La Jornada
Notimex
Publicado: 28/04/2009 15:48
Se establece que las fuerzas policiacas deben actuar con respeto a los derechos humanos, otorgar atención médica a detenidos y asumir su responsabilidad cuando ésta sea ilegítima. El dictamen fue turnado al Senado.
México, DF. En una sesión sin discusiones y en medio de tapabocas por la epidemia de la influenza porcina, se aprobó en la Cámara de Diputados la nueva Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública Federal, que pretende evitar excesos en los operativos policiacos y establecer el armamento que pueden usar en su labor.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro y de manera conjunta con dictámenes en materia de equidad y género, propiedad industrial y de instituciones bancarias, se aprobó la citada reforma por 354 votos a favor y seis abstenciones.
El dictamen fue turnado al Senado para su análisis y en el mismo se acota el uso de la fuerza pública para evitar que se utilice en contra de movimientos sociales.
En dicha ley "se establece la obligación de las fuerzas policiacas de actuar con respeto a los derechos humanos, otorgar atención médica a detenidos por la fuerza, así como asumir la debida responsabilidad cuando ésta sea ilegítima".
Señala que en ese último caso se debe de "reparar el daño, así como ofrecer un reconocimiento público del abuso y ofrecer una disculpa a los familiares".
Además, se define el tipo de armas que las fuerzas públicas federales utilizarían, así como las situaciones en que podrían usarlas, pues estarían obligados a negociar con un presunto infractor de la ley antes de someterlo, detenerlo o incluso disparar en su contra.
También podrían usarse armas de fuego intermedias y letales. En el caso de las primeras se consideran los bastones policiales recto y corto, y las esposas de sujeción de muñecas o tobillos serán considerados equipo de apoyo.
La nueva ley indica que el uso de la fuerza se permitiría por legítima defensa, cumplimiento del deber o someter a una persona que se resista a la detención, prevenir delitos y proteger o defender bienes jurídicos tutelados.
El dictamen indica que la actuación de los cuerpos policiacos no es ajena al estado de Derecho cuando se despliega la fuerza pública, ésta debe sujetarse a principios para evitar un uso excesivo e ilegítimo.
Entre los argumentos se indica que se busca "mantener un equilibrio entre el papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la administración de justicia, con la protección a los derechos humanos" y para que el ejercicio del poder no se ejerza sin límite alguno.
La intervención policiaca se justificará sólo para "neutralizar la resistencia o agresión de una persona que infrinja o acabe de infringir alguna disposición jurídica y cumplir órdenes" de aprehensión.
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