Por: América Ortiz,
Sábado, 03 de Enero de 2009
CORREO
SAN MIGUEL DE ALLENDE
Mañana domingo, Francesco Bandarin, presidente de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco, acudirá a San Miguel de Allende para entregar el documento que acredita oficialmente a las 93 manzanas del centro histórico de este municipio y al Santuario de Jesús Nazareno, ubicado en Atotonilco, como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
A este acto acudirá el gobernador del estado Juan Manuel Oliva Ramírez, quien recibirá el documento que acredita a este municipio como parte de la lista de las ciudades en el mundo reconocidas por su belleza y conservación, y éste a su vez se la entregará al alcalde Jesús Correa Ramírez.
Cabe destacar que posteriormente el gobierno local abrirá una Subdirección de Patrimonio Cultural de la Humanidad, la cual tendrá a su cargo las acciones y gestiones para mantener y dar continuidad a la preservación y conservación de la zona declarada.
Para tal acción el Ayuntamiento aprobó eliminar la coordinación del centro histórico, la cual dejará de funcionar en la segunda quincena de enero, cuando entre en funciones la coordinación patrimonio cultural de la humanidad
Espacio virtual que se ha convertido en un foro abierto a todos los sanmiguelenses que estén preocupados y ocupados en el futuro ecológico, social, político, económico, arquitectónico y cultural de nuestro Municipio. Envía tus fotos, denuncias, comentarios a: bastayasma@gmail.com
sábado, 3 de enero de 2009
jueves, 1 de enero de 2009
martes, 30 de diciembre de 2008
Crearán Subdirección que trate temas del Patrimonio Cultural
Por: Roberto C. López,
Lunes, 29 de Diciembre de 2008
Correo
Se convertiría en el único en tener una oficina especializada, de los lugares con la declaración
SAN MIGUEL DE ALLENDE
En sesión de Ayuntamiento, el Cabildo autorizó la creación de una Subdirección Especializada en Patrimonio Cultural que dependerá del municipio.
Cristóbal Franyuti, secretario del Ayuntamiento, señaló además que esta Subdirección convertirá a San Miguel de Allende en la primera ciudad mexicana Patrimonio de la Humanidad que cuente con una oficina especializada en el tema.
El secretario del Ayuntamiento dijo que por tal motivo desaparecerá la oficina de Centro Histórico tratando de reubicar a los empleados con los que ahora cuenta dicha oficina y que realizarán un análisis del catálogo de puestos y manual de operaciones para las personas especializadas en el cuidado de las 93 manzanas declaradas Patrimonio de la Humanidad.
La nueva Subdirección podría estar lista para el 21 de enero, aniversario del general Ignacio Allende y fecha en la que se colocarán las placas alusivas a que el municipio ya es oficialmente Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El municipio está obligado a colocar placas alusivas para que la gente que visite estas zonas sepa que este es un sitio catalogado con un valor universal excepcional.
En la misma sesión, como apoyo a los artesanos sanmiguelenses, se aprobó también de manera unánime la propuesta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública que solicitó la Confederación de Asociación de Artesanos de San Miguel de Allende, A.C. para que se reestructure la cantidad a pagar mensualmente de 700 pesos establecida inicialmente y sea modificada a 350 pesos mensuales de la tercera sección del andador Lucas Balderas.
Por último, con 12 votos a favor, el Ayuntamiento desafecto y donó un predio de propiedad municipal ubicado en el fraccionamiento Las Alamedas de este municipio al gobierno del estado por conducto de la Secretaría de Educación para la construcción de una Secundaria General.
Lunes, 29 de Diciembre de 2008
Correo
Se convertiría en el único en tener una oficina especializada, de los lugares con la declaración
SAN MIGUEL DE ALLENDE
En sesión de Ayuntamiento, el Cabildo autorizó la creación de una Subdirección Especializada en Patrimonio Cultural que dependerá del municipio.
Cristóbal Franyuti, secretario del Ayuntamiento, señaló además que esta Subdirección convertirá a San Miguel de Allende en la primera ciudad mexicana Patrimonio de la Humanidad que cuente con una oficina especializada en el tema.
El secretario del Ayuntamiento dijo que por tal motivo desaparecerá la oficina de Centro Histórico tratando de reubicar a los empleados con los que ahora cuenta dicha oficina y que realizarán un análisis del catálogo de puestos y manual de operaciones para las personas especializadas en el cuidado de las 93 manzanas declaradas Patrimonio de la Humanidad.
La nueva Subdirección podría estar lista para el 21 de enero, aniversario del general Ignacio Allende y fecha en la que se colocarán las placas alusivas a que el municipio ya es oficialmente Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El municipio está obligado a colocar placas alusivas para que la gente que visite estas zonas sepa que este es un sitio catalogado con un valor universal excepcional.
En la misma sesión, como apoyo a los artesanos sanmiguelenses, se aprobó también de manera unánime la propuesta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública que solicitó la Confederación de Asociación de Artesanos de San Miguel de Allende, A.C. para que se reestructure la cantidad a pagar mensualmente de 700 pesos establecida inicialmente y sea modificada a 350 pesos mensuales de la tercera sección del andador Lucas Balderas.
Por último, con 12 votos a favor, el Ayuntamiento desafecto y donó un predio de propiedad municipal ubicado en el fraccionamiento Las Alamedas de este municipio al gobierno del estado por conducto de la Secretaría de Educación para la construcción de una Secundaria General.
Permite Dirección de Ecología la explotación de un cerro en SMA
Por:San Miguel de Allende,
Martes, 30 de Diciembre de 2008
Correo
Los permisos que tenía en su poder empresario salmantino están vencidos
Con un permiso presuntamente vencido, un empresario sanmiguelense explota un banco de tierra que resulta ser un cerro ubicado en la entrada a San Miguel de Allende, y pese a que la dirección de Desarrollo Urbano ya trató de clausurar la acción por afectaciones que éste generó a vecinos del predio, el propietario se amparó y ahora sólo la Dirección de Ecología es quien podría detenerlo, pero hacen caso omiso a la situación.
SACA DE MÁS
El cerro se ubica en la entrada de San Miguel de Allende, proveniente de la carretera que viene de Celaya, y el empresario Raúl Araiza es quien tenía un permiso de explotación como banco de material desde el 2000 y presuntamente éste se venció hace algunos años, además de que se excedió en el volumen de tierra a retirar.
Tal acción incluso generó afectaciones a predios de propietarios vecinos, como al del Señor Iñaki García. El director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Ángel Gastelum, confirmó esta situación y aseguró que a mediados de este 2008 clausuró la explotación del banco de material, pero sólo duró cerrado un mes, porque el propietario se amparó y debió retirar los sellos de clausura.
Explicó que la clausura fue sustentada en las afectaciones que la expropiación de la tierra generaba a los vecinos del predio, pero no prosperó. Sin embargo, informó que el día que clausuró también iba personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, pues esta área fue la que entregó el permiso, pero desde el año 2000, por tanto ya se venció, pero éstos no quisieron poner sellos de clausura.
El director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, mencionó que ahora el asunto ya está fuera de su competencia y manifestó que ahora es esa dependencia la que le corresponde clausurar la acción, debido a que se realiza sin los permisos correspondientes por parte de esta área, además de que se sabe ya rebasaron los volúmenes de extracción de tierra.
De manera extraoficial se sabe que la tierra que se está sacando de este banco de material fue vendido a unos empresarios para la construcción de un centro comercial ubicado en el libramiento Manuel Zavala Zavala.
Martes, 30 de Diciembre de 2008
Correo
Los permisos que tenía en su poder empresario salmantino están vencidos
Con un permiso presuntamente vencido, un empresario sanmiguelense explota un banco de tierra que resulta ser un cerro ubicado en la entrada a San Miguel de Allende, y pese a que la dirección de Desarrollo Urbano ya trató de clausurar la acción por afectaciones que éste generó a vecinos del predio, el propietario se amparó y ahora sólo la Dirección de Ecología es quien podría detenerlo, pero hacen caso omiso a la situación.
SACA DE MÁS
El cerro se ubica en la entrada de San Miguel de Allende, proveniente de la carretera que viene de Celaya, y el empresario Raúl Araiza es quien tenía un permiso de explotación como banco de material desde el 2000 y presuntamente éste se venció hace algunos años, además de que se excedió en el volumen de tierra a retirar.
Tal acción incluso generó afectaciones a predios de propietarios vecinos, como al del Señor Iñaki García. El director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Ángel Gastelum, confirmó esta situación y aseguró que a mediados de este 2008 clausuró la explotación del banco de material, pero sólo duró cerrado un mes, porque el propietario se amparó y debió retirar los sellos de clausura.
Explicó que la clausura fue sustentada en las afectaciones que la expropiación de la tierra generaba a los vecinos del predio, pero no prosperó. Sin embargo, informó que el día que clausuró también iba personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, pues esta área fue la que entregó el permiso, pero desde el año 2000, por tanto ya se venció, pero éstos no quisieron poner sellos de clausura.
El director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, mencionó que ahora el asunto ya está fuera de su competencia y manifestó que ahora es esa dependencia la que le corresponde clausurar la acción, debido a que se realiza sin los permisos correspondientes por parte de esta área, además de que se sabe ya rebasaron los volúmenes de extracción de tierra.
De manera extraoficial se sabe que la tierra que se está sacando de este banco de material fue vendido a unos empresarios para la construcción de un centro comercial ubicado en el libramiento Manuel Zavala Zavala.
lunes, 29 de diciembre de 2008
Urbanismo y corrupción
CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN
EL PAÍS
La reciente sentencia condenatoria del ex alcalde y de otros cinco ex concejales de Gondomar por un delito continuado de prevaricación urbanística nos vuelve a poner en contacto con el urbanismo municipal como una de las principales fuentes de corrupción en Galicia. Dicha condena viene a coincidir con la comparecencia del fiscal superior de Galicia ante el Parlamento gallego, en la cual, a la vez que nos dibuja un sombrío panorama del urbanismo en nuestra comunidad, nos ofrece un diagnóstico certero del fenómeno y nos propone unas medidas encaminadas a combatir lo que acertadamente se ha calificado en la ciencia política como la gran amenaza del Estado democrático. Desde luego, es digna de elogio ya en sí misma la actividad de la Fiscalía superior, que, entre otros asuntos de relevancia jurídico-penal, se ha centrado en el estudio del urbanismo como "fuente de riesgo de comportamientos corruptos". No obstante, lo verdaderamente trascendente es, a mi juicio, que, más allá de los aspectos puramente represivos, en dicho informe se haga especial hincapié en los aspectos preventivos en sentido estricto, basados en el análisis de las causas del problema.
Constituye un escándalo que un alcalde pueda ser también promotor inmobiliario
La corrupción ha estado concentrada principalmente en el ámbito de la Administración local debido a problemas en el diseño institucional que dan lugar a fallos en los sistemas de control. Y la razón reside fundamentalmente en el hecho de que los ayuntamientos poseen una especie de varita mágica (próxima al milagro de los panes y los peces), que permite que un particular obtenga enormes beneficios: se trata de las recalificaciones de suelo seguidas de licencia para construir, de tal manera que con una mera decisión administrativa el valor de la mercancía del suelo se puede multiplicar, y la plusvalía va a parar íntegramente al dueño del suelo.
A esta razón básica hay que añadir unos factores potenciadores de la corrupción, entre los que cabe resaltar la endémica insuficiencia presupuestaria de los municipios, la cual abrió el camino a la práctica de financiarse a través de las recalificaciones: ciertamente, en muchos casos éstas nacieron con la intención de acometer proyectos o mejorar servicios necesarios, pero era inevitable que pronto surgiese la tentación de recurrir a ellas como mecanismo para paliar otras deficiencias y, a la postre, para el enriquecimiento personal de cargos públicos, promotores y constructores sin escrúpulos. Por lo demás, existen otras causas favorecedoras de la corrupción en el ámbito municipal, como, singularmente, la concurrencia de un régimen muy laxo de incompatibilidades, a diferencia del régimen estricto que existe en la Administración central y en la autonómica: así, por ejemplo, constituye un escándalo que un alcalde pueda ser también promotor inmobiliario o socio de múltiples sociedades dedicadas a la construcción dentro de su propio municipio.
Ante este diagnóstico existe una serie de obvias medidas preventivas de actuación, a las que aludió el Fiscal superior de Galicia, y que pueden verse también en el reciente Manifiesto del Grupo de Estudios de Política Criminal sobre corrupción urbanística. Algunas de ellas fueron ya incluidas en la Ley del suelo de 2007, pero, si se quiere realmente atajar esta lacra, habría que acudir a las verdaderas raíces del problema: ante todo, acabar con las recalificaciones y expropiar el terreno rústico por lo que vale, para que después sea la Administración la que encargue la urbanización; en segundo lugar, revisar las fuentes de financiación municipal, con el objetivo de reforzar las potestades financieras y tributarias de los ayuntamientos, para que impedir que el urbanismo se convierta en fuente ilegal de financiación; en tercer lugar, instaurar controles independientes en los ayuntamientos, reforzando la autonomía, autoridad y competencia de los órganos técnicos locales encargados de verificar la legalidad de las actuaciones administrativas y permitiendo que sus informes sean tenidos en cuenta en instancias supramunicipales.
Finalmente, no hay que olvidar que también la Administración autonómica puede desempeñar una importante misión al respecto, en la medida en que tiene atribuidas amplias competencias. Así, entre otras actuaciones, mediante los planes de ordenación territorial puede estructurar el territorio más allá de los intereses de los municipios, y, a través de las agencias autonómicas de disciplina urbanística, puede establecer un mayor control en las inspecciones.
EL PAÍS
La reciente sentencia condenatoria del ex alcalde y de otros cinco ex concejales de Gondomar por un delito continuado de prevaricación urbanística nos vuelve a poner en contacto con el urbanismo municipal como una de las principales fuentes de corrupción en Galicia. Dicha condena viene a coincidir con la comparecencia del fiscal superior de Galicia ante el Parlamento gallego, en la cual, a la vez que nos dibuja un sombrío panorama del urbanismo en nuestra comunidad, nos ofrece un diagnóstico certero del fenómeno y nos propone unas medidas encaminadas a combatir lo que acertadamente se ha calificado en la ciencia política como la gran amenaza del Estado democrático. Desde luego, es digna de elogio ya en sí misma la actividad de la Fiscalía superior, que, entre otros asuntos de relevancia jurídico-penal, se ha centrado en el estudio del urbanismo como "fuente de riesgo de comportamientos corruptos". No obstante, lo verdaderamente trascendente es, a mi juicio, que, más allá de los aspectos puramente represivos, en dicho informe se haga especial hincapié en los aspectos preventivos en sentido estricto, basados en el análisis de las causas del problema.
Constituye un escándalo que un alcalde pueda ser también promotor inmobiliario
La corrupción ha estado concentrada principalmente en el ámbito de la Administración local debido a problemas en el diseño institucional que dan lugar a fallos en los sistemas de control. Y la razón reside fundamentalmente en el hecho de que los ayuntamientos poseen una especie de varita mágica (próxima al milagro de los panes y los peces), que permite que un particular obtenga enormes beneficios: se trata de las recalificaciones de suelo seguidas de licencia para construir, de tal manera que con una mera decisión administrativa el valor de la mercancía del suelo se puede multiplicar, y la plusvalía va a parar íntegramente al dueño del suelo.
A esta razón básica hay que añadir unos factores potenciadores de la corrupción, entre los que cabe resaltar la endémica insuficiencia presupuestaria de los municipios, la cual abrió el camino a la práctica de financiarse a través de las recalificaciones: ciertamente, en muchos casos éstas nacieron con la intención de acometer proyectos o mejorar servicios necesarios, pero era inevitable que pronto surgiese la tentación de recurrir a ellas como mecanismo para paliar otras deficiencias y, a la postre, para el enriquecimiento personal de cargos públicos, promotores y constructores sin escrúpulos. Por lo demás, existen otras causas favorecedoras de la corrupción en el ámbito municipal, como, singularmente, la concurrencia de un régimen muy laxo de incompatibilidades, a diferencia del régimen estricto que existe en la Administración central y en la autonómica: así, por ejemplo, constituye un escándalo que un alcalde pueda ser también promotor inmobiliario o socio de múltiples sociedades dedicadas a la construcción dentro de su propio municipio.
Ante este diagnóstico existe una serie de obvias medidas preventivas de actuación, a las que aludió el Fiscal superior de Galicia, y que pueden verse también en el reciente Manifiesto del Grupo de Estudios de Política Criminal sobre corrupción urbanística. Algunas de ellas fueron ya incluidas en la Ley del suelo de 2007, pero, si se quiere realmente atajar esta lacra, habría que acudir a las verdaderas raíces del problema: ante todo, acabar con las recalificaciones y expropiar el terreno rústico por lo que vale, para que después sea la Administración la que encargue la urbanización; en segundo lugar, revisar las fuentes de financiación municipal, con el objetivo de reforzar las potestades financieras y tributarias de los ayuntamientos, para que impedir que el urbanismo se convierta en fuente ilegal de financiación; en tercer lugar, instaurar controles independientes en los ayuntamientos, reforzando la autonomía, autoridad y competencia de los órganos técnicos locales encargados de verificar la legalidad de las actuaciones administrativas y permitiendo que sus informes sean tenidos en cuenta en instancias supramunicipales.
Finalmente, no hay que olvidar que también la Administración autonómica puede desempeñar una importante misión al respecto, en la medida en que tiene atribuidas amplias competencias. Así, entre otras actuaciones, mediante los planes de ordenación territorial puede estructurar el territorio más allá de los intereses de los municipios, y, a través de las agencias autonómicas de disciplina urbanística, puede establecer un mayor control en las inspecciones.
domingo, 28 de diciembre de 2008
Ciudadanos informados
Reforma
Gabriel Zaid
28 Dic. 08
Los ciudadanos participan en la vida política (si participan), en primer lugar, como votantes que no entienden bien la información oficial o periodística, pero van a las urnas, frente a millones que ni se toman el trabajo de votar.
Un segundo grado de participación, menos frecuente, consiste en identificarse con personajes y partidos, como los espectadores que no practican un deporte, pero siguen las peripecias de sus equipos favoritos, y en ocasiones se apasionan hasta la violencia.
Todavía son menos los que entran formalmente a un partido, si no es como requisito para hacer carrera. Los que se afilian como simples voluntarios pronto descubren que son usados por los dueños del negocio: los militantes, burócratas y funcionarios públicos que hacen carrera de buscar el poder y sus ventajas; y cuyo servicio público, cuando son institucionales, consiste en crear oportunidades de poder, para sí mismos y para repartir.
Pocos escriben a los periódicos o a las autoridades para señalar errores, denunciar abusos o dar su opinión; aunque el número parece estar creciendo, a pesar de que, en la práctica, el efecto suele ser nulo, cuando no negativo.
Pero no es tan escaso el deseo de participar. Hay un millón de ciudadanos dispuestos a ser movilizados como voluntarios para los trabajos organizados por el IFE, cuando hay elecciones; o a desfilar por convicción, no por los pagos en especie o dinero, ni por la obligación de pasar lista ante quienes los pueden perjudicar. Y son decenas de millones los que se mueven por su cuenta o en grupos reducidos, para atender solidariamente a otros, al margen de los partidos y el gobierno.
La falta de confianza, de información y, sobre todo, de canales adecuados impide la participación. No es fácil que los ciudadanos se interesen en lo que ni siquiera entienden, y en ese caso están las Grandes Cuestiones destacadas por la prensa y la propaganda. En el otro extremo están las pequeñas cuestiones de las cuales sí entienden, pero en las cuales no pueden intervenir.
Sería bueno que cada ciudadano entendiera bien las Grandes Cuestiones y se formara su propia opinión, antes de votar. Pero es difícil. No todos tienen la preparación o el tiempo necesarios para leer y digerir todo lo que hay que saber. Votan en gran parte a oscuras, como los diputados y senadores aprueban o rechazan leyes que no entienden, a pesar de que supuestamente se dedican a estudiarlas a tiempo completo y pueden pagar asesores y viajes al extranjero para informarse mejor. Los funcionarios están en el mismo caso. Si fueran sometidos a pruebas de conocimiento de las infinitas leyes que promueven, aprueban y deben hacer cumplir, reprobarían.
Ni los que se dedican a informar están bien informados. La prensa tiene malicia política, pero no muchos reporteros que entiendan de cuestiones legales, económicas, agrícolas, petroleras, aeronáuticas, militares, empresariales, culturales, etc. La propaganda del gobierno y los partidos prefiere hacer comerciales, y ¿cuánto informan veinte o treinta palabras? Los tecnócratas mismos no saben tanto como se supone, ni están dispuestos a reconocer su ignorancia. Consideran indeseable y hasta peligroso que haya ciudadanos informados con opiniones propias.
En el otro extremo, millones de mexicanos saben perfectamente qué está mal en esto y en aquello. Lo saben por experiencia: lo han vivido, pero no pueden intervenir. Se trata siempre de cuestiones concretas, despreciadas por los que andan en las nubes de las Grandes Cuestiones y viven de las Grandes Cuestiones.
Los que supuestamente saben, porque están en el poder, o porque tienen doctorados y dominan las ciencias del pizarrón, no están para pequeñeces. Hablarles de un foco fundido, una zanja mortal, un trámite ridículo, un extorsionador en la ventanilla 27, un inocente que denunció un delito y fue arrestado, un medicamento que no hay, una señal de tránsito equivocada, un recibo de luz que es un robo, un maestro irresponsable o abusivo es una ofensa a su dignidad.
No son los ciudadanos, sino los funcionarios, los que están mal informados del país en que viven. Pero hacerles ver esto o aquello es dificilísimo. Casi no hay más recurso que el amparo: una vía desproporcionada, costosa, fuera del alcance de la mayor parte de los ciudadanos y que le sirve únicamente (si le sirve) al que se amparó, no a los demás que están en el mismo caso. Los grupos de vecinos, de consumidores, de víctimas de la inseguridad o de afectados por los servicios y poderes públicos no están facultados para intervenir. Tienen derecho a votar, pero no a meterse en lo que sí les importa.
Gabriel Zaid
28 Dic. 08
Los ciudadanos participan en la vida política (si participan), en primer lugar, como votantes que no entienden bien la información oficial o periodística, pero van a las urnas, frente a millones que ni se toman el trabajo de votar.
Un segundo grado de participación, menos frecuente, consiste en identificarse con personajes y partidos, como los espectadores que no practican un deporte, pero siguen las peripecias de sus equipos favoritos, y en ocasiones se apasionan hasta la violencia.
Todavía son menos los que entran formalmente a un partido, si no es como requisito para hacer carrera. Los que se afilian como simples voluntarios pronto descubren que son usados por los dueños del negocio: los militantes, burócratas y funcionarios públicos que hacen carrera de buscar el poder y sus ventajas; y cuyo servicio público, cuando son institucionales, consiste en crear oportunidades de poder, para sí mismos y para repartir.
Pocos escriben a los periódicos o a las autoridades para señalar errores, denunciar abusos o dar su opinión; aunque el número parece estar creciendo, a pesar de que, en la práctica, el efecto suele ser nulo, cuando no negativo.
Pero no es tan escaso el deseo de participar. Hay un millón de ciudadanos dispuestos a ser movilizados como voluntarios para los trabajos organizados por el IFE, cuando hay elecciones; o a desfilar por convicción, no por los pagos en especie o dinero, ni por la obligación de pasar lista ante quienes los pueden perjudicar. Y son decenas de millones los que se mueven por su cuenta o en grupos reducidos, para atender solidariamente a otros, al margen de los partidos y el gobierno.
La falta de confianza, de información y, sobre todo, de canales adecuados impide la participación. No es fácil que los ciudadanos se interesen en lo que ni siquiera entienden, y en ese caso están las Grandes Cuestiones destacadas por la prensa y la propaganda. En el otro extremo están las pequeñas cuestiones de las cuales sí entienden, pero en las cuales no pueden intervenir.
Sería bueno que cada ciudadano entendiera bien las Grandes Cuestiones y se formara su propia opinión, antes de votar. Pero es difícil. No todos tienen la preparación o el tiempo necesarios para leer y digerir todo lo que hay que saber. Votan en gran parte a oscuras, como los diputados y senadores aprueban o rechazan leyes que no entienden, a pesar de que supuestamente se dedican a estudiarlas a tiempo completo y pueden pagar asesores y viajes al extranjero para informarse mejor. Los funcionarios están en el mismo caso. Si fueran sometidos a pruebas de conocimiento de las infinitas leyes que promueven, aprueban y deben hacer cumplir, reprobarían.
Ni los que se dedican a informar están bien informados. La prensa tiene malicia política, pero no muchos reporteros que entiendan de cuestiones legales, económicas, agrícolas, petroleras, aeronáuticas, militares, empresariales, culturales, etc. La propaganda del gobierno y los partidos prefiere hacer comerciales, y ¿cuánto informan veinte o treinta palabras? Los tecnócratas mismos no saben tanto como se supone, ni están dispuestos a reconocer su ignorancia. Consideran indeseable y hasta peligroso que haya ciudadanos informados con opiniones propias.
En el otro extremo, millones de mexicanos saben perfectamente qué está mal en esto y en aquello. Lo saben por experiencia: lo han vivido, pero no pueden intervenir. Se trata siempre de cuestiones concretas, despreciadas por los que andan en las nubes de las Grandes Cuestiones y viven de las Grandes Cuestiones.
Los que supuestamente saben, porque están en el poder, o porque tienen doctorados y dominan las ciencias del pizarrón, no están para pequeñeces. Hablarles de un foco fundido, una zanja mortal, un trámite ridículo, un extorsionador en la ventanilla 27, un inocente que denunció un delito y fue arrestado, un medicamento que no hay, una señal de tránsito equivocada, un recibo de luz que es un robo, un maestro irresponsable o abusivo es una ofensa a su dignidad.
No son los ciudadanos, sino los funcionarios, los que están mal informados del país en que viven. Pero hacerles ver esto o aquello es dificilísimo. Casi no hay más recurso que el amparo: una vía desproporcionada, costosa, fuera del alcance de la mayor parte de los ciudadanos y que le sirve únicamente (si le sirve) al que se amparó, no a los demás que están en el mismo caso. Los grupos de vecinos, de consumidores, de víctimas de la inseguridad o de afectados por los servicios y poderes públicos no están facultados para intervenir. Tienen derecho a votar, pero no a meterse en lo que sí les importa.
No queremos realidades, ¡sino promesas!
Jean Meyer
El Universal
28 de diciembre de 2008
Queremos promesas porque las realidades, que se deban a las acciones o a las omisiones humanas, colectivas y personales, son bastante pesadas. Veamos un breve inventario de las cuentas pendientes que 2008 pasa a 2009.
Primero, la crisis económica mundial que algunos vieron venir desde 1997 y 1998 cuando reventó la burbuja de los .com y, ciertamente, el año pasado cuando empezó el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. No hay mal que por bien no venga: recuerdo que hace unos meses alguien escribió que para salvar al planeta necesitamos una “pequeña recesión”. Y es que crecer y crecer como meta universal tiene algo de suicida, ¿o no? No es demasiado tarde para empezar las obras de reparación, desde la reforma del sistema financiero mundial, como pide Paul Krugman, el Nobel de Economía, hasta una revolucionaria estrategia energética: que México dé el ejemplo y piense más allá de sus hidrocarburos, que enfrente la reflexión sobre lo nuclear, por ejemplo, y se dote de una red ferrocarrilera moderna, tanto para el transporte de las mercancías como de las personas.
Segundo: la actividad criminal del narcotráfico nos encuentra de nuevo en primera línea, si bien es un problema mundial, en el que producción y consumo, distribución, venta y blanqueamiento del dinero implican millones, decenas de millones de personas, pobres y ricas, y de empresas comerciales, industriales, financieras.
El narco ha permeado nuestras instituciones políticas y administrativas, la justicia y la seguridad, desde abajo hasta arriba; la actividad de nuestros sicarios ha costado, cifras oficiales, cerca de 6 mil vidas y ha invadido el país vecino, puesto que el gobierno de Guatemala ha declarado que nuestro cártel del Golfo controla todo el departamento de Huehuetenango. ¿Estaremos reconstituyendo el imperio mexicano del tiempo de Iturbide, conquistando a toda Centroamérica? ¡Qué orgullo!
En el campo internacional los riesgos son grandes y evidentes. Como hace cinco años, Paquistán e India, dos potencias nucleares, se encuentran en una peligrosa tensión, después de los atentados perpetrados en Bombay/Mumbay por un comando islamista paquistaní; que la organización terrorista que montó la operación esté prohibida y condenada por Karachi, desde 2002, no basta para calmar el juego. Además, Paquistán, atrapado en el conflicto afgano, está al borde del colapso y el caos; su ruina tendría consecuencias incalculables en Asia.
La guerra de Afganistán es uno de los tantos conflictos interminables, como la de Irak, la guerra en Sri Lanka entre los Tigres Tamules y el gobierno, las guerras que se suceden sin parar en el gigantesco Congo, corazón de África, en Sudán con el Darfur que implica a los países vecinos, empezando por Chad; la guerrilla kurda repunta en el sureste de Turquía y conecta con Irak; al norte de Turquía el Cáucaso es un polvorín que afecta Armenia, Azerbaidzhan, Georgia, Rusia y sus pequeñas repúblicas autónomas. No se puede olvidar la disputa geopolítica con potencial destructivo mayor que es la cuestión palestina que implica, además de israelíes y palestinos, Irán, Siria, Líbano y todo el Medio Oriente. La bomba de tiempo sigue con su tic-tac…
Un tic-tac que nos lleva a mencionar la proliferación de las armas nucleares y demás de destrucción masiva, grandes o miniaturizadas, que comprará, algún día, el narco o algún dictador. El terrorismo, puramente político, de corte nacionalista y étnico, va a la par con el terrorismo político-religioso y ambos han tejido lazos sustanciales con el narcotráfico y todos tipos de actividades criminales.
La solución a todo lo enumerado hasta ahora depende de nosotros, de nuestros gobiernos, pero ¿podemos hacer algo para parar el recalentamiento del planeta o sólo podremos adaptarnos a sus efectos? Peor tantito, ¿cómo, si no poner fin, a lo menos frenar la “sexta extinción” de toda forma de vida, vegetal, animal, microorgánica, que nuestro “desarrollo” explosivo ha puesto en marcha? Afrontar todos estos problemas no resueltos necesita inteligencia y voluntad; necesita sentido común, pero, para obtener resultados debemos formar un verdadero “nosotros” a dos niveles, un “nosotros los mexicanos” y un “nosotros global”, puesto que tenemos una sola Tierra, como lo demuestra el incesante flujo migratorio que transforma el mundo de sur a norte y de oriente a poniente.
Mi meta en ese último artículo del año no es suscitar la angustia, sino ver la realidad de frente para formular, para exigir promesas que puedan mejorar nuestro mundo. ¡Feliz Año!
jean.meyer@cice.edu
Profesor investigador del CIDE
El Universal
28 de diciembre de 2008
Queremos promesas porque las realidades, que se deban a las acciones o a las omisiones humanas, colectivas y personales, son bastante pesadas. Veamos un breve inventario de las cuentas pendientes que 2008 pasa a 2009.
Primero, la crisis económica mundial que algunos vieron venir desde 1997 y 1998 cuando reventó la burbuja de los .com y, ciertamente, el año pasado cuando empezó el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. No hay mal que por bien no venga: recuerdo que hace unos meses alguien escribió que para salvar al planeta necesitamos una “pequeña recesión”. Y es que crecer y crecer como meta universal tiene algo de suicida, ¿o no? No es demasiado tarde para empezar las obras de reparación, desde la reforma del sistema financiero mundial, como pide Paul Krugman, el Nobel de Economía, hasta una revolucionaria estrategia energética: que México dé el ejemplo y piense más allá de sus hidrocarburos, que enfrente la reflexión sobre lo nuclear, por ejemplo, y se dote de una red ferrocarrilera moderna, tanto para el transporte de las mercancías como de las personas.
Segundo: la actividad criminal del narcotráfico nos encuentra de nuevo en primera línea, si bien es un problema mundial, en el que producción y consumo, distribución, venta y blanqueamiento del dinero implican millones, decenas de millones de personas, pobres y ricas, y de empresas comerciales, industriales, financieras.
El narco ha permeado nuestras instituciones políticas y administrativas, la justicia y la seguridad, desde abajo hasta arriba; la actividad de nuestros sicarios ha costado, cifras oficiales, cerca de 6 mil vidas y ha invadido el país vecino, puesto que el gobierno de Guatemala ha declarado que nuestro cártel del Golfo controla todo el departamento de Huehuetenango. ¿Estaremos reconstituyendo el imperio mexicano del tiempo de Iturbide, conquistando a toda Centroamérica? ¡Qué orgullo!
En el campo internacional los riesgos son grandes y evidentes. Como hace cinco años, Paquistán e India, dos potencias nucleares, se encuentran en una peligrosa tensión, después de los atentados perpetrados en Bombay/Mumbay por un comando islamista paquistaní; que la organización terrorista que montó la operación esté prohibida y condenada por Karachi, desde 2002, no basta para calmar el juego. Además, Paquistán, atrapado en el conflicto afgano, está al borde del colapso y el caos; su ruina tendría consecuencias incalculables en Asia.
La guerra de Afganistán es uno de los tantos conflictos interminables, como la de Irak, la guerra en Sri Lanka entre los Tigres Tamules y el gobierno, las guerras que se suceden sin parar en el gigantesco Congo, corazón de África, en Sudán con el Darfur que implica a los países vecinos, empezando por Chad; la guerrilla kurda repunta en el sureste de Turquía y conecta con Irak; al norte de Turquía el Cáucaso es un polvorín que afecta Armenia, Azerbaidzhan, Georgia, Rusia y sus pequeñas repúblicas autónomas. No se puede olvidar la disputa geopolítica con potencial destructivo mayor que es la cuestión palestina que implica, además de israelíes y palestinos, Irán, Siria, Líbano y todo el Medio Oriente. La bomba de tiempo sigue con su tic-tac…
Un tic-tac que nos lleva a mencionar la proliferación de las armas nucleares y demás de destrucción masiva, grandes o miniaturizadas, que comprará, algún día, el narco o algún dictador. El terrorismo, puramente político, de corte nacionalista y étnico, va a la par con el terrorismo político-religioso y ambos han tejido lazos sustanciales con el narcotráfico y todos tipos de actividades criminales.
La solución a todo lo enumerado hasta ahora depende de nosotros, de nuestros gobiernos, pero ¿podemos hacer algo para parar el recalentamiento del planeta o sólo podremos adaptarnos a sus efectos? Peor tantito, ¿cómo, si no poner fin, a lo menos frenar la “sexta extinción” de toda forma de vida, vegetal, animal, microorgánica, que nuestro “desarrollo” explosivo ha puesto en marcha? Afrontar todos estos problemas no resueltos necesita inteligencia y voluntad; necesita sentido común, pero, para obtener resultados debemos formar un verdadero “nosotros” a dos niveles, un “nosotros los mexicanos” y un “nosotros global”, puesto que tenemos una sola Tierra, como lo demuestra el incesante flujo migratorio que transforma el mundo de sur a norte y de oriente a poniente.
Mi meta en ese último artículo del año no es suscitar la angustia, sino ver la realidad de frente para formular, para exigir promesas que puedan mejorar nuestro mundo. ¡Feliz Año!
jean.meyer@cice.edu
Profesor investigador del CIDE