EL OBSERVATORIO CIUDADANO AMBIENTAL

La reiteradas experiencias, lamentables todas ellas, que han resultado del paso de malos funcionarios por puestos estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de otras dependencias del sector, han dejado un saldo de devastación y desequilibrio ambiental del que el país nunca se recuperará.

Ahí están de testigos, para respaldar la anterior afirmación, los tristemente elocuentes índices que el país ha acumulado, de deforestación, de pérdida de cobertura vegetal, de destrucción de la biodiversidad, de desaparición de especies protegidas, de contaminación de la atmósfera en ciudades y del agua en ríos, lagos y mares, y de infectos tiraderos ilegales de desechos de todo tipo, que han hecho un basurero del territorio nacional. Igual testimonio proporciona la creciente contribución perniciosa de México a peligrosos fenómenos globales, como el del calentamiento climático, que los funcionarios encubren y respecto al cual se resisten a actuar, desdeñando que algún día la humanidad nos lo cobrará. Ahí está también el record de cerrazón burocrática, a los más altos niveles, a modelos, técnicas y tecnologías alternativas que permitan movernos a un mínimo nivel digno de auténtica sustentabilidad.

Detrás de cada uno de estos índices, hay un funcionario que emitió ilegalmente autorizaciones, licencias, permisos o concesiones, o un funcionario que no cumplió con la ley ni con su obligación de hacerla cumplir, a menudo a cambio de un beneficio corrupto, generando un record de impunidad y de ausencia de estado de derecho. Esto ha sucedido ya por demasiado tiempo.

Las organizaciones que firmamos el comunicado que se acaba de leer, anunciamos en el mismo nuestra decisión de proceder a la creación de un “Observatorio Ambiental Ciudadano”, con el mandato permanente de vigilar, de manera cotidiana y sistemática, el desempeño, primero, del titular de la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental y, después, de los titulares de otras direcciones generales de SEMARNAT, como la de Zona Federal Marítimo Terrestre y de Vida Silvestre, donde se otorgan autorizaciones que atentan contra el patrimonio ambiental de los mexicanos.

Tan pronto como nos sea materialmente factible, llevaremos el Observatorio a la PROFEPA, a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Nacional Forestal, entre otras dependencias.

Los patrocinadores del Observatorio designaremos Observadores de tiempo completo, que seguirán de cerca físicamente y con la ley en la mano, a cada uno de los funcionarios adoptados para su vigilancia, analizando sus actos y resoluciones de manera metódica y sistemática, para identificar irregularidades e ilícitos desde su incepción, y tomando las medidas legales necesarias para mantener a esos servidores públicos dentro del cauce del derecho.

Si la dependencia a que pertenecen los funcionarios adoptados está dispuesta a aceptar la invitación, que se le formulará, de que el Observatorio se lleve con la cooperación de la misma mediante el acuerdo de concertación correspondiente, enhorabuena. Si se niega, nada nos detendrá pues, al hacer todo lo anterior, estaremos ejerciendo un derecho y cumpliendo una obligación de corresponsabilidad que nos atribuye expresamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que, en su Artículo 157, claramente dispone que la sociedad tiene el derecho y el deber de participación corresponsable en “la vigilancia” de la política ambiental y de recursos naturales. El mismo precepto obliga a la Secretaría a promover esa participación corresponsable.

Iremos aprendiendo las modalidades que sean menester para hacer eficaz el Observatorio, y nos moveremos con la celeridad con que paulatinamente aseguremos recursos para ello.

Este Observatorio, no persigue solamente asegurar respeto a la ley y certidumbre jurídica para los intereses específicos de las organizaciones ambientalistas que lo instauran, sino también para otros usuarios de la función pública ambiental, que están a menudo a merced de malos funcionarios, y que resultan afectados en sus lícitos y legítimos intereses, como siempre en perjuicio del país y de su desarrollo. Todos requerimos de certidumbre jurídica en materia ambiental, conservacionistas, ambientalistas, investigadores, científicos, inversionistas y desarrollistas. Por ello, invitamos a todos los sectores, especialmente al privado, a apoyar y copatrocinar este esfuerzo.

El Observatorio rendirá un Informe Trimestral de los resultados de las labores de observancia que lleve a cabo, alertando oportunamente de las situaciones que requieran de tratamiento urgente. Con base en la información que recabe el Observatorio, nos habremos de movilizar hacia la propuesta de reformas legislativas impostergables, hasta que las consigamos, en una nueva era del movimiento ambientalista mexicano: Se debe acabar el pisoteo del “derecho a la información ambiental” que consagran los Artículos 159Bis a 159Bis 6 de dicha Ley, que los funcionarios se han acostumbrado a perpetrar con una aplicación perversa de la Ley de Transparencia. Se debe acabar la impunidad mediante el auto-juzgamiento que significa la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se debe acabar la dosis desmedida de discrecionalidad que las leyes generosamente conceden a los funcionarios, en las numerosísimas facultades irrestrictas que les otorgan, y que dificulta la exigencia de rendición de cuentas al no estar constreñidos al desempeño de funciones y atribuciones obligatorias. Pero sobre todo, habremos de exigir que se acabe el tratamiento de ciudadanos de tercera que reciben quienes se interesan en cuidar el patrimonio ambiental de todos, que resulta del escamoteo a reconocer, a todo ciudadano, un interés jurídico específico que le permite acudir a la justicia para defender el medio ambiente. Un instrumento estratégico para la consecución de todas estas metas de la comunidad ambientalista, será precisamente el Observatorio Ambiental Ciudadano.

Alberto Székely
TISzA: Despacho Székely de Defensoría Ambiental
13 de julio de 2007