CorreoPor: América Ortiz,
Jueves, 29 de Octubre de 2009
El Ayuntamiento, con excepción de los regidores del PAN, dieron marcha atrás a concesiones que había dado el ex alcalde, Jesús Correa, ahora diputado
SAN MIGUEL DE ALLENDE
Bajo el argumento de no permitir más atropellos a la Ley, el cabildo revocó por mayoría (se opusieron los tres regidores del PAN) ayer en sesión de Ayuntamiento, varios acuerdos y convenios elaborados por la pasada administración.
Posterior a la sesión de Cabildo, en la que la regidora priísta, Luz María Ramírez se abstuvo por ser una de las beneficiadas, la alcaldesa, Luz María Núñez López, dio pormenores de como fue que se dieron 28 permisos a transportistas.
Reiteró que desde el 2006 comenzaron una serie de acciones irregulares encabezadas por el entonces alcalde Jesús Correa, actual diputado local, entre las que figuran la entrega de 12 permisos fuera del marco legal, como pago a favores hechos a su favor durante la campaña política de ese año.
Explicó que en el 2007 el Ayuntamiento contrató a una empresa particular para hacer un estudios del transporte, la vialidad y las nuevas rutas que el municipio requería, lo que derivó que en el 2008 se llevara a cabo la regularización del transporte público, con lo que otorgó más de 150 concesiones, pero al mismo tiempo hizo a un lado a algunos concesionarios.
Después, en septiembre del 2009, el Cabildo autorizó la entrega de 28 permisos más a manera de "agradecimiento" por los favores que le hicieron al PAN en temporada electoral, agregó la alcaldesa.
En este tema la alcaldesa informó que ya se giró una orden de aprehensión en contra del exdirector de Tránsito y Transporte, Samuel Mercadillo, tras una denuncia interpuesta por el transportista Delfino Piña, pero dijo que esto es un reflejo de que las cosas se están aclarando y que "las cosas caen por su propio peso".
Dijo saber de la necesidad que existe del trasporte público, pero aseguró que se hará un nuevo proceso de regularización en el que participen todos los que han trabajado ya prestando el servicio y todo dentro del marco de la legalidad.
Entrevistados sobre el tema, los líderes de la Unión de Permisionarios de Autobuses de Servicio Urbano de San Miguel de Allende, Martín Hernández y Fidel Corona, consideraron que este acto es un ataque a los concesionarios, por ellos sólo quieren trabajar sin tener problemas con nadie, pero consideraron que la alcaldesa hace este tipo de movimientos para dar cabida a la entrega de concesiones a quienes en su momento, durante la pasada administración no cumplieron con todos los requisitos.
Busca beneficios al Municipio
Otro acuerdo revocado fue el vender todo el plástico que se recolecta del relleno sanitario a la empresa Especialistas de Reciclaje de México (Esrem), administrada por Fernando León Alejandre, porque en este convenio el municipio no se está siendo beneficiado ya que después de hacer todo el proceso de recolección de basura, traslado al relleno sanitario y separación sólo se le da el plástico pet a la empresa a cambio de 50 centavos por kilo.
La alcaldesa señaló que tras la revocación del acuerdo, avalado por el pleno de su Ayuntamiento, ahora se volverá a negociar con la empresa a fin de buscar un acuerdo que sea de beneficio para la administración y no sólo para el empresario, pero de no lograrse un acuerdo entonces se convendrá con otra empresa, ya que aseguró haber muchas interesadas.
Conflicto con líderes comerciantes
Por unanimidad, en sesión de Cabildo, los ediles también cancelaron el convenio firmado entre el municipio y la Unión de Comerciantes Ambulantes Fijos y Semifijos La Cruz, porque en el mismo se otorgaban facultades a los líderes a cobrar impuestos al resto de los comerciantes que se instalan en el tianguis de los domingos, situación que debe ser sólo una atribución de la Tesorería Municipal, explicó la alcaldesa Luz María Núñez.
Aseguró que durante su gobierno dejarían de existir "los protegidos", como en este caso consideró a los líderes de los comerciantes, Margarita Cano y José Arrellano Vázquez, quien en base a un convenio firmado a mediados del 2009 se les otorgaba el derecho de cobrar el uso de suelo de los espacios en el tianguis ubicado en la parte alta del municipio, la luz y el agua, para que luego los depositaran al municipio.
