Morelos: ¡abajo fraccionamientos, arriba pueblos!

Luis Hernández Navarro
La Jornada

Durante la Revolución Mexicana los zapatistas enarbolaron la consigna "¡Abajo haciendas, arriba pueblos!" Hoy, los pueblos del surponiente del estado de Morelos han cambiado el lema histórico por el de "¡Abajo fraccionamientos, arriba pueblos!"

Un grave conflicto afecta a 12 pueblos del sur del estado con los modernos fraccionadores que impulsan desarrollos urbanos en los municipios de Emiliano Zapata, Zacatepec, Puente de Ixtla y Tlaltizapán. Los pobladores exigen la cancelación del permiso para edificar más de 15 mil viviendas en el área.

Los conjuntos inmobiliarios, como el de la unidad La Ciénega, en el municipio Emiliano Zapata, impulsado por la Promotora Tepetzingo, amenazan con agotar el agua de los tres manantiales (Chihuahuita, El Salto y El Zapote) que abastecen a los pueblos de la región. El acuífero que alimenta estos manantiales está siendo explotado por urbanizaciones sin control.

La Cementera Moctezuma, por ejemplo, tiene tres pozos perforados y algunas unidades habitacionales han ido cavando otros. Existe el peligro de que muy pronto estos manantiales se sequen y se deje a 70 mil campesinos y pobladores rurales sin el líquido vital.

El municipio, ubicado a unos kilómetros de Morelos, no cuenta con escuelas suficientes ni vialidades adecuadas ni infraestructura urbana para su conversión en "ciudad dormitorio". La localidad, de origen indígena, está asolada por el analfabetismo y la extrema pobreza.

Las preautorizaciones para la construcción de los nuevos fraccionamientos fueron concedidas por el anterior alcalde panista, Fernando Aguilar Palma, a pesar de que los proyectos no contaban con los permisos requeridos ni con las manifestaciones de impacto ambiental ni con el alineamiento que exige la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los habitantes han denunciado la enorme corrupción que hubo por parte del edil en la cesión de estas autorizaciones. Han presentado demandas ante el Ministerio Público, la Profepa y la Auditoría Superior Gubernamental, pero no han tenido respuesta. El nuevo presidente municipal, el priísta Fernando Aguilar Palma, no se ha diferenciado en lo más mínimo de su antecesor.

Amenazados con quedarse sin el líquido vital, estos pueblos han realizado numerosas gestiones y protestas para impedir que la mancha urbana avance sobre su territorio. Desde 2005 han efectuado todo tipo de trámites sin éxito. La Comisión Nacional del Agua negó que hubiera pozos perforados o que hubiera problemas.

Cansados de no tener respuesta, los pueblos realizaron el 24 de julio de 2006 una manifestación en Emiliano Zapata y tomaron la alcaldía. En las negociaciones con el gobierno del estado llegaron al acuerdo de detener la construcción de casas por la gran cantidad de irregularidades de la inmobiliaria. La suspensión duró apenas tres meses. Durante ese lapso los constructores hicieron los trámites para "regularizarse" y siguieron adelante con su negocio.

En abril de 2007 los pueblos tomaron una vez más la presidencia municipal, ahora en manos del PRI. El nuevo alcalde, dicen los pobladores, no atiende las preocupaciones de la gente, omite atender, además, el problema fundamental de la región: la existencia de los manantiales y el riesgo en el que se encuentran. Nuevamente llegan al acuerdo de cancelar la obra porque los fraccionadores adeudaban pagos. Sin embargo, la suspensión sólo dura un mes.

El 29 de mayo los pueblos van al Congreso del estado y logran que el asunto se discuta en sesión. Los legisladores nombran una comisión para atender el problema, que visita al día siguiente las comunidades y les da razón. Sin embargo, las obras siguen.

Dos días más tarde, los pueblos se reúnen en asamblea y acuerdan la toma de la carretera para el 4 de junio. Pero las comunidades circunvecinas a Xoxocotla se adelantan y cierran la carretera desde el sábado 2.

Como el conflicto sigue y los medios de comunicación lo ignoran hacen una nueva protesta en la Autopista del Sol. El lunes 4, entre 3 mil y 4 mil personas marchan por el asfalto. La policía las recibe en la caseta de Alpuyeca dándole un culatazo en la cabeza a una mujer de 78 años de edad. Ya en el piso la gasean. Los manifestantes responden y forcejean con la policía. La fuerza pública les dispara con armas de fuego, además de lanzar gases lacrimógenos y balas de goma. Los campesinos y trabajadores se defienden con piedras. Los gendarmes retroceden. Pero la gente está indignada y quema la caseta de cobro y dos patrullas, aunque no los persiguen. Detrás de ellos había muchos más policías esperándolos para una represión en gran escala. Los manifestantes se repliegan y toman otras carreteras de menor importancia que forman el área de los pueblos afectados. Montan guardias permanentes. Se hacen del control de su territorio.

En venganza, la policía aprehende a 18 vecinos del lugar, que no participan en el movimiento. Entra a sus casas sin órdenes de cateo ni de aprehensión y los toma presos. Permanecen detenidas 12, prácticamente como rehenes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó una queja.

Otros municipios vecinos, que no están directamente afectados, apoyan la lucha. Es la red de pueblos que ha estado peleando en contra del basurero de Alpuyeca. El año pasado tomaron en dos ocasiones la vieja carretera México-Cuernavaca y otras aledañas generando la crisis de la basura.

Con las carreteras cerradas, sin disposición del gobierno a negociar el problema, con el gobernador decidido a criminalizar la protesta social y con pueblos tan enojados, el conflicto puede terminar mal, muy mal. Todo por defender los negocios de unos cuantos en contra de los bienes de los muchos.