27 de abril de 2007
La violación a las leyes ambientales es un asunto grave, a la luz de las serias advertencias hechas por científicos de todo el mundo sobre las dramáticas consecuencias del cambio climático. Y son todavía más ominosas cuando se encuentran de por medio presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias de funcionarios.
Es el caso de la denuncia hecha por el Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, que responsabiliza al procurador federal de Protección al Medio Ambiente, Ignacio Loyola, y al ex subprocurador Héctor González Reza, de supuestamente haber permitido al ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel, construir una lujosa casa en una parte de la costa de Careyes, Jalisco, donde la Ley Federal de Equilibrio Ecológico impide levantar edificios.
El asunto debe revisarse a fondo, ya que tiene relevancia pública por partida doble: primero por la personalidad del ex jefe del Ejecutivo mexiquense, quien desde que dejó su cargo, en septiembre de 2005, se ha visto enfrascado en una serie de acusaciones sobre enriquecimiento inexplicable, peculado y ejercicio indebido de funciones, que incluso merecieron la creación de una fiscalía especial.
Aun cuando se documentó la existencia de casas de lujo, propiedad de Montiel y su familia en Acapulco, Vallarta, Valle de Bravo, España y Francia -difícilmente acordes con sus ingresos como servidor público y pese a su fortuna previa como empresario-, fue exonerado por funcionarios que fueron ex subordinados suyos, lo que le restó credibilidad a sus conclusiones.
Ahora vuelve a salir a la luz pública su nombre, en medio de otra polémica, lo que debe obligar a la revisión exhaustiva e imparcial de su comportamiento como funcionario público, porque lo que menos necesita la sociedad mexicana es seguir recelando de sus políticos, ya que, al final, eso sólo nos lleva al desencantamiento de las instituciones y del sistema democrático en su conjunto.
El segundo aspecto relevante de la acusación que hoy se documenta es el ambiental, porque se involucra a las más altas y actuales autoridades de procuración de justicia ecológica, como las responsables de permitir edificaciones prohibidas a lo largo de una franja costera, que se encuentra protegida de la devastación que provoca la construcción de hoteles y casas habitación, pero de las que, al parecer, está plagada.
México debe demostrar que está comprometido con el cuidado del medio ambiente que se ha emprendido a nivel global para revertir los efectos del cambio climático originado por la depredación del hombre. Urge entonces deslindar responsabilidades, ya que incluso la propia autoridad inmobiliaria turística del país, Fonatur, ha señalado recientemente que algunos funcionarios de los tres niveles de gobierno permitieron, a lo largo y ancho del país y por mucho tiempo, el otorgamiento ilegal de permisos de construcción, cambios de uso de suelo discrecionales e irregularidades de todo tipo para permitir edificaciones en zonas de playa, manglares y litoral.
No vaya a ser éste uno de tales casos, y más vale que quede claro a través de una investigación a fondo, que documente -con papeles, no sólo con comunicados de prensa- cómo se otorgaron los permisos de la casa de Careyes.
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