Los legisladores afirman que para legislar necesitan tiempo.

Los legisladores afirman que para legislar necesitan tiempo. Necesitan escuchar a todas las fuerzas vivas para producir leyes justas que contemplen el enorme número de excepciones que nuestra sociedad demanda.

Paralelamente, el crimen organizado avanza, mientras en las cámaras se sigue discutiendo las formas y reglas que la ley debe tener para legislar en los tres mundos de ciudadanos que conviven en México.

Los que viven en la economía formal, la economía informal y la economía delincuencial.

La formal asume la responsabilidad y sobre sus hombros gravita la obligación del cumplimiento de la ley en todas sus formas. Sufren y padecer el abuso de las otras dos economías.

La economía informal es un segmento donde trabaja un gran porcentaje de la población, con la cuestionable ventaja de no pagar impuestos y disfrutar gratuitamente de los servicios públicos.

La tercera economía, la delincuencial, se mueve en la penumbra de la impunidad. Utilizan los miembros de la economía informal y, a la postre, se convierte en victimaria de la economía formal.

Del mismo modo, se puede esgrimir la tesis de que nuestra nación está dividida en varios segmentos económicos.

La clase social privilegiada, la acomodada, la trabajadora y los desfavorecidos.

Los privilegiados son encabezados por, los hijos, nietos y bisnietos de la clase política postrevolucionaria. Incluidos, están ahí, “los consentidos del Estado”.

La clase acomodada, , obedece -por sobre todas las cosas- a proteger sus intereses derivados de las utilidades que les generan sus empresas.

La clase trabajadora, que vive al día, porque tiene que subsistir respetando los convencionalismos que la sociedad demanda, y tiene que cumplir con todas las obligaciones que el Estado exige. Es sin duda la más esforzada de todas.

La clase menos favorecida es el reflejo de los errores, la falta de planes y de auténtica voluntad de transformación de los gobernantes.

Por supuesto, entonces, que resulte extremadamente complejo generar leyes que satisfagan y protejan tantas excepciones economías y clases sociales.

En el caso de las diferencias que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la Ley de Extinción de Dominio que incautaria los bienes malhabidos de la delincuencia organizada, las diferencias se minimizarian sobre la base de un Estado de Derecho y sobre el “Principio de la Legalidad”

Una de las preocupaciones es que hay miles de personas que viven de las rentas que les proporciona el alquilar un inmueble o un terreno y que puedan caer en el supuesto de cómplice de la delincuencia organizada al rentar por ignorancia. La solución al tema radica en privilegiar el concepto de “legalidad”. La ley establece que para que se elimine la posibilidad de sospecha, todo arrendador debe suscribir un contrato de arrendamiento, expedir recibo y recibir sólo cheque nominativo.

La incógnita que me preocupa es ¿cuándo los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial se animarán a ponerse de acuerdo en un solo principio?.

Que todo lo que hagamos de hoy en adelante se deba regir sobre las bases de crear un sólido estado de derecho en donde todo lo que los tres poderes realicen se haga sobre el principio inequívoco de la LEGALIDAD.

México tiene que reinventarse, México tiene que verse desde el punto de vista del México que los ciudadanos queremos, no del México que tenemos. Te pido te sumes a SOS para exigir nuestro derecho a vivir con seguridad.

Alejandro Martí.