7 de Febrero del 2009 en Zacateros.
lunes, 9 de febrero de 2009
¿Quién gobierna en San Miguel de Allende?
Camiones de transporte público operando con placas de transporte privado.
7 de Febrero del 2009 en Zacateros.
7 de Febrero del 2009 en Zacateros.
Clínica de salud de la Lejona
Lunes 9 de febrero del 2009, 8:00 A.M.
Desde el sábado, en la base del poste que sostiene la papelera de basura de la clínica en la calle de Vicente Ariza se puede observar en el piso materiales usados en los diagnósticos y/o curaciones de pacientes, son: guantes desechables, envases de agujas de jeringas, tabletillas para diagnósticos de laringe y faringe, gasas ensangretadas y lixiviados diversos, todo ésto ante la indiferencia del personal de la clínica, incluso de los de aseo. En teoría todos los materiales de diagnóstico y curación con potenciales contaminantes tóxico - infecciosos deben ser incinerados a más de 1,000 grados o ser trasladados a centros especiales para su incineración por transporte especializado.
domingo, 8 de febrero de 2009
Reestructuran los servicios de inteligencia mexicanos
Por: Jorge Torres
domingo 8 de febrero de 2009, actualizado hace 13 minutos
México, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Sin legislación, protocolos ni transparencia que garanticen su legalidad y eficacia, las operaciones de infiltración, enfocadas en la seguridad pública, han ido convirtiéndose en actividades primordiales para los servicios secretos civiles y militares mexicanos, como parte de sus atribuciones de inteligencia.
Funcionarios e información clasificada del Consejo de Seguridad Nacional confirman la relevancia que han adquirido en el gobierno calderonista los operativos encubiertos contra la delincuencia organizada, así como "individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos". Podría ser el auge de los espías.
Servidores públicos consultados prefieren aludir anónimamente a los operativos encubiertos efectuados a últimas fechas por los servicios de inteligencia contra los cárteles del narcotráfico, debido a que las actividades encubiertas de los agentes secretos no están acotadas expresamente por la ley ni existen protocolos que permitan medir su eficacia ni garantizar que no saldrán de control. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada faculta a la Procuraduría General de la República para realizar operaciones de infiltración, pero no al Centro Nacional de Información y Seguridad Nacional (Cisen), ni a las secretarías de Defensa y Marina.
Funcionarios de inteligencia militar entrevistados confirmaron en que el gobierno federal mantiene una agenda secreta que ha implicado este tipo de operaciones como parte de la estrategia para debilitar a las organizaciones de narcotraficantes.
Tal estrategia de inteligencia se basa en un documento reservado (que data de febrero de 2008 y al que accedió EL UNIVERSAL) que guía la acción de los servicios de inteligencia para infiltrarse. Se titula "Programa para la Seguridad Nacional"; fue elaborado en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, y precisa "objetivos y líneas de acción" para el espionaje.
Algunos de los objetivos plasmados en ese documento implican que los organismos de inteligencia podrán hacer monitoreos para "detectar y acotar intentos de la delincuencia organizada", y coadyuvar a "elevar el nivel de eficacia en la integración de averiguaciones previas" en el Ministerio Público, con "productos de inteligencia".
Como parte del plan de acción del área de seguridad nacional del gobierno, que involucra al Cisen y las unidades de inteligencia de la Defensa y Marina, se ha decidido también, según el propio "Programa para la Seguridad Nacional", "generar inteligencia en torno a individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos".
Es público que el Cisen preside el recién formado Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y seguridad Internacional (Candesti), facultado para "prevenir, combatir y eliminar las amenazas de la proliferación de armas de destrucción masiva que pudieran vulnerar la seguridad nacional".
Pues bien, parte de esa agenda, según el programa citado, incluye además la orden de aumentar "el flujo y calidad de información aportada por agencias extranjeras" y "poner en marcha medidas de contrainteligencia".
-Nueva era de contrainteligencia
A falta de normas legales, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró hace años manuales confidenciales acerca del significado de las acciones de contrainteligencia y las facultades de sus oficiales en las operaciones. Por ejemplo, "Descubrir y neutralizar a toda persona, grupo o empresa que realice actividades contrarias al orden interno del país" es uno de los objetivos de esas operaciones, según el Manual de contrainteligencia de la Sedena, el cual precisa que las "unidades especializadas de contrainteligencia" (como son denominadas sus células de espías) están facultadas para "capturar a los agresores", así como actuar "sobre cualquier estructura u organización".
En la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, sostienen fuentes de inteligencia militar, se avanza en la reestructuración de la Sección Segunda, el área de las fuerzas armadas responsable de inteligencia. Este hecho exhibe esa lógica gubernamental.
En el Cisen, al área de Contrainteligencia se le facultó para realizar "operativos específicos" cuyo propósito es obtener información "a través de diversos medios", según un documento interno elaborado hace seis años.
Pero lo importante es que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria facultó a este Centro para destinar parte de su presupuesto —que pasó de mil 300 millones el año pasado, a más de 2 mil 300 millones de pesos el actual— a la adquisición de equipo destinado a tareas contra el crimen organizado. Y que fue recontratado Joaquín Arenal, experto en operaciones encubiertas, que en el sexenio foxista fue cesado como director de Investigación del Cisen por espionaje y por haber autorizado infiltrar al ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez. El actual director general, Guillermo Valdés, lo designó director de Contrainteligencia, una de las áreas que, según informes, intensificará sus actividades.
-Acosta Chaparro "reloaded"
Funcionarios de inteligencia militar aseguraron que altos los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron un acuerdo con el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro para reorganizar la estructura del aparato de inteligencia. "Está muy cerca de la Sección Segunda", sostiene un funcionario militar; "está asesorando en asuntos de narcotráfico y subversión".
Testimonios recabados en los servicios de inteligencia militar y la Secretaría de la Defensa afirman que se solicitó la "colaboración" del veterano ante la insuficiencia de información en las áreas estratégicas de inteligencia, particularmente en expedientes relacionados con crimen organizado y seguimiento estratégico de grupos armados.
La crisis de calidad en la información de inteligencia sobre narcotráfico y guerrilla, así como el cambio generacional en la comunidad de inteligencia militar, que no ha implicado eficacia en operativos ni en los informes de espionaje, ha motivado una reorganización en los servicios secretos del Ejército. "Están reorganizando sus unidades de inteligencia en un contexto de presión por hacer más eficientes sus informes", sostiene un funcionario.
El acuerdo con Acosta Chaparro implicaría su colaboración cercana en el diseño del nuevo esquema estratégico de inteligencia militar, en un contexto de hostilidades de los cárteles de la droga y el creciente número de bajas en del Ejército por enfrentamientos con narcotraficantes.
Este general, con experiencia de tres décadas en operativos sobre el terreno, entrenaría también a la nueva camada de oficiales de servicios secretos de las fuerzas armadas, a cambio de una reivindicación, la cual se hizo en un acto público el 23 de abril de 2007, en el Campo Militar Número Uno, en cuya prisión estuvo casi siete años bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico. En un comunicado sobre aquella ceremonia, la Defensa Nacional se refirió a Acosta Chaparro y demás militares con los que fue honrado, como "un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación".
Acosta Chaparro es parte esencial de la reorganización de los servicios secretos del Ejército desde una posición que le permite invisibilidad, coinciden funcionarios de inteligencia militar.
-Derechos en riesgo
Independiente de su ilegalidad en México, Carlos Resa Nestares, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, experto sobre crimen organizado, opina que "la infiltración es el mejor método de obtención de información" y que en el ámbito del crimen organizado "ha resultado una técnica que ha obtenido generosos réditos a la hora de desintegrar este tipo de grupos delictivos"; aunque al mismo tiempo la información no es útil, per se; "se necesita un proceso de elaboración que la convierta en pruebas condenatorias ante un juzgado".
José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, expresa su preocupación por el incremento de las actividades encubiertas en un contexto de controles limitados y ambiguos, donde "pueden cometerse excesos y una eventual violación a los derechos humanos".
Santiago Creel critica descoordinación en espionaje
El incremento de las operaciones de inteligencia, incluidas las encubiertas, desde el seno del Consejo de Seguridad Nacional despierta preocupación.
"Todas las agencias (de inteligencia) operan en este momento descoordinadamente desde el punto de vista institucional", reprocha el senador Santiago Creel. "No hay en el país información de inteligencia uniforme; las agencias de inteligencia muchas veces dan información incluso contradictoria".
Dice que ha propuesto en el Congreso la creación del Ministerio del Interior, especie de súper-secretaría que coordinaría el flujo de inteligencia de las diversas agencias mexicanas.
Añade: "hoy nadie hace esas funciones", de modo que si, por ejemplo, "Sedena tiene una información que contradice la de la Secretaría de Seguridad Pública, no hay manera de solventar ese conflicto; tampoco de solventar el conflicto si tenemos una información distinta a la que tienen las agencias de Estados amigos".
domingo 8 de febrero de 2009, actualizado hace 13 minutos
México, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Sin legislación, protocolos ni transparencia que garanticen su legalidad y eficacia, las operaciones de infiltración, enfocadas en la seguridad pública, han ido convirtiéndose en actividades primordiales para los servicios secretos civiles y militares mexicanos, como parte de sus atribuciones de inteligencia.
Funcionarios e información clasificada del Consejo de Seguridad Nacional confirman la relevancia que han adquirido en el gobierno calderonista los operativos encubiertos contra la delincuencia organizada, así como "individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos". Podría ser el auge de los espías.
Servidores públicos consultados prefieren aludir anónimamente a los operativos encubiertos efectuados a últimas fechas por los servicios de inteligencia contra los cárteles del narcotráfico, debido a que las actividades encubiertas de los agentes secretos no están acotadas expresamente por la ley ni existen protocolos que permitan medir su eficacia ni garantizar que no saldrán de control. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada faculta a la Procuraduría General de la República para realizar operaciones de infiltración, pero no al Centro Nacional de Información y Seguridad Nacional (Cisen), ni a las secretarías de Defensa y Marina.
Funcionarios de inteligencia militar entrevistados confirmaron en que el gobierno federal mantiene una agenda secreta que ha implicado este tipo de operaciones como parte de la estrategia para debilitar a las organizaciones de narcotraficantes.
Tal estrategia de inteligencia se basa en un documento reservado (que data de febrero de 2008 y al que accedió EL UNIVERSAL) que guía la acción de los servicios de inteligencia para infiltrarse. Se titula "Programa para la Seguridad Nacional"; fue elaborado en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, y precisa "objetivos y líneas de acción" para el espionaje.
Algunos de los objetivos plasmados en ese documento implican que los organismos de inteligencia podrán hacer monitoreos para "detectar y acotar intentos de la delincuencia organizada", y coadyuvar a "elevar el nivel de eficacia en la integración de averiguaciones previas" en el Ministerio Público, con "productos de inteligencia".
Como parte del plan de acción del área de seguridad nacional del gobierno, que involucra al Cisen y las unidades de inteligencia de la Defensa y Marina, se ha decidido también, según el propio "Programa para la Seguridad Nacional", "generar inteligencia en torno a individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos".
Es público que el Cisen preside el recién formado Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y seguridad Internacional (Candesti), facultado para "prevenir, combatir y eliminar las amenazas de la proliferación de armas de destrucción masiva que pudieran vulnerar la seguridad nacional".
Pues bien, parte de esa agenda, según el programa citado, incluye además la orden de aumentar "el flujo y calidad de información aportada por agencias extranjeras" y "poner en marcha medidas de contrainteligencia".
-Nueva era de contrainteligencia
A falta de normas legales, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró hace años manuales confidenciales acerca del significado de las acciones de contrainteligencia y las facultades de sus oficiales en las operaciones. Por ejemplo, "Descubrir y neutralizar a toda persona, grupo o empresa que realice actividades contrarias al orden interno del país" es uno de los objetivos de esas operaciones, según el Manual de contrainteligencia de la Sedena, el cual precisa que las "unidades especializadas de contrainteligencia" (como son denominadas sus células de espías) están facultadas para "capturar a los agresores", así como actuar "sobre cualquier estructura u organización".
En la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, sostienen fuentes de inteligencia militar, se avanza en la reestructuración de la Sección Segunda, el área de las fuerzas armadas responsable de inteligencia. Este hecho exhibe esa lógica gubernamental.
En el Cisen, al área de Contrainteligencia se le facultó para realizar "operativos específicos" cuyo propósito es obtener información "a través de diversos medios", según un documento interno elaborado hace seis años.
Pero lo importante es que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria facultó a este Centro para destinar parte de su presupuesto —que pasó de mil 300 millones el año pasado, a más de 2 mil 300 millones de pesos el actual— a la adquisición de equipo destinado a tareas contra el crimen organizado. Y que fue recontratado Joaquín Arenal, experto en operaciones encubiertas, que en el sexenio foxista fue cesado como director de Investigación del Cisen por espionaje y por haber autorizado infiltrar al ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez. El actual director general, Guillermo Valdés, lo designó director de Contrainteligencia, una de las áreas que, según informes, intensificará sus actividades.
-Acosta Chaparro "reloaded"
Funcionarios de inteligencia militar aseguraron que altos los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron un acuerdo con el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro para reorganizar la estructura del aparato de inteligencia. "Está muy cerca de la Sección Segunda", sostiene un funcionario militar; "está asesorando en asuntos de narcotráfico y subversión".
Testimonios recabados en los servicios de inteligencia militar y la Secretaría de la Defensa afirman que se solicitó la "colaboración" del veterano ante la insuficiencia de información en las áreas estratégicas de inteligencia, particularmente en expedientes relacionados con crimen organizado y seguimiento estratégico de grupos armados.
La crisis de calidad en la información de inteligencia sobre narcotráfico y guerrilla, así como el cambio generacional en la comunidad de inteligencia militar, que no ha implicado eficacia en operativos ni en los informes de espionaje, ha motivado una reorganización en los servicios secretos del Ejército. "Están reorganizando sus unidades de inteligencia en un contexto de presión por hacer más eficientes sus informes", sostiene un funcionario.
El acuerdo con Acosta Chaparro implicaría su colaboración cercana en el diseño del nuevo esquema estratégico de inteligencia militar, en un contexto de hostilidades de los cárteles de la droga y el creciente número de bajas en del Ejército por enfrentamientos con narcotraficantes.
Este general, con experiencia de tres décadas en operativos sobre el terreno, entrenaría también a la nueva camada de oficiales de servicios secretos de las fuerzas armadas, a cambio de una reivindicación, la cual se hizo en un acto público el 23 de abril de 2007, en el Campo Militar Número Uno, en cuya prisión estuvo casi siete años bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico. En un comunicado sobre aquella ceremonia, la Defensa Nacional se refirió a Acosta Chaparro y demás militares con los que fue honrado, como "un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación".
Acosta Chaparro es parte esencial de la reorganización de los servicios secretos del Ejército desde una posición que le permite invisibilidad, coinciden funcionarios de inteligencia militar.
-Derechos en riesgo
Independiente de su ilegalidad en México, Carlos Resa Nestares, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, experto sobre crimen organizado, opina que "la infiltración es el mejor método de obtención de información" y que en el ámbito del crimen organizado "ha resultado una técnica que ha obtenido generosos réditos a la hora de desintegrar este tipo de grupos delictivos"; aunque al mismo tiempo la información no es útil, per se; "se necesita un proceso de elaboración que la convierta en pruebas condenatorias ante un juzgado".
José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, expresa su preocupación por el incremento de las actividades encubiertas en un contexto de controles limitados y ambiguos, donde "pueden cometerse excesos y una eventual violación a los derechos humanos".
Santiago Creel critica descoordinación en espionaje
El incremento de las operaciones de inteligencia, incluidas las encubiertas, desde el seno del Consejo de Seguridad Nacional despierta preocupación.
"Todas las agencias (de inteligencia) operan en este momento descoordinadamente desde el punto de vista institucional", reprocha el senador Santiago Creel. "No hay en el país información de inteligencia uniforme; las agencias de inteligencia muchas veces dan información incluso contradictoria".
Dice que ha propuesto en el Congreso la creación del Ministerio del Interior, especie de súper-secretaría que coordinaría el flujo de inteligencia de las diversas agencias mexicanas.
Añade: "hoy nadie hace esas funciones", de modo que si, por ejemplo, "Sedena tiene una información que contradice la de la Secretaría de Seguridad Pública, no hay manera de solventar ese conflicto; tampoco de solventar el conflicto si tenemos una información distinta a la que tienen las agencias de Estados amigos".
Callar sobre amenazas frena la lucha anticrimen
CORREO
Por: Ruth Elizarraraz/Redacción,
Domingo, 08 de Febrero de 2009
Pide Chowell a la ciudadanía denunciar ilícitos para evitar ser cómplices del avance de la delincuencia
Guanajuato
El procurador general de Justicia del Estado, Daniel Federico Chowell Arenas, emplazó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación irregular en el entorno social a fin de que, en corresponsabilidad con las autoridades, se frene el avance de la delincuencia.
En medio de un violento comienzo de año que dejó una andanada de extorsiones a comerciantes en diversas regiones de la entidad, el procurador subrayó: "Socialmente somos responsables de lo que se viene presentando, ya que por no meterse en problemas no denuncian cuando detectan movimientos extraños en su entorno".
Por lo que puso a disposición de la ciudadanía dicha dependencia a fin de que se denuncien los actos delictivos.
Durante un programa radiofónico transmitido este sábado, Chowell Arenas añadió que los grupos delictivos que pretenden establecerse en territorio guanajuatense, utilizan la violencia y la extorsión para lograr sus objetivos.
"Los afectados lo único que están haciendo es contribuir a hacerlos más fuertes económicamente para que puedan adquirir mayor armamento, de corromper a las autoridades y poder comprar vehículos blindados", dijo en la emisión de radio.
HECHOS
Habrá que recordar que el mes pasado, la Cámara de Comercio en San Miguel Allende, denunció que varios de sus afiliados habrían sido objeto de extorsión y amenazas por lo que pidieron entonces se redoblaran los esfuerzos para frenar tal ilícito.
En la región sur del estado, empresarios de la industria textil también fueron el blanco de extorsiones y amenazas al igual que comerciantes no establecidos en varias partes del estado.
Para el 4 de febrero pasado, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) capítulo Guanajuato, reveló que cinco de sus agremiados interpusieron denuncias por intento de extorsión aunque no mencionó el período en el cual se habrían cometido los ilícitos.
Pero el avance de las extorsiones no frenó.
UN FRENO
Ante esta situación, el procurador estatal afirmó durante el programa de radio que se debe promover la cultura de la denuncia y explicó que "no se trata de denunciar por denunciar, sino que coadyuven para que estas circunstancias no se vengan presentando".
El funcionario convocó además que cuando las personas comiencen a detectar situaciones irregulares en casas que estuvieron mucho tiempo desocupados y que ahora son habitadas por hombres, cuyas actividades son realizadas durante la noche, que viajan en vehículos lujosos con vidrios polarizados o con placas sobrepuestas, que puede ser detectado por la no concordancia con el número de los engomados, se debe denunciar de manera inmediata.
Según el procurador Chowell Arenas, el dinero pagado por la protección que ofrecen grupos de delincuentes, es utilizado para la compra de armamento, de vehículos y para pagar sobornos a las autoridades
PARA HACER REPORTES
Para que los ciudadanos puedan denunciar los ilícitos, la PGJE pone a disposición los números 089 o bien el 066, "porque también somos responsables de lo que sucede a nuestro alrededor", dijo el procurador general de Justicia del Estado, Daniel Federico Chowell Arenas.
La PGJE recomienda que en caso de extorsión se debe mantener la calma, tomar nota del nombre de la persona que efectúa la amenaza o solicitud de dinero, dar aviso inmediato a las autoridades a través del teléfono 01-800-368-62-42.
Por: Ruth Elizarraraz/Redacción,
Domingo, 08 de Febrero de 2009
Pide Chowell a la ciudadanía denunciar ilícitos para evitar ser cómplices del avance de la delincuencia
Guanajuato
El procurador general de Justicia del Estado, Daniel Federico Chowell Arenas, emplazó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación irregular en el entorno social a fin de que, en corresponsabilidad con las autoridades, se frene el avance de la delincuencia.
En medio de un violento comienzo de año que dejó una andanada de extorsiones a comerciantes en diversas regiones de la entidad, el procurador subrayó: "Socialmente somos responsables de lo que se viene presentando, ya que por no meterse en problemas no denuncian cuando detectan movimientos extraños en su entorno".
Por lo que puso a disposición de la ciudadanía dicha dependencia a fin de que se denuncien los actos delictivos.
Durante un programa radiofónico transmitido este sábado, Chowell Arenas añadió que los grupos delictivos que pretenden establecerse en territorio guanajuatense, utilizan la violencia y la extorsión para lograr sus objetivos.
"Los afectados lo único que están haciendo es contribuir a hacerlos más fuertes económicamente para que puedan adquirir mayor armamento, de corromper a las autoridades y poder comprar vehículos blindados", dijo en la emisión de radio.
HECHOS
Habrá que recordar que el mes pasado, la Cámara de Comercio en San Miguel Allende, denunció que varios de sus afiliados habrían sido objeto de extorsión y amenazas por lo que pidieron entonces se redoblaran los esfuerzos para frenar tal ilícito.
En la región sur del estado, empresarios de la industria textil también fueron el blanco de extorsiones y amenazas al igual que comerciantes no establecidos en varias partes del estado.
Para el 4 de febrero pasado, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) capítulo Guanajuato, reveló que cinco de sus agremiados interpusieron denuncias por intento de extorsión aunque no mencionó el período en el cual se habrían cometido los ilícitos.
Pero el avance de las extorsiones no frenó.
UN FRENO
Ante esta situación, el procurador estatal afirmó durante el programa de radio que se debe promover la cultura de la denuncia y explicó que "no se trata de denunciar por denunciar, sino que coadyuven para que estas circunstancias no se vengan presentando".
El funcionario convocó además que cuando las personas comiencen a detectar situaciones irregulares en casas que estuvieron mucho tiempo desocupados y que ahora son habitadas por hombres, cuyas actividades son realizadas durante la noche, que viajan en vehículos lujosos con vidrios polarizados o con placas sobrepuestas, que puede ser detectado por la no concordancia con el número de los engomados, se debe denunciar de manera inmediata.
Según el procurador Chowell Arenas, el dinero pagado por la protección que ofrecen grupos de delincuentes, es utilizado para la compra de armamento, de vehículos y para pagar sobornos a las autoridades
PARA HACER REPORTES
Para que los ciudadanos puedan denunciar los ilícitos, la PGJE pone a disposición los números 089 o bien el 066, "porque también somos responsables de lo que sucede a nuestro alrededor", dijo el procurador general de Justicia del Estado, Daniel Federico Chowell Arenas.
La PGJE recomienda que en caso de extorsión se debe mantener la calma, tomar nota del nombre de la persona que efectúa la amenaza o solicitud de dinero, dar aviso inmediato a las autoridades a través del teléfono 01-800-368-62-42.
Como realizar una denuncia penal
DENUNCIA PENAL.
QUÉ ES.- La denuncia penal es una relación de hechos, un relato de lo acontecido ya sea porque uno mismo haya sufrido un daño o una agresión de cualquier especie que la ley lo considere como delito, o bien, porque uno haya sabido, directa o indirectamente, de la existencia de esos hechos.
Existen delitos que la autoridad tiene la obligación de averiguar y perseguir de oficio, es decir, por que existen o pueden existir de por sí, independientemente de si el denunciante haya o no sufrido el daño o agresión directamente, y existen delitos que solamente se persiguen a petición de quien haya sufrido esos daños.
La autoridad o institución de gobierno ante quien se haga la denuncia, tiene la obligación de informar si se trata de un delito perseguible de oficio o a petición de parte ofendida y en su caso, canalizar la denuncia o bien, dar al denunciante la orientación necesaria que corresponda.
AUTORIDAD RECEPTORA.- La Institución del Ministerio Púbico es, en principio, la encargada de recibir las denuncias penales, iniciar y continuar la averiguación previa correspondiente, recibir las pruebas conducentes a demostrar, tanto la existencia misma del delito, como la presunta responsabilidad del responsable.
A nivel federal, esta Institución está precedida por la Procuraduría General de la República, compuesta por sus diferente Direcciones y Agencias de Ministerio Público Federales, encargadas de averiguar y perseguir los delitos federales. Cada Estado del país tiene Delegación de la Procuraduría y un número variable de Agencias Ministeriales. En el caso de San Miguel de Allende, existe una Agencia del Ministerio Público Federal, ubicada en la carretera a Dr. Mora, kilómetro …….., teléfono 154-4878.
A nivel estatal, existe la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, que en San Miguel de Allende cuenta con una Sub-delegación, las Direcciones correspondientes y seis Agencias del Ministerio Público Investigadoras y una Agencia Conciliatoria, ésta última encargada de procurar un acuerdo conciliatorio entre las partes, ofendido y acusado, que de no lograrse, podrá el ofendido acudir a cualquiera de las primeras para presentar su denuncia formal e iniciar la averiguación previa que corresponda.
El edificio de éstas está ubicado en la carretera a Querétaro, poco antes de la glorieta de Los Héroes, con teléfonos 152-2198, 152-5522, 152-0630, 152-2018, 152-3606, 152-2148.
CÓMO SE PRESENTA.- La denuncia podrá presentarse de manera personal, verbalmente o por escrito, y en casos urgentes podrá hacerse por teléfono, telégrafo, internet o cualquier otro medio electrónico.
Normalmente, al presentarse, se presentan también todas las pruebas que hasta el momento se tengan y en su oportunidad, se aportarán todas aquellas que sirvan para comprobar la existencia del delito y la presunta responsabilidad del acusado o indiciado.
PROCEDIMIENTO.- Si se sabe de un presunto responsable y se cuentan con los datos de localización de éste, una vez presentada la denuncia y en su caso las pruebas preliminares, se le citará formalmente para que se presente ante el Agente investigador, se le respetarán y harán efectivos todos los derechos que tenga por ley y se le hará saber los datos de la averiguación, para que decida si declara en el momento o se reserva ese derecho.
Si no se sabe quién cometió el delito o si en caso de saberse, se han aportado todas las pruebas conducentes, el Ministerio Público determinará si conforme a la ley, procede o no hacer la consignación al Juez Penal, que de proceder, pedirá a este que dicte la orden de aprehensión contra el presunto responsable. El juez a su vez, determinará si conforme a la ley, procede o no admitir la averiguación previa y emitir la orden de aprehensión, en el primer caso, remitirá al ministerio público la orden de aprehensión para que éste de instrucciones a la Policía Ministerial (antes Policía Judicial) para que procedan a la captura del presunto responsable; en el segundo caso, regresará el Juez la averiguación previa con su determinación al Agente Investigador para que éste proceda a su archivo definitivo, o bien, para juntar mas pruebas que sean suficientes para hacer de nuevo su consignación al Juez.
Al ejecutarse la orden de aprehensión y presentar al presunto responsable ante el Juez, se iniciará el juicio penal correspondiente, en el que, por un lado, el Ministerio Público será la parte acusatoria y presentará al Juez todas la pruebas tendientes a demostrar la responsabilidad del acusado y por el otro, el defensor de este último, aportará las que considere suficientes para demostrar la inocencia del acusado, o bien, la pena mínima que le pudiera corresponder.
Una vez agotada la recepción de las pruebas, tanto el Ministerio Público como el defensor, presentarán sus conclusiones respectivas, luego de las cuales, el Juez dictará la sentencia final.
En cada paso, tanto de la averiguación previa como del procedimiento del juicio, el interesado, acusado u ofendido, tendrán los derechos de impugnar cualquier acto del Ministerio Público o del Juez que a su juicio no haya cumplido con lo establecido por la ley, incluido, por supuesto, la sentencia dictada. En este último caso, un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la vía de apelación, determinará si la sentencia está o no apegada a Derecho y según el caso, esta determinación podrá ser hecha por un Juez Federal en la vía del Amparo. Finalmente, en ambos casos, cualquiera de las partes inconformes con estas resoluciones, podrá acudir al la Justica Federal para que un Juez Federal o un Tribunal Unitario o Colegiado federales, revisen, o bien, la sentencia del Magistrado Estatal o del Juez Federal.
OTRAS AUTORIDADES.- La única autoridad encargada de la persecución de los delitos es el Ministerio Público, sin embargo, autoridades como la Policía Ministerial y la Policía Preventiva Municipal, podrán recibir los reportes de los interesados y tendrán la obligación de orientar a éstos, y en su caso, dar parte al Ministerio Público. Así también, se podrá acudir a las oficinas de Derechos Humanos; cualquiera otra corporación policiaca, Juzgado, Institución o Asociación, que directa o indirectamente estén relacionadas con la procuración o administración de justica, para recibir orientación.
QUÉ ES.- La denuncia penal es una relación de hechos, un relato de lo acontecido ya sea porque uno mismo haya sufrido un daño o una agresión de cualquier especie que la ley lo considere como delito, o bien, porque uno haya sabido, directa o indirectamente, de la existencia de esos hechos.
Existen delitos que la autoridad tiene la obligación de averiguar y perseguir de oficio, es decir, por que existen o pueden existir de por sí, independientemente de si el denunciante haya o no sufrido el daño o agresión directamente, y existen delitos que solamente se persiguen a petición de quien haya sufrido esos daños.
La autoridad o institución de gobierno ante quien se haga la denuncia, tiene la obligación de informar si se trata de un delito perseguible de oficio o a petición de parte ofendida y en su caso, canalizar la denuncia o bien, dar al denunciante la orientación necesaria que corresponda.
AUTORIDAD RECEPTORA.- La Institución del Ministerio Púbico es, en principio, la encargada de recibir las denuncias penales, iniciar y continuar la averiguación previa correspondiente, recibir las pruebas conducentes a demostrar, tanto la existencia misma del delito, como la presunta responsabilidad del responsable.
A nivel federal, esta Institución está precedida por la Procuraduría General de la República, compuesta por sus diferente Direcciones y Agencias de Ministerio Público Federales, encargadas de averiguar y perseguir los delitos federales. Cada Estado del país tiene Delegación de la Procuraduría y un número variable de Agencias Ministeriales. En el caso de San Miguel de Allende, existe una Agencia del Ministerio Público Federal, ubicada en la carretera a Dr. Mora, kilómetro …….., teléfono 154-4878.
A nivel estatal, existe la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, que en San Miguel de Allende cuenta con una Sub-delegación, las Direcciones correspondientes y seis Agencias del Ministerio Público Investigadoras y una Agencia Conciliatoria, ésta última encargada de procurar un acuerdo conciliatorio entre las partes, ofendido y acusado, que de no lograrse, podrá el ofendido acudir a cualquiera de las primeras para presentar su denuncia formal e iniciar la averiguación previa que corresponda.
El edificio de éstas está ubicado en la carretera a Querétaro, poco antes de la glorieta de Los Héroes, con teléfonos 152-2198, 152-5522, 152-0630, 152-2018, 152-3606, 152-2148.
CÓMO SE PRESENTA.- La denuncia podrá presentarse de manera personal, verbalmente o por escrito, y en casos urgentes podrá hacerse por teléfono, telégrafo, internet o cualquier otro medio electrónico.
Normalmente, al presentarse, se presentan también todas las pruebas que hasta el momento se tengan y en su oportunidad, se aportarán todas aquellas que sirvan para comprobar la existencia del delito y la presunta responsabilidad del acusado o indiciado.
PROCEDIMIENTO.- Si se sabe de un presunto responsable y se cuentan con los datos de localización de éste, una vez presentada la denuncia y en su caso las pruebas preliminares, se le citará formalmente para que se presente ante el Agente investigador, se le respetarán y harán efectivos todos los derechos que tenga por ley y se le hará saber los datos de la averiguación, para que decida si declara en el momento o se reserva ese derecho.
Si no se sabe quién cometió el delito o si en caso de saberse, se han aportado todas las pruebas conducentes, el Ministerio Público determinará si conforme a la ley, procede o no hacer la consignación al Juez Penal, que de proceder, pedirá a este que dicte la orden de aprehensión contra el presunto responsable. El juez a su vez, determinará si conforme a la ley, procede o no admitir la averiguación previa y emitir la orden de aprehensión, en el primer caso, remitirá al ministerio público la orden de aprehensión para que éste de instrucciones a la Policía Ministerial (antes Policía Judicial) para que procedan a la captura del presunto responsable; en el segundo caso, regresará el Juez la averiguación previa con su determinación al Agente Investigador para que éste proceda a su archivo definitivo, o bien, para juntar mas pruebas que sean suficientes para hacer de nuevo su consignación al Juez.
Al ejecutarse la orden de aprehensión y presentar al presunto responsable ante el Juez, se iniciará el juicio penal correspondiente, en el que, por un lado, el Ministerio Público será la parte acusatoria y presentará al Juez todas la pruebas tendientes a demostrar la responsabilidad del acusado y por el otro, el defensor de este último, aportará las que considere suficientes para demostrar la inocencia del acusado, o bien, la pena mínima que le pudiera corresponder.
Una vez agotada la recepción de las pruebas, tanto el Ministerio Público como el defensor, presentarán sus conclusiones respectivas, luego de las cuales, el Juez dictará la sentencia final.
En cada paso, tanto de la averiguación previa como del procedimiento del juicio, el interesado, acusado u ofendido, tendrán los derechos de impugnar cualquier acto del Ministerio Público o del Juez que a su juicio no haya cumplido con lo establecido por la ley, incluido, por supuesto, la sentencia dictada. En este último caso, un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la vía de apelación, determinará si la sentencia está o no apegada a Derecho y según el caso, esta determinación podrá ser hecha por un Juez Federal en la vía del Amparo. Finalmente, en ambos casos, cualquiera de las partes inconformes con estas resoluciones, podrá acudir al la Justica Federal para que un Juez Federal o un Tribunal Unitario o Colegiado federales, revisen, o bien, la sentencia del Magistrado Estatal o del Juez Federal.
OTRAS AUTORIDADES.- La única autoridad encargada de la persecución de los delitos es el Ministerio Público, sin embargo, autoridades como la Policía Ministerial y la Policía Preventiva Municipal, podrán recibir los reportes de los interesados y tendrán la obligación de orientar a éstos, y en su caso, dar parte al Ministerio Público. Así también, se podrá acudir a las oficinas de Derechos Humanos; cualquiera otra corporación policiaca, Juzgado, Institución o Asociación, que directa o indirectamente estén relacionadas con la procuración o administración de justica, para recibir orientación.
¿Quien gobierna en San Miguel de Allende?
UN PISO MÁS PARA EL EDIFICIO EL CARACOL
Este lunes la Dirección de Desarrollo Urbano quitará la suspensión a la construcción de 36 departamentos del Caracol, porque los inversionistas cambiaron el proyecto arquitectónico de un edificio moderno a una construcción que está acorde a la fisonomía de San Miguel de Allende y al entorno del lugar.
En el Centro Cultural el Nigromante, el presidente del Colegio de Arquitectos, Raúl Barrera presentó el proyecto arquitectónico para los departamentos que hizo su gremio para evitar que construyeran un edificio moderno de seis pisos que impactará la fisonomía de San Miguel de Allende.
La construcción de este edificio se habría podido ver desde cualquier punto de la ciudad, por eso el Colegio intervino para hacer un proyecto que no impactará visualmente y que se integrará a la arquitectura urbana, explicó.
El proyecto original eran dos torres rectangulares, ahora es un edificio escalonado que se integra al cerro que está a un costado del libramiento el caracol y que no obstruirá la vista panorámica "serán como casitas y se integra al entorno por que es escalonado" explicó.
¿ Quien gobierna en San Miguel de Allende, la autoridad municipal o los desarrolladores que violan a todas luces los permisos de construcción?
¿Quien gobierna en San Miguel de Allende?
Lo que dice el REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL
ARTICULO 48.- Queda prohibido conducir vehículos particulares con un número mayor de pasajeros al señalado a la tarjeta de circulación correspondiente, incluye los vehículos de servicio público de alquiler.
Gracias por enviar sus colaboraciones fotográficas.
ARTICULO 48.- Queda prohibido conducir vehículos particulares con un número mayor de pasajeros al señalado a la tarjeta de circulación correspondiente, incluye los vehículos de servicio público de alquiler.
Gracias por enviar sus colaboraciones fotográficas.
¿Quien gobierna en San Miguel de Allende?
ARTICULO 94.- Los ciclistas y motociclistas tienen prohibido:
A).- Llevar más pasajeros del número de personas que ocupen asiento especialmente para tal objeto y/o de acuerdo a la tarjeta de circulación.
B).- Transitar sobre las banquetas y áreas reservadas para el tránsito uso exclusivo de peatones.
C).- Sujetarse a otro vehículo que transite por la vía pública.
D).- Ejecutar actos de acrobacia en la vía pública; y,
E).- Transportar carga que dificulte su visibilidad, su equilibrio o su adecuada maniobra.
¿Quien gobierna en San Miguel de Allende?
Lo que dice el Reglamento de Transito:
ARTICULO 114.- El escape de los vehículos de carga y de los autobuses de servicio urbano de pasajeros, de combustión diesel, deberá estar orientado hacia arriba y sobresalir cuando menos 0.15 metros sobre la carrocería.
¿QUIEN GOBIERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, LA AUTORIDAD MUNICIPAL O LOS CONCESIONARIOS?
viernes, 6 de febrero de 2009
‘Urge se acelere planta tratadora’
AM
Francisco Hernández
La Comisión Nacional del Agua urgió a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (Jumapa) a dar celeridad en el proceso para definir la licitación y después la construcción de la planta tratadora de aguas residuales que arroja actualmente sin tratar al río Laja.
Esto se debe a que a más tardar este año el agua del río Laja que llega de San Miguel de Allende y que a la altura de la autopista se junta con la del río Querétaro ya estará saneada pero se volvería a contaminar si es que Celaya no tiene en funcionamiento su planta lo antes posible, advirtió el director de esta dependencia federal, Felipe Polo Hernández.
“Te puedo comentar que el río Laja el año que entra, al menos de lo que recibe de la parte alta del estado y que recibe del río Querétaro, va a estar saneado, pero vamos a tener problemas si es que no se construye la planta tratadora de aguas residuales en Celaya, y si tampoco se construye la de Salamanca también tendremos problemas en el río Lerma en esa ciudad”.
En la actualidad el proyecto para la planta tratadora de aguas residuales del municipio se encuentra detenido y no hay una fecha establecida para el arranque, debido a que la Jumapa está a la espera del fallo de la Secretaría de la Función Pública para determinar si fue correcto el proceso de licitación que realizó el año pasado.
Una vez que se avale el fallo, la constructora ganadora tendrá dos años para construir y poner en marcha esta obra.
En cambio, este año en Querétaro se termina de construir la planta de tratamiento para que las aguas negras que son arrojadas al río del mismo nombre ya se encuentren tratadas y se junten con las del río Laja poco antes de su paso por Celaya.
Por eso el director de la CONAGUA en Guanajuato hizo el llamado de atención a las autoridades en el municipio para que una vez resuelto el problema de la licitación se arranque con la obra lo más rápido posible.
“Esto es algo que deben cumplir, es responsabilidad de los municipios y desde luego que es urgente. No por someterse a multas o cobro de derechos por tirar agua no tratada, sino porque para cuidar el agua una parte importante es el tratamiento que se le da antes de ponerla en un cuerpo receptor.
“Esto es porque esa agua después se filtra a los mantos acuíferos que estamos explotando”.
El funcionario federal reiteró que la construcción de plantas tratadoras de aguas negras no es un capricho, sino una necesidad para tratar de preservar el vital líquido.
“Es muy importante que se haga la conciencia porque es la única forma en que vamos a salir adelante en el manejo del agua. Las plantas tratadoras no son caprichos, son necesidades que deben cumplirse por beneficio de la sociedad y ésta es quien debe estar encima de las autoridades municipales para que las obras salgan adelante”.
Francisco Hernández
La Comisión Nacional del Agua urgió a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (Jumapa) a dar celeridad en el proceso para definir la licitación y después la construcción de la planta tratadora de aguas residuales que arroja actualmente sin tratar al río Laja.
Esto se debe a que a más tardar este año el agua del río Laja que llega de San Miguel de Allende y que a la altura de la autopista se junta con la del río Querétaro ya estará saneada pero se volvería a contaminar si es que Celaya no tiene en funcionamiento su planta lo antes posible, advirtió el director de esta dependencia federal, Felipe Polo Hernández.
“Te puedo comentar que el río Laja el año que entra, al menos de lo que recibe de la parte alta del estado y que recibe del río Querétaro, va a estar saneado, pero vamos a tener problemas si es que no se construye la planta tratadora de aguas residuales en Celaya, y si tampoco se construye la de Salamanca también tendremos problemas en el río Lerma en esa ciudad”.
En la actualidad el proyecto para la planta tratadora de aguas residuales del municipio se encuentra detenido y no hay una fecha establecida para el arranque, debido a que la Jumapa está a la espera del fallo de la Secretaría de la Función Pública para determinar si fue correcto el proceso de licitación que realizó el año pasado.
Una vez que se avale el fallo, la constructora ganadora tendrá dos años para construir y poner en marcha esta obra.
En cambio, este año en Querétaro se termina de construir la planta de tratamiento para que las aguas negras que son arrojadas al río del mismo nombre ya se encuentren tratadas y se junten con las del río Laja poco antes de su paso por Celaya.
Por eso el director de la CONAGUA en Guanajuato hizo el llamado de atención a las autoridades en el municipio para que una vez resuelto el problema de la licitación se arranque con la obra lo más rápido posible.
“Esto es algo que deben cumplir, es responsabilidad de los municipios y desde luego que es urgente. No por someterse a multas o cobro de derechos por tirar agua no tratada, sino porque para cuidar el agua una parte importante es el tratamiento que se le da antes de ponerla en un cuerpo receptor.
“Esto es porque esa agua después se filtra a los mantos acuíferos que estamos explotando”.
El funcionario federal reiteró que la construcción de plantas tratadoras de aguas negras no es un capricho, sino una necesidad para tratar de preservar el vital líquido.
“Es muy importante que se haga la conciencia porque es la única forma en que vamos a salir adelante en el manejo del agua. Las plantas tratadoras no son caprichos, son necesidades que deben cumplirse por beneficio de la sociedad y ésta es quien debe estar encima de las autoridades municipales para que las obras salgan adelante”.
¿México fallido?
SERGIO AGUAYO
México ya está en la lista negra de los Estados fallidos. El Gobierno de Felipe Calderón lo niega con indignación. ¿Quién tiene la razón?
De cuando en cuando nacen conceptos para categorizar nuevas realidades. Es el caso con Estado fallido (failed States), popularizado por el índice anual de la revista Foreign Policy. El término define a Estados que perdieron el control sobre partes del territorio, que vieron achicarse su monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza o que son incapaces de proporcionar servicios públicos adecuados.
México ha sido colocado en esa categoría. En diciembre del 2008 fue la revista Forbes y en enero fue el Departamento de Defensa estadounidense. El Gobierno mexicano reaccionó con celeridad y Pablo Ordaz, corresponsal de EL PAÍS en México, relata como, "durante una hora y tres minutos, Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores" trató de demostrar, con "datos en la mano que, pese a su sangriento día a día, "México no es un Estado fallido" (17 de enero del 2009).
El Procurador General, Eduardo Medina Mora, también repite, con argumentos razonablemente convincentes, la versión oficial según la cual la responsabilidad la tienen los gobernantes previos que permitieron el auge del narco. De ahí surge la esperanza porque, señores y señoras, ya se inició la construcción del futuro: el Gobierno de Felipe Calderón es diferente y está triunfando pese a las apariencias. Para alzarse con la victoria requiere, eso sí, del respaldo de la comunidad internacional, y en especial de Estados Unidos. También pide, exige, implora la unidad nacional.
Quienes vivimos en México padecemos la inseguridad y, en mi caso, inicio la jornada deseando escuchar al Gobierno dar un buen parte de batalla. Luego me voy desanimando cuando observo zarandearse al Estado, cual patera en mar huracanado. Lo ningunean los narcos y los gobernadores y los grandes empresarios y hasta los vendedores ambulantes que se roban la luz...
Este Gobierno sí paga las consecuencias de una herencia del pasado, pero su frivolidad lingüística, su falta de coordinación y sus contradicciones empeoran la situación.
Felipe Calderón y Barack Obama se entrevistaron el 12 de enero en Washington. Fue un encuentro discreto y sin grandes anuncios. Nada más salir de la reu-nión, Calderón informó haberle propuesto al "presidente Obama que hagamos una alianza estratégica entre nuestros gobiernos" para enfrentar problemas como el de la seguridad. ¿Es consciente Calderón de las
implicaciones de una alianza estratégica? ¿Está buscando, acaso, que Washington asigne a México el estatus de Major Non-NATO Ally (Aliado principal fuera de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte) como Japón, Israel y Filipinas? Difícil que así sea porque en México no se ha discutido tal nivel de cercanía. Estamos, más bien, ante una licencia literaria para subrayar la urgencia del apoyo externo en la guerra contra el narco.
En el interior de cualquier Gobierno hay diferencias, pero corresponde al líder controlarlas. Desde que empezó la guerra dos de los principales mandos (Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, y Eduardo Medina Mora, procurador General de la República) libran un enfrentamiento sordo, mientras el titular de la Defensa Nacional contradice la línea oficial.
El jueves 27 de noviembre del 2008, el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, desayunó en su despacho con un grupo de comunicadores. Uno de los presentes, el analista Leonardo Curzio, me sintetizó la esencia de sus comentarios: la seguridad interna del país está en riesgo grave porque el Ejército se va desgastando ante los carteles que operan en todos lados, porque no se obtiene la colaboración deseada de los gobernadores y presidentes municipales (en especial algunos del Partido Revolucionario Institucional), y porque el presidente no se lanza contra aquellos políticos que presuntamente protegen o toleran a los capos. El mensaje es creíble porque hay suficiente evidencia sobre el sometimiento del Ejecutivo a los poderes fácticos.
Uno de los casos más surrealistas es el de Elba Esther Gordillo quien está al timón, simultáneamente, de tres buques de gran calado: dirige el sindicato de profesores con un millón de miembros, controla un partido político (Nueva Alianza) que tiene un crecimiento sostenido, y acumula cargos públicos en los cuales pone y quita a sus incondicionales. Como La Maestra (así se le llama coloquialmente) fue determinante en la poco clara victoria electoral de Calderón, éste le paga el favor de diferentes maneras. En los últimos días cambió al titular de la Lotería Nacional, una dependencia con presupuesto multimillonario, porque así lo deseaba La Maestra.
¿Es México un Estado fallido? No en términos generales, porque el Estado todavía controla la mayor parte del territorio. Sin embargo, la situación se empaña cuando se piensa en ciudades e instituciones en donde la presencia del Estado es testimonial porque quienes controlan los hilos del poder son los narcos. La sensación de que marchamos hacia el precipicio se acentúa por la desorganización y la tibieza con la cual Felipe Calderón enfrenta la corrupción y la desorganización que, junto con la desigualdad y la impunidad, desangran y debilitan a la sociedad y al Estado.
México ya está en la lista negra de los Estados fallidos. El Gobierno de Felipe Calderón lo niega con indignación. ¿Quién tiene la razón?
De cuando en cuando nacen conceptos para categorizar nuevas realidades. Es el caso con Estado fallido (failed States), popularizado por el índice anual de la revista Foreign Policy. El término define a Estados que perdieron el control sobre partes del territorio, que vieron achicarse su monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza o que son incapaces de proporcionar servicios públicos adecuados.
México ha sido colocado en esa categoría. En diciembre del 2008 fue la revista Forbes y en enero fue el Departamento de Defensa estadounidense. El Gobierno mexicano reaccionó con celeridad y Pablo Ordaz, corresponsal de EL PAÍS en México, relata como, "durante una hora y tres minutos, Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores" trató de demostrar, con "datos en la mano que, pese a su sangriento día a día, "México no es un Estado fallido" (17 de enero del 2009).
El Procurador General, Eduardo Medina Mora, también repite, con argumentos razonablemente convincentes, la versión oficial según la cual la responsabilidad la tienen los gobernantes previos que permitieron el auge del narco. De ahí surge la esperanza porque, señores y señoras, ya se inició la construcción del futuro: el Gobierno de Felipe Calderón es diferente y está triunfando pese a las apariencias. Para alzarse con la victoria requiere, eso sí, del respaldo de la comunidad internacional, y en especial de Estados Unidos. También pide, exige, implora la unidad nacional.
Quienes vivimos en México padecemos la inseguridad y, en mi caso, inicio la jornada deseando escuchar al Gobierno dar un buen parte de batalla. Luego me voy desanimando cuando observo zarandearse al Estado, cual patera en mar huracanado. Lo ningunean los narcos y los gobernadores y los grandes empresarios y hasta los vendedores ambulantes que se roban la luz...
Este Gobierno sí paga las consecuencias de una herencia del pasado, pero su frivolidad lingüística, su falta de coordinación y sus contradicciones empeoran la situación.
Felipe Calderón y Barack Obama se entrevistaron el 12 de enero en Washington. Fue un encuentro discreto y sin grandes anuncios. Nada más salir de la reu-nión, Calderón informó haberle propuesto al "presidente Obama que hagamos una alianza estratégica entre nuestros gobiernos" para enfrentar problemas como el de la seguridad. ¿Es consciente Calderón de las
implicaciones de una alianza estratégica? ¿Está buscando, acaso, que Washington asigne a México el estatus de Major Non-NATO Ally (Aliado principal fuera de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte) como Japón, Israel y Filipinas? Difícil que así sea porque en México no se ha discutido tal nivel de cercanía. Estamos, más bien, ante una licencia literaria para subrayar la urgencia del apoyo externo en la guerra contra el narco.
En el interior de cualquier Gobierno hay diferencias, pero corresponde al líder controlarlas. Desde que empezó la guerra dos de los principales mandos (Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, y Eduardo Medina Mora, procurador General de la República) libran un enfrentamiento sordo, mientras el titular de la Defensa Nacional contradice la línea oficial.
El jueves 27 de noviembre del 2008, el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, desayunó en su despacho con un grupo de comunicadores. Uno de los presentes, el analista Leonardo Curzio, me sintetizó la esencia de sus comentarios: la seguridad interna del país está en riesgo grave porque el Ejército se va desgastando ante los carteles que operan en todos lados, porque no se obtiene la colaboración deseada de los gobernadores y presidentes municipales (en especial algunos del Partido Revolucionario Institucional), y porque el presidente no se lanza contra aquellos políticos que presuntamente protegen o toleran a los capos. El mensaje es creíble porque hay suficiente evidencia sobre el sometimiento del Ejecutivo a los poderes fácticos.
Uno de los casos más surrealistas es el de Elba Esther Gordillo quien está al timón, simultáneamente, de tres buques de gran calado: dirige el sindicato de profesores con un millón de miembros, controla un partido político (Nueva Alianza) que tiene un crecimiento sostenido, y acumula cargos públicos en los cuales pone y quita a sus incondicionales. Como La Maestra (así se le llama coloquialmente) fue determinante en la poco clara victoria electoral de Calderón, éste le paga el favor de diferentes maneras. En los últimos días cambió al titular de la Lotería Nacional, una dependencia con presupuesto multimillonario, porque así lo deseaba La Maestra.
¿Es México un Estado fallido? No en términos generales, porque el Estado todavía controla la mayor parte del territorio. Sin embargo, la situación se empaña cuando se piensa en ciudades e instituciones en donde la presencia del Estado es testimonial porque quienes controlan los hilos del poder son los narcos. La sensación de que marchamos hacia el precipicio se acentúa por la desorganización y la tibieza con la cual Felipe Calderón enfrenta la corrupción y la desorganización que, junto con la desigualdad y la impunidad, desangran y debilitan a la sociedad y al Estado.
Desnudan policías a monjas para comprobar su sexo
Detienen en Guanajuato a dos religiosas que pedían limosna y las someten a escrutinio sin ropa para verificar que eran mujeres. Se inició ya averiguación por el delito de abuso de autoridad
XOCHITL ALVAREZ, CORRESPONSAL
EL UNIVERSAL
GUANAJUATO, GTO. VIERNES 06 DE FEBRERO DE 2009
12:33
Dos religiosas de la congregación de la Inmaculada Concepción de María, del estado de Michoacán, fueron detenidas cuándo pedían limosna, por policías preventivos del municipio de Dolores Hidalgo, quienes las obligaron a desnudarse al comparecer en la barandilla.
"Las obligaron a quitarse el hábito solamente para comprobar que eran mujeres”, censuró el sacerdote Faustino Pérez Cortés, al acompañar a las “hermanas” a presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
La delegación del Ministerio Público inició la averiguación previa 24/2009 por el delito de abuso de autoridad.
En tanto que este viernes la Procuraduría de los Derechos Humanos requirió al alcalde de Dolores Hidalgo, Luis Gerardo Rubio Valdés un informe detallado sobre los hechos para la apertura de una queja oficiosa.
miércoles, 4 de febrero de 2009
Reprueba la ciudadanía combate a inseguridad
Revela encuesta de Consulta Mitosky, auspiciada por México Unido contra la Delincuencia, que ocho de cada 10 mexicanos rechazan avances en el combate al secuestro y más de 60% de la población es escéptica en torno a la depuración policiaca
EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO MIÉRCOLES 04 DE FEBRERO DE 2009
12:58
A cinco meses de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, la mayor parte de la ciudadanía no cree que haya mejorado la situación de inseguridad que aqueja al país, de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky, auspiciada por la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD).
De mil ciudadanos encuestados entre noviembre de 2008 y enero de este año, 49.2% reportó no percibir ninguna mejoría en materia de seguridad, frente a 22.6% que respondió afirmativamente, y casi ocho de cada 10 no ven avances en el combate al secuestro, destacó la presidenta de MUCD, María Elena Morera.
La activista, junto con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, presentaron en conferencia de prensa los resultados de la "Encuesta de percepción ciudadana sobre la seguridad en México", que pone en duda el cumplimiento de los compromisos que asumió el gobierno federal sobre este tema el 19 de septiembre de 2008.
En el rubro de combate al secuestro, 48.6 % de los encuestados consideran que se ha hecho poco para fortalecer los mecanismos de persecución de este delito, 29.8 % cree que nada se ha hecho (78.4% entre ambos) y sólo 16.4 % considera que sí se ha hecho mucho.
Los encuestados manifestaron su escepticismo también en materia de depuración de las instituciones de seguridad pública, pues 59.1% cree que ha habido poco avance; 19.7% cree que ninguno y sólo 19.4% cree que se ha hecho mucho para cumplir este objetivo.
En cuanto a la situación de seguridad respecto del año anterior, una gran mayoría de los encuestados en el centro del país, 75.4%, consideró que está peor o igual.
Roban 40 mil pesos de hotel en San Miguel Allende
El inmueble
Miércoles, 04 de Febrero de 2009
CORREO
Cuatro hombres, uno de ellos armado, se llevaron lo ganado el fin de semana
San Miguel de Allende
El recepcionista de un importante hotel en San Miguel de Allende fue asaltado por cuatro hombres, uno de ellos armado con una pistola, quienes lo despojan de 40 mil pesos que se habían cobrado durante el fin de semana por el servicio a turistas.
En el parte informativo de la dirección de Seguridad Pública de San Miguel de Allende se dio a conocer sobre el robo al Hotel Refugio del Molino, ubicado sobre la calle Salida Real a Querétaro.
Según el documento, el sistema de emergencias 066 recibió el reporte de alerta del robo minutos después de las 21:00 horas, cuando habían pasado tan sólo unos minutos de los hechos.
El recepcionista del hotel, explicó a los elementos de Seguridad Pública que acudieron a atender el reporte que 4 hombres, uno de ellos portando una pistola, lo amagaron, lo amarraron de pies y manos con cinta canela y lo encerraron en el baño para lograr el robo.
Explicó que los ladrones se llevaron de la caja registradora cerca de 40 mil pesos, los cuales pertenecían al cobro de la prestación del servicio durante el fin de semana y luego huyeron del lugar con rumbo desconocido.
Los elementos de Seguridad Pública no tuvieron más opción que recomendar al afectado acudir al Ministerio Público para interponer su denuncia penal por el asalto.
viernes, 30 de enero de 2009
Encabezará Alcalá asamblea de ciudades patrimonio como presidenta
La alcaldesa de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, encabezará su primera Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial (ANCMPM), en su calidad de nueva presidenta del organismo, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 31 de enero en la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz.
Con la presencia del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y la asistencia de los presidentes municipales de Campeche, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Querétaro, Zacatecas, San Miguel de Allende, Tlacotalpan así como de la Ciudad de México, se desarrollará este encuentro en el marco de las fiestas patronales de La Candelaria.
Fernando Ariza de la Fuente, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad, indicó que dentro de la agenda propuesta a tratar en la primera Asamblea General Ordinaria de 2009, se discutirá el programa de trabajo para el presente ciclo.
Agregó que se considera revisar los status de la aplicación de recursos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), de la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), instancias que el año pasado financiaron la ejecución de proyectos específicos para las ciudades que pertenecen a la ANCMPM.
A la par de estas actividades, dijo el funcionario, se informará a los 10 alcaldes el presupuesto con el que la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, cuenta para este 2009 con el fin de ejercerlo en diferentes acciones y actividades, principalmente de promoción nacional e internacional de las llamadas "Joyas de México".
El funcionario adelantó que durante la Asamblea se presentarán los avances del Programa Patrimonio y de la Guía Visual, así como se hará la presentación de la publicación de la revista de la ANCMPM, que en esta ocasión, su edición está dedicada a Tlacotalpan.
Finalmente, Ariza de la Fuente explicó que dentro de esta agenda de trabajo se encuentra la discusión de la gestión del Decreto Federal de Estímulos Fiscales, que de concretarse, se reflejará en importantes apoyos a las 10 ciudades.
Con la presencia del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y la asistencia de los presidentes municipales de Campeche, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Querétaro, Zacatecas, San Miguel de Allende, Tlacotalpan así como de la Ciudad de México, se desarrollará este encuentro en el marco de las fiestas patronales de La Candelaria.
Fernando Ariza de la Fuente, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad, indicó que dentro de la agenda propuesta a tratar en la primera Asamblea General Ordinaria de 2009, se discutirá el programa de trabajo para el presente ciclo.
Agregó que se considera revisar los status de la aplicación de recursos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), de la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), instancias que el año pasado financiaron la ejecución de proyectos específicos para las ciudades que pertenecen a la ANCMPM.
A la par de estas actividades, dijo el funcionario, se informará a los 10 alcaldes el presupuesto con el que la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, cuenta para este 2009 con el fin de ejercerlo en diferentes acciones y actividades, principalmente de promoción nacional e internacional de las llamadas "Joyas de México".
El funcionario adelantó que durante la Asamblea se presentarán los avances del Programa Patrimonio y de la Guía Visual, así como se hará la presentación de la publicación de la revista de la ANCMPM, que en esta ocasión, su edición está dedicada a Tlacotalpan.
Finalmente, Ariza de la Fuente explicó que dentro de esta agenda de trabajo se encuentra la discusión de la gestión del Decreto Federal de Estímulos Fiscales, que de concretarse, se reflejará en importantes apoyos a las 10 ciudades.
miércoles, 28 de enero de 2009
Denuncian corrupción en el caso jurídico de Juan Gabriel
ABOGADOS Eduardo Alvarado y Claudio Guiza, defensores de Marie Gertrude Thompson viuda de Trott.
El Sol del Bajío
26 de enero de 2009Alma Gabriela Pérez
San Miguel de Allende, Gto.- Los abogados titulares del caso de la canadiense americana Marie Gertrude Thompson viuda de Trott contra el cantautor Juan Gabriel y su hijo Iván Aguilera Salas, señalaron lentitud en el litigio, debido a que comenzó en el año 2001 y a la fecha no acaba. Señalaron que es gracias a la complacencia y complicidad de las autoridades judiciales del estado.
Los abogados Claudio Guiza Santoyo y Eduardo Alvarado Rocha, representantes legales de la parte afectada, en este caso la señora Thompson viuda de Trott, indicaron que con la complicidad de las autoridades judiciales del estado, en un caso excepcional, se han hecho cómplices. Desconocen si es por la causa de la fama de Juan Gabriel, pero señalan que se han enfrentado a un tortuoso procedimiento judicial que ha durado 8 años.
El licenciado Eduardo Alvarado Rocha señaló que ya tienen una sentencia ejecutariada, firme, definitiva y modificable en beneficio de la señora Trott, dueña de las propiedades en litigio, en este caso el rancho "Tierras de Paz", ahora denominado por el cantante Juan Gabriel, como rancho "Los Gabrieles", ubicado sobre la carretera a Dolores Hidalgo y tiene una extensión aproximada de 7 hectáreas y 5 mil metros cuadrados de construcción.
"En este país, nadie puede ser dueño de algo si no lo ha pagado, como en cualquier país occidental. Lamentablemente aquí, nos hemos enfrentado a lo largo de todos estos años con una serie de personas nefastas, que se han encargado de corromper el sistema de impartición de justicia del estado", mencionó el licenciado Alvarado.
El rancho fue vendido a Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, en la cantidad de 2 millones y medio de dólares, cantidad que el cantante pagó la mitad como enganche comprometiéndose a pagar el resto en un año, cosa que no ocurrió. No pagó por sinvergüenza señalaron.
Dijeron que Juan Gabriel es un tipo conflictivo que es perseguido por Hacienda en México por no pagar impuestos al igual que en Estados Unidos. "Ha llegado a negar, incluso el conocimiento personal de la señora. A lo largo de este juicio plagado de mentiras, de estulticias, de sinvergüenzonadas, de malondronadas y de payasadas, que lamentablemente han sido consentidas, sino es que toleradas o a veces en complicidad de parte de ciertas autoridades, en donde nos ha costado mucho trabajo prevalecer la verdad, por lo intrincado del por si ya sistema judicial mexicano", indicó el abogado Alvarado.
Respecto a la pelea legal que ha emprendido Juan Gabriel en este caso, lo consideraron como sinvergüenza y cínico que pretende apoderarse una propiedad sin pagarla. Agregaron que la asesoría jurídica que recibe el cantante está llena de mentiras y que en base a presuntas influencias de carácter jurídico, han querido amedrentarlos.
La permanencia en el rancho del sobrino de Juan Gabriel de nombre Antonio Aguilera, se debe a que le fue entregada la posesión, debido a que se firmó un contrato con reserva de dominio, que en el sentido jurídico se señala que el propietario sigue siendo el dueño hasta que se le termine de pagar. En este caso, hubo traslado de posesión (detentación material de un bien), con la promesa incondicional de pago de la segunda parte de lo convenido, que nunca se efectuó. El pasado 9 de enero, se llevó a cabo el embargo del rancho en base a la ejecución de sentencia, ante el incumplimiento de pago. Los bienes de Juan Gabriel fueron asegurados por los abogados para poder garantizar el pago a lo que está condenado, que es un millón 250 mil dólares, unos 16 millones de pesos, que no ha podido o querido pagar. Sobre el monto de lo embargado, el dato lo tienen los peritos valuadores en la materia.
Entre los bienes del rancho, hay todavía muebles de la señora Trott que Juan Gabriel le pidió prestados y otros más "desaparecieron". Los abogados esperan justicia pronta y expedita, la cual no han recibido. "Las dos cosas han cambiado a partir de que la presidencia del Tribunal de Justicia del Estado la asumió la licenciada Raquel Barajas Monjarás, de quien yo no tengo una queja ni mucho menos, al contrario, yo creo que en lo general, todos los abogados litigantes nos hemos dado cuenta de los enormes avances que hemos tenido bajo su presidencia, pero esperamos justicia pronta y expedita y es algo que no ha ocurrido en este caso. Ni hemos recibido justicia... a través de una larga batalla jurídica en donde nos hemos tenido que enfrentar a una bola de abogados sinvergüenzas, chicaneros y tramposos y que muchas veces han contado con la complicidad de jueces igualmente venales y corruptos", indicó Alvarado.
Señaló que esta situación la han denunciado en su oportunidad ante las mismas autoridades, que en San Miguel de Allende un grupo de abogados le hacen un daño terrible a la impartición de justicia. "Por excepción, por los intereses muy particulares que hemos en esta comunidad, hay una intromisión espantosa en la impartición de justicia y en su corrupción".
Unos cuantos detentan el poder en San Miguel dice el FACS
ASPECTO del Centro Histórico de San Miguel de Allende.
El Sol del Bajío26 de enero de 2009
Alma Gabriela Pérez
San Miguel de Allende, Gto.- Miembros del Frente Amplio Cívico Sanmiguelense (FACS) denunciaron a través de un comunicado que hay un grupo de poder encabezado supuestamente por el actual Senador de la República, Luis Alberto Villarreal García. Indican que este grupo ha acaparado el poder en el municipio para cumplir sus propios fines y sus caprichos, además de enriquecerse con la repartición de cargos públicos.
El FACS está integrado por "un grupo de sanmiguelenses, independientes de cualquier credo o corriente política", que se han dedicado a analizar los acontecimientos del municipio.
En su reciente comunicado, aseguran que un grupo de personas encabezadas por Luis Alberto Villarreal se han beneficiado con la repartición de cargos públicos en los cuales cobran altos sueldos y que no cumplen el perfil de servidor público. Señalaron algunos casos de presunta corrupción, como que el Ayuntamiento sobrepasó el tope salarial para sus integrantes y que el sueldo del presidente municipal está por arriba de la recomendación hecha por el congreso del estado.
Mencionaron que el congreso del estado "puso en evidencia la corrupción en el trienio de Luis Alberto Villarreal y estando como secretario del Ayuntamiento Jesús Correa, pues vendieron vehículos supuestamente chatarra en cantidades irrisorias", mencionan como ejemplo, que un Tsuru Nissan pick up modelo 1993, se vendió en 500 pesos y un chevrolet 1993 en 6 mil pesos, indicaron que el síndico municipal en ese momento, Juan Pascualli, quien pretende ser diputado federal, debió tomar cartas en el asunto ya que era su obligación proteger los intereses del municipio.
En el 2008, se enteraron de que el gobierno municipal fue castigado por la federación, por supuesto manejo indebido de dinero destinado al combate de la pobreza por más de 20 millones. Indicaron que se pretendía concesión millonaria para "ciertas personas (amigos o socios)" para la colocación de parquímetros. Agregaron que en la actual administración municipal, se ha realizado un gasto excesivo de publicidad, "pues a falta de acciones de gobierno efectivas, Correa y Franyutti (Filkenstein) pretenden engañar a la población con una publicidad masiva, repitiendo hasta el cansancio que llevan un buen gobierno, bajo la idea de que una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad", además dijeron que el gasto de publicidad para este año es de 3.7 millones de pesos
Mencionaron el caso del intento de entregar el edificio de presidencia municipal en un comodato de 99 años, presuntamente para beneficiar a incondicionales de Villarreal. Integrantes del FACS dijeron que estas son sólo algunas anomalías que han detectado y que piensan puede haber más.
Este escrito, lo reparten y sacan copias para distribuirlos entre la población, según ellos, para que no sucedan más actos de esta naturaleza en San Miguel de Allende y que no hayan más gobernantes corruptos.
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