Avalan ley contra tráfico de influencias

Pablo Gómez calificó de injusto que a la reforma se le relacione sólo con el ex senador Diego Fernández de Cevallos

Claudia Guerrero
REFORMA

Ciudad de México (17 abril 2007).- El Senado de la República aprobó este martes por unanimidad reformas a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para prohibir a los legisladores aprovechar su cargo para cometer el delito de tráfico de influencias.

Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que el uso de las instituciones para fines personales implicaría la degradación del sistema democrático.

Los escándalos generados por diversos legisladores que incurrieron en faltas, recordó, han perjudicado a todo el Congreso.

El vicecoordinador de la bancada panista, Humberto Aguilar, aseguró que el Artículo 62 de la Constitución, objeto de la reforma, tenía 90 años sin revisión alguna en su redacción.

También reconoció las dificultades que implicó alcanzar un consenso.

"A toda costa se evitó la tentación de los señalamientos (...) en Acción Nacional luchamos a toda costa no ponerle apellido a la reforma.

"Estamos en contra del tráfico de influencias y el abuso del privilegio del cargo. A las Cámaras se llega a servir a los ciudadanos, esta labor no concede privilegios", dijo.

El senador del PRD, Pablo Gómez, calificó de injusto que a la reforma se le relacione sólo con el presunto conflicto de interés protagonizado por el ex senador del PAN, Diego Fernández de Cevallos, quien, desde su despacho de abogados, ha litigado en contra del Estado mexicano.

Sin embargo, aseguró que el panista se convirtió en un emblema en la discusión contra el tráfico de influencias.

"Fernández de Cevallos no es el único que ha actuado de esa forma, no hay que ser injustos. ¡Claro que Fernández de Cevallos es emblemático! Es el emblema de esta situación", dijo.

En respuesta, el promotor de la reforma, el panista Rubén Camarillo, se pronunció por no colocar etiquetas personales a la reforma y celebró que a pesar de las polémicas, el tema haya alcanzado consensos.

"(Que) Podamos estar trabajando sin la sospecha de que en el uso de nuestras atribuciones pudiéramos tener beneficios irregulares e ilegales. El buen juez por su casa empieza.

"Qué bueno que el PAN lo propuso, sino porque está contenido en los principios de doctrina de Acción Nacional", expresó.

A nombre del PVEM, Jorge Legorreta, reconoció que la imagen de los legisladores se encuentra muy desgastada, por lo que es necesario legislar en la materia.

Los cambios legales, propuestos desde octubre de 2006, establecen que la violación a las nuevas normas se castigará con la pérdida del cargo.

La propuesta impide a los representantes populares litigar contra el Estado, y prohíbe mantener un empleo adicional al de legislador.

Los diputados y senadores, durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna comisión o empleo de la Federación, de los estados, del Distrito Federal y sus delegaciones, los municipios o cualquier otro ente público, por los cuales disfrute de remuneración, sin licencia de la Cámara respectiva.

Para poder hacerlo, deberán cesar sus funciones representativas mientras dura la ocupación respectiva.

"La misma regla se observará con diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción a esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador", se advierte.

Según la reforma aprobada con 106 votos a favor en el pleno, los legisladores tendrán prohibido usar el erario para fines personales y, solicitar o recibir dinero o dádivas a cambio de su voto, ya sea a favor o en contra de cualquier proyecto.

Actualmente, existe una prohibición para que los legisladores desempeñen otros cargos en la Federación y los estados, pero la reforma la hace extensiva también al Distrito Federal y sus delegaciones, los municipios o cualquier otro ente público, por los cuales se disfrute de remuneración.

También se les prohíbe intervenir en asuntos que les signifiquen conflicto de interés directo y representar, por sí o por interpósita persona, intereses patrimoniales de terceros frente a los de cualquier ente o persona moral de derecho público, salvo los casos de excepción que expresamente señale la ley.

Adicionalmente, se regula la posibilidad de los legisladores para realizar trabajos de gestión en asuntos de interés público, social o gremial ante autoridades de otros poderes y órdenes de Gobierno.

Se obliga incluir en su declaración patrimonial, la información de sus familiares y dependientes económicos.

La propuesta, que fue turnada a la Cámara de Diputados, establece la obligación de los legisladores de excusarse de votar o firmar dictamen en asuntos en los que tengan interés personal.

Incluye la prohibición de los legisladores para realizar diversas actividades que se consideran incompatibles con su función, entre ellas, el uso de recursos públicos para fines personales; recibir dinero o dádivas para influir en asuntos legislativos; gestionar la celebración de actos jurídicos ante autoridades que le generan ganancias, o inducir a un funcionario a una acción u omisión de su competencia que le reporte beneficios y litigar contra el Estado.