Vanguardia
Publicado el: 31-Agosto-2009
En un momento en que la democracia se ha consolidado como la forma de gobierno dominante en las sociedades occidentales, la participación del ciudadano en la selección, diseño, implementación y evaluación de la política pública ha tomado una relevancia creciente. Numerosos grupos con intereses específicos en la vida pública han nacido y ganado fortaleza para intervenir en la toma de decisiones sobre el accionar del Gobierno. Grupos en pro de la equidad de género, de los derechos de los indígenas, del arte y la cultura, la educación o el medio ambiente son un claro ejemplo de la formación de organizaciones independientes a las instituciones políticas tradicionales y anquilosadas.
Existe una infinidad de casos de políticas de participación ciudadana en nuestro país. Sin embargo, a lo largo de mi experiencia (limitada, no lo niego) en el estudio y análisis de este tipo de políticas, son dos los que han capturado mi atención: el Plan de Activación Urbana (PAU) de Tijuana, y el Instituto de Planeación de Ciudad Juárez. Me parecen interesantes debido a que señalan una ruptura en las formas de concebir la participación de los ciudadanos en el accionar de los gobiernos locales y en la vida pública nacional.
El PAU de Tijuana me parece un caso paradigmático porque muestra la importancia que tiene el respaldo de la población para proyectos de infraestructura de gran envergadura. Este plan se concibe después de una temporada de tormentas en el año de 1993, la cual se conjugó con la enorme carencia de infraestructura urbana y el accidentado paisaje de la ciudad para paralizar las actividades durante varias semanas, dejar 4 mil damnificados y privar de la vida a 32 personas. La solución que planteó el gobierno municipal en turno fue un gran plan de infraestructura y equipamiento urbano el cual no desglosaré aquí, pero que puede consultarse en el libro (Gerencia Pública Municipal, M.A.Porrúa-CIDE de Cabrero y Nava).
El PAU era, al menos en términos técnicos, bastante consistente: obedecía a un diagnóstico profundo de la situación de la infraestructura urbana tijuanense y planteaba soluciones profundas con una fuerte inversión de recursos. En resumen, era un mega proyecto integral, técnicamente bien diseñado para mejorar vías de comunicación intraurbanas. No obstante estos atributos, el PAU fracasó en un aspecto esencial: no pudo generar el apoyo político necesario para implementarse. A pesar de haber sido convocado un plebiscito para la aprobación del PAU, diversos grupos con intereses contrarios, como fueron los
vecinos afectados por las obras, asociaciones de propietarios y partidos políticos de oposición (el PRI, fundamentalmente) generaron una fuerza opositora tan
firme que terminaron por asfixiar políticamente el PAU, dejándolo como poco menos que buenos deseos.
Este plan mostró de forma dramática la urgencia de transformar las políticas gubernamentales en políticas públicas, en el marco de la transición democrática del país. Aún más, nos enseñó que la democracia en los gobiernos locales no era un juego y que si bien enriquecía y diversificaba la vida pública, también complejizaba el accionar gubernamental. Caso muy diferente es el Instituto de Planeación de Ciudad Juárez, laureado con el premio Gobierno y Gestión local, que organiza el CIDE. Este instituto es un ejemplo claro de la efectividad de una política que fluye a través de redes ciudadanas.
El comité directivo de este instituto se encuentra cogobernado por 22 representantes de los cuales 11 tienen derecho a voz y voto. A través de los representantes tienen presencia algunas de las instituciones más importantes de Ciudad Juárez, como son el Ayuntamiento, la Sedesol, el Gobierno del Estado, las cámaras empresariales, las universidades y hasta los clubes sociales.
La efectividad de este instituto y del consejo deliberativo que lo gobierna ha quedado probada, ya que se ha mantenido desde 1995 y ha provisto al Gobierno Municipal de estudios e información valiosa para la toma de decisiones, ha elaborado los planes de desarrollo urbano y diagnósticos del diseño y equipamiento urbano. Incluso cuando la generación de consensos al interior del instituto no ha sido sencilla, se han logrado acuerdos que le han vuelto una política madura, operativa, eficaz e innovadora en nuestro país.
El Plan de Activación Urbana y el Instituto Municipal de Planeación de Ciudad Juárez, son dos formas de entender la participación ciudadana en los gobiernos locales de México. Nos han puesto en claro que las políticas públicas exitosas demandan ir más allá de la simple participación consultiva (plebiscitos, encuestas, referéndums etc.). En otras palabras, exigen más de lo público, llaman a la construcción de puentes para el diálogo, la negociación y la implementación de acciones colectivas complejas que demarcarán una nueva faceta de la relación gobierno–ciudadanos.
fco.aldama@gmail.com
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