Regalito al clan Hernández

 Proceso 1589
Patricia Dávila

Un día antes de dejar la presidencia y pasando por encima de toda regulación ambiental, Vicente Fox autorizó el proyecto IEL La Huerta, que encabeza la hija de su amigo el magnate Roberto Hernández. Y no obstante que prestigiados biólogos han demostrado que ese complejo turístico dañará la Reserva de la Biosfera de Chamela y las comunidades de la costa jalisciense, la administración de Felipe Calderón se prepara con el fin de autorizar otro proyecto más de los Hernández en esa región.

El interés de Vicente Fox por beneficiar al banquero Roberto Hernández y su familia fue evidente hasta el último minuto de su administración: la tarde del jueves 30 de noviembre, la hija del magnate, María de Lourdes Hernández de Bosoms, recibió una autorización ilegal para desarrollar el complejo turístico IEL La Huerta, en Jalisco.

La hija de Roberto Hernández está incluida en listas contrastantes: por un lado se le incluye entre los donantes de la Universidad Iberoamericana y preside la Fundación de Haciendas del Mundo Maya y el Grupo Plan, que en 2005 recibió el reconocimiento Investors in the People Award a la mejor iniciativa turística con fines filantrópicos en el mundo. El WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo) le entregó a Hernández de Bosoms ese premio en Nueva Delhi, India.

Pero su nombre también aparece en la relación de accionistas mexicanos beneficiados por el llamado “fraude fiscal de Banamex” (La Jornada, 27 de diciembre de 2006), y ahora encabeza el directorio de las dos empresas promotoras del proyecto turístico que, a decir de expertos ambientalistas, implica la desaparición progresiva de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, una de las más importantes de México.

Cuando México vivía la peor crisis económica, con la caída del peso frente al dólar y una enorme fuga de capitales, María de Lourdes Hernández, con el apoyo de su acaudalado padre y con su esposo Luis Bosoms Creixell como apoderado legal, constituyó la empresa Promotora de Inmuebles y Espectáculos (escritura 20,485, fechada el 18 de noviembre de 1994 en Guadalajara, Jalisco).

Su objeto empresarial quedó registrado como: “comprar, vender, desarrollar, fraccionar, urbanizar, construir, arrendar, usar, aprovechar, explotar y comerciar toda clase de bienes inmuebles sin fines agrícolas…”, y también la “explotación de moteles, hoteles, o apartamentos amueblados o sin muebles, de restaurantes, bares, centros nocturnos, estacionamientos, tiendas, lavanderías, tintorerías y otros”.

A partir de entonces, la Promotora de Inmuebles y Espectáculos comenzó a adquirir los terrenos sobre los cuales se desarrollaría Marina Careyes, el proyecto turístico diseñado por el mismo Luis Bosoms, yerno de Roberto Hernández.

Cinco meses después, el 6 de abril de 1995, en la Ciudad de México, se fundó la empresa Imagen y Espectáculos de Lujo (IEL), dirigida y administrada por un consejo integrado por José Martínez Güitrón (presidente), Luis Bosoms Creixell (vicepresidente), Roberto Canizzo Consiglio (secretario), y Kenneth Prysor Jones, María de Lourdes Hernández de Bosoms y Giorgio Brignone Oppenheim (vocales).

Según la escritura número 47,076 del Registro Público de la Propiedad, María de Lourdes Hernández, su esposo Luis Bosoms y Giorgio Brignone aparecen entre los principales apoderados legales de la nueva sociedad.

Después, la primera empresa, Promotora de Inmuebles y Espectáculos, cedió a IEL los terrenos adquiridos en Careyes mediante la escritura pública 54,968, del 30 del junio de 1997. El objeto de IEL prácticamente es el mismo que el de la Promotora de Inmuebles y Espectáculos, sólo que en el inciso IV amplía su razón social para crear “lo último en lujo en medio de la belleza natural de la costa del Pacífico mexicano”.

Con este enfoque añadido, IEL contemplaba prestar servicios relacionados con la explotación de marinas, establecer clubes de golf y desarrollar comercialmente áreas campestres, deportivos y atención a yates.

Así se complementó el proyecto Marina Careyes, un complejo turístico en el municipio de La Huerta, estado de Jalisco, para el que se previó una inversión de 7 millones 533 mil 686.38 dólares. Contemplaba edificar “un hotel-condominio-pueblito, club de playa, casitas, pueblito, villas, lotes residenciales, búngalos Sol de Occidente, hotel-condominios, centro del puerto-hotel”.

También se pensaba construir un club con alberca de roca natural, palapas en playa Careyes, rompeolas norte y sur, y una marina con capacidad para atender yates que provendrían principalmente de Estados Unidos y Canadá.

El 4 de enero de 2005, IEL sometió la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Marina Careyes para su evaluación a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Al enterarse de la presentación del proyecto Marina Careyes, integrantes del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico –como los biólogos Álvaro Miranda, coordinador de la fundación Chamela-Cuixmala, el doctor Luis Bojórquez, reconocido ambientalista, y el biólogo Gerardo Ceballos González, Premio Nacional de Biología– se opusieron a la autorización del centro turístico.

El 20 de julio del mismo año, y a nombre del Consejo, los mencionados especialistas presentaron en la DGIRA un documento que, con “abundantes argumentos técnicos, científicos y legales” demostraba que la MIA del proyecto violaba la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el reglamento de la misma ley en materia de Impacto Ambiental, y el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial vigente en la región.

Los científicos establecieron además que la MIA de Marina Careyes no era procedente porque fue presentada en la modalidad de particular, cuando la legalmente requerida era la regional. Con tales fundamentos, los integrantes del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico concluyeron que IEL no había cumplido ninguno de los requisitos legales para considerar viable el proyecto.

Sin embargo, antes de que se dictaminara improcedente el desarrollo de Marina Careyes, el 15 de agosto IEL se desistió inesperadamente del procedimiento de evaluación de su MIA. El recurso fue aceptado por la DGIRA y el asunto parecía concluido.



“Nuevo” proyecto depredador



Un año después, el 9 de octubre de 2006 y de forma igualmente sorpresiva, la empresa de María de Lourdes Hernández retomó su ambicioso plan, sólo que esta vez lo denominó IEL La Huerta. Con ese nombre lo sometió a una nueva evaluación en la DGIRA.

De manera incomprensible, este proyecto aparece autorizado el 22 de noviembre de ese año por Ricardo Juárez Palacios, director de la DGIRA. Fue aprobado junto con el proyecto denominado Tambora, con las mismas características. Esto provocó la inconformidad de las organizaciones ambientalistas, que comenzaron a difundir el caso en la prensa internacional.

El pasado 22 de marzo Alberto Székely (asesor jurídico del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico) publicó en el periódico The New York Times un desplegado dirigido al presidente Felipe Calderón, bajo el título Una reserva de la biosfera única y dos santuarios ecológicos están amenazados por proyectos de desarrollo autorizados ilegalmente en México.

Así se informa que se trata de una serie de reservas ecológicas protegidas por la ley en la región Chimela-Cuixmala, en la costa de Jalisco y al sur de Puerto Vallarta, que abarca una reserva de la biosfera de bosque seco tropical, un santuario playero de tortugas marinas en Playa Teopa y un archipiélago santuario de aves migratorias en la bahía de Chamela.

“La administración de Vicente Fox llegó a su término hace sólo tres meses, dejando un legado bien documentado de incumplimiento a las leyes ambientales de México, que se tradujo en una seria devastación ecológica de la riqueza natural del país…”, se denuncia.

Y se alude a la complacencia de la actual administración federal: “En un cambio radical en las políticas tradicionales mexicanas de protección ambiental, en los últimos seis meses las autoridades federales han autorizado varios proyectos de desarrollo ilegales justamente en el corazón de tres áreas protegidas, que incluyen frágiles lagunas estuarinas consideradas como humedales de importancia internacional en la Convención de 1971 de Ramsar sobre humedales, y como parte del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. El Fondo Mundial para la Naturaleza considera a esta región dentro de las 200 ecoregiones más importantes del mundo y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) la identifica como un área de conservación prioritaria”.

Pocos sitios en el planeta han alcanzado tal grado de protección por las leyes del país e internacionales debido a su reconocida importancia ambiental. De hecho, esta área es uno de los sitios más frágiles en términos ambientales y de mayor riqueza biológica a nivel mundial.

La Reserva de la Biosfera de Chamela-Cuixmala abarca 13 mil 142 hectáreas de las áreas naturales costeras mejor conservadas del Pacífico mexicano, donde convergen el bosque y el océano, mantiene los humedales con manglares y vegetación acuática, al igual que las dunas costeras del área de transición. La reserva protege a una gran diversidad biológica: más de mil 200 especies de plantas, 270 especies de aves, 70 especies de mamíferos, 68 de reptiles, 19 de anfibios y miles de especies de insectos y otros invertebrados.

En el desplegado de The New York Times se le atribuye la propiedad de Marina Careyes o IEL La Huerta al banquero Roberto Hernández (expropietario del banco Banamex) y se denuncia que desde hace 10 años el magnate ha tratado constantemente de realizar desarrollos “ilegales” similares en esa región. Hasta que en la recta final de la administración de Vicente Fox, de manera “cuestionable y oscura”, logró que Ricardo Juárez aprobara el proyecto.

IEL La Huerta contempla una inversión de 237.16 millones de dólares e implica la construcción de una marina artificial con capacidad para 161 yates, 35 lotes residenciales, villas y búngalos, la edificación de dos hoteles con mil 25 habitaciones, zonas comerciales, clubes playeros, carreteras, infraestructura hidráulica, eléctrica y servicio telefónico, equipo contra incendio, una gasolinería y una estación para el tratamiento de aguas negras.

Muy cerca de IEL La Huerta, y oficialmente el mismo día, fue autorizado el proyecto Tambora, de la empresa Operadora Chamela, que implica la creación de 100 habitaciones para un hotel Boutique Clase Gran Turismo con spa, un centro empresarial, tres clubes playeros, un campo de golf de 18 hoyos con lagunas artificiales, y en consecuencia, carreteras y la infraestructura necesaria para un proyecto de esa magnitud. Como tampoco cumple los requisitos jurídicos, la autorización se otorgó con la oposición de la Comisión Nacional para Áreas Protegidas (Conap), que consideró negativo el impacto de ambos proyectos sobre las áreas a su cargo:

Por ejemplo, la empresa de María de Lourdes Hernández plantea que IEL La Huerta es un proyecto de “bajo impacto”; sin embargo, mil 25 habitaciones, infraestructura para atender 161 yates y el funcionamiento de una estación de combustible requieren de 1 millón de litros de agua diarios, lo que está muy lejos de ser un bajo impacto.

En cuanto al proyecto Tambora, declara un uso de 1.5 millones de metros cúbicos de agua al año, pero la extracción de ese volumen de líquido no es sustentable y pone en riesgo el abasto a las comunidades de Chamela y el ejido San Mateo.

En el desplegado referido se asegura que la modificación o cierre de la boca del estero de careyes y la concesión de la zona federal marítima- terrestre de Playa Careyes que implica el proyecto de IEL, destruirá el manglar; los factores principales para su desaparición serán la construcción de la marina, el constante trasiego de 161 yates, el derramamiento constante de aceites y gasolina y la presencia de más de mil personas.

Para los biólogos del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, la ejecución de los dos proyectos “trae consigo impactos que desencadenarán efectos adversos... de tres tipos: ecológico, por la deforestación, pérdida de los servicios ambientales, e impacto en el funcionamiento y estructura del ecosistema y especies asociadas, en especial las endémicas y en riesgo; social, por el crecimiento poblacional… con sus consecuentes presiones sociales y ambientales, especialmente hacia la demanda de agua; y de salud, por el incremento en residuos sólidos al no existir los rellenos sanitarios adecuados”.



Dueños de la costa



Entrevistado por Proceso, Alberto Székely, abogado responsable de la publicación del desplegado en el periódico neoyorquino, califica de inexplicable que una autoridad como la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que ya había tenido dificultades para aprobar Marina Careyes, lo apruebe meses después bajo el nombre de IEL La Huerta.

–¿En qué se basan esas ilegalidades?

–Es terriblemente simple. No simplista, simple: la ley ambiental dispone un mecanismo internacionalmente reconocido como la Manifestación de Impacto Ambiental. Ésta debe precisar los impactos que el proyecto tendrá sobre el ambiente y la forma de mitigarlos o compensarlos. Si se va a causar un desequilibrio ecológico irreversible, ni siquiera deben de presentarlo, y mucho menos el gobierno aprobarlo. Lo simple es que precisamente por la severidad de los impactos era evidente la improcedencia de los proyectos.

“Se quiere construir algo tan ambientalmente ofensivo como es un campo de golf, siendo que no hay manera de tener un campo de golf en un área que se quiere proteger, sin que cause daño”.

–Ellos aceptan que habrá un impacto, pero argumentan que al finalizar la obra se mitigarán y se recuperarán la flora y la fauna. Hablan de ocho años... –comenta la reportera.

–¡Van a deforestar, a eliminar medio millón de árboles! Eso es lo que determinó la UNAM al estudiar el proyecto. ¿En ocho o 10 años vamos a tener medio millón de árboles? Por favor, las manifestaciones de impacto ambiental están llenas de engaños de este tipo. No se lo cree nadie.

–¿Qué se puede hacer legalmente?

–Acudir a la ley, qué nos queda. Ya demandamos ante la Secretaría de la Función Pública a Ricardo Juárez y a su subalterno Andrés Chacón Hernández (por aprobar los proyectos IEL La Huerta y Tambora, respectivamente). Pedimos a la SFP que haga su investigación. Aportamos documentos que demuestran que fueron ilegalmente autorizadas.

Para sustentar su versión de que IEL La Huerta fue autorizado en los últimos minutos del 30 de noviembre y no el 22 de ese mes, como se hace creer oficialmente, y que Tambora fue aprobado el 4 de enero y no en la misma fecha mencionada, Székely muestra impresiones de páginas de internet de la Semarnat –que se actualizan diariamente–, en las cuales la dependencia declara que el 22 de noviembre de 2006 no se presentó ninguna acción. La última actualización de esa página consultada por el Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico corresponde al medio día del 30 de noviembre.

Otra prueba de Székely es el número de la Gaceta Ecológica de la Semarnat, fechada el 23 de noviembre, en el que tampoco aparecen las autorizaciones. Ambos proyectos se encuentran hasta la edición del 7 de diciembre.

En el desplegado de The New York Times, los científicos opositores a IEL La Huerta le manifiestan al presidente Calderón que aún hay esperanzas de que él revierta esa lamentable tendencia de violaciones a las leyes de protección al ambiente que caracterizaron el sexenio de Fox.

–¿En verdad, hay esa esperanza?

–Sí, aunque la primera señal contradictoria, que empieza a apagar esa esperanza, es que a un individuo tan impugnado como este biólogo Juárez, Calderón no sólo lo ratificó en su puesto, sino que lo defiende ahí.

Y mientras los ambientalistas se adhieren a esa ya menguada esperanza, María de Lourdes Hernández olvida su faceta filantrópica y junto con su esposo Luis Bosoms continúa el desarrollo de IEL La Huerta. Incluso, argumentan que cerca de ahí ya opera El Tamarindo, otro desarrollo turístico diseñado por Bosoms...

El Tamarindo es un espectacular club privado en la Costa alegre de Jalisco que cuenta con 14 kilómetros de playa, campo de golf profesional, casa club con salón de socios, spa y muelle en una espléndida península con una bahía dominada por arrecifes. Al menos lo promueve así su página web.

Por si fuera poco, el 26 de febrero de este año, otro proyecto, denominado Rancho Don Andrés, solicitó autorización para operar un desarrollo similar a IEL La Huerta, incluyendo un gran campo de polo. En el expediente respectivo se anexa un oficio firmado por Pablo Rincón Gallardo, presidente de la Federación Mexicana de Polo, en el que notifica que ese lugar será considerado sede del campeonato internacional de ese deporte que se efectuará en México en noviembre de este año. Proceso 1589/ 15 de abril de 2007