Desacato en San Nicolás de los Garza

Arturo Rodríguez García
Proceso

San Nicolás de los Garza, N.L., 26 de noviembre (apro).- El futuro político del alcalde panista Zeferino Salgado Almaguer pende de un hilo después de desdeñar dos mandamientos judiciales que lo obligaban a suspender la construcción del centro comercial Citadel, inaugurado el viernes 16, con la asistencia de unas 5 mil personas.

La primera orden judicial se libró a fines del año pasado, antes incluso que se iniciaran las obras del complejo comercial. Un tribunal de Circuito ordenó al alcalde suspender cualquier trámite relacionado con la propiedad que reclaman como suya los hermanos David y Daniel Hinojosa González.

En franco desacato, Salgado Almaguer no sólo facilitó las licencias de construcción, sino que presentó y promovió el proyecto impulsado por la sociedad Román Rodríguez Rubio y Grupo Stiva.

El 6 de diciembre de 2006, en efecto, el alcalde comentó que el centro comercial se erigiría sobre una superficie de 180 mil metros cuadrados, que contaría con 2 mil 200 cajones de estacionamiento, red inalámbrica de Internet, vigilancia las 24 horas y sistema de alarma, circuito cerrado y control de acceso, entre otros.

Con el aval de la autoridad municipal, el proyecto cobró forma rápidamente y, por el momento, alberga un sinnúmero de tiendas, restaurantes y cines, entre los que destacan Sears, Suburbia, Sanborns, C&A, Famsa y Cinépolis.

A pesar de no estar aún concluido, el mall fue inaugurado apenas el día 16 con la presentación de un espectáculo infantil, “El show de los Chicharrines”. En la invitación oficial se anticipaba la presencia del edil panista, pero éste nunca llegó.

Otro apercibimiento

Una semana después de la inauguración del complejo comercial, el ayuntamiento nicolaíta recibió otra orden judicial para frenar las obras.

El juez Carlos Francisco García Malo, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, concedió la razón a los quejosos David y Daniel Hinojosa González, y recomendó al edil detener las construcción del centro comercial ubicado en el predio marcado con el número de expediente catastral 581900316, en la Exhacienda Santo Domingo.

García Malo incluso le recordó al munícipe que el juzgado no ha sido informado del cumplimiento de una orden previa en el mismo sentido.

El conflicto legal por la propiedad comenzó en 2005, cuando Banca Afirme, en calidad de fiduciario, y los fideicomitentes, David y Daniel Hinojosa González, tramitaron un juicio de amparo ante la invasión de su propiedad.

De acuerdo con el expediente judicial, los predios con clasificación catastral 19-003-027 y 19-003-160 están empalmados, y no se ha resuelto la delimitación correspondiente por la justicia federal, por lo que la construcción del centro comercial Citadel debió suspenderse desde el 2006.

El abogado Rubén García Patena, quien conduce la defensa de los hermanos Hinojosa González, sostiene que el alcalde Zeferino Salgado fue notificado sobre la suspensión de esas obras, pero que en el ayuntamiento se valieron de artimañas legales para solapar su continuación.

“Están queriendo interpretar lo que dice un juez federal, cuando una orden judicial se acata o se atienen a las consecuencias por desobedecerla. El municipio no puede evadir su responsabilidad, ya que dio el permiso de construcción, en conocimiento de que había una controversia judicial y, una vez notificándose el amparo, sacaron una artimaña, y otra, y otra, interpretando a su criterio la disposición del juez”.

El 6 de noviembre anterior se otorgó una notificación de suspensión definitiva para las obras de Citadel hasta en tanto no se resuelva el fondo del amparo 1057/2006, que acumula la causa de los hermanos Hinojosa González. Y aun así, la inauguración se efectuó diez días después.

Según García Patena, desde hace trece años los hermanos González Hinojosa y Rodríguez Rubio mantienen una lucha legal a partir de la formación de un fideicomiso de estos últimos con la banca JP Morgan, con el propósito de usufructuar los antiguos terrenos de la exHacienda Santo Domingo, que es de su propiedad pero que, con los años, incrementaron medidas e invadieron a sus vecinos.

En el 2000, un juez civil otorgó la escritura con delimitación de medidas a David Hinojosa González, quien acreditó la propiedad del predio, por lo que al iniciar el proyecto de la plaza Citadel se tramitó el amparo.

“El municipio de San Nicolás de los Garza, haciendo caso omiso a esa controversia, giró el permiso de construcción y el cambio de uso de suelo.

“En tanto, nos dejan sin derecho de audiencia y sin derecho de petición. También sin derecho de resolver la controversia; en tanto Banca Afirme, que es la fiduciaria de David Hinojosa, promueve un amparo en contra del municipio para que no se siga construyendo ni se construya, pero el ayuntamiento sigue siendo omiso”, acusó.

A pesar de haber incurrido en desacato, que es una causal para su destitución previo procedimiento legislativo, el alcalde Zeferino Salgado no ha fijado su postura al respecto.

En tanto se desahoga el proceso legal, cuadrillas de trabajadores prosiguen con la última fase del proyecto ubicado en la avenida Rómulo Garza y carretera a Miguel Alemán.