"Las recalificaciones sólo benefician a unos pocos"

El Pais

En medio de la tormenta de escándalos urbanísticos, dos expertos en asuntos de corrupción aportan propuestas para combatirla. Coinciden en que las decisiones sobre urbanismo no pueden estar sólo en manos de los ayuntamientos. La financiación de los partidos políticos emerge como uno de los problemas de fondo por resolver.

Jesús Lizcano (Madrid, 1956) preside Transparencia Internacional, una ONG encargada de desmenuzar y combatir la corrupción. Lizcano, catedrático de Análisis Economicos de la Universidad Autónoma de Madrid, defiende que se aireen los casos de corrupción y pide más agilidad a la justicia.

Pregunta. En el último índice de Corrupción de TI España ha bajado puestos. ¿A qué se debe?

Respuesta. España está en la posición 23 de 163 países, algo que aparentemente no está mal. Pero ha bajado la nota: si en 2004 obtenía un 7,1, ahora, es un 6,8, una tendencia preocupante. Se debe principalmente a un sector, el inmobiliario.

P. ¿Hay tanta corrupción urbanística, está tan extendida o es una impresión errónea?

R. Creo que no está ahora más extendida que antes, pero los jueces, la policía y los medios están sacando a la luz casos, y la población se está sensibilizando. Además, el boom inmobiliario ha facilitado la corrupción urbanística. Cuanto más desarrollo urbanístico, más corrupción potencial existe. No es malo que haya un desarrollo del sector de la construcción, es bueno para la economía, y beneficia a otros sectores, pero es necesario que se haga con controles para que no haya dudas sobre la forma en la que se gana el dinero por parte de unos y de otros.

P. ¿Por qué se produce?

R. Entre otras cosas, porque los Ayuntamientos tienen una especie de varita mágica que permite que un particular obtenga enormes beneficios. Hablo de las recalificaciones de suelo. Se trata de una decisión de un poder público, elegido por el pueblo, pero que genera beneficios a unos pocos, no a la colectividad. Esas enormes plusvalías van a bolsillos privados, y puede pensarse que a veces son bolsillos cercanos a los gobernantes o a los partidos políticos.

P. Ocurre con la urbanización, pero no con otras obras públicas. Nadie se enriquece porque designen su terreno como parte del trazado del AVE.

R. No, porque en esos casos se va a la expropiación, mediante un precio razonable y los propietarios no reciben toda la plusvalía.

P. Los casos están aflorando, pero en Marbella la justicia ha tardado 15 años en condenar a los responsables de unos atropellos urbanísticos clamorosos.

R. Habría que agilizar los procesos judiciales. Cuando la justicia es lenta es menos justicia, y genera una cierta impunidad.

P. Los ayuntamientos hacen muy complicado el urbanismo. ¿Es para que sea opaco o es que no hay forma de simplificarlo?

R. El urbanismo es complejo y en los detalles técnicos prácticamente sólo aparejadores y arquitectos los comprenden. Pero lo fundamental, cuánto y dónde se va a poder construir, qué beneficios genera..., esto se puede resumir para que lo entienda bien el ciudadano. Necesitaríamos una ley de acceso a la información pública, ya que somos uno de los cuatro países europeos sin ella. Además, habría que obligar a los ayuntamientos a colgar en su web los planes generales de ordenación urbana y hacerlos comprensibles. Pero sobre todo, deberían publicar los convenios urbanísticos, en los que pueden cambiar a su antojo el planeamiento urbanístico, y deberían publicarlo, no cuando esté aprobado, sino durante toda la tramitación. Además también deberían publicar las modificaciones de las obras, que a veces no se justifican y dan beneficios a los promotores. Se necesita más transparencia en los Ayuntamientos.

P. ¿Qué más medidas?

R. Que toda operación urbanística que suponga un porcentaje importante del presupuesto municipal debería estar supervisada por otra administración, la autonómica o la central.

P. ¿Tienen demasiado poder los ayuntamientos?

R. Hay municipios muy pequeños donde hay empadronamientos ficticios, lo que facilita luego autorizar determinadas urbanizaciones. Tienen que estar tutelados en algunos casos, porque hay ayuntamientos realmente pequeños que hacen luego operaciones espectaculares. Además, hay que hacer que los procedimientos judiciales sean más fluidos y controlar más las sociedades públicas municipales. Y se podrían crear secciones especializadas en delitos urbanísticos en las Audiencias provinciales para que llegue a haber jueces especialistas al respecto.