9 de febrero del 2007.
He leido el artículo de Jesús Ibarra sobre algunas comunidades rurales del municipio de Allende y pareciera que pocos municipios en México podrían tener una mayor inequidad en la distribución de recursos, servicios y bienes.
Mientras que el programa 3 X 1, obliga a las comunidades a invertir en los servicios públicos a que tienen derecho como todos, agua, luz, drenaje, caminos)en la Ciudad de San Miguel, se realizan transacciones millonarias en bienes raices en dólares, se proporcionan todos los servicios (agua, electrificación, pavimentación, drenaje) casi de manera inmediata a grandes constructores y desarrolladores para lujosos condominios y casas de fin de semana así como de centros comerciales y se bombea agua desde la parte baja en la Lejona hasta la parte Alta a la Luciérnaga sin que los vecinos de colonias pobres la puedan utilizar.
De acuerdo con las cifras publicadas, la mitad aproximada de los habitantes del municipio viven en 539 comunidades rurales, es decir, más de 68000 personas. El presupuesto destinado al desarrollo social, según el Director de Desarrollo Social y Humano del Municipio, es de 4,344,000 pesos, lo que corresponde a poco más de 8,000 pesos por comunidad y poco más de 63 pesos por habitante.
El incremento al presupuesto para servicios a las comunidades este año fue de menos del 1%. Cien de estas comunidades no tienen agua, o luz o caminos y lo mismo pasa con muchas colonias de la ciudad y muchos de sus habitantes viven en la extrema pobreza.
Para el señor Juan Rodríguez, Subdirector de Desarrollo Social, "hay comunidades que nunca han sido beneficiadas con algún programa del gobierno debido a su falta de organización y participación comunitaria". Por su parte el Director Tellez expresa, " Si la gente de la comunidad se organiza y se acerca a nosotros, nosotros gestionaremos los servicios que están solicitando, de acuerdo a los recursos que tengamos y a la cantidad de solicitudes."
Cómo pueden organizarse dichas comunidades si muchos de sus miembros son ancianos y niños y las pocas mujeres tienen que trabajar duro para mantener a sus familias pues los hombres optaron por ir a los EUA o trabajan fuera de la comunidad por salarios ínfimos. Si no tienen caminos, mucho menos medio de transporte y mucho menos dinero para venir a la ciudad a "proponer un proyecto" que les cuesta a ellos antes que a las autoridades. Y encima, tienen que agradecerles el favor con votos.
Muchos nos preguntamos, cuándo se organizaron los vecinos de la Luciérnaga, para que a pesar de no tener agua en la zona, SAPASMA, les esté bombeando agua desde un pozo de la parte baja de la ciudad, les haya conectado el drenaje y los vecinos de las colonias cercanas estén pagando el agua a la Luciérnaga, como se dió a conocer en el Foro del jueves18 de enero.
Por qué se exige organización y participación a los miembros de las comunidades más pobres del municipio y aquí en la cabecera los funcionarios públicos se aumentan el 45% a sus salarios; se van a París 12 días a proponer a San Miguel de Allende como ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad; se gastan miles de pesos en la presentación del "Informe de los Cien Días" (cuando no llevaban ni 60 días hábiles pues se tomaron 3 semanas de vacaciones), entre muchas otras.
Me parece que debe empezar a haber más congruencia en la administración pública muncipal y sobre todo, más recursos destinados a obras que beneficien a muchos sanmiguelenses y no a unos cuantos, pero sobre todo ajustándose a la ley, que es pareja para todos.
Como declaró el presidente municipal en el acto cívico del 5 de febrero "la aplicación de la norma es lo que da confianza a la gente". No lo olvide.
Propongo como lo hice público en los foros, que se revoque el aumento a las autoridades municipales, ya que quienes votamos por ellos no lo hicimos por este descarado aumento. Que dichos dineros se destinen a programas que otorguen servicios indispensables a las comunidades; y que si durante este año, las autoridades realizan de manera eficiente, eficaz, profesional y sobre todo, transparente su función pública, la cual pueda ser evaluada con resultados tangibles y comprobables, les autoricemos el año siguiente un aumento decoroso acorde a la situación económica y social del municipio.
Lorea San Martín
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