interdisciplinario e interinstitucional.
Bajo ese contexto, recordó experiencias similares que se han dado en México, como los 50 kilómetros de antiguas vías de tren convertidos en ciclopista en la Ciudad de México, y el Sendero Intermunicipal de Movilidad Alterna en Tulancingo, Hidalgo, proyecto que recibió el premio Hábitat 2007.
También, el tramo Sumidero-Fortín, en la barranca de Metlac, en Veracruz; el tramo del Cañón de la Mano, en Iguala, Guerrero; el tramo La Junta-Angangueo, en Michoacán; la línea Durango-Tepehuanes, con 200 kilómetros de longitud, o el tramo de Atoyac, en Veracruz.
Por último, la funcionaria del Conaculta reconoció el esfuerzo hecho en ese sentido por el Gobierno y municipios de Jalisco por el desarrollo de un Plan Maestro de Vías Verdes, que contempla la reconversión de tres rutas, cuyo recorrido total suma 123 kilómetros.
Se trata de las vías Ocotlán-Atotonilco, Empalme-Orendáin y La Vega-Etzatlán.
sábado, 14 de junio de 2008
Desvían recursos
CATALINA REYES COLÍN / GUANAJUATO
AM
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en San Miguel de Allende, durante la Administración municipal anterior que encabezó el panista Luis Alberto Villarreal, hoy senador, se desviaron 20 millones de pesos del Ramo XXXIII para fines distintos a los señalados.
Como consecuencia, la ASF ordenó que la Administración Municipal actual reintegre ese dinero al fondo. Es decir, tendrá que tomar el dinero de otra partida de su presupuesto para “reponerlo”.
Además, tuvo que pagar una multa de dos millones 750 mil pesos a la ASF como sanción.
Sin embargo, no se fincaron responsabilidades contra ningún ex funcionario.
Así lo denunciaron el regidor perredista Juan Rosario Licea Perales y Luis Manuel Rosas Hernández, presidente del Comité Municipal del PRD de ese municipio.
Licea dio a conocer que en una auditoría al año 2006, cuando Villarreal era Presidente Municipal, se detectó que el Fondo de Infraestructura Social Municipal, del Ramo XXXIII, no cumplió con sus objetivos de combate a la pobreza, que deben ser obras de drenaje, caminos o electrificación.
El documento de la ASF que da los resultados finales -del cual a.m. tiene copia- informa que de una muestra de 51 obras y acciones, se detectaron 44 por 19.9 millones de pesos que no cumplieron con los fines del fondo.
Entre ellas destacan: Programa de Pueblos Mágicos, estímulos a la educación básica, estudios y proyectos, obras en el Teatro Angela Peralta, adecuación a diferentes direcciones del edificio administrativo, entre otras acciones.
...Y siguen irregularidades
Juan Rosario Licea reveló más irregularidades, éstas cometidas por la actual Administración Municipal presidida por el panista José de Jesús Correa Ramírez y detectadas por una auditoría de la Contraloría Municipal.
La primera, que el anterior director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende (Sapasma), Antonio Jaramillo, fue gratificado con 90 mil pesos “por su constancia y esfuerzo”, cuando renunció hace dos o tres meses.
El regidor dijo que le manifestó al síndico que tal gratificación no tiene fundamento legal y solicitó su devolución.
La segunda es que a los 170 funcionarios y trabajadores del Sapasma se les condona el pago de agua potable.
Aunque no hay un registro desde hace cuándo existe este beneficio, dijo que les informaron que se practica desde hace más de 15 años.
Tampoco estuvo de acuerdo con estas prestaciones, pues dijo que podrían otorgárseles de otra forma.
AM
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en San Miguel de Allende, durante la Administración municipal anterior que encabezó el panista Luis Alberto Villarreal, hoy senador, se desviaron 20 millones de pesos del Ramo XXXIII para fines distintos a los señalados.
Como consecuencia, la ASF ordenó que la Administración Municipal actual reintegre ese dinero al fondo. Es decir, tendrá que tomar el dinero de otra partida de su presupuesto para “reponerlo”.
Además, tuvo que pagar una multa de dos millones 750 mil pesos a la ASF como sanción.
Sin embargo, no se fincaron responsabilidades contra ningún ex funcionario.
Así lo denunciaron el regidor perredista Juan Rosario Licea Perales y Luis Manuel Rosas Hernández, presidente del Comité Municipal del PRD de ese municipio.
Licea dio a conocer que en una auditoría al año 2006, cuando Villarreal era Presidente Municipal, se detectó que el Fondo de Infraestructura Social Municipal, del Ramo XXXIII, no cumplió con sus objetivos de combate a la pobreza, que deben ser obras de drenaje, caminos o electrificación.
El documento de la ASF que da los resultados finales -del cual a.m. tiene copia- informa que de una muestra de 51 obras y acciones, se detectaron 44 por 19.9 millones de pesos que no cumplieron con los fines del fondo.
Entre ellas destacan: Programa de Pueblos Mágicos, estímulos a la educación básica, estudios y proyectos, obras en el Teatro Angela Peralta, adecuación a diferentes direcciones del edificio administrativo, entre otras acciones.
...Y siguen irregularidades
Juan Rosario Licea reveló más irregularidades, éstas cometidas por la actual Administración Municipal presidida por el panista José de Jesús Correa Ramírez y detectadas por una auditoría de la Contraloría Municipal.
La primera, que el anterior director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende (Sapasma), Antonio Jaramillo, fue gratificado con 90 mil pesos “por su constancia y esfuerzo”, cuando renunció hace dos o tres meses.
El regidor dijo que le manifestó al síndico que tal gratificación no tiene fundamento legal y solicitó su devolución.
La segunda es que a los 170 funcionarios y trabajadores del Sapasma se les condona el pago de agua potable.
Aunque no hay un registro desde hace cuándo existe este beneficio, dijo que les informaron que se practica desde hace más de 15 años.
Tampoco estuvo de acuerdo con estas prestaciones, pues dijo que podrían otorgárseles de otra forma.
El INAH, bajo el asedio neoliberal
La Jornada
Gilberto López y Rivas
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) forma parte de los bienes públicos que los depredadores neoliberales desearían ver sometidos a la lógica de ese proceso de ocupación integral trasnacional y globalizador que caracterizó en estas páginas el grupo Paz con Democracia en el Llamamiento a la nación mexicana, en el que se asienta: “El vaciamiento de valores y símbolos de identidad nacional que han guardado las propias instituciones culturales del Estado, el INAH y el INBA, y el despojo de sus funciones en defensa de este patrimonio nacional por instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, violando el marco jurídico existente, han abierto el camino a su privatización y desnacionalización”.
La burocracia neoliberal –supuestamente modernizante– impuesta en las direcciones de los organismos culturales es consciente de que sus principales enemigos a vencer son sus propios trabajadores, quienes no están de acuerdo con el despojo del carácter nacional y público de esas instituciones. El actual director del INAH, Alfonso de Maria y Campos, embajador muy alejado de la tradición de prestigiados antropólogos e historiadores como Guillermo Bonfil, Gastón García Cantú, Enrique Florescano, que en el pasado ocuparon ese puesto, está empeñado en destruir desde dentro el instituto a través del desconocimiento sistemático de sus representaciones sindicales y de una propuesta de reglamento interno que violenta los derechos laborales amparados en las leyes y en las Condiciones Generales de Trabajo (CGT).
Efectivamente, los investigadores del INAH, en abierto enfrentamiento con la Dirección General, al grado de proponer algunos su desconocimiento, denunciaron que el embajador entregó a la Secretaría de Educación Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, lo que debiera ser un anteproyecto de Reglamento Interior del INAH, sin consultar a los sindicatos ni a su comunidad académica.
En dicho reglamento –que se contrapone a la Ley Orgánica del Instituto– se establece una estructura vertical y autoritaria en la que el director general se otorga poder plenipotenciario y jurisdicción en todos los ámbitos decisorios sin que los académicos tengan participación real en las medidas de su competencia. Del análisis del documento se infiere un establecimiento fabril y a sus trabajadores como meros peones de la autoridad patronal, sustrayéndole, en consecuencia, el perfil colegiado de los consejos con los que cuenta el máximo organismo cultural.
Las autoridades pretenden una corporación estructurada a partir del fortalecimiento de las instancias burocrático-administrativas en detrimento de las académicas. A este respecto las representaciones sindicales de investigadores y arquitectos conservadores del INAH declararon recientemente: “Nuestra institución se ha distinguido por ser un foro permanente de discusión académica y técnica con una amplia participación de sus especialistas, lo que ha permitido ocupar un lugar preponderante en la investigación y conservación del patrimonio cultural de la nación por lo que consideramos que el documento presentado por el director general olvida y deja a un lado los derechos y compromisos de la comunidad del instituto.”(La Jornada, 4/6/08)
El embajador Maria y Campos –nada diplomático– acostumbra un trato vejatorio, discriminatorio y clasista hacia los representantes sindicales, opinando peyorativamente sobre la indumentaria de los académicos, su forma de hablar y hasta poniendo en duda su desempeño laboral (bajo escrutinios y evaluaciones constantes, por cierto) y, lo más grave, negándose a cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos por las pasadas administraciones, como el convenio de equiparación IPN-UNAM, firmado el 31 de marzo de 1981 y depositado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como el pliego de prestaciones convenido bilateralmente. En reunión con una representación de trabajadores técnicos, administrativos y manuales, el embajador llegó a decir: “Si he sabido con qué gente iba a tratar, no hubiera aceptado el puesto”.
La autoridad del INAH, asimismo, trasladó sin consulta ni autorización de los interesados sus fondos de retiro, que desaparecieron de Banamex sin conocerse dónde se encuentran, incluyendo los de aquellos trabajadores que se ampararon contra la nueva Ley del ISSSTE. Decisiones arbitrarias como las descritas muestran un profundo desconocimiento del Instituto y un desprecio absoluto a las conquistas laborales ya obtenidas.
Este debilitamiento institucional llevado a cabo por la burocracia panista por la vía de pretender adocenar y someter a los trabajadores obedece a las políticas culturales del Estado mexicano y la trasnacionalización corporativa neoliberal que busca apropiarse de la cultura con fines mercantiles y homogeneizadores. “El patrimonio cultural, como memoria de la nación y de todos sus pueblos y componentes regionales, como soporte también de sus identidades, está siendo sitiado por las corporaciones trasnacionales y el uso privado que de él hacen las elites políticas regionales, y por la industria turística que ocupa lugares, costas, territorios y recursos naturales que pertenecen a la nación, y en los que habitan pueblos indígenas, a quienes se convierte en objetos exóticos de consumo” (Llamamiento, ítem 40 ).
La defensa de ese patrimonio es la razón de ser del INAH. Sus trabajadores se enfrentan a quienes desde su posición de autoridad intentan trastocar esa misión esencial de la institución para ponerla al servicio de sus intereses corporativos y de sus mentalidades elitistas y autoritarias. Como en el caso de los recursos energéticos, la nación debe prevalecer.
Gilberto López y Rivas
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) forma parte de los bienes públicos que los depredadores neoliberales desearían ver sometidos a la lógica de ese proceso de ocupación integral trasnacional y globalizador que caracterizó en estas páginas el grupo Paz con Democracia en el Llamamiento a la nación mexicana, en el que se asienta: “El vaciamiento de valores y símbolos de identidad nacional que han guardado las propias instituciones culturales del Estado, el INAH y el INBA, y el despojo de sus funciones en defensa de este patrimonio nacional por instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, violando el marco jurídico existente, han abierto el camino a su privatización y desnacionalización”.
La burocracia neoliberal –supuestamente modernizante– impuesta en las direcciones de los organismos culturales es consciente de que sus principales enemigos a vencer son sus propios trabajadores, quienes no están de acuerdo con el despojo del carácter nacional y público de esas instituciones. El actual director del INAH, Alfonso de Maria y Campos, embajador muy alejado de la tradición de prestigiados antropólogos e historiadores como Guillermo Bonfil, Gastón García Cantú, Enrique Florescano, que en el pasado ocuparon ese puesto, está empeñado en destruir desde dentro el instituto a través del desconocimiento sistemático de sus representaciones sindicales y de una propuesta de reglamento interno que violenta los derechos laborales amparados en las leyes y en las Condiciones Generales de Trabajo (CGT).
Efectivamente, los investigadores del INAH, en abierto enfrentamiento con la Dirección General, al grado de proponer algunos su desconocimiento, denunciaron que el embajador entregó a la Secretaría de Educación Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, lo que debiera ser un anteproyecto de Reglamento Interior del INAH, sin consultar a los sindicatos ni a su comunidad académica.
En dicho reglamento –que se contrapone a la Ley Orgánica del Instituto– se establece una estructura vertical y autoritaria en la que el director general se otorga poder plenipotenciario y jurisdicción en todos los ámbitos decisorios sin que los académicos tengan participación real en las medidas de su competencia. Del análisis del documento se infiere un establecimiento fabril y a sus trabajadores como meros peones de la autoridad patronal, sustrayéndole, en consecuencia, el perfil colegiado de los consejos con los que cuenta el máximo organismo cultural.
Las autoridades pretenden una corporación estructurada a partir del fortalecimiento de las instancias burocrático-administrativas en detrimento de las académicas. A este respecto las representaciones sindicales de investigadores y arquitectos conservadores del INAH declararon recientemente: “Nuestra institución se ha distinguido por ser un foro permanente de discusión académica y técnica con una amplia participación de sus especialistas, lo que ha permitido ocupar un lugar preponderante en la investigación y conservación del patrimonio cultural de la nación por lo que consideramos que el documento presentado por el director general olvida y deja a un lado los derechos y compromisos de la comunidad del instituto.”(La Jornada, 4/6/08)
El embajador Maria y Campos –nada diplomático– acostumbra un trato vejatorio, discriminatorio y clasista hacia los representantes sindicales, opinando peyorativamente sobre la indumentaria de los académicos, su forma de hablar y hasta poniendo en duda su desempeño laboral (bajo escrutinios y evaluaciones constantes, por cierto) y, lo más grave, negándose a cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos por las pasadas administraciones, como el convenio de equiparación IPN-UNAM, firmado el 31 de marzo de 1981 y depositado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como el pliego de prestaciones convenido bilateralmente. En reunión con una representación de trabajadores técnicos, administrativos y manuales, el embajador llegó a decir: “Si he sabido con qué gente iba a tratar, no hubiera aceptado el puesto”.
La autoridad del INAH, asimismo, trasladó sin consulta ni autorización de los interesados sus fondos de retiro, que desaparecieron de Banamex sin conocerse dónde se encuentran, incluyendo los de aquellos trabajadores que se ampararon contra la nueva Ley del ISSSTE. Decisiones arbitrarias como las descritas muestran un profundo desconocimiento del Instituto y un desprecio absoluto a las conquistas laborales ya obtenidas.
Este debilitamiento institucional llevado a cabo por la burocracia panista por la vía de pretender adocenar y someter a los trabajadores obedece a las políticas culturales del Estado mexicano y la trasnacionalización corporativa neoliberal que busca apropiarse de la cultura con fines mercantiles y homogeneizadores. “El patrimonio cultural, como memoria de la nación y de todos sus pueblos y componentes regionales, como soporte también de sus identidades, está siendo sitiado por las corporaciones trasnacionales y el uso privado que de él hacen las elites políticas regionales, y por la industria turística que ocupa lugares, costas, territorios y recursos naturales que pertenecen a la nación, y en los que habitan pueblos indígenas, a quienes se convierte en objetos exóticos de consumo” (Llamamiento, ítem 40 ).
La defensa de ese patrimonio es la razón de ser del INAH. Sus trabajadores se enfrentan a quienes desde su posición de autoridad intentan trastocar esa misión esencial de la institución para ponerla al servicio de sus intereses corporativos y de sus mentalidades elitistas y autoritarias. Como en el caso de los recursos energéticos, la nación debe prevalecer.
jueves, 12 de junio de 2008
España y México negocian devolución de banderas de la independencia mexicana
12 de Junio de 2008, 02:13pm ET
MADRID, 12 Jun 2008 (AFP) -
El presidente mexicano, Felipe Calderón, anunció este jueves en Madrid el inicio de negociaciones con España para tratar de recuperar estandartes que pertenecieron a dos héroes de la independencia mexicana, Miguel Hidalgo y José María Morelos.
"Quiero reconocer la disposición, la buena voluntad y el inicio de las negociaciones que hemos planteado para poder recuperar pabellones y estandartes que pertenecieron a los insurgentes Hidalgo y Morelos", afirmó Calderón durante una rueda de prensa en Madrid.
La petición mexicana se enmarca en la próxima celebración del bicentenario en 2010 de la independencia del país latinoamericano, así como el centenario de la revolución mexicana.
"Espero que los próximos meses podamos llevar a buen término estas negociaciones con pleno respeto a la legislación española", añadió Calderón durante su comparecencia ante los medios acompañado por el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Las banderas objeto de la petición, que se encuentran en el Museo del Ejército español, fueron utilizadas por los insurgentes de la Villa de San Miguel el Grande (actualmente San Miguel de Allende), en la primera etapa del movimiento independentista mexicano.
En 1910, con motivo del centenario de la emancipación mexicana, España ya había devuelto a México prendas y objetos de José María Morelos.
gr/esb/lmm.
MADRID, 12 Jun 2008 (AFP) -
El presidente mexicano, Felipe Calderón, anunció este jueves en Madrid el inicio de negociaciones con España para tratar de recuperar estandartes que pertenecieron a dos héroes de la independencia mexicana, Miguel Hidalgo y José María Morelos.
"Quiero reconocer la disposición, la buena voluntad y el inicio de las negociaciones que hemos planteado para poder recuperar pabellones y estandartes que pertenecieron a los insurgentes Hidalgo y Morelos", afirmó Calderón durante una rueda de prensa en Madrid.
La petición mexicana se enmarca en la próxima celebración del bicentenario en 2010 de la independencia del país latinoamericano, así como el centenario de la revolución mexicana.
"Espero que los próximos meses podamos llevar a buen término estas negociaciones con pleno respeto a la legislación española", añadió Calderón durante su comparecencia ante los medios acompañado por el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Las banderas objeto de la petición, que se encuentran en el Museo del Ejército español, fueron utilizadas por los insurgentes de la Villa de San Miguel el Grande (actualmente San Miguel de Allende), en la primera etapa del movimiento independentista mexicano.
En 1910, con motivo del centenario de la emancipación mexicana, España ya había devuelto a México prendas y objetos de José María Morelos.
gr/esb/lmm.
Esperan 40 mil espectadores en el Desfile de Locos
Todo listo para la gran celebración del magno desfile del día de locos en honor a San Antonio de Padua.
El Sol del Bajío
12 de junio de 2008
Alma Gabriela Pérez
San Miguel de Allende, Gto.- Las corporaciones de emergencia en el municipio, se encuentran preparados para la celebración del tradicional desfile de locos, que se lleva a cabo con motivo de la festividad de San Antonio de Padua. Son miles los participantes, así como los asistentes.
Como cada año, la Coordinación de Protección Civil Municipal, es la instancia encargada de ordenar esta festividad en conjunto de dependencias como Tránsito Municipal y Seguridad Pública. El coordinador de desastres de esta dependencia, Ramiro Arroyo, informó que se tuvieron varias reuniones con los organizadores de los diferentes cuadros de locos.
"Hemos ampliado algunas normativas muy generales sobre el evento, lo más importante es que ellos (los diferentes cuadros) están solicitando al municipio que este años se tenga mayor presencia policial, porque vigilancia siempre hay, y es bastante. Lo que pasa es que siempre es para la gente y ahora hicimos planes estratégicos para que sea más vista la vigilancia", declaró Arroyo.
Agregó que los vehículos que participarán en los cuadros han sido revisados en cuestiones mecánicas para evitar cualquier tipo de percance. La cantidad de gente que se espera es de más de 40 mil espectadores solamente y de participantes, se esperan unas 8 mil personas.
NO TOMAN EN CUENTA A CUADROS EN PUBLICIDAD TURISTICA
Por otra parte, el representante del Cuadro del Parque, Cruz Patlán Sierra "El Camotero" mostró su inconformidad.
Porque en los posters de promoción turística, que anuncian la gran festividad, se anuncia como "desfile de locos", cuando en realidad es "convite", además de que no se mencionan a los organizadores del evento, que son los diferentes cuadros de la ciudad, como Cuadro del Parque, Cuadro Antiguo, Cuadro Nuevo y Cuadro del Tecolote.
Indicó que a sus más de 70 años de participar en esta festividad, porque bailaba desde "chiquitillo", afortunadamente nunca ha pasado alguna desgracia. Inclusive, dijo que una vez, un presidente municipal quiso evitar que pasaran por determinada calle, abriendo una gran zanja, según para reparar el drenaje, por lo que integrantes de los cuadros, fueron a tapar el hoyo con tierra y la aplanaron para que pasara la gente del desfile sin problemas.
"El Camotero" señaló que no debería ser nombrado "desfile" porque anteriormente era convite, que era una celebración en la que vecinos de la colonia San Antonio, Guadiana y lugares circunvecinos, salían disfrazados, bailaban e invitaban a la gente a la festividad de San Antonio de Padua, en la parroquia del mismo nombre, por eso se les comenzó a llamar "locos".
Este año, solamente en el Cuadro del Parque, hasta el momento, tienen registrados a unos 2 mil 100 participantes, la gran atracción de los carros alegóricos de este cuadro será la representación de cigüeñas con su respectivo bebé envuelto.
Este domingo 15 de junio, el desfile de los locos saldrá de la parroquia de San Antonio de Padua a las 11 de la mañana, después de que termine la misa. El recorrido será por las calles de Ancha de San Antonio, Zacateros, Canal, Hernández Macías, Insurgentes, Pepe Llanos, Mesones, Núñez, San Francisco y Plaza Principal.
miércoles, 11 de junio de 2008
En San Miguel el turismo no ha disminuido
Miércoles, 11 de Junio de 2008
Guillermo González Engelbrecht aseguró que Mauricio Trejo habla con molestia y otros intereses personales
América Ortiz
San Miguel de Allende
El gerente general del Consejo de Turismo de San Miguel de Allende, Guillermo González Engelbrecht, puso en tela de juicio las declaraciones hechas por un empresario Mauricio Trejo, quien dijo que la afluencia de visitantes había disminuido en menos del 50 por ciento en los últimos 10 años; explicó que según los datos que reportan la Data Tur, el turismo se ha mantenido en el municipio.
Por otro lado, el alcalde Jesús Correa consideró que las declaraciones del empresario Mauricio Trejo en contra de la labor que realiza la actual administración son producto de "molestias ajenas al trabajo y empapadas de intereses políticos, económicos y personales".
TURISMO DE BUEN NIVEL
En días pasados, el empresario Mauricio Trejo aseguró que el 70 por ciento de la economía de San Miguel de Allende estaba relacionado con el sector turístico, pero que por desgracia la afluencia de visitantes había disminuido considerablemente, pues aseguró que hace 10 años acudian anualmente cerca de medio millón de turistas mientras que ahora apenas alcanzan los 230 mil.
Por tal razón, Mauricio Trejo justificó la creación de la recién conformada Asociación Civil denominada Consejo Ciudadano de Desarrollo de San Miguel de Allende (Cocdesam), con la que iniciarán en días próximos la campaña "Se Amable con el Turista", aludiendo a que el gobierno no puede hacer todo el trabajo solo y los ciudadanos tampoco, por ello es que ahora los empresarios retomarán el trabajo de continuidad que dijo "ha faltado en esta administración de promoción al municipio y respeto al visitante".
En este sentido, Guillermo González Engelbrecht, gerente del Consejo de Turismo Municipal, desmintió categóricamente las estadísticas que Mauricio Trejo dio a conocer.
Aseguró que según el Data Tur, que es el sistema de conteo de la Secretaría de Turismo a nivel nacional y donde los empresarios legalmente constituidos reportan su nivel de ocupación semanalmente, en el año 2000 en San Miguel se registraba por año un hospedaje de 200 mil personas y de este año a la fecha en promedio ha sido prácticamente lo mismo.
Mejor aún informó que con base en las estadísticas de Data Tur, la estadía promedio en el municipio va a la alza, pues hace 8 años se encontraba en 1.4 por ciento y ahora ya está en dos noches continuas por visitante que se hospeda en algún hotel o motel de San Miguel de Allende.
Sobre la campaña que el Cocdesam lanzará bajo el lema "Se Amable con el Turista", González Engelbrecht mencionó que es una buena idea, ya que coincidió en que ni el gobierno puede hacerlo todo ni la iniciativa privada igual.
Finalmente se dijo orgulloso que este año el gobierno local, el gobierno estatal, el Consejo de Promoción Turística de México y la iniciativa privada, están invirtiendo más de 10 millones de pesos en programas de capacitación para mejorar la calidad en la prestación de servicios del sector turismo y en un plan de medios nacional que comienza a verse reflejado.
Guillermo González Engelbrecht aseguró que Mauricio Trejo habla con molestia y otros intereses personales
América Ortiz
San Miguel de Allende
El gerente general del Consejo de Turismo de San Miguel de Allende, Guillermo González Engelbrecht, puso en tela de juicio las declaraciones hechas por un empresario Mauricio Trejo, quien dijo que la afluencia de visitantes había disminuido en menos del 50 por ciento en los últimos 10 años; explicó que según los datos que reportan la Data Tur, el turismo se ha mantenido en el municipio.
Por otro lado, el alcalde Jesús Correa consideró que las declaraciones del empresario Mauricio Trejo en contra de la labor que realiza la actual administración son producto de "molestias ajenas al trabajo y empapadas de intereses políticos, económicos y personales".
TURISMO DE BUEN NIVEL
En días pasados, el empresario Mauricio Trejo aseguró que el 70 por ciento de la economía de San Miguel de Allende estaba relacionado con el sector turístico, pero que por desgracia la afluencia de visitantes había disminuido considerablemente, pues aseguró que hace 10 años acudian anualmente cerca de medio millón de turistas mientras que ahora apenas alcanzan los 230 mil.
Por tal razón, Mauricio Trejo justificó la creación de la recién conformada Asociación Civil denominada Consejo Ciudadano de Desarrollo de San Miguel de Allende (Cocdesam), con la que iniciarán en días próximos la campaña "Se Amable con el Turista", aludiendo a que el gobierno no puede hacer todo el trabajo solo y los ciudadanos tampoco, por ello es que ahora los empresarios retomarán el trabajo de continuidad que dijo "ha faltado en esta administración de promoción al municipio y respeto al visitante".
En este sentido, Guillermo González Engelbrecht, gerente del Consejo de Turismo Municipal, desmintió categóricamente las estadísticas que Mauricio Trejo dio a conocer.
Aseguró que según el Data Tur, que es el sistema de conteo de la Secretaría de Turismo a nivel nacional y donde los empresarios legalmente constituidos reportan su nivel de ocupación semanalmente, en el año 2000 en San Miguel se registraba por año un hospedaje de 200 mil personas y de este año a la fecha en promedio ha sido prácticamente lo mismo.
Mejor aún informó que con base en las estadísticas de Data Tur, la estadía promedio en el municipio va a la alza, pues hace 8 años se encontraba en 1.4 por ciento y ahora ya está en dos noches continuas por visitante que se hospeda en algún hotel o motel de San Miguel de Allende.
Sobre la campaña que el Cocdesam lanzará bajo el lema "Se Amable con el Turista", González Engelbrecht mencionó que es una buena idea, ya que coincidió en que ni el gobierno puede hacerlo todo ni la iniciativa privada igual.
Finalmente se dijo orgulloso que este año el gobierno local, el gobierno estatal, el Consejo de Promoción Turística de México y la iniciativa privada, están invirtiendo más de 10 millones de pesos en programas de capacitación para mejorar la calidad en la prestación de servicios del sector turismo y en un plan de medios nacional que comienza a verse reflejado.
martes, 10 de junio de 2008
Se duplican denuncias por atracos en las carreteras de Guanajuato
Por: Sheila Arias/ Ángel Flores/Laura Rodríguez,
Martes, 10 de Junio de 2008
Correo
Tan sólo de enero a abril se reportaron 75 asaltos en vías estatales y federales es decir, el doble de casos registrados durante 2007
Guanajuato/León
Las carreteras de Guanajuato se han convertido en un peligro para los transportistas, y es que de enero a abril se denunciaron 75 atracos en vías estatales y federales, es decir, el doble de casos registrados en 2007 en el mismo periodo.
La Procuraduría de Justicia ha identificado a Celaya, Irapuato y a San Miguel de Allende como las zonas de mayor peligro en la entidad.
La última actualización de las estadísticas de esta dependencia evidencia que el repunte inició este año, ya que en 2006 la cifra llegó a 44 casos denunciados cada cuatrimestre, el año pasado fueron 36 y este 2008 se disparó a 75.
Según la publicación de un diario nacional, la Policía Federal Preventiva ubicó al estado de Guanajuato como una de las entidades del centro del país con mayores riesgos para el transporte de carga, incluso marcó al municipio de San Luis de la Paz como la zona donde más se cometen los atracos.
Actualmente en Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende se han cometido más de la mitad de los asaltos a transportistas ocurridos los primeros cuatros meses de este 2008, aunque las dos últimas demarcaciones tienen vías de salida directa al estado de Querétaro.
LOS MÁS AFECTADOS
De acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia el asalto a transportistas se encuentra en la lista de los delitos de mayor impacto, antes están los robos a bancos y a vehículos.
Estas cifras muestras que durante los últimos años ha mostrado que el incremento ha sido notable, pero este 2008 la cifra se disparó.
Mientras que entre enero y abril de 2006 registraron 44 casos los primeros cuatro meses del año, también se informó que la mayoría de los casos se concentraron en 16 municpios.
En Apaseo el Grande fue donde se registró el mayor repunte al alcanzar los seis casos, le siguieron San Luis de la Paz, San José Iturbide y Pénjamo con cuatro robos cada uno, mientras que Villagrán, Apaseo el Alto y Celaya contaron tres asaltos a transportistas cada uno
REFUERZAN ACCIONES
Ante el incremento de robos a transportistas, la Policía Federal Preventiva (PFP) comunicó que ha reforzado acciones en carreteras para evitar los atracos.
Actualmente los efectivos federales se encuentran analizando nuevas acciones de inspección, seguridad y vigilancia en vías federales en combinación con autoridades estatales.
Se informó que trabajarán una estrecha coordinación con autoridades vinculadas a la prevención a fin de conjuntar esfuerzos para reducir los asaltos que este año han aumentado. Una de las acciones que la PFP mantiene es el operativo ‘Telurio’, cuya misión es garantizar la seguridad de los transportistas en la red federal de carreteras,
Otras de las acciones realizadas en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública son operativos en vías donde elementos supervisan el paso de los choferes y de pasajeros para evitar que los delincuentes aborden unidades para cometer algún ilícito.
En el mismo periodo, pero del año pasado la incidencia se mantuvo, sin embargo disminuyó a 15 el número de municipios afectados.
En ese año, Apaseo el Grande, una vez más encabezó la lista de incidencia al registrar siete casos, le siguió Celaya con cinco, Pénjamo con cuatro, San Luis de la Paz y Apaseo el Alto con tres cada uno, después León, Dolores Hidalgo, Irapuato, Guanajuato y San José Iturbide con dos en cada caso.
Cabe señalar que la coincidencia en ambos años es que los atracos han ocurrido en las zonas cercanas o colindantes al estado de Querétaro, área señalada por autoridades estatales por su gran incidencia en este tipo de atracos.
Este 2008 el mapa de incidencia en cuanto a este delito se refiere cambió considerablemente, pues el asalto a transportistas en carretera se redujo a 13 municipios, pero incrementó en casos por cada localidad.
Incluso las denuncias también se duplicaron con relación al 2007.
Actualmente tan sólo tres municipios concentran el 60 por ciento de la incidencia; Celaya encabeza la lista con 19 casos, Irapuato le sigue con 16 y San Miguel de Allende muestra 10 asaltos, cuando en años anteriores apenas apareció en la lista con un caso, concretamente en 2006, lo mismo que Irapuato que se había mantenido con dos.
Al respecto, Armando Amaro Vallejo, subprocurador de Justicia de la Región ‘C’, con sede en Celaya, dijo que han identificado a una banda bien organizada que aprovecha los momentos en que el chofer baja a cenar para cometer el atraco.
Aseguró que han encontrado coincidencias claras en algunos asaltos y las investigaciones los han llevado a presumir que se trata de la misma organización criminal, aunque prefirió no detallar más sobre los avances.
ENTIDADES VECINAS
La gravedad del problema fue reconocida el pasado 2 de abril, cuando Baltazar Vilches Hinojosa, secretario de Seguridad Pública del estado, quien convocó a sus homólogos de los estados colindantes con Guanajuato a una reunión emergente para establecer estrategias conjuntas en la materia.
Tras el encuentro, los secretarios de Seguridad Pública de Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí coincidieron en señalar a Guanajuato: "Los focos que tenemos que atender […] son dos principalmente, uno es el transporte de carga que es un problema que hemos venido teniendo en los límites (con Guanajuato) y el segundo es más que nada delincuencia común, robo de cable de cobre", explicó entonces Luis Carlos Ná jera, secretario del estado de Jalisco.
Al respecto, Cesáreo Carvajal Guajardo, secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí, coincidió que también el robo de autos es un delito que se presenta entre ambas entidades.
Martes, 10 de Junio de 2008
Correo
Tan sólo de enero a abril se reportaron 75 asaltos en vías estatales y federales es decir, el doble de casos registrados durante 2007
Guanajuato/León
Las carreteras de Guanajuato se han convertido en un peligro para los transportistas, y es que de enero a abril se denunciaron 75 atracos en vías estatales y federales, es decir, el doble de casos registrados en 2007 en el mismo periodo.
La Procuraduría de Justicia ha identificado a Celaya, Irapuato y a San Miguel de Allende como las zonas de mayor peligro en la entidad.
La última actualización de las estadísticas de esta dependencia evidencia que el repunte inició este año, ya que en 2006 la cifra llegó a 44 casos denunciados cada cuatrimestre, el año pasado fueron 36 y este 2008 se disparó a 75.
Según la publicación de un diario nacional, la Policía Federal Preventiva ubicó al estado de Guanajuato como una de las entidades del centro del país con mayores riesgos para el transporte de carga, incluso marcó al municipio de San Luis de la Paz como la zona donde más se cometen los atracos.
Actualmente en Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende se han cometido más de la mitad de los asaltos a transportistas ocurridos los primeros cuatros meses de este 2008, aunque las dos últimas demarcaciones tienen vías de salida directa al estado de Querétaro.
LOS MÁS AFECTADOS
De acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia el asalto a transportistas se encuentra en la lista de los delitos de mayor impacto, antes están los robos a bancos y a vehículos.
Estas cifras muestras que durante los últimos años ha mostrado que el incremento ha sido notable, pero este 2008 la cifra se disparó.
Mientras que entre enero y abril de 2006 registraron 44 casos los primeros cuatro meses del año, también se informó que la mayoría de los casos se concentraron en 16 municpios.
En Apaseo el Grande fue donde se registró el mayor repunte al alcanzar los seis casos, le siguieron San Luis de la Paz, San José Iturbide y Pénjamo con cuatro robos cada uno, mientras que Villagrán, Apaseo el Alto y Celaya contaron tres asaltos a transportistas cada uno
REFUERZAN ACCIONES
Ante el incremento de robos a transportistas, la Policía Federal Preventiva (PFP) comunicó que ha reforzado acciones en carreteras para evitar los atracos.
Actualmente los efectivos federales se encuentran analizando nuevas acciones de inspección, seguridad y vigilancia en vías federales en combinación con autoridades estatales.
Se informó que trabajarán una estrecha coordinación con autoridades vinculadas a la prevención a fin de conjuntar esfuerzos para reducir los asaltos que este año han aumentado. Una de las acciones que la PFP mantiene es el operativo ‘Telurio’, cuya misión es garantizar la seguridad de los transportistas en la red federal de carreteras,
Otras de las acciones realizadas en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública son operativos en vías donde elementos supervisan el paso de los choferes y de pasajeros para evitar que los delincuentes aborden unidades para cometer algún ilícito.
En el mismo periodo, pero del año pasado la incidencia se mantuvo, sin embargo disminuyó a 15 el número de municipios afectados.
En ese año, Apaseo el Grande, una vez más encabezó la lista de incidencia al registrar siete casos, le siguió Celaya con cinco, Pénjamo con cuatro, San Luis de la Paz y Apaseo el Alto con tres cada uno, después León, Dolores Hidalgo, Irapuato, Guanajuato y San José Iturbide con dos en cada caso.
Cabe señalar que la coincidencia en ambos años es que los atracos han ocurrido en las zonas cercanas o colindantes al estado de Querétaro, área señalada por autoridades estatales por su gran incidencia en este tipo de atracos.
Este 2008 el mapa de incidencia en cuanto a este delito se refiere cambió considerablemente, pues el asalto a transportistas en carretera se redujo a 13 municipios, pero incrementó en casos por cada localidad.
Incluso las denuncias también se duplicaron con relación al 2007.
Actualmente tan sólo tres municipios concentran el 60 por ciento de la incidencia; Celaya encabeza la lista con 19 casos, Irapuato le sigue con 16 y San Miguel de Allende muestra 10 asaltos, cuando en años anteriores apenas apareció en la lista con un caso, concretamente en 2006, lo mismo que Irapuato que se había mantenido con dos.
Al respecto, Armando Amaro Vallejo, subprocurador de Justicia de la Región ‘C’, con sede en Celaya, dijo que han identificado a una banda bien organizada que aprovecha los momentos en que el chofer baja a cenar para cometer el atraco.
Aseguró que han encontrado coincidencias claras en algunos asaltos y las investigaciones los han llevado a presumir que se trata de la misma organización criminal, aunque prefirió no detallar más sobre los avances.
ENTIDADES VECINAS
La gravedad del problema fue reconocida el pasado 2 de abril, cuando Baltazar Vilches Hinojosa, secretario de Seguridad Pública del estado, quien convocó a sus homólogos de los estados colindantes con Guanajuato a una reunión emergente para establecer estrategias conjuntas en la materia.
Tras el encuentro, los secretarios de Seguridad Pública de Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí coincidieron en señalar a Guanajuato: "Los focos que tenemos que atender […] son dos principalmente, uno es el transporte de carga que es un problema que hemos venido teniendo en los límites (con Guanajuato) y el segundo es más que nada delincuencia común, robo de cable de cobre", explicó entonces Luis Carlos Ná jera, secretario del estado de Jalisco.
Al respecto, Cesáreo Carvajal Guajardo, secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí, coincidió que también el robo de autos es un delito que se presenta entre ambas entidades.
Municipios turísticos, en la lista de los más peligrosos
Por: Ángel Flores, Martes,
10 de Junio de 2008
CORREO
Guanajuato y San Miguel de Allende ocupan el segundo y tercer lugar en las estadísticas de incidencia delictiva
GUANAJUATO
Después de Celaya, los principales destinos turísticos de la entidad, Guanajuato y San Miguel de Allende, son las ciudades que mayor incidencia delictiva han mostrado los primeros cuatro meses del año; incluso municipios pequeños esta vez entraron a la lista de las diez demarcaciones con mayor número de delitos denunciados.
Así lo revela la última actualización de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) en su portal de Internet, cuya copia tiene correo.
La PGJE indica que entre enero y abril en el estado se denunciaron 26 mil 288 delitos, de los cuales mil 253 ocurrieron en la capital y mil 30 en San Miguel de Allende superando a ciudades con mayor población como Irapuato y León.
Fue entre enero y febrero que la capital registró 575 delitos, es decir un promedio de 287 delitos, al mes de abril dicho promedio se incrementó hasta 313. Mientras que en marzo se habían registrado 58 robos domiciliarios, hasta abril la cifra se incrementó a 82, es decir, 24 casos más en un solo mes.
En el caso de San Miguel de Allende durante el primer trimestre se denunciaron 31 robos a viviendas y en abril ocurrieron otros 11 casos.
Sin embargo, donde se observó una diferencia sustancial en cuanto a la incidencia delictiva fue en el robo de autos, ya que mientras en la capital hasta marzo se habían reportado 12 casos y en San Miguel de Allende 22; entre enero y abril en Guanajuato sólo se reportaron otros cinco casos, lo que no ocurrió en el otro municipio donde la cifra prácticamente se duplicó al alcanzar 42 hurtos de automóviles.
Algo similar ocurrió con las lesiones dolosas, pero en este caso fue en la capital donde se incrementaron considerablemente, pues mientras que entre enero y marzo ocurrieron 120 denuncias, 75 casos más se registraron en un mes, en cambio en San Miguel de Allende de las 100 lesiones registradas en los primeros noventa días del año, en los siguientes treinta se denunciaron 38 casos nuevos, la mitad de los ocurridos en la capital.
Es así que los robos -domiciliarios y de vehículos- y las lesiones han provocado que los dos principales destinos turísticos del estado se mantengan en el segundo y tercer lugar de incidencia delictiva.
LAS OTRAS ZONAS
Las estadísticas de la Procuraduría de Justicia muestran también que municipios pequeños subieron a la lista de los diez primeros lugares con mayor incidencia delictiva.
Es el caso de San José Iturbide que en 2007 ocupó la posición 22 en incidencia delictiva y este año, en el periodo enero-abril ya se encuentra en el peldaño 9. Lo mismo ocurrió con San Luis de la Paz, demarcación que al cierre del año pasado estaba en la posición 13 y en la última actualización de la PGJE se encuentra en el lugar 7.
Caso similar ocurrió con el municipio de Cortazar, cuya posición pasó de lugar 12 en 2004 al 8 en las nuevas estadísticas de la PGJE.
Es de precisar que los tres municipios tienen una población menor a los 102 mil habitantes y están por encima de municipios más grandes, más poblados y con mayor actividad económica como San Francisco del Rincón, Dolores Hidalgo o Silao.
MÁS EN LA LISTA
El municipio de Salamanca, con mil 245 delitos denunciados ocupa el sexto lugar en incidencia delictiva; Silao, con una población de 153 mil 92 habitantes, ha registrado en los primeros cuatro meses del año un total de 565 delitos.
En Dolores Hidalgo, donde viven más de 138 mil personas, se denunciaron 444 delitos, en Acámbaro, cuya población es de 114 mil personas se registraron 329 denuncias, cinco más de las registradas en Valle de Santiago.
En tanto, en Pénjamo -municipio colindante con Michoacán y donde se han registrado los delitos de mayor impacto en los últimos meses- entre enero y abril se iniciaron 424 averiguaciones previas, lo que lo ubica en el lugar 36 de incidencia delictiva.
LAS AUTORIDADES, TRANQUILAS
CONFIANZA EN POLICÍAS
El hecho de que la capital se encuentre, una vez más, en el segundo lugar de incidencia delic¬tiva en el estado, significa que "afortunadamente la cultura de la denuncia es importante en el municipio", así lo explicó Sergio Baltazar Saldaña, director de la Policía Municipal Preventiva.
Comentó que por ser los elementos preventivos el primer contacto con la ciudadanía que sufre de un delito, las estadísticas de la PGJE "nos ayuda a hacer diagnósticos, pues hay cifras negras que son aquéllas que no se denuncian".
El funcionario local comentó que "tenemos la mayoría de los reportes y la gente habla y recurre a nosotros", por ello es que con las estadísticas se diseñan "los diagnósticos y estrategias y combatimos esas conductas antisociales y delitos".
NO AFECTA AL TURISMO
El que San Miguel de Allende se encuentre en tercer lugar de incidencia delictiva, no tiene impacto significativo sobre el número de visitantes, al menos así lo consideró el alcalde José Jesús Correa Ramírez.
Explicó que si bien el lugar que ocupa el municipio en la estadística de la PGJE es preocupante, "el índice no sólo incluye cuestiones de molestia al visitante, sino que una riña es parte de lo que se toma como punto de partida".
El presidente municipal explicó que "si un matrimonio se pelea en su casa y entre sí, éste no afecta en nada al turismo y si unas personas deciden tener una riña y terminan en el Ministerio Público, no afecta al turismo".
Sin embargo, dijo que el municipio trabaja en materia de prevención del delito a fin de inhibir las conductas antisociales
lunes, 9 de junio de 2008
Faltan universidades
AM
SOFÍA NEGRETE
Guanajuato es el estado con peor cobertura en el sistema público de educación superior.
Dos de cada tres jóvenes que desean continuar sus estudios de licenciatura, deben pagarle a una escuela particular, porque la oferta de planteles públicos es la más baja de todo el país.
A nivel nacional, la tendencia es al revés e incluso hay estados –como Zacatecas- en donde las universidades públicas atienden a más del 90% de la matrícula de nivel superior. A nivel nacional, la cobertura es del 67%.
En contraste, en Guanajuato las escuelas públicas sólo atienden al 38% de los universitarios. La educación superior ha quedado en manos de particulares, quienes tienen inscritos a 38 mil alumnos (el 62% de la matrícula).
De acuerdo al sistema de estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la población universitaria en el estado en el ciclo escolar 2006-2007 fue de 61 mil 741 alumnos.
Dos terceras partes de los estudiantes fueron atendidos por escuelas particulares.
Las mujeres son las que más recurrieron a las escuelas de paga. En el pasado ciclo escolar, había inscritas 21 mil mujeres en universidades privadas frente a 17 mil varones.
Tan sólo en León hay 65 universidades privadas.
Más de la mitad de la matrícula de las universidades públicas de Guanajuato corresponde a carreras del área de ingeniería y tecnológicas, mientras que en las particulares, el 65% de los alumnos corresponde a carreras de las áreas sociales y administrativas.AM
SOFÍA NEGRETE
Guanajuato es el estado con peor cobertura en el sistema público de educación superior.
Dos de cada tres jóvenes que desean continuar sus estudios de licenciatura, deben pagarle a una escuela particular, porque la oferta de planteles públicos es la más baja de todo el país.
A nivel nacional, la tendencia es al revés e incluso hay estados –como Zacatecas- en donde las universidades públicas atienden a más del 90% de la matrícula de nivel superior. A nivel nacional, la cobertura es del 67%.
En contraste, en Guanajuato las escuelas públicas sólo atienden al 38% de los universitarios. La educación superior ha quedado en manos de particulares, quienes tienen inscritos a 38 mil alumnos (el 62% de la matrícula).
De acuerdo al sistema de estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la población universitaria en el estado en el ciclo escolar 2006-2007 fue de 61 mil 741 alumnos.
Dos terceras partes de los estudiantes fueron atendidos por escuelas particulares.
Las mujeres son las que más recurrieron a las escuelas de paga. En el pasado ciclo escolar, había inscritas 21 mil mujeres en universidades privadas frente a 17 mil varones.
Tan sólo en León hay 65 universidades privadas.
Más de la mitad de la matrícula de las universidades públicas de Guanajuato corresponde a carreras del área de ingeniería y tecnológicas, mientras que en las particulares, el 65% de los alumnos corresponde a carreras de las áreas sociales y administrativas.
SOFÍA NEGRETE
Guanajuato es el estado con peor cobertura en el sistema público de educación superior.
Dos de cada tres jóvenes que desean continuar sus estudios de licenciatura, deben pagarle a una escuela particular, porque la oferta de planteles públicos es la más baja de todo el país.
A nivel nacional, la tendencia es al revés e incluso hay estados –como Zacatecas- en donde las universidades públicas atienden a más del 90% de la matrícula de nivel superior. A nivel nacional, la cobertura es del 67%.
En contraste, en Guanajuato las escuelas públicas sólo atienden al 38% de los universitarios. La educación superior ha quedado en manos de particulares, quienes tienen inscritos a 38 mil alumnos (el 62% de la matrícula).
De acuerdo al sistema de estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la población universitaria en el estado en el ciclo escolar 2006-2007 fue de 61 mil 741 alumnos.
Dos terceras partes de los estudiantes fueron atendidos por escuelas particulares.
Las mujeres son las que más recurrieron a las escuelas de paga. En el pasado ciclo escolar, había inscritas 21 mil mujeres en universidades privadas frente a 17 mil varones.
Tan sólo en León hay 65 universidades privadas.
Más de la mitad de la matrícula de las universidades públicas de Guanajuato corresponde a carreras del área de ingeniería y tecnológicas, mientras que en las particulares, el 65% de los alumnos corresponde a carreras de las áreas sociales y administrativas.AM
SOFÍA NEGRETE
Guanajuato es el estado con peor cobertura en el sistema público de educación superior.
Dos de cada tres jóvenes que desean continuar sus estudios de licenciatura, deben pagarle a una escuela particular, porque la oferta de planteles públicos es la más baja de todo el país.
A nivel nacional, la tendencia es al revés e incluso hay estados –como Zacatecas- en donde las universidades públicas atienden a más del 90% de la matrícula de nivel superior. A nivel nacional, la cobertura es del 67%.
En contraste, en Guanajuato las escuelas públicas sólo atienden al 38% de los universitarios. La educación superior ha quedado en manos de particulares, quienes tienen inscritos a 38 mil alumnos (el 62% de la matrícula).
De acuerdo al sistema de estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la población universitaria en el estado en el ciclo escolar 2006-2007 fue de 61 mil 741 alumnos.
Dos terceras partes de los estudiantes fueron atendidos por escuelas particulares.
Las mujeres son las que más recurrieron a las escuelas de paga. En el pasado ciclo escolar, había inscritas 21 mil mujeres en universidades privadas frente a 17 mil varones.
Tan sólo en León hay 65 universidades privadas.
Más de la mitad de la matrícula de las universidades públicas de Guanajuato corresponde a carreras del área de ingeniería y tecnológicas, mientras que en las particulares, el 65% de los alumnos corresponde a carreras de las áreas sociales y administrativas.
domingo, 8 de junio de 2008
Participación del Embajador Alberto Székely durante el 8vo. Foro sobre la Reforma Energética
A continuación, le pediríamos al señor Embajador Alberto Székely que hiciera uso de la palabra, informo a ustedes que el señor Embajador Alberto Székely se recibió de licenciado en Derecho en la Facultad correspondiente en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene dos maestrías en Estados Unidos, particularmente en Derecho, y tiene doctorado en la Facultad de Leyes, en el Colegio de la Universidad de Londres, y fue estudiante especial de El Colegio de México.
Ha impartido cursos de Derecho Internacional Público en la propia UNAM, en el Colegio de México, en el College of Laund de Arizona State University, y es profesor visitante actualmente de la “Joe Cokins University”, ahora es profesor visitante también de la Universidad de Arizona -me cuesta trabajo leer tan largo currículum, señor doctor. Fue representante alterno ante la ONU en Ginebra, Consultor Jurídico ante la Secretaría deRelaciones Exteriores, ha publicado libros y más de cien artículos. Le cedo el uso de la palabra al doctor Alberto Székely.
-EL C. DOCTOR ALBERTO SZEKELY: Muchísimas gracias.
Asisto a este evento con base en mi experiencia profesional sobre este tema específico acumulado durante 32 años, tanto en el ámbito académico y de la investigación jurídica, como en el diplomático, y huelga decir que asisto de manera totalmente independiente de cualquier política o postura partidista, jamás he militado en partido político alguno.
Al final de la sesión, tendré el gusto de compartir, por si resulta de alguna utilidad, una compilación de mis investigaciones publicadas durante esas tres décadas.
Comparezco preocupado, muy preocupado, porque a menos que se actúe sin dilación alguna está por perpetrarse un nuevo episodio de negligencia nacional como aquellos que nos hicieron en el pasado, perder territorio, renunciar por irresponsabilidad jurídica y política a espacios como al Isla de la Pasión, e ignorar por descuido la riqueza mineral de los fondos marinos nacionales, que también deberían de ser objeto de una consulta como esta.
Me explico. Cuando hablamos de los yacimientos submarinos transfronterizos de hidrocarburos, necesariamente se alude a aquellos que atraviesan nuestras fronteras con otros países, principalmente por el momento con Estados Unidos, sólo algunos de los cuales son relevantes para el tratado de largo nombre, celebrado en 2000, entre ambo países.
Mientras que otros, a lo largo de la costa occidental del Golfo de México, pero no dentro del polígono trazado en el centro de ese espacio por el tratado. En ambos casos la situación de México es precaria y sumamente peligrosa, sin que al respecto se estén tomando las medidas adecuadas para salvaguardar los intereses nacionales.
El tratado de 2000, que obliga a México, y es ley suprema de la unión, está relacionado con probables yacimientos de los que poco se sabe, respecto a su abundancia potencial y explotabilidad, situados en el polígono trazados por el tratado.
Hay importantes defectos del tratado que pueden tener nefastas consecuencias para el interés nacional. Esos defectos tienen que ver con, primero: disposiciones que irremediablemente tenemos que reconocer que son débiles en el tratado, y que México no debería de haber aceptado, y que quizá resulten del grado en que se siguió o no se siguió el pliego de instrucciones original.
También tiene que ver estos defectos con la negligencia de los gobiernos sucesivos en aprovechar los pocos aspectos promisorios del tratado.
Cuando en su artículo cuatro el tratado establece una moratoria de diez años a la explotación de yacimientos a ambos lados de un segmento de la frontera submarina, dentro de sendas franjas de 1.4 millas náuticas, deja un alarmante hueco o laguna jurídica de lo que pasará al final de ese lapso, hueco, y este sí es el verdadero hoyo de ese tratado, que sin duda será aprovechado por los intereses del otro lado de esa frontera.
En efecto, el artículo cinco débilmente dispone que durante esos diez años las partes buscarán llegar a un acuerdo para la eficiente y equitativa explotación de dichos yacimientos, lo cual Estados Unidos fácilmente podría aducir a un en contra del principio de la buena fe o “pactas un Servan”, en el Derecho Internacional, que no le obliga, pues la obligación de buscar un acuerdo no es lo mismo que una obligación de llegar a un acuerdo, esa obligación de llegar a un acuerdo no está en el tratado.
Más razón le estará dando a esa postura el propio gobierno de México si seguimos con la situación prevaleciente, ya que casi ocho años después de adoptado el tratado, y a sólo un poco más de dos años de que se cumpla la moratoria de diez años, México nunca ha pedido oficialmente a Estados Unidos que se sienten sus gobiernos a negociar un acuerdo para la explotación de los yacimientos.
El artículo cuatro, en su fracción tres, dispone que las partes podrán, por canje de notas diplomáticas, modificar ese período de diez años, será un acto de gran irresponsabilidad apostarle a que Estados Unidos quiera acordar esa prórroga, cuando no está ni siquiera obligado a ella, y cuando el vencimiento de los diez años lo han dejado libre para explotar desde su lado esos yacimientos sin preocuparse de que haya o no un acuerdo con México.
Son defectos importantes del tratado. No podremos ni acudir entonces a la Corte Internacional de Justicia, cuyo reconocimiento jurisdiccional ha sido retirado por Estados Unidos, pero aún si fuéramos, y Estados Unidos participara en un litigio con nosotros en la Corte, llegaríamos con una posición sumamente débil, ni hemos buscado nosotros mismos ese acuerdo, ni hemos legislado internamente para disponer el régimen y delimitación de nuestra plataforma continental.
Tenemos serios problemas constitucionales al respecto que deben ser analizados.
Desafortunadamente no puedo estar de acuerdo con mi amigo, de muchos años, el embajador González Félix, en que esto se resuelva con una enmienda como la que propone a la Ley Reglamentaria del artículo 27.
Pero si eso está mal, peor estamos todavía, el caso de los otros yacimientos transfronterizos submarinos en aguas profundas fuera del polígono del tratado, y a lo largo de la franja costera del Golfo, cuya explotación es inminente, desde el lado americano, como ya aquí se ha dicho, sin que nuestros gobiernos se hayan preocupado por asegurar siquiera el inicio de negociaciones con los Estados Unidos.
Esta negligencia no hace más que fortalecer la posición americana que se basa en la llamada Regla de Captura, y lo hace porque además en otros yacimientos de hidrocarburos en la frontera terrestre, y no nada más con Estados Unidos, hemos tolerado y participado también en la explotación de estos yacimientos, sin que haya acuerdo previo alguno y, por lo tanto, hemos consagrado con nuestra práctica, hemos dado fuerza, más bien, con esta práctica a esa Regla de Captura. Eso en cuanto a la negociación.
En cuanto a la exploración y explotación. Conforme al Derecho Internacional es obligación de países vecinos llevar acabo la exploración y explotación de yacimientos submarinos transfronterizos sólo previo acuerdo entre ellos, que respete la parte “alícuota” que a cada uno de ellos corresponde como derecho sobre esos recursos.
Dado nuestra régimen constitucional y legal interno, en la materia, en dicho acuerdo no puede preverse lo que se ha llamado la “unitización” del yacimiento falaz concepto que tratan de vender como la única alternativa inteligente disponible, y como si fuera una regla de la física, los despachos y empresas americanas a las autoridades mexicanas, y que algunas de estas parecen ya haber comprado.
Se dice que este tema no tiene que ver con la llamada Reforma Energética, sin embargo se usa el tema de los yacimientos como panacea para vender esa reforma. Es necesario entender que si una reforma constitucional permitiera la participación privada, máxime la extranjera, exploración y explotación de estos yacimientos, no estará lejos el día en que su explotación se acuerde en negociaciones entre la Shell, por el lado americano, y la Shell, por el lado mexicano.
Sí, en cambio se preserva el régimen actual, no hay en él que impida llegar a acuerdos sobre la explotación de estos yacimientos con Estados Unidos, lo cual es también cierto con nuestros otros países vecinos, ni es necesario que se le modifique en medida alguna, desde luego, siempre que no se pretenda incluir en estos acuerdos la participación privada, manejada alrededor del concepto de unitización.
Lo que hace falta es iniciar cuanto antes, como urgente asunto de seguridad nacional, sin dilación alguna y con seriedad, sin la participación amateur de políticos que no tienen
conocimiento de causa iniciar las negociaciones, por un parte, del acuerdo que prevé el artículo, el tratado de 2000.
Por otra parte, un acuerdo para los otros yacimientos que están fuera del polígono, y que ya están a punto de explotación.
Y sobre todo, México debe exigir la negociación y puesta en vigor de un tratado que resulta de la mayor relevancia para proteger nuestros intereses respecto de estos yacimientos.
Es un tratado, que conforme al acuerdo paralelo al TLC en materia ambiental, conforme a uno de sus artículos, los tres países tenían la obligación de negociar en materia de impacto ambiental transfronterizo.
Estados Unidos y Canadá han saboteado el cumplimiento de esa obligación. Y si llegamos a un acuerdo de explotación de yacimientos tranfronterizos, sin este acuerdo al que nos obliga el TLC, haremos un terrible error.
Confío plenamente en que la actual canciller se alce a este reto y actúe ya por encima de las resistencias en otros rincones del gobierno. La canciller tiene lo que necesita para desahogar esta gran responsabilidad histórica.
Las autoridades mexicanas no tendrán que empezar esas negociaciones desde cero para prepararse para ellas.
Desde hace más de 20 años se elaboró un modelo de tratado entre expertos legales y técnicos de ambos países, de lo que podría ser un acuerdo para la explotación de estos yacimientos, respetando plenamente el régimen constitucional mexicano actual que era el mismo de entonces, este proyecto denominado “Proyecto Puerto Vallarta”, por el lugar donde se adoptó después de una investigación de 6 años, y que está en el paquete de publicaciones que voy a entregar.
Ahí se ha avanzado ya muy considerablemente en todos los elementos legales y técnicos que se deben de considerar en una negociación de ese tipo.
Concomitantemente a todo lo anterior, obviamente no nos servirá de nada celebrar negociaciones cuidadosas y hacer valer nuestros derechos para explotar estos recursos, si al mismo tiempo no liberamos a PEMEX y a su sindicato de la corrupción que ha robado a la nación por 70 años ya de la riqueza con la que podríamos haber salido del subdesarrollo, y que podría haber eliminado las millonarias filas de los que dicho saqueo ha dejado en extrema miseria.
Para ello, lo que se necesita, no es modificar la Constitución, lo que se necesita es aplicar el Código Penal y la Ley de Responsabilidades, independizando la procuración de justicia y reestableciendo el estado de derecho, si quiera en este ámbito limitado.
Lo que tenemos que hacer también es convocar a los expertos técnicos, algunos de los cuales están presentes, de los cuales seguramente podemos sentirnos orgullos que se han educado aquí y en otras partes.
Convocar a nuestras universidades e institutos de investigación a que participen en una urgente campaña de desarrollo tecnológico que nos permita todavía aprovechar lo poco que queda de la riqueza petrolera nacional, sin derrotarnos desde el principio para sucumbir a la dependencia, como algunos en el Gobierno quieren imponer.
Más que nada, debemos convocar a nuestros abogados internacionalistas a que esgriman el derecho internacional por encima de los intereses que hay detrás de la contienda política nacional en el tema energético.
Muchas gracias. (Aplausos).
Ha impartido cursos de Derecho Internacional Público en la propia UNAM, en el Colegio de México, en el College of Laund de Arizona State University, y es profesor visitante actualmente de la “Joe Cokins University”, ahora es profesor visitante también de la Universidad de Arizona -me cuesta trabajo leer tan largo currículum, señor doctor. Fue representante alterno ante la ONU en Ginebra, Consultor Jurídico ante la Secretaría deRelaciones Exteriores, ha publicado libros y más de cien artículos. Le cedo el uso de la palabra al doctor Alberto Székely.
-EL C. DOCTOR ALBERTO SZEKELY: Muchísimas gracias.
Asisto a este evento con base en mi experiencia profesional sobre este tema específico acumulado durante 32 años, tanto en el ámbito académico y de la investigación jurídica, como en el diplomático, y huelga decir que asisto de manera totalmente independiente de cualquier política o postura partidista, jamás he militado en partido político alguno.
Al final de la sesión, tendré el gusto de compartir, por si resulta de alguna utilidad, una compilación de mis investigaciones publicadas durante esas tres décadas.
Comparezco preocupado, muy preocupado, porque a menos que se actúe sin dilación alguna está por perpetrarse un nuevo episodio de negligencia nacional como aquellos que nos hicieron en el pasado, perder territorio, renunciar por irresponsabilidad jurídica y política a espacios como al Isla de la Pasión, e ignorar por descuido la riqueza mineral de los fondos marinos nacionales, que también deberían de ser objeto de una consulta como esta.
Me explico. Cuando hablamos de los yacimientos submarinos transfronterizos de hidrocarburos, necesariamente se alude a aquellos que atraviesan nuestras fronteras con otros países, principalmente por el momento con Estados Unidos, sólo algunos de los cuales son relevantes para el tratado de largo nombre, celebrado en 2000, entre ambo países.
Mientras que otros, a lo largo de la costa occidental del Golfo de México, pero no dentro del polígono trazado en el centro de ese espacio por el tratado. En ambos casos la situación de México es precaria y sumamente peligrosa, sin que al respecto se estén tomando las medidas adecuadas para salvaguardar los intereses nacionales.
El tratado de 2000, que obliga a México, y es ley suprema de la unión, está relacionado con probables yacimientos de los que poco se sabe, respecto a su abundancia potencial y explotabilidad, situados en el polígono trazados por el tratado.
Hay importantes defectos del tratado que pueden tener nefastas consecuencias para el interés nacional. Esos defectos tienen que ver con, primero: disposiciones que irremediablemente tenemos que reconocer que son débiles en el tratado, y que México no debería de haber aceptado, y que quizá resulten del grado en que se siguió o no se siguió el pliego de instrucciones original.
También tiene que ver estos defectos con la negligencia de los gobiernos sucesivos en aprovechar los pocos aspectos promisorios del tratado.
Cuando en su artículo cuatro el tratado establece una moratoria de diez años a la explotación de yacimientos a ambos lados de un segmento de la frontera submarina, dentro de sendas franjas de 1.4 millas náuticas, deja un alarmante hueco o laguna jurídica de lo que pasará al final de ese lapso, hueco, y este sí es el verdadero hoyo de ese tratado, que sin duda será aprovechado por los intereses del otro lado de esa frontera.
En efecto, el artículo cinco débilmente dispone que durante esos diez años las partes buscarán llegar a un acuerdo para la eficiente y equitativa explotación de dichos yacimientos, lo cual Estados Unidos fácilmente podría aducir a un en contra del principio de la buena fe o “pactas un Servan”, en el Derecho Internacional, que no le obliga, pues la obligación de buscar un acuerdo no es lo mismo que una obligación de llegar a un acuerdo, esa obligación de llegar a un acuerdo no está en el tratado.
Más razón le estará dando a esa postura el propio gobierno de México si seguimos con la situación prevaleciente, ya que casi ocho años después de adoptado el tratado, y a sólo un poco más de dos años de que se cumpla la moratoria de diez años, México nunca ha pedido oficialmente a Estados Unidos que se sienten sus gobiernos a negociar un acuerdo para la explotación de los yacimientos.
El artículo cuatro, en su fracción tres, dispone que las partes podrán, por canje de notas diplomáticas, modificar ese período de diez años, será un acto de gran irresponsabilidad apostarle a que Estados Unidos quiera acordar esa prórroga, cuando no está ni siquiera obligado a ella, y cuando el vencimiento de los diez años lo han dejado libre para explotar desde su lado esos yacimientos sin preocuparse de que haya o no un acuerdo con México.
Son defectos importantes del tratado. No podremos ni acudir entonces a la Corte Internacional de Justicia, cuyo reconocimiento jurisdiccional ha sido retirado por Estados Unidos, pero aún si fuéramos, y Estados Unidos participara en un litigio con nosotros en la Corte, llegaríamos con una posición sumamente débil, ni hemos buscado nosotros mismos ese acuerdo, ni hemos legislado internamente para disponer el régimen y delimitación de nuestra plataforma continental.
Tenemos serios problemas constitucionales al respecto que deben ser analizados.
Desafortunadamente no puedo estar de acuerdo con mi amigo, de muchos años, el embajador González Félix, en que esto se resuelva con una enmienda como la que propone a la Ley Reglamentaria del artículo 27.
Pero si eso está mal, peor estamos todavía, el caso de los otros yacimientos transfronterizos submarinos en aguas profundas fuera del polígono del tratado, y a lo largo de la franja costera del Golfo, cuya explotación es inminente, desde el lado americano, como ya aquí se ha dicho, sin que nuestros gobiernos se hayan preocupado por asegurar siquiera el inicio de negociaciones con los Estados Unidos.
Esta negligencia no hace más que fortalecer la posición americana que se basa en la llamada Regla de Captura, y lo hace porque además en otros yacimientos de hidrocarburos en la frontera terrestre, y no nada más con Estados Unidos, hemos tolerado y participado también en la explotación de estos yacimientos, sin que haya acuerdo previo alguno y, por lo tanto, hemos consagrado con nuestra práctica, hemos dado fuerza, más bien, con esta práctica a esa Regla de Captura. Eso en cuanto a la negociación.
En cuanto a la exploración y explotación. Conforme al Derecho Internacional es obligación de países vecinos llevar acabo la exploración y explotación de yacimientos submarinos transfronterizos sólo previo acuerdo entre ellos, que respete la parte “alícuota” que a cada uno de ellos corresponde como derecho sobre esos recursos.
Dado nuestra régimen constitucional y legal interno, en la materia, en dicho acuerdo no puede preverse lo que se ha llamado la “unitización” del yacimiento falaz concepto que tratan de vender como la única alternativa inteligente disponible, y como si fuera una regla de la física, los despachos y empresas americanas a las autoridades mexicanas, y que algunas de estas parecen ya haber comprado.
Se dice que este tema no tiene que ver con la llamada Reforma Energética, sin embargo se usa el tema de los yacimientos como panacea para vender esa reforma. Es necesario entender que si una reforma constitucional permitiera la participación privada, máxime la extranjera, exploración y explotación de estos yacimientos, no estará lejos el día en que su explotación se acuerde en negociaciones entre la Shell, por el lado americano, y la Shell, por el lado mexicano.
Sí, en cambio se preserva el régimen actual, no hay en él que impida llegar a acuerdos sobre la explotación de estos yacimientos con Estados Unidos, lo cual es también cierto con nuestros otros países vecinos, ni es necesario que se le modifique en medida alguna, desde luego, siempre que no se pretenda incluir en estos acuerdos la participación privada, manejada alrededor del concepto de unitización.
Lo que hace falta es iniciar cuanto antes, como urgente asunto de seguridad nacional, sin dilación alguna y con seriedad, sin la participación amateur de políticos que no tienen
conocimiento de causa iniciar las negociaciones, por un parte, del acuerdo que prevé el artículo, el tratado de 2000.
Por otra parte, un acuerdo para los otros yacimientos que están fuera del polígono, y que ya están a punto de explotación.
Y sobre todo, México debe exigir la negociación y puesta en vigor de un tratado que resulta de la mayor relevancia para proteger nuestros intereses respecto de estos yacimientos.
Es un tratado, que conforme al acuerdo paralelo al TLC en materia ambiental, conforme a uno de sus artículos, los tres países tenían la obligación de negociar en materia de impacto ambiental transfronterizo.
Estados Unidos y Canadá han saboteado el cumplimiento de esa obligación. Y si llegamos a un acuerdo de explotación de yacimientos tranfronterizos, sin este acuerdo al que nos obliga el TLC, haremos un terrible error.
Confío plenamente en que la actual canciller se alce a este reto y actúe ya por encima de las resistencias en otros rincones del gobierno. La canciller tiene lo que necesita para desahogar esta gran responsabilidad histórica.
Las autoridades mexicanas no tendrán que empezar esas negociaciones desde cero para prepararse para ellas.
Desde hace más de 20 años se elaboró un modelo de tratado entre expertos legales y técnicos de ambos países, de lo que podría ser un acuerdo para la explotación de estos yacimientos, respetando plenamente el régimen constitucional mexicano actual que era el mismo de entonces, este proyecto denominado “Proyecto Puerto Vallarta”, por el lugar donde se adoptó después de una investigación de 6 años, y que está en el paquete de publicaciones que voy a entregar.
Ahí se ha avanzado ya muy considerablemente en todos los elementos legales y técnicos que se deben de considerar en una negociación de ese tipo.
Concomitantemente a todo lo anterior, obviamente no nos servirá de nada celebrar negociaciones cuidadosas y hacer valer nuestros derechos para explotar estos recursos, si al mismo tiempo no liberamos a PEMEX y a su sindicato de la corrupción que ha robado a la nación por 70 años ya de la riqueza con la que podríamos haber salido del subdesarrollo, y que podría haber eliminado las millonarias filas de los que dicho saqueo ha dejado en extrema miseria.
Para ello, lo que se necesita, no es modificar la Constitución, lo que se necesita es aplicar el Código Penal y la Ley de Responsabilidades, independizando la procuración de justicia y reestableciendo el estado de derecho, si quiera en este ámbito limitado.
Lo que tenemos que hacer también es convocar a los expertos técnicos, algunos de los cuales están presentes, de los cuales seguramente podemos sentirnos orgullos que se han educado aquí y en otras partes.
Convocar a nuestras universidades e institutos de investigación a que participen en una urgente campaña de desarrollo tecnológico que nos permita todavía aprovechar lo poco que queda de la riqueza petrolera nacional, sin derrotarnos desde el principio para sucumbir a la dependencia, como algunos en el Gobierno quieren imponer.
Más que nada, debemos convocar a nuestros abogados internacionalistas a que esgriman el derecho internacional por encima de los intereses que hay detrás de la contienda política nacional en el tema energético.
Muchas gracias. (Aplausos).
Walmart y la Ciénega de las Cachinches.
La Ciénega de las cachinches se localiza al Oeste del Jardín Principal de San Miguel de Allende, en la esquina sur – poniente del crucero de la Calzada a la Estación de Ferrocarriles y el Libramiento Manuel Zavala. En esta esquina, la compañía Walmart, aparentemente, ha hecho las gestiones necesarias para instalar una tienda del tipo: Bodega Aurrera.
Hacia el poniente de ésta, se puede observar un terraplén recientemente construido y hoy en día vemos como se está modificando el cauce del arroyo de las Cachinches en este predio que alguna vez fue una ciénega con aguas permanentes, captadas de al menos siete arroyos que cruzan la Ciudad, donde hace cerca de diez años fue sitio de inundación en un ancho de más de 4 veces el cauce que se está construyendo. Por Ley, se debe de respetar en este tipo de cauces diez metros por cada ribera como zona Federal y se deben de estimar cuales serán los impactos ambientales en cualquier modificación de este tipo de zonas.
Por tal motivo, miembros de Va por San Miguel de Allende, A.C. hemos solicitado formalmente, a la autoridad municipal: las copias de las manifestaciones de impacto ambiental autorizadas para cualquier tipo de actividad en esta Ciénega. Las autorizaciones y permisos para construcciones y modificaciones en esta ciénega, lo mismo que los comentarios y/o autorizaciones por parte de Protección Civil municipal. Se solicitan la copia de estudios paralelos o construcciones que afecten o modifiquen el cauce del río o zona Federal en la Ciénega de las Cachinches.
Estaremos atentos al curso de esta solicitud.
Redactó: Arturo Morales
Hacia el poniente de ésta, se puede observar un terraplén recientemente construido y hoy en día vemos como se está modificando el cauce del arroyo de las Cachinches en este predio que alguna vez fue una ciénega con aguas permanentes, captadas de al menos siete arroyos que cruzan la Ciudad, donde hace cerca de diez años fue sitio de inundación en un ancho de más de 4 veces el cauce que se está construyendo. Por Ley, se debe de respetar en este tipo de cauces diez metros por cada ribera como zona Federal y se deben de estimar cuales serán los impactos ambientales en cualquier modificación de este tipo de zonas.
Por tal motivo, miembros de Va por San Miguel de Allende, A.C. hemos solicitado formalmente, a la autoridad municipal: las copias de las manifestaciones de impacto ambiental autorizadas para cualquier tipo de actividad en esta Ciénega. Las autorizaciones y permisos para construcciones y modificaciones en esta ciénega, lo mismo que los comentarios y/o autorizaciones por parte de Protección Civil municipal. Se solicitan la copia de estudios paralelos o construcciones que afecten o modifiquen el cauce del río o zona Federal en la Ciénega de las Cachinches.
Estaremos atentos al curso de esta solicitud.
Redactó: Arturo Morales
El 70 % de la economía de SMA se debe al turismo
MAURICIO TREJO
Joven empresario del sector comunicaciones afirmó que ya tienen lista la logística con la que trabajarán.
Por: América Ortiz,
Domingo, 08 de Junio de 2008
Correo
Hace 10 años llegaba a este municipio medio millón de turistas anualmente; la afluencia ahora es de 230 mil
SAN MIGUEL DE ALLENDE
El 70 por ciento de la economía de San Miguel de Allende es producto de turismo. Hace 10 años llegaba a este municipio medio millón de turistas anualmente, mientras que ahora se tiene registrada una afluencia de 230 mil.
El presidente del Consejo Ciudadano para el Desarrollo de San Miguel de Allende (Cocdesam), Mauricio Trejo, asegura que este declive es consecuencia del mal trabajo del gobierno local.
El Consejo Ciudadano para el Desarrollo de San Miguel de Allende, el cual comenzó a trabajar de forma oficial, como Asociación Civil, hace apenas una semana, nace de la idea que conjuntar esfuerzos de la población para el desarrollo social del municipio, confiados en el que el gobierno no lo puede realizar todo y la ciudadanía por sí sola tampoco.
La idea original de crear Cocdesam, según explicó su presidente en entrevista exclusiva para correo , fue unificar el esfuerzo del sector empresarial de San Miguel de Allende, pero tras el anuncio de su creación, más sectores quisieron unir esfuerzos y finalmente la idea quedó abierta a todo aquel sanmiguelense que radique aquí y que sienta una obligación social con el municipio.
Mauricio Trejo, un joven empresario del sector comunicaciones, reconoció que en San Miguel de Allende hay grupos tradicionalistas, ecologistas y otros haciendo cada uno su trabajo, pero ahora se trata de apoyar los esfuerzos encaminados a campañas de concientización social.
-¿Con qué acción comienza Cocedesam?
- Iniciamos en próximos días con una campaña de concientización que tendrá por nombre "Sé amable con el turismo", ya que el 70 por ciento de la economía del municipio proviene del turismo y con el paso de los años se está perdiendo.
Explicó que, según estadísticas, hace 10 años visitaban al municipio anualmente medio millón de turistas, mientras que ahora apenas se alcanzan los 230 mil, esto es que ha descendido a menos de la mitad.
Dijo: -el objetivo de Cocdesam es generar la participación ciudadana y para esta nueva campaña, los empresarios financiarán la colocación de espectaculares, pósters y calcomanías, con el mensaje directo de "Sé amable con el turista" y la imagen de una niña sanmiguelense que representa el futuro de este lugar.
-¿Qué requieren para iniciar esta campaña?
-En principio ya tenemos toda la logística, pero ahora hacen faltan los permisos con el gobierno municipal para la colocación de lo espectaculares y la entrega de volantes y calcomanías, pero todo se hará por etapas para tener éxito, expresó el empresario.
Mencionó que es "ridículo" pensar que el gobierno local puede solo sin la participación ciudadana y la población no puede salir adelante si no hay un gobierno comprometido.
Sin embargo culpó al gobierno municipal actual, encabezado por Jesús Correa Ramírez, del retroceso que sufre el desarrollo turístico de San Miguel de Allende, pues aseguró que la anterior administración encabezada por Luis Alberto Villarreal hizo un gran esfuerzo por arreglar lo que el turista viene a ver a San Miguel de Allende, pero ahora no se le dio un seguimiento ya que "todas las acciones deben tener una parte de la visión en el aspecto turístico, por ser la principal fuerza económica el municipio, aunque con ello no estoy diciendo que hayan actuado de mala fe, sólo que no están haciendo lo suyo y se perdió el rumbo", sentenció.
EL ASPECTO POLÍTICO
Ante la noticia de que iniciaría trabajos el Cocdesam, el alcalde Jesús Correa Ramírez vio con buenos ojos la participación de la ciudadanía en asociación civil, pero exhortó a los miembros de este nuevo proyecto a no utilizarlo como una plataforma política con miras a los comicios electorales de 2009.
Mauricio Trejo, presidente de Cocdesam, se dijo convencido del programa de desarrollo propuesto desde el inicio por el gobernador del estado Juan Manuel Oliva Ramírez, pero mencionó que donde ven que hace falta es en el gobierno municipal, "falta esfuerzo, compromiso y capacidad".
-¿Hay intenciones políticas en Cocdesam, por qué especula el alcalde Jesús Correa?
- Entiendo al alcalde porque cuando se está bajo el fuego por casi todos los sectores, esto lo mantiene bajo una constante presión y todo lo interpreta así… en Condesam no se le prohíbe a nadie que tenga aspiraciones políticas personales, pero no queremos que utilicen al consejo para este fin, el alcalde mejor debe estar abierto a aceptar ayuda y suma de esfuerzos, independientemente de las aspiraciones.
-¿Cocdesam sí está abierto a políticos?
- Con los miembros que están actualmente en el Consejo hay representación de al menos mil 300 ciudadanos, esperamos a las personas que tengan ganas de trabajar, al igual que nosotros, por eso estamos abiertos y bien definidos en lo que queremos, indicó.
Finalmente, el presidente de Concdesam explicó que su modelo a seguir es el Codemi (Consejo de Desarrollo de Michoacán), los cuales dijo han implementado campañas de promoción en Morelia, y ahora esta ciudad ocupa los primeros lugares como destino turístico sin costa y para ello aseguró que en un futuro no muy lejano solicitarán también el apoyo del gobierno del estado, a través de los programas de apoyo a Organismos No Gubernamentales (ONG), esperando se vean beneficiados.
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