Municipio más bien pequeño que va a tener un desarrollo urbanístico muy importante y, por tanto, va a a aumentar su suelo construido de forma exponencial hasta quintuplicar su población en muchos casos. Ese es el caldo de cultivo en España para que surja una corruptela vinculada a las recalificaciones y al ladrillo en la que los protagonistas son, de un lado, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento o la comunidad y, de otro, empresarios que aspiran a repartirse el pastel, con técnicos o abogados asesorando a unos y otros y sacando tajada.
Si a esos elementos les sumamos zonas concretas como la costa mediterránea de norte a sur, ciertas áreas de Galicia y Asturias, y en general toda la costa, el trinomio está servido, según fuentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil. Con estos mimbres, no es extraña la afirmación de los investigadores: «El urbanismo da ya más dinero que la droga y las penas son menores. Un terreno se revaloriza de forma exponencial».
Sólo con la intención de recalificar un terreno rústico en urbano comienza a moverse mucho dinero. De ahí, que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) estén ojo avizor: en este momento mantienen abiertas seis operaciones que de aquí a unos meses darán resultados, similares a los que se han producido en Librilla y Totana (Murcia). Otra media docena de asuntos se están siguiendo con detenimiento, pero aún se encuentran en fase preliminar.
Investigaciones vivas
Una de las peculiaridades de este tipo de operaciones es que las detenciones de imputados y los registros son sólo una fase más; son investigaciones «vivas» en las que los documentos intervenidos pueden dar más fruto que todo lo que se haya trabajado hasta ese momento.
Hasta ahora los ayuntamientos en los que la Guardia Civil ha detectado corrupción pertenecen al PP -la Policía ha llevado a cabo golpes en consistorios también del PSOE y de otros partidos-, pero los agentes están convencidos de que el color político de los consistorios «no es ni mucho menos determinante y el paso del tiempo equiparará a los distintos partidos».
La razón tiene que ver con la consideración social: «Si no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas asumibles por la sociedad», resumen fuentes del Grupo de Delitos Urbamísticos. «Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan, se supone) a que se beneficien los contrarios o que te sueltan que lo han hecho todos los que han pasado por ahí antes». Por el momento no se ha encontrado que esa corrupción esté ligada a la financiación de los partidos políticos, «pero eso no quiere decir que no suceda».
Al margen de la crisis
No hay un patrón. La iniciativa de actuaciones corruptas, del pago de comisiones y sobornos, del blanqueo de dinero puede ser tanto de la autoridad pública como del empresario; el elemento común es el ladrillo y el dineral que lleva aparejado. «Aunque persista la crisis y se paralice toda la construcción, tendríamos para investigar varios años», explican gráficamente las fuentes consultadas.
El Grupo de Delitos Urbanísticos es el más joven de la Guardia Civil. Tiene apenas año y medio. Lo forman 25 agentes, bajo el mando de un comandante y se han creado tres puestos en cada Comandancia, en total 162 agentes formados en investigación financiera, blanqueo de capitales y urbanismo. Los iniciales estuvieron en Málaga, Madrid y Murcia, donde más casos de corrupción urbanística se habían detectado. Los juzgados vieron el cielo abierto con la puesta de largo de estas unidades. Casi todos los que tenían causas pendientes relacionadas con el urbanismo en jurisdicción de la Benemérita se las enviaron al nuevo grupo.
Antes de crearse, la Guardia Civil pidió a todas las unidades del Seprona información de las infracciones urbanísticas penales y administrativas detectadas, así como de las edificaciones ilegales levantadas en los últimos tres años. El Grupo recibe denuncias anónimas y otras con nombre y apellidos: una parte nada desdeñable proceden de empresarios que se sienten agraviados por el reparto del pastel. Muchos «afectados» acuden a la Guardia Civil tras fracasar en procesos contenciosos y creer que tienen razón.
La razón tiene que ver con la consideración social: «Si no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas asumibles por la sociedad», resumen fuentes del Grupo de Delitos Urbamísticos. «Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan, se supone) a que se beneficien los contrarios o que te sueltan que lo han hecho todos los que han pasado por ahí antes». Por el momento no se ha encontrado que esa corrupción esté ligada a la financiación de los partidos políticos, «pero eso no quiere decir que no suceda».
Al margen de la crisis
No hay un patrón. La iniciativa de actuaciones corruptas, del pago de comisiones y sobornos, del blanqueo de dinero puede ser tanto de la autoridad pública como del empresario; el elemento común es el ladrillo y el dineral que lleva aparejado. «Aunque persista la crisis y se paralice toda la construcción, tendríamos para investigar varios años», explican gráficamente las fuentes consultadas.
El Grupo de Delitos Urbanísticos es el más joven de la Guardia Civil. Tiene apenas año y medio. Lo forman 25 agentes, bajo el mando de un comandante y se han creado tres puestos en cada Comandancia, en total 162 agentes formados en investigación financiera, blanqueo de capitales y urbanismo. Los iniciales estuvieron en Málaga, Madrid y Murcia, donde más casos de corrupción urbanística se habían detectado. Los juzgados vieron el cielo abierto con la puesta de largo de estas unidades. Casi todos los que tenían causas pendientes relacionadas con el urbanismo en jurisdicción de la Benemérita se las enviaron al nuevo grupo.
Antes de crearse, la Guardia Civil pidió a todas las unidades del Seprona información de las infracciones urbanísticas penales y administrativas detectadas, así como de las edificaciones ilegales levantadas en los últimos tres años. El Grupo recibe denuncias anónimas y otras con nombre y apellidos: una parte nada desdeñable proceden de empresarios que se sienten agraviados por el reparto del pastel. Muchos «afectados» acuden a la Guardia Civil tras fracasar en procesos contenciosos y creer que tienen razón.
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