"Nueva Cultura del Agua"

Resumen

El hecho de que más de 1.100 millones de personas no tengan garantizado el acceso al agua potable y de que más de 2.400 millones no tengan servicios básicos de saneamiento, mientras la salud de los ecosistemas acuáticos del planeta están al borde de la quiebra, ha sido el detonante de crecientes conflictos sociales y políticos en el mundo.

Conseguir sostenibilidad, igualdad y gobernabilidad democrática en la gestión del agua es uno de los grandes retos de la comunidad internacional en el siglo XXI, en el que debe involucrarse la comunidad científica desde un esfuerzo de carácter interdisciplinar. Para asumir este reto se precisan cambios radicales en nuestras escalas de valores, en nuestra concepción de la naturaleza, en nuestros principios éticos, y en nuestros estilos de vida; es decir, existe la necesidad de un cambio cultural que se reconoce como la Nueva Cultura del Agua.

Una Nueva Cultura que debe asumir una visión holística y reconocer las múltiples dimensiones de valores éticos, medioambientales, sociales, económicos, políticos, y emocionales integrados en los ecosistemas acuáticos. Tomando como base el principio universal del respeto a la vida, los ríos, los lagos, las fuentes, los humedales y los acuíferos deben ser considerados como Patrimonio de la Biosfera y deben ser gestionados por las comunidades y las instituciones públicas para garantizar una gestión equitativa y sostenible.

En el siglo XX, el principio de dominio de la naturaleza ha llevado a enfoques productivistas en la gestión del agua. Las estrategias predominantes de oferta, basadas en grandes obras hidráulicas bajo subvención pública, nos han abocado a un uso irreflexivo de los recursos, mientras que la visión individualista en la gestión de las aguas subterráneas nos ha llevado a una falta de racionalidad colectiva.

Estos enfoques productivistas han entrado en crisis debido a:

La quiebra del ciclo del agua y la degradación de los sistemas acuáticos como resultado de las grandes infraestructuras hidráulicas, la derivación de caudales, la contaminación del agua, y la desecación de los humedales;

La explotación excesiva y la degradación de los acuíferos subterráneos;

El empeoramiento de la calidad del agua (especialmente por contaminación difusa) con un impacto devastador en la salud pública, particularmente en los países en desarrollo y las comunidades pobres del mundo;

Conflictos sociales derivados de la falta de acceso a aguas salubres y servicios básicos de saneamiento, así como al desplazamiento masivo de poblaciones por grandes obras hidráulicas;

Problemas de ineficiencia e irracionalidad económica derivados de las estrategias de oferta

Una crisis de gobernabilidad debida a:

la falta de consenso en relación a los principios y a valores éticos en los que debe basarse el diseño e implementación de las políticas de aguas.

la indefensión ciudadana por debilidad de los sistemas democráticos en lo que se refiere a la participación ciudadana tanto en el diseño, como en el desarrollo y seguimiento de estas políticas.

Por otro lado, los procesos de cambio climático en curso incrementan los riesgos y amenazas relacionados con el agua, lo que exige aplicar de forma rigurosa el Principio de Precaución. En este contexto, deben priorizarse estrategias alternativas a las soluciones tradicionales de ingeniería a gran escala, recuperando el buen estado ecológico de los sistemas acuáticos como base de esas estrategias.

La Directiva Marco del Agua y la Nueva Cultura del Agua La Directiva Marco del Agua (DMA), uno de los ejemplos más avanzados de legislación medioambiental del mundo, pretende hacer frente a esta crisis, y muchos de sus objetivos y proposiciones son compatibles con nuestra propuesta de una Nueva Cultura del Agua:

Adoptando una visión ecosistémica con el objetivo central de recuperar el buen estado ecológico de ríos, lagos, aguas de transición, aguas costeras y la protección de los humedales, así como el buen estado cuantitativo y cualitativo de los acuíferos, redefiniendo el concepto de cuenca, que ahora incluye deltas, estuarios y ecosistemas costeros; Introduciendo nuevos criterios de racionalidad económica en la gestión del agua basados en el principio de recuperación de costes, incluyendo los costes medioambientales y el valor de la escasez;

Exigiendo una participación proactiva de los ciudadanos en materia de gestión de aguas;

Promoviendo la gestión sostenible y equitativa de las cuencas hidrográficas transfronterizas.

Estos criterios y objetivos representan un cambio de las tradicionales estrategias de oferta a estrategias de demanda y conservación, priorizando el ahorro, la mejora en la eficacia, la introducción de nuevas tecnologías y la conservación de aguas subterráneas desde un enfoque integrador y sostenible.

Desde esta misma lógica, la DMA induce nuevos enfoques en la gestión del riesgo de inundación y sequía. Pero los principios de la Nueva Cultura del Agua requieren ir más lejos y asumir una visión holística en la gestión del agua, reconociendo los valores de identidad colectiva, belleza y calidad de vida de ríos, lagos, fuentes y humedales.

La máxima prioridad debe centrarse en adoptar una nueva visión ética basada en el reconocimiento de las diferentes funciones y valores del agua para así priorizar los derechos en cuestión:

El agua para la vida. La función básica de garantizar la supervivencia para los seres humanos debe ser reconocida como una prioridad primordial, un derecho humano universal. El ejercicio de este derecho humano y la sostenibilidad de la biosfera deben ser garantizados de forma eficaz.

El agua para actividades de interés general, con funciones de salud y cohesión social, debe situarse en un segundo nivel de prioridad, bajo una gestión responsable y socialmente eficaz en conexión con los derechos sociales de ciudadanía y con el interés general de la sociedad.

El agua para el crecimiento económico, en funciones económicas legítimas, ligadas a actividades productivas e intereses privados, debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad en conexión con el derecho individual de cada cual a mejorar su nivel de vida, y debe ser gestionada eficazmente bajo principios de racionalidad económica.

Retos y propuestas En la UE el reto de asegurar una aplicación correcta de la DMA requiere:

La defensa del Principio de no Deterioro de los ecosistemas acuáticos frente a posibles políticas de hechos consumados a nivel nacional;

La prevención de prácticas abusivas por parte de los gobiernos nacionales en la caracterización de "masas de agua muy modificadas"

La adopción de criterios rigurosos en la definición y seguimiento del buen estado ecológico de los ecosistemas en Europa;

Inducir una aplicación seria y progresiva del principio de recuperación de costes;

Garantizar que las reformas institucionales en el sector del agua promuevan una participación ciudadana real en los procesos de toma de decisiones y de seguimiento.

A nivel internacional, la UE debe aceptar su responsabilidad mediante una contribución significativa en el desarrollo de los principios de sostenibilidad y de gobernabilidad participativa y democrática del agua a nivel mundial. Esto debería formar parte de un esfuerzo mayor por implantar un orden mundial multi-lateral y democrático, asumiendo un compromiso serio en la lucha contra la pobreza y la desigualdad:

Adaptando las actuaciones a las realidades de cada lugar, con la participación de actores locales, y apoyando las capacidades y programas de gestión ya existentes en cada lugar;

Condicionando cualquier apoyo financiero a proyectos de grandes presas en el mundo al estricto cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Mundial de Presas (WCD);

Promoviendo un Código de Servicios Públicos a nivel internacional que garantice análogos derechos ciudadanos a los que defendemos para nuestros propios países.

Desarrollando nuevos enfoques educativos, como pieza clave para promover el deseado cambio cultural hacia una Nueva Cultura del Agua. Finalmente, constatamos que existe una amplia gama de posiciones tanto en la comunidad científico-técnica, como en la sociedad europea en su conjunto, acerca del debate sobre la liberalización de los servicios del agua.

Pensamos que, independientemente del modelo de gestión que se adopte:

Debe otorgarse el estatus de interés público general a los servicios urbanos de aguas esenciales con el fin de garantizar la prioridad de los derechos humanos y sociales de los ciudadanos por encima de los intereses de mercado;

Los debates actuales sobre la liberalización de los servicios urbanos de agua deben estar sujetos a un amplio debate ciudadano en el que participen ONGs, sindicatos, organizaciones de usuarios, y otros actores relevantes en el proceso de toma de decisiones y de seguimiento;

Los gobiernos e instituciones internacionales deben tomar urgentes medidas eficaces para asumir el coste financiero de los Objetivos del Milenio, como un deber público.

Tanto los operadores públicos como los privados deben estar sujetos a una regulación estricta por parte de adecuadas instituciones públicas que aseguren la transparencia y la participación ciudadana;

Las instituciones financieras internacionales y las agencias de desarrollo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no deberían seguir condicionando la financiación de inversiones por la liberalización y privatización de los servicios públicos.

Sus esfuerzos deberían centrarse en dar apoyo al sector público para alcanzar los Objetivos del Milenio, promoviendo la democratización, el respeto a los derechos humanos, la transparencia, y la lucha contra la corrupción.

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