Paseos por nuestro legado cultural
Por Septem Nostra
Este era el título del artículo que recogía “El País” en su edición del 24 de diciembre del 2006, donde se trataba la responsabilidad de los arquitectos en el desastre urbanístico de España. La autora de este interesante reportaje periodístico distinguía dos clases de arquitectos: la gran mayoría, entregados a la construcción de bloques de pisos, urbanizaciones de adosados y chalés, para los que el urbanismo salvaje que inunda nuestro país de hormigón no les afecta en su conciencia y ética profesional; y una minoría emergente, aunque todavía con escasa influencia, que defiende modelos más racionales de urbanismo.
Algunos de estos arquitectos “desertores”, muchos de ellos jóvenes, no tienen reparo en denunciar la situación actual de un urbanismo, según dicen dominada por gestores y tecnócratas, cuyo principal objetivo es conseguir el mayor aprovechamiento del suelo y las más altas cotas de edificabilidad. Precisamente el alto precio del suelo es considerado por los arquitectos disidentes como la base del problema de la situación del urbanismo en nuestro país. Las elevadas plusvalías que se obtienen del mercadeo del territorio no sólo atraen al sector privado, sino que además condicionan la financiación municipal debido a la dependencia cada mayor de la recaudación que obtienen los ayuntamientos de la actividad inmobiliaria.
Algunos arquitectos han intentado cambiar la situación del urbanismo español implicándose en la actividad política. Éste es el caso del arquitecto cántabro César Gutiérrez, que hasta el año 2005 era concejal socialista del Ayuntamiento de Potés. El hastío por ver la destrucción del patrimonio histórico de su localidad le llevó finalmente a presentar su dimisión, no sin antes declarar su frustración por el escaso eco de sus reclamaciones tanto entre el resto de compañeros de la corporación municipal como entre los vecinos del pueblo que mostraron muy poco apoyo a los continuos llamamientos que hacía con la intención de salvar el patrimonio cultural de esta localidad cántabra. La poca implicación ciudadana a la hora de defender el patrimonio heredado ante los desmanes del desarrollismo urbanístico imperante constituye una dificultad añadida para modificar la tendencia actual.
Al margen de las honrosas excepciones a las que se refiere este artículo periodístico, la realidad es que el 80% de los 40.000 arquitectos colegiados en España depende del mercado inmobiliario, es decir, de los grandes promotores y de la administración que promueve un elevado volumen de obras de infraestructuras y viviendas de protección oficial. Ni que decir tiene que el objetivo de los promotores urbanísticos es conseguir el mayor beneficio posible de sus inversiones lo que explica la escasa calidad arquitectónica de las construcciones que surgen por doquier a lo largo, ancho, y diríamos también alto, de nuestro país.
El hecho de que los arquitectos cuenten con el respaldo de un influyente colegio profesional no parece garantía suficiente para impedir un notable desprestigio del trabajo de los arquitectos. A este respecto, Carlos Hernández Pezzi, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), ha declarado que “el arquitecto tiene una responsabilidad social y personal en lo que está sucediendo y no vale ampararse, como dicen algunos, en que es un trabajo técnico y la culpa es de la empresa o la administración para la que se trabaja. Creo que en los últimos años algunos colegios han entendido que no se trata de proteger a sus miembros de forma corporativa sino de velar por el prestigio y la responsabilidad social de la profesión.
En el terreno interno, los colegios tienen mecanismos disciplinarios y códigos éticos que deberían aplicar para evitar algunos de los desmanes que hacen sus colegiados, y, en su proyección pública, pueden hacer oír su voz sobre los destrozos del paisaje y del patrimonio del país”.
El llamamiento que ha hecho público el presidente del CSCAE es digno de reconocimiento por quienes nos dedicamos a la defensa del patrimonio cultural y natural. No obstante, la realidad no responde al papel que el máximo responsable de los colegios de arquitectos atribuye a estas organizaciones profesionales.
Entendemos que se plantea un dilema entre la defensa del prestigio de su profesión y la dependencia laboral que mantienen con los promotores que pagan sus emolumentos. La clave quizá esté en ampliar la participación de los colegios en la redacción, tramitación y aprobación de los planes urbanísticos, siempre que quienes los representen compartan la idea de modificar el actual modelo urbanístico, ya que tampoco se puede olvidar que hay un sector del arquitectos que ha apoyado y se ha beneficiado del urbanismo galopante, tal y como ha denunciado Fabián Llisterri, ex decano del colegio de arquitectos de la Comunidad Valenciana. Recientemente, la prensa ceutí, concretamente el Faro de Ceuta, se ha hecho eco de la denuncia del colegio de arquitectos de Ceuta por las irregularidades urbanísticas que contiene el Estudio de Detalle de la parcela denominada “Pozo Royo Alto”.
Una intervención urbanística que pretende continuar con la destrucción del entorno paisajístico del Monte Hacho iniciada con las enormes torres que construye EMVICESA en el Sarchal. La implicación del colegio de arquitectos a favor de la protección del entorno de Monte Hacho la consideramos muy positiva y le animamos desde esta tribuna de opinión a que sigan manteniendo esta actitud comprometida a favor de la conservación del patrimonio cultural ceutí.
Algunos arquitectos han intentado cambiar la situación del urbanismo español implicándose en la actividad política. Éste es el caso del arquitecto cántabro César Gutiérrez, que hasta el año 2005 era concejal socialista del Ayuntamiento de Potés. El hastío por ver la destrucción del patrimonio histórico de su localidad le llevó finalmente a presentar su dimisión, no sin antes declarar su frustración por el escaso eco de sus reclamaciones tanto entre el resto de compañeros de la corporación municipal como entre los vecinos del pueblo que mostraron muy poco apoyo a los continuos llamamientos que hacía con la intención de salvar el patrimonio cultural de esta localidad cántabra. La poca implicación ciudadana a la hora de defender el patrimonio heredado ante los desmanes del desarrollismo urbanístico imperante constituye una dificultad añadida para modificar la tendencia actual.
Al margen de las honrosas excepciones a las que se refiere este artículo periodístico, la realidad es que el 80% de los 40.000 arquitectos colegiados en España depende del mercado inmobiliario, es decir, de los grandes promotores y de la administración que promueve un elevado volumen de obras de infraestructuras y viviendas de protección oficial. Ni que decir tiene que el objetivo de los promotores urbanísticos es conseguir el mayor beneficio posible de sus inversiones lo que explica la escasa calidad arquitectónica de las construcciones que surgen por doquier a lo largo, ancho, y diríamos también alto, de nuestro país.
El hecho de que los arquitectos cuenten con el respaldo de un influyente colegio profesional no parece garantía suficiente para impedir un notable desprestigio del trabajo de los arquitectos. A este respecto, Carlos Hernández Pezzi, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), ha declarado que “el arquitecto tiene una responsabilidad social y personal en lo que está sucediendo y no vale ampararse, como dicen algunos, en que es un trabajo técnico y la culpa es de la empresa o la administración para la que se trabaja. Creo que en los últimos años algunos colegios han entendido que no se trata de proteger a sus miembros de forma corporativa sino de velar por el prestigio y la responsabilidad social de la profesión.
En el terreno interno, los colegios tienen mecanismos disciplinarios y códigos éticos que deberían aplicar para evitar algunos de los desmanes que hacen sus colegiados, y, en su proyección pública, pueden hacer oír su voz sobre los destrozos del paisaje y del patrimonio del país”.
El llamamiento que ha hecho público el presidente del CSCAE es digno de reconocimiento por quienes nos dedicamos a la defensa del patrimonio cultural y natural. No obstante, la realidad no responde al papel que el máximo responsable de los colegios de arquitectos atribuye a estas organizaciones profesionales.
Entendemos que se plantea un dilema entre la defensa del prestigio de su profesión y la dependencia laboral que mantienen con los promotores que pagan sus emolumentos. La clave quizá esté en ampliar la participación de los colegios en la redacción, tramitación y aprobación de los planes urbanísticos, siempre que quienes los representen compartan la idea de modificar el actual modelo urbanístico, ya que tampoco se puede olvidar que hay un sector del arquitectos que ha apoyado y se ha beneficiado del urbanismo galopante, tal y como ha denunciado Fabián Llisterri, ex decano del colegio de arquitectos de la Comunidad Valenciana. Recientemente, la prensa ceutí, concretamente el Faro de Ceuta, se ha hecho eco de la denuncia del colegio de arquitectos de Ceuta por las irregularidades urbanísticas que contiene el Estudio de Detalle de la parcela denominada “Pozo Royo Alto”.
Una intervención urbanística que pretende continuar con la destrucción del entorno paisajístico del Monte Hacho iniciada con las enormes torres que construye EMVICESA en el Sarchal. La implicación del colegio de arquitectos a favor de la protección del entorno de Monte Hacho la consideramos muy positiva y le animamos desde esta tribuna de opinión a que sigan manteniendo esta actitud comprometida a favor de la conservación del patrimonio cultural ceutí.
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