El Comercio
En Ecuador
Las iniciativas incluyen a la participación ciudadana como un derecho. Una exige más requisitos para ser veedor.Si la idea es que no sea el Estado quien audite los contenidos de los medios y determine que se puede ver, oír y escuchar, ¿quién debe hacerlo? Las tres propuestas de Ley de Comunicación sugieren que la ciudadanía se organice para sugerir temas y llamar la atención a los medios cuando estos atenten contra un derecho, aunque dicha apreciación puede ser subjetiva.
Sin embargo, las veedurías y los observatorios deberán recurrir a otra instancia, como el Consejo de Comunicación, para que sus acciones puedan incidir realmente en el trabajo de los medios y, si es necesario, las sanciones se hagan efectivas. Incluso, para conformarse, según el proyecto de Gobierno, deberán tener al menos 20 integrantes y ninguno de ellos deberá tener participación accionaria ni trabajar en los medios.
La pregunta es ¿cómo garantizar que las veedurías sean órganos independientes? y ¿quién debe integrar estos observatorios que representarán a toda la ciudadanía? Tres expertos opinan al respecto.
Una participación mucho más activa
Ley del Gobierno
Artículo 7. A fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos establecidos en el artículo anterior y los demás que consagra la presente Ley de Comunicación, las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos sociales organizarse de conformidad con las leyes vigentes a fin de constituir organizaciones que tengan por objeto promover y defender esta Ley.
Artículo 42. El Consejo Nacional de la Comunicación e Información estará integrado, también, por tres representantes de la ciudadanía, elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana.
Ley del Foro
Art. 3. Derechos y garantías. Organizar veedurías y observatorios de medios, independientes, y a recibir apoyo del Estado para el cumplimiento de estas tareas.
Art. 26. Es deber de los medios de comunicación social incluir la participación democrática de los distintos sectores de la sociedad.
Art. 29. La organización administrativa y técnica de cada medio público regional y local contará con la participación de representantes sociales de cada nivel, de conformidad con el reglamento de la Ley de Comunicación.
Ley de Montúfar
Artículo 47. Se reconocerán espacios deliberativos de la sociedad civil y audiencias ciudadanas que emitirán criterios indicativos no vinculantes sobre la calidad, formas y contenidos del proceso comunicacional.
Artículo 48. En todos los medios de comunicación actuará un defensor del lector, del radioyente o televidente, el mismo que representará el punto de vista de los usuarios.
Art. 72. El Consejo de Protección de Derechos de la Comunicación tendrá tres vocales ciudadanos.
Puntos de vista
Juan C. Egas/ Consultor
‘La sociedad tiene derecho a intervenir’
Por la naturaleza de la política pública, el espacio de la Ley de Comunicación debe estar abierto a toda la sociedad, que debe conocer lo que ocurre alrededor.
Si bien hablamos de algo que genera poder, el tema de la comunicación siempre va a estar en contradicción con otro poder. Ahora es importante que se ponga sobre la mesa lo concerniente a los medios. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, que son afectados.
Es importante que desde este Gobierno se estén recogiendo las expectativas de lo que los jóvenes quieren ver en los medios de comunicación, pero lo importante es después llegar a un consenso de varios actores.
Es necesario que la ciudadanía participe porque, por ejemplo, puede existir un programa de televisión con el que el Gobierno no esté de acuerdo, pero hay que ver qué piensan los y las jóvenes. Debe ser una decisión de ellos, no de los adultos, porque también tienen capacidad de elegir. No se va a imponer sanciones a medios de comunicación simplemente porque no le gusta al Gobierno de turno.
Las veedurías son importantes siempre y cuando no vengan a reprimir a cierto medio de comunicación. Eso depende más de los procesos de formación individuales. Las veedurías están bien para ámbitos más grandes, no para direccionar a tal o cual canal, sino para crear códigos de convivencia, para lo otro ya existen organismos.
César Cárdenas/ Lid. Social
‘Debe existir un consejo ciudadano’
Los ciudadanos debemos tener la oportunidad de incidir sobre los contenidos en medios, especialmente cuando existe un consenso del contenido social. Incluso debe existir la posibilidad de opinar con lo que sucede en la administración pública.
Lastimosamente muchas veces no se recogen las versiones de las organizaciones y movimientos sociales en relación a temas de trascendencia.
La ciudadanía ha estado desprotegida en los medios de comunicación que lo único que han hecho es recopilar una parte de las posturas y no todo lo que se está haciendo en la ciudadanía y las organizaciones.
Muchas veces algunos medios protegen a los políticos locales. Nosotros en Guayaquil hemos denunciado que se protege demasiado al Alcalde y a las obras que realiza.
Los medios deben desnudar las alianzas que realizan los gobiernos locales, regionales… en relación a servicios básicos y temas de importancia.
Los medios deben tomar en cuenta las observaciones que realiza la ciudadanía con el fin de realizar correcciones efectivas. Debe existir un consejo ciudadano en cada medio de comunicación, este debe orientar a los medios en relación a contenidos desde la visión del ciudadano. En caso de existir sanciones deben ser administrativas, mas no de clausura ya que atentan contra el derecho de los seres humanos a la información.
P. Pacheco/ Exp. en contenidos
‘El ciudadano tiene derecho a reclamar’
La participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales de la propuesta de ley de Panchana, ya que se establece la creación del defensor del público.
Al existir un ente determinado que reciba denuncias, existe una política para que las y los ecuatorianos podamos reclamar nuestros derechos. Antes no existía esta política y tampoco un ente definido a donde acudir y la ciudadanía dejaba pasar por altos los excesos de los medios.
Actualmente existen organismos que velan por los derechos de las y los ciudadanos como la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Participación Ciudadana.
El Estado también proporcionó la línea 1800 Conartel, en donde se recibían varias denuncias que eran el primer paso para que el Consejo empezara a investigar sobre la nocividad de ciertos programas.
El interés de la ciudadanía en el conteniendo de los medios es directamente proporcional al respeto y consideración que tienen sus demandas.
El momento que no existe un organismo que considere las demandas, la ciudadanía desinformada no sabe a quién acudir y pierde el interés.
Las observaciones de la ciudadanía no deben tener un carácter vinculante, ya que deben seguir un determinado proceso de verificación de la denuncia y de análisis de nocividad para luego determinar sanciones
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