Aumentan casos de tortura: Vidaurri

El procurador de los Derechos Humanos en el estado, Manuel Vidaurri Aréchiga, condenó que hayan aumentado los casos de tortura en el último año.
El Sol del Bajío
25 de mayo de 2007

David Romero

GUANAJUATO, Gto.- El procurador de los Derechos Humanos en el estado, Manuel Vidaurri Aréchiga, condenó que hayan aumentado los casos de tortura en el último año pues, dijo, un delito no puede ser investigado o perseguido cometiendo más ilícitos.

Al comparecer ante el pleno del Congreso para rendir el XIII Informe de Actividades 2006-2007, el Ombudsman guanajuatense dice que se abrieron 20 expedientes de queja por presuntos actos de tortura, siete más que el año pasado.

También se emitieron 371 recomendaciones por diversas causas y, en términos generales, se dio inicio a mil 280 expedientes de queja por violaciones a derechos humanos que, sumados a 293 del año anterior, dan un total de mil 573.

En sesión solemne del Congreso a la que asistieron el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez; y el presidente del Poder Judicial, Mario Gutiérrez Covarrubias, el defensor del pueblo aclaró que la Procuraduría no se opone a la prevención, investigación y persecución de los delitos por parte de las autoridades competentes.

Sin embargo, sí hace patente la necesidad de que el estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber a su cargo de prevenir las violaciones a los derechos humanos, investigar seriamente las transgresiones, a fin de identificar a los responsables, de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación del daño.

En presencia también del procurador General de Justicia, autoridades militares, alcaldes de diversos municipios y otros invitados, Vidaurri advirtió que la Procuraduría de los Derechos Humanos está convencida de que ningún delito debe ser combatido con otro ilícito, máxime cuanto éstos tengan connotación de la humanidad, como es el caso de la tortura que se encuentra estrictamente prohibida en el sistema jurídico mexicano.

Desde la tribuna parlamentaria, el orador dijo que de los 20 casos de tortura conocidos, la investigación permitió concluir que el señalamiento hecho contra servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado resultó cierto.

A ese respecto, dijo que entre las principales deficiencias detectadas en el actuar del personal de la PGJE destaca: allanamiento de morada; incomunicación; y tortura. El procurador Chowell aceptó las recomendaciones emitidas, señaló Vidaurri.

Hizo énfasis en que la tortura no debe ser medio de investigación de los delitos y subrayó que un delito no puede ser perseguido o investigado cometiendo más ilícitos.

Nadie ignora que la criminalidad organizada, sobre todo la vinculada con el narcotráfico, se vale del recurso de la violencia extrema para lograr sus perniciosos objetivos, pero esto no puede ser razón para que las autoridades actúen bajo métodos extralegales, agregó el Ombudsman.



NO HAY SUMISIÓN DEL OMBUDSMAN HACIA LA AUTORIDAD

En otra parte de su informe, precisó que la función esencial de la Procuraduría es defender y promover los derechos humanos, de cara a evitar transgresiones indebidas a las libertades y prerrogativas de las personas. Su función se inscribe en la de aquellas instituciones que quieren consolidar la democracia, abatiendo las manifestaciones intolerantes y discriminatorias, especies que son de la soberbia y la injusticia.

Hay muchas dificultades por superar: el abuso de poder, la negligencia, el descuido, la falta de respeto por las ideas y decisiones ajenas, el autoritarismo indignante, la prepotencia, que son apenas algunas de las nefastas e inconvenientes barreras que se oponen al interés de las mayorías.

Señaló el titular de la PDH que evidenciar estas indeseables conductas es tarea propia de los organismos públicos de defensa y promoción de los derechos humanos, los cuales deben tener garantizada plenamente su autonomía e independencia, pues de nada sirve una oficina de Ombudsman domeñada.

AUMENTAN 4% LAS QUEJAS POR VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS

En cuanto al número de asuntos tramitados, el Dr. Vidaurri informó que de los 1,280 expedientes (4% más que el año anterior), 412 son por ejercicio indebido de la función pública; 178 por lesiones; 177 por la comisión de detenciones arbitrarias; en 146 se apreció la violación a los derechos de reclusas e internas; 82 por irregular integración de la averiguación previa; 58 a probables violaciones a derechos de niños, niñas y adolescentes.

De esa cifra total, 172 expedientes fueron remitidos para su estudio, en razón de competencia legal, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De esas, ocupa el primer lugar en quejas presentadas por su actuación el Instituto Mexicano del Seguro Social con 89; 22 contra la PGR; 9 de CFE; 8 de la SSP; e igual número contra el ISSSTE. Una queja fue contra la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, otra contra el Estado Mayor Presidencial, una más al Episcopado Mexicano, principalmente.

Por otra parte, los municipios que ocupan los 10 primeros lugares en generación de quejas contra autoridades municipales, estatales o federales son León con 274, Irapuato con 225, Celaya con 156, San Miguel de Allende 90, Guanajuato 70, Valle 66, Salamanca 50, Pénjamo 26, Dolores Hidalgo 214 y san Luis de la Paz 20.

Hizo mención de que a la fecha 14 personas han perdido la vida en el interior de un centro de detención, dos más que el año pasado, en los municipios de Guanajuato con 2, León 2, San Luis de la Paz uno, Valle de Santiago 1, Dolores Hidalgo 2, Salamanca 1, etc.

371 RECOMENDACIONES; 70% HAN SIDO ACEPTADAS

Otro aspecto abordado por el Ombudsman en su informe fue el relativo a quejas interpuestas por periodistas, por lo que expresó su "enérgico rechazo y repudio" a las amenazas o agravios en contra de los comunicadores, pues éste es uno de los derechos cuya garantía debe ser protegida a toda costa. Hubo, en este sentido, 4 quejas presentadas.

En cuanto a las recomendaciones emitidas en el año, el defensor del Pueblo dijo que fueron 371 en total, de las cuáles casi el 70% 253 han sido aceptadas, 3 no aceptadas, 6 no recibieron respuesta y 190 están en término de ser contestadas.

Las autoridades con mayor número de recomendaciones son la Procuraduría General de Justicia con 30, la presidencia municipal de Celaya con 22, la de Apaseo el Grande con 15, la de Salvatierra con igual número, la de San Miguel Allende 15, Secretaría de Seguridad Pública 13, Presidencias Municipales de Villagrán 12, de Irapuato 11, León 11 y Tarimoro también 11.

Los hechos violatorios que motivaron estas recomendaciones fueron 235 por violaciones a los derechos de los detenidos, 27 por ejercicio indebido de la función pública, 19 por lesiones, 19 por detenciones arbitrarias, 13 por insuficiente protección de personas, 10 por violación a los derechos de los reclusos o internos.

Esto trajo como consecuencia la destitución de 4 servidores públicos, 5 amonestados, el arresto de 25, la suspensión de 5, apercibido 1, causaron baja 11, exhortado 1 y fueron instruidos 39.

Finalmente, el procurador de los Derechos Humanos mencionó casos como el hostigamiento sexual, también habló de los derechos de la mujer; de niñas, niños y adolescentes; de los adultos mayores y personas con discapacidad; de indígenas y migrantes, así como de los enfermos con sida.

En su mensaje final, Manuel Vidaurri Aréchiga se refirió a problemas como los suicidios, los homicidios de alto impacto, las poco dignas que son algunas viviendas de interés social, los abusos de poder de las corporaciones policiacas, las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y la situación precaria de las cárceles municipales.