Errores que cuestan vidas

Editorial
El Universal

La muerte de 41 bebés y niños en Hermosillo, Sonora, pudo evitarse. Para saberlo no hace falta conocer a detalle cuáles fueron las causas del incendio o quiénes los responsables directos, basta enterarse cómo fueron rescatados los sobrevivientes a manos de los vecinos: tumbando las paredes.
Si todos los testimonios recabados hasta ahora son ciertos, la bodega habilitada como guardería no tenía extinguidores, ventanas al alcance de una persona, ni salidas de emergencia que funcionaran el día del siniestro.

El 3 de abril de 2006 entró en vigor la Ley 161 de Protección Civil de Sonora, la cual obliga a los propietarios o encargados de inmuebles, que reciben al menos 20 personas al día, a contar con una unidad interna de prevención y a elaborar un programa que debe ser revalidado anualmente. El gobierno que encabeza el alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, debía encargarse de ello.

Sin embargo, con frecuencia, y a veces con razón, los alcaldes alegan falta de recursos para cumplir con sus responsabilidades. La Protección Civil queda entonces relegada frente a otros asuntos de corto plazo: la seguridad pública, los servicios de agua, luz, alcantarillado, la recolección de basura.

La responsabilidad se diluye conforme sube la jerarquía, de tal manera que el gobernador Eduardo Bours sólo tiene la obligación de colaborar con los municipios a traves del Consejo Estatal de Protección Civil.

Caso aparte es el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo inspector —quien visitó la guardería hace apenas una semana según el propio director del IMSS, Daniel Karam— no detectó, o no quiso detectar, el riesgo de las instalaciones, que finalmente se consumó.

En suma, debido a un mal diseño institucional los municipios carecen de una Protección Civil eficaz. Queda el problema a merced del ingenio y la voluntad de cada gobernante, que en tiempos electorales suele estar más interesado en construir obras que en verificar la seguridad de las que ya existen.