NO ES MENOR. Para la bancada panista en el Congreso del Estado, notoriamente, las presuntas irregularidades detectadas en el primer semestre del año 2005 de la gestión del ahora senador Luis Alberto Villarreal como alcalde de San Miguel de Allende, no son simples faltas administrativas, sino delitos que deben ser sancionados penalmente.
El pleno de los diputados, en sesión ordinaria del Congreso del Estado el jueves anterior, aprobó devolver al Órgano de Fiscalización Superior el informe de las cuentas públicas relativo a ese periodo de la administración municipal por considerar que hubo deficiencias que derivaron en daños y perjuicios a la hacienda pública, de tal cuenta que se deben deslindar responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Javier González Garza, presidente de la Comisión de Hacienda -de la que también forman parte los legisladores panistas Ruth Lugo Martínez y J. Guadalupe Vera, se tomó esa determinación porque sólo contemplaba "una administrativa y se le regresó… porque estaba muy bajita la sanción y nosotros pensamos que le tocaba más".
Si se tiene en cuenta que la comisión sólo contemplaba sanciones administrativas, y que el dictamen fue avalado inicialmente por los tres diputados panistas, entonces habrá que preguntarse qué sucedió con el documento en el tránsito de su camino al pleno para que modificaran su parecer.
Es posible que el calderonista Luis Alberto Villarreal no compre el pleito que le propone la bancada liderada por Gerardo de los Cobos Silva, miembro de la ultraderecha panista. No obstante que la señal que se le envía es muy clara: en tu administración no se cuidaron bien los dineros de los ciudadanos y eso merece una sanción penal; no se trata de simples equivocaciones, sino de delitos.
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