Por: Carlos García, Sábado,
17 de Marzo de 2007
Correo
El titular de la Secretaría de Gobierno, Gerardo Mosqueda argumentó que el tema le compete a San Miguel de Allende
SAN MIGUEL DE ALLENDE
El gobierno del estado sólo aplicará la Ley para la Conservación y Preservación de San Miguel de Allende, si participa el gobierno local, porque "es de observancia municipal", afirmó el titular de la Secretaría de Gobierno (SG), Gerardo Mosqueda Martínez.
A pesar de que la ley estipula que la Junta de Vigilancia para que las obras nuevas sean acordes a la arquitectura de la ciudad, depende del Ejecutivo, el secretario de gobierno afirma que “no te quiero insistir, no es responsabilidad del gobernador instalar una Junta de Vigilancia, es de observancia municipal, nosotros vamos hacer esto sólo si lo acordamos con la autoridad municipal".
"Lo cortés no quita lo valiente", se cumplirá con la ley "pero no vamos a dejar de hacerlo con una puntual relación con las autoridades municipales... necesitamos asumir como premisa el respeto de la autonomía del gobierno municipal", afirmó Mosqueda Martínez.
En San Miguel de Allende está el movimiento ciudadano "Basta Ya" que considera que hay obras que rompen con la imagen urbana de la ciudad, por eso contrató al despacho jurídico Skéleyn que plantea estrategias legales para defender el patrimonio cultural en base a las leyes existentes como el de Participación Ciudadana.
"No tengo duda que es muy importante el tema, es voluntad del estado coadyuvar en San Miguel para que sea Patrimonio Cultural de la Humanidad... quiero ver esto por el lado positivo, porque se trata de construir un esquema de mejor relación con los actores sociales y la autoridad", expuso el funcionario.
El estado no va a suplir, ni estará por encima del Ayuntamiento "ni abrirá una interlocución que polarice o genere mayor dificultad de comunicación, no al revés... no estamos en una comunicación permanente", dijo.
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1 comentario:
¿Qué habrá querido decir el Srío de Gobierno?
Porque está claro que la Ley de referencia no sólo es de competencia municipal, sino también estatal, ya que establece de manera explícita facultades y obligaciones para el Gobierno del Estado, concretamente para el Gobernador, quien debe nombrar y avalar a los miembros de la Junta de Vigilancia.
Es cosa de leer la Ley.
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