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Morelia, Mich; a viernes 16 de marzo de 2007.- La iniciativa de una nueva Ley Federal de Turismo que se presente ante el Congreso de la Unión debe contener un capítulo relativo al aprovechamiento turístico, que tenga como objetivo la regulación conservación, coordinación y promoción de acciones y políticas, en las que se determinen las condiciones de uso del patrimonio natural, cultural, tangible e intangible de nuestro país, sin detrimento, menosprecio o abuso de sus cualidades, características o condiciones intrínsecas.
Dicha propuesta fue dada a conocer por Eduardo Quintana Méndez, vicepresidente del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, (ICOMOS México), Organismo "A", de la Organización de la Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el marco del XV Congreso Nacional de Comisiones Legislativas en materia de Turismo.
Quintana Méndez mencionó además que en dicho proyecto deberá expresarse en este capitulado la obligación de respetar y conservar en los atractivos naturales y culturales las condiciones de los mismos, a fin de proteger el atractivo susceptible de convertirse en Patrimonio Turístico. Asimismo, debería precisarse lo relativo a la coordinación y conjunción de esfuerzos de las dependencias y entidades de la administración pública federal con las de los gobiernos estatales y municipales.
También, en el nuevo proyecto de Ley en la materia, propuso reconocer la importancia de las comunidades y grupos indígenas, en el respeto hacia sus usos y costumbres y el involucramiento en su participación a cualquier tipo de proyecto turístico en sus áreas de influencia, bajo criterios de sustentabilidad.
El vicepresidente de ICOMOS México, planteó además que la Federación debe reconocer como interés público la protección, conservación y promoción del Patrimonio Turístico de la Nación, esto es, su patrimonio natural, cultural, histórico, monumental, tangible e intangible.
De ahí la importancia de contar con una adecuada normatividad, un marco jurídico que permita, entre otras cosas el cambio de uso para un aprovechamiento racional, y detenga con firmeza las alteraciones y destrucciones que llevan al deterioro e incluso a la pérdida de nuestro patrimonio natural.
De acuerdo con Eduardo Quintana Méndez, en las últimas décadas, por el fácil acceso a nuevos materiales de construcción y acabados, se ha dado lugar una transformación en la mayoría de nuestros pueblos y ciudades, así como en su entorno y paisaje rural, que ha propiciado un cambio drástico por la alteración, destrucción y en ocasiones la pérdida, del patrimonio edificado que nos identifica y por el que somos conocidos en el exterior.
Aunado a esto, el descuido y desinterés, y la apatía de las autoridades civiles y religiosas, y de la ciudadanía o comunidad, por la conservación y preservación de sus valores culturales y de identidad, han llevado a la situación actual, destructiva del patrimonio histórico a una escala y un ritmo sin precedentes.
Por ello, debe estar regulado lo referente a la conservación, coordinación y promoción de acción tendientes a la protección y aprovechamiento del patrimonio de nuestro país, toda vez que aprovechados de manera sustentable generará beneficios y rentabilidad a sus legítimos propietarios e inversionistas, además de que motiven un crecimiento en todos los sectores de la población directa o indirectamente involucrados.
Este sábado 17, a las 09:00 horas en el Hotel Alameda de la capital michoacana, se realizará una rueda de prensa para presentar las conclusiones y propuestas de dicho Congreso.
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sábado, 17 de marzo de 2007
Mayoría en el Ayuntamiento a favor de nuevo desarrollo residencial
Por Jesús Ibarra
Atención San Miguel
En la sesión llevada a cabo el jueves 15 de febrero, el Ayuntamiento aprobó una solicitud para un desarrollo residencial en la entrada de la colonia residencial El Atascadero. Los regidores, en una mayoría de ocho a uno, autorizaron el desarrollo de 12 casas en el predio denominado El Paraíso, terreno con una superficie de 10 hectáreas propiedad de Higinio Maycotte. Dicho predio se localiza en los arcos de la entrada del Atascadero en Prolongación Santo Domingo.
La votantes no tomaron en cuenta las recomendaciones hechas por Ángel Gastelum, director de Desarrollo Urbano en el oficio número DDUOY/POT/034/2007/FRACC, expedido el 8 de febrero, en el que se manifiesta que la zona está marcada por el Plan de Ordenamiento Territorial como de baja densidad para el desarrollo de solamente 10 casas. Según una inspección de Desarrollo Urbano, se puede apreciar el cauce de un arroyo en la colindancia poniente del predio, en el cual las aguas pluviales corren de sureste a noroeste.
Gastélum expresa en el documento que el proyecto debe presentar un dictamen por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte Municipal en referencia al acceso vehicular al desarrollo; un dictamen de Protección Civil en referencia a los riesgos posibles de construcción a causa de la socavación provocada por el arroyo en la colindancia poniente del predio; y un dictamen de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) con respecto a los posibles derechos federales generados por la existencia del arroyo.
Sin embargo, el viernes 16 de febrero, un día después de haber sido votada la solicitud, Samuel Mercadillo, director de Tránsito Municipal, y Alan Álvarez, director de Protección Civil, manifestaron que sus respectivas direcciones no han emitido ningún dictamen con respecto a este proyecto.
Atención San Miguel
En la sesión llevada a cabo el jueves 15 de febrero, el Ayuntamiento aprobó una solicitud para un desarrollo residencial en la entrada de la colonia residencial El Atascadero. Los regidores, en una mayoría de ocho a uno, autorizaron el desarrollo de 12 casas en el predio denominado El Paraíso, terreno con una superficie de 10 hectáreas propiedad de Higinio Maycotte. Dicho predio se localiza en los arcos de la entrada del Atascadero en Prolongación Santo Domingo.
La votantes no tomaron en cuenta las recomendaciones hechas por Ángel Gastelum, director de Desarrollo Urbano en el oficio número DDUOY/POT/034/2007/FRACC, expedido el 8 de febrero, en el que se manifiesta que la zona está marcada por el Plan de Ordenamiento Territorial como de baja densidad para el desarrollo de solamente 10 casas. Según una inspección de Desarrollo Urbano, se puede apreciar el cauce de un arroyo en la colindancia poniente del predio, en el cual las aguas pluviales corren de sureste a noroeste.
Gastélum expresa en el documento que el proyecto debe presentar un dictamen por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte Municipal en referencia al acceso vehicular al desarrollo; un dictamen de Protección Civil en referencia a los riesgos posibles de construcción a causa de la socavación provocada por el arroyo en la colindancia poniente del predio; y un dictamen de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) con respecto a los posibles derechos federales generados por la existencia del arroyo.
Sin embargo, el viernes 16 de febrero, un día después de haber sido votada la solicitud, Samuel Mercadillo, director de Tránsito Municipal, y Alan Álvarez, director de Protección Civil, manifestaron que sus respectivas direcciones no han emitido ningún dictamen con respecto a este proyecto.
Propuestas y no protestas
Ciudadanos y autoridad trabajando juntos
Por Jesús Ibarra,
mar 16, 2007
Atención San Miguel
Una asociación entre ciudadanos y el gobierno municipal, basada en la ley y la transparencia es esencial para proteger el patrimonio cultural y natural de San Miguel, según Alberto Székely, experto legar en desarrollo y medio ambiente.
El Embajador Székely, abogado de la ciudad de México, manifestó ante alrededor de 200 personas el 9 de marzo, en el Museo Casa de Allende que el futuro de San Miguel no puede discutirse en una situación de confrontación entre autoridades y ciudadanos, generada por la autorización de desarrollos cuya legalidad ha sido puesta en duda por la ciudadanía.
Székely introdujo y discutió su estrategia de 27 puntos que ofrece una guía legal para la cooperación entre ciudadanos, el Ayuntamiento y el Congreso Estatal, en cuanto a decisiones que involucren el patrimonio cultural, el desarrollo urbano, el medio ambiente y la transparencia, entre otros aspectos.
El documento completo se puede consultar en www.vaporsanmiguel.blogspot.com
“La única manera de evitar de evitar confrontaciones es asegurar que el gobierno ya no está solo”, dijo Székely, quien añadió que esto implica que la autoridad debe de estar abierta a la transparencia y “llevar a cabo sus funciones bajo la luz pública y a la vista de todos”. “Esto sólo se puede garantizar si la sociedad civil se corresponsabiliza y se compromete”, dijo.
Varios miembros del gobierno local, incluidos el síndico Rodolfo Jurado y el secretario del Ayuntamiento Cristóbal Finkelstein Franyuti, así como el desarrollador Raúl Araiza, dueño del proyecto de los condominios El Caracol que causó un sinnúmero de protestas. El presidente municipal Jesús Correa no estuvo presente.
En general, las autoridades respondieron favorablemente a la propuesta. “Me agrada ver esta participación ciudadana de una manera más organizada”, dijo Jurado. Para Finkelstein la propuesta fue “un buen ejercicio democrático”. “Ya era tiempo de ver propuestas más serias y analizadas por parte de los ciudadanos. Creo que juntos, autoridades y ciudadanos, podemos lograr proyectos importantes para el beneficio de San Miguel”, dijo Finkelstein. “También ha sido un aviso para las autoridades para virar nuestra manera de comunicación con la ciudadanía”, añadió.
Székely había sido previamente por el grupo Basta ya a dar una conferencia en donde habló de la importancia de la participación ciudadano para proteger los recursos locales. En esa ocasión en claro que “no venía a confrontar a nadie, sino a proponer otras alternativas de cooperación que, por el lado de la ciudadanía, sustituyan la protesta por propuesta, por el de los empresarios, les dé la certidumbre jurídica para que puedan contribuir confiadamente el desarrollo y, por el lado de las autoridades, les cierre el paso a la imposición pero les abra el de la coadyuvancia con la sociedad”. Székely enfatizó que no viene a trabajar con intereses partidistas.
Anunció que él y su equipo de abogados aconsejarán tanto a la ciudadanía como a las autoridades que se exijan mutuamente apegarse a la ley, y que demostrará que lo que ahuyenta el empleo y la inversión es “la inseguridad jurídica de si se cumplirá la ley o no”. “No queremos echar leña al fuego, sino apagarlo de inmediato”, dijo.
Respecto a la participación de los extranjeros, Székely manifestó que según el Artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, todos los extranjeros residentes en México pueden participar en actos cívicos o sociales. Sin embargo, no pueden participar en asuntos políticos como partidos o elecciones. “Los ciudadanos deberán manifestarse de forma pacífica y respetuosa”, dijo Székely. “Y las autoridades no pueden usar ningún medio que inhiba la formulación de quejas o demandas”.
La ley de 1939Székely hizo referencia a la ley, autorizada en 1939 en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato que declara a San Miguel como “pueblo típico”, que prohíbe la construcción dentro de la ciudad de edificios que no estén acorde con el estilo colonial de su arquitectura y el inicio de cualquier obra de construcción sin el consentimiento escrito de un consejo de ciudadanos llamado “Junta de Vigilancia”.
“Al leer la ley, se puede concluir que si hubiera sido respetada y aplicada durante los 68 años que ha estado vigente, la historia y situación de San Miguel sería muy diferente”, comentó Székely. “Es la única ley que incluye las prohibiciones específicas que protegen el patrimonio cultural de San Miguel y su integridad de imagen y estructura urbana”. La ley puede ser consultada en su totalidad en le blog de Basta ya: http://bastayasma.blogspot.com
Respuestas a las preguntas del público
“Los que violan la ley no son los únicos que pueden acudir a los despachos jurídicos en busca de ayuda. Con nuestra ayuda, la ciudadanía ya no estará sola”, dijo Székely en respuesta a la pregunta de un ciudadano, durante la sesión de preguntas que tuvo lugar después de la presentación, que se extendió durante que casi una hora.
Para Székely, la declaración por la UNESCO de San Miguel como Patrimonio de la Humanidad es muy importante. “Pero no es posible hacer las cosas en sentidos opuestos. Si esta declaración es letra muerta desde su origen, representará una pérdida de prestigio para la ciudad”, dijo el abogado, refiriéndose a las construcciones que han sido autorizadas y que están en desacuerdo con la arquitectura de la ciudad.
En respuesta a la pregunta de cual sería el costo de sus servicios y quien pagaría por ellos, Székely declaró que cualquier servicio tiene derecho a una retribución económica. “La asesoría jurídica será pagada por aquellos que crean en esta plataforma. Hay mucho trabajo por hacer y dependerá de la disponibilidad de los recursos para pagar los servicios profesionales”, dijo Székely. Sin embargo, aseguró que su despacho era de interés público y no tenía fines de lucro.
Como parte del público, Don Patterson, director de Ecología, desmintió el rumor de la construcción de un nuevo centro comercial Walmart. “Cuando hacemos una protesta, debemos de tener cuidado de tener toda la información necesaria a mano, incluyendo planos y explicaciones”, dijo Patterson.
Propuestas:
Los siguientes temas están incluidos en las 27 propuestas de Székely:
· Asegurar auténticas consultas del Estado y el Municipio con la ciudadanía
· Fortalecimiento de la evaluación del impacto ambiental
· Fortalecer el régimen de protección de la zona de preservación ecológica de El Charco del Ingenio
· Creación de zonas de preservación ecológicas privadas.
· Asegurar que la autoridad municipal cumpla con aplicar y cumplir la ley de 1939 sobre protección y conservación de San Miguel de Allende como pueblo “típico”.
· Acción legal en caso de que las autoridades efectúen actos de intimidación a ciudadanos por ejercer sus derechos legales.
· Lograr reformas a la ley estatal y municipal de transparencia.
· Eliminar al máximo las disposiciones legales que atribuye facultades discrecionales a las autoridades con respecto a medio ambiente, desarrollo urbano, y protección del patrimonio y reemplazarlas por obligaciones.
· Petición al Ayuntamiento para que cumpla las disposiciones de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato.
· Acción legal contra funcionarios del Ayuntamiento que efectúen actos u omisiones que contravengan disposiciones vigentes en materia ambiental, de desarrollo urbano o de patrimonio cultural.
· Acciones con respecto al agua
· Organización formal de los ciudadanos, gozando de personalidad jurídica.
· Publicar una gaceta informativa a través de la cual los ciudadanos puedan estar informados de las actividades y decisiones del gobierno.
City slaughter house debate
From Cesar Arias and the board of directors of El Charco Botanical Garden
Expressing disapproval of the proposed site for the new slaughterhouse in a letter to Mayor Jesús Correa, the Board of Directors of the Botanical Garden claimed the location would have a negative impact on both the urban and nearby natural environments.
The Board of Directors of the Botanical Garden considers the proposed location, near the new Presidencia and bordering park buffer zones, unacceptable for numerous reasons. In regard to El Charco del Ingenio itself, there is danger of water contamination if the slaughterhouse is built where planned, as streams and dams in the nearby protected area would very likely be exposed to waste waters from the slaughterhouse.
Claims by the government that the waste water would not only be treated, but reused in the same slaughterhouse—as is mandatory in a TIF model slaughterhouse—have not convinced the Board, which feels that the polluted water could, in unforeseen circumstances, still pollute the land and pose a great risk for the ecological and recreational zone of the Botanical Garden and Parque Landeta, as well as for the urban zone of San Miguel de Allende. Past experiences in San Miguel de Allende, in relation to water treatment projects that have not been wholly successful, does little to encourage trust in the new promises of the government in regard to the slaughterhouse water treatment plans.
As well as water pollution, the Board is concerned about olfactory and air pollution. The proposed location of the slaughterhouse lies in the dominant NE-SW wind axis, which would frequently carry the smells, and particles, of the animals to places such as Parque Clouthier, the new Civil Hospital and the colonias of Palmita de Landeta and Ignacio Ramirez.
The proposed site, located in the upper part of the urban zone, may also contribute to further traffic congestion along the Libramiento Manuel Zavala and the Boulevard de la Conspiración. This is due to the fact that the slaughterhouse in San Miguel would be an inter-municipal one, thereby having animals, live and slaughtered, shipped in regularly, especially from Comonfort.
Finally, the Board of Directors of the Botanical Garden pointed out that while, currently, the proposed site is on the outskirts of the city, San Miguel will inevitably continue to grow. This will force the authorities to, once again, relocate the slaughterhouse, causing further headaches, expense and debate.
Jorge Zavala director of Public Works responds
In response to El Charco del Ingenio’s disapproval, Jorge Zavala, head of Public Works, claimed that as the slaughterhouse will be TIF-regulated, it will not have any water discharge outside of the plant. “We will have a water treatment plant that will treat all the waste water produced during the slaughter process,” said Zavala. “The water treatment plant in the slaughterhouse will work properly just as it is working in the current one. I invite all those who doubt this, to go and see it functioning.”
Zavala added, reiterating its accordance with TIF regulations, that all animal residual parts will be processed on-site, with none leaving the facilities. “The TIF slaughterhouse will have all the requirements specified by the Government Secretary (Secretaría de Gobernación) and the Health State Department. It is already validated by the Health State Department,” said Zavala, while displaying the documents with the seal of the Secretary and signed by Doctor Gerardo Ortega Martínez, head of the department. Zavala also showed the document from the Agricultural and Farming State Department that validates the slaughterhouse, signed on February 20, 2007 by José María Anaya Ochoa, head of the department.
Zavala also proffered the environmental impact document issued by the local Ecology Department on May 31, 2006, which states the requisite policies by which the slaughterhouse must abide. “The slaughter house cannot emit toxic odors, as a TIF slaughterhouse must be sealed,” said Zavala.
Regarding the passing of trucks bearing dead and live animals through Boulevard de la Conspiración and Libramiento Manuel Zavala, Zavala said that most of the livestock farms in San Miguel are on the road to Los Rodríguez and Doctor Mora, which was one of the main reasons for selecting the site to build the slaughterhouse. “Regarding the trucks coming from Comonfort, there would be one or two a day. Comonfort is just a small site,” claimed Zavala.
Zavala also stated that the city will never reach the site where the new slaughterhouse will be built. “The land is a municipal property so no housing development can be built around it,” he said. The document that proves the municipal property is Deed no. 68 signed before public notary no. 11, José Luis Sautto Gutiérrez, on April 18, 1986.
Proposals and partnership, not protests
Strategy suggests increased collaboration with authorities and accountability
By Jesús Ibarra,
Mar 16, 2007
Atencion San Miguel
A partnership between citizens and the municipal government that is based on the law and transparency is essential to protect San Miguel’s colonial heritage and its natural and cultural resources, according to Alberto Székely, an international legal expert on development and the environment.
Former ambassador Székely, a lawyer from Mexico City, told more than 200 people on March 9 at the Museo Allende that the future of San Miguel cannot be discussed in an atmosphere of confrontation between authorities and the citizenry, such as that fueled by the authorization of legally questionable urban development projects.
Székely introduced and discussed a 27-point strategy that offers guidance on enhancing cooperation between citizens, City Hall and the state congress; on protecting the environment and San Miguel’s cultural heritage; regulating urban development; and increasing transparency and accountability in local government, among other issues. The complete document is available at www.vaporsanmiguel.blogspot.com.
“The only way [to avoid confrontation] is to ensure that the government does not act alone,” he said. According to Székely, authorities must act with transparency and “perform their duties in plain sight…. This can only be ensured if citizens are also responsible and committed to participate.”
Several members of the city government, including assistant mayor Rodolfo Jurado and city council secretary Christopher Finkelstein Franyuti, as well as prominent developer Raul Araiza, owner of the El Caracol condo project that spurred protests against uncontrolled development, were in attendance. Mayor Jesús Correa was not present.
Authorities generally responded favorably to the meeting. “I am glad to see a more organized proposal for citizen participation,” said Jurado. For Finkelstein, the proposal was a positive exercise in democracy. “It was time to see more serious and analytical proposals. Together, authorities and citizens can achieve important advances for the benefit of San Miguel,” he commented. “This situation sends a message to the authorities that improving communication with the public is important.”
Székely first visited San Miguel in January 2007 at the invitation of the newly formed citizens’ group Basta Ya to discuss the importance of citizens’ participating to protect local resources. In this second visit, he reiterated that he was not “coming to confront, but to propose alternatives for cooperation—for citizens to substitute proposals for protests; for developers to have clear legal guidelines for investing in city development; and for authorities to become open to collaboration with citizens.”
Székely emphasized that he is not influenced by the interests of any political party.
He and his team of legal advisors will advise both citizens and authorities to work within established legal parameters and demonstrate it is an unclear legal framework that inhibits employment and investment. “We do not want to add fuel to the fire, but to extinguish it immediately,” he said.
As for the question of participation of expats, Székely explained that Article 1 of the Mexican Constitution permits participation by foreign residents in Mexico in civic or social acts; however, they may not participate in political activities. “All citizens must behave in a peaceful and respectful way,” he said. “And authorities are not permitted to use any means to inhibit the expression of complaints and demands.”
A 1939 law revisitedA surprise revelation from Székely was a 1939 law that designated San Miguel de Allende as a “pueblo típico” (a typically Mexican town).
The law, published in the Diario Oficial de Guanajuato (a government publication), forbids the construction within the city of buildings that do not conform to its colonial style of architecture and forbids the initiation of any construction project without the written authority of a board of citizens called a “Junta de Vigilancia.” “By reading the law, one can conclude that if it had been respected and applied through the 68 years that it has been in existence, the story and situation of San Miguel’s heritage would be completely different,” said Székely. “It is the only law that includes specific prohibitions that protect San Miguel’s cultural heritage, integrity and urban structure.” This legislation can be consulted on the Basta Ya blog at
http://bastayasma.blogspot.com.
Response to the public’s questions
“The ones who violate the law are not the only ones who can ask for lawyers’ assitance. With our help, the citizenship is no longer alone,” said Székely in response to a question during the question period that followed the presentation.
For Székely, the declaration of San Miguel by UNESCO as a World Heritage site is very important. “But we can’t have it both ways. If this designation is already tainted, it will be a loss of prestige for the city,” said the lawyer, referring to construction in discord with the city’s architecture that has already been authorized.
In response to a question about the charge for his services and who would pay for them, Székely remarked that any service deserves economic remuneration. “The legal advice will be paid for by those who believe in this platform. There is a lot of work to be done, and it will depend on the availability of resources to pay for professional services,” he said. However, he added that his nonprofit firm acts in the public interest.
Don Patterson, head of the Ecology Department, denied the rumor that a new Wal-Mart shopping center was being planned. “When we make a protest, we must be careful to have all the necessary information at hand, including plans and explanations,” he said.
Proposals
The following are among the 27 issues outlined in Székely’s proposal:
· Ensuring that City Hall and the state congress collaborate with citizens
· Strengthening the environmental impact evaluation
· Enhancing protection of the ecological preservation zone of El Charco del Ingenio
· Creating and economically supporting protected ecological areas on privately owned land
· Guidelines for local authorities to abide by the tenets of the 1939 law of “Protection and Conservation of San Miguel de Allende”
· Legal recourse for cases of authorities acting to intimidate citizens for exercising their legal rights
· Modifying the state and local laws of transparency
· Rendering adherence to legal guidelines regarding environmental, urban development and cultural heritage issues obligatory rather than discretionary
· Petitioning City Hall to fulfill the objectives of the Law of Cultural Heritage of the State of Guanajuato
· Instituting legal actions against government employees who violate, through acts or omissions, the rules governing ecological, urban development or cultural heritage issues.
· Actions regarding water issues
· Organizing citizens in an association with jurisdictional power
· Publishing an informative gazette though which the citizens can be informed of all governmental activities and decisions
By Jesús Ibarra,
Mar 16, 2007
Atencion San Miguel
A partnership between citizens and the municipal government that is based on the law and transparency is essential to protect San Miguel’s colonial heritage and its natural and cultural resources, according to Alberto Székely, an international legal expert on development and the environment.
Former ambassador Székely, a lawyer from Mexico City, told more than 200 people on March 9 at the Museo Allende that the future of San Miguel cannot be discussed in an atmosphere of confrontation between authorities and the citizenry, such as that fueled by the authorization of legally questionable urban development projects.
Székely introduced and discussed a 27-point strategy that offers guidance on enhancing cooperation between citizens, City Hall and the state congress; on protecting the environment and San Miguel’s cultural heritage; regulating urban development; and increasing transparency and accountability in local government, among other issues. The complete document is available at www.vaporsanmiguel.blogspot.com.
“The only way [to avoid confrontation] is to ensure that the government does not act alone,” he said. According to Székely, authorities must act with transparency and “perform their duties in plain sight…. This can only be ensured if citizens are also responsible and committed to participate.”
Several members of the city government, including assistant mayor Rodolfo Jurado and city council secretary Christopher Finkelstein Franyuti, as well as prominent developer Raul Araiza, owner of the El Caracol condo project that spurred protests against uncontrolled development, were in attendance. Mayor Jesús Correa was not present.
Authorities generally responded favorably to the meeting. “I am glad to see a more organized proposal for citizen participation,” said Jurado. For Finkelstein, the proposal was a positive exercise in democracy. “It was time to see more serious and analytical proposals. Together, authorities and citizens can achieve important advances for the benefit of San Miguel,” he commented. “This situation sends a message to the authorities that improving communication with the public is important.”
Székely first visited San Miguel in January 2007 at the invitation of the newly formed citizens’ group Basta Ya to discuss the importance of citizens’ participating to protect local resources. In this second visit, he reiterated that he was not “coming to confront, but to propose alternatives for cooperation—for citizens to substitute proposals for protests; for developers to have clear legal guidelines for investing in city development; and for authorities to become open to collaboration with citizens.”
Székely emphasized that he is not influenced by the interests of any political party.
He and his team of legal advisors will advise both citizens and authorities to work within established legal parameters and demonstrate it is an unclear legal framework that inhibits employment and investment. “We do not want to add fuel to the fire, but to extinguish it immediately,” he said.
As for the question of participation of expats, Székely explained that Article 1 of the Mexican Constitution permits participation by foreign residents in Mexico in civic or social acts; however, they may not participate in political activities. “All citizens must behave in a peaceful and respectful way,” he said. “And authorities are not permitted to use any means to inhibit the expression of complaints and demands.”
A 1939 law revisitedA surprise revelation from Székely was a 1939 law that designated San Miguel de Allende as a “pueblo típico” (a typically Mexican town).
The law, published in the Diario Oficial de Guanajuato (a government publication), forbids the construction within the city of buildings that do not conform to its colonial style of architecture and forbids the initiation of any construction project without the written authority of a board of citizens called a “Junta de Vigilancia.” “By reading the law, one can conclude that if it had been respected and applied through the 68 years that it has been in existence, the story and situation of San Miguel’s heritage would be completely different,” said Székely. “It is the only law that includes specific prohibitions that protect San Miguel’s cultural heritage, integrity and urban structure.” This legislation can be consulted on the Basta Ya blog at
http://bastayasma.blogspot.com.
Response to the public’s questions
“The ones who violate the law are not the only ones who can ask for lawyers’ assitance. With our help, the citizenship is no longer alone,” said Székely in response to a question during the question period that followed the presentation.
For Székely, the declaration of San Miguel by UNESCO as a World Heritage site is very important. “But we can’t have it both ways. If this designation is already tainted, it will be a loss of prestige for the city,” said the lawyer, referring to construction in discord with the city’s architecture that has already been authorized.
In response to a question about the charge for his services and who would pay for them, Székely remarked that any service deserves economic remuneration. “The legal advice will be paid for by those who believe in this platform. There is a lot of work to be done, and it will depend on the availability of resources to pay for professional services,” he said. However, he added that his nonprofit firm acts in the public interest.
Don Patterson, head of the Ecology Department, denied the rumor that a new Wal-Mart shopping center was being planned. “When we make a protest, we must be careful to have all the necessary information at hand, including plans and explanations,” he said.
Proposals
The following are among the 27 issues outlined in Székely’s proposal:
· Ensuring that City Hall and the state congress collaborate with citizens
· Strengthening the environmental impact evaluation
· Enhancing protection of the ecological preservation zone of El Charco del Ingenio
· Creating and economically supporting protected ecological areas on privately owned land
· Guidelines for local authorities to abide by the tenets of the 1939 law of “Protection and Conservation of San Miguel de Allende”
· Legal recourse for cases of authorities acting to intimidate citizens for exercising their legal rights
· Modifying the state and local laws of transparency
· Rendering adherence to legal guidelines regarding environmental, urban development and cultural heritage issues obligatory rather than discretionary
· Petitioning City Hall to fulfill the objectives of the Law of Cultural Heritage of the State of Guanajuato
· Instituting legal actions against government employees who violate, through acts or omissions, the rules governing ecological, urban development or cultural heritage issues.
· Actions regarding water issues
· Organizing citizens in an association with jurisdictional power
· Publishing an informative gazette though which the citizens can be informed of all governmental activities and decisions
jueves, 15 de marzo de 2007
Cuatro policías adictos en SMA
CORTAZAR, GTO.- Exámenes antidoping realizaron a 100 elementos de la Dirección de Seguridad Pública, en 10 días tendrán los resultados.
El Sol del Bajío
15 de marzo de 2007
San Miguel de Allende..- El "antidoping" aplicado el pasado lunes a los elementos de Seguridad Pública, arrojó muchos casos positivos, informó el director de Seguridad Pública, Daniel Trujillo García, quien no precisó la cantidad.
El pasado lunes, se aplicó un examen toxicológico al personal de la Dirección de Seguridad Pública para determinar si alguno de los elementos son o no adictos a determinadas sustancias tóxicas como las drogas y el alcohol. El director de Seguridad Pública, indicó que salieron muchos "positivos", aunque no determinó la cantidad. Dijo que informará de los resultados en rueda de prensa que se llevará a cabo este viernes. "No vamos a tapar a nadie. Vamos a tener que trabajar muy duro en esto" señaló.
Extraoficialmente, El Sol del Bajío pudo enterarse que se habían detectado a cuatro elementos de la Dirección que habían resultado positivos del examen, lo que arrojo que eran adictos a sustancias toxicológicas.
Por otra parte, respecto a las numerosas quejas que se presentan contra elementos de Seguridad Pública de parte de muchas personas, en especial jóvenes de las diversas colonias, el director de Seguridad Pública, Daniel Trujillo dijo que señaló qué remisión debe ser bien sustentada en cada uno de los casos, además de que los jóvenes deben de estar informados de El Bando de Policía y Buen Gobierno, porque lo desconocen.
"Se les puede inclusive remitir por estar tomando, estarse orinando. No podemos dejar que nuestra ciudad la orinen, que estén ingiriendo en la vía pública, que estén piropeando a alguien, sabiendo que eso es castigado".
Muchas veces, los ciudadanos dicen ser "ciudadanos ejemplares", pero muchas veces se transforman con las bebidas alcohólicas, indicó Trujillo.
Por eso, se recomienda a la gente que se porte bien y que vaya a beber bebidas embriagantes a los lugares indicados. Si se trasladan a su domicilio en forma correcta, nunca han sido detenidos, dijo el director de Seguridad.
Apuntó que aquellos que se quejan, son los que "están viendo modificada su vida, que siempre son los delictivos". Finalizó.
Los verdaderos enemigos
Jueves, 15 de Marzo de 2007
Editorial
Correo
Con un contingente de cerca de 300 policías estatales y municipales de Celaya, las autoridades de ambos niveles de gobierno recibieron ayer a un grupo casi igual de numeroso de miembros del Comité Promejoramiento del Agro Nacional, que de forma pacífica se instaló frente a las sedes de Conagua, SAGARPA, SDA y CFE en demanda de una rebaja en los costos de la energía eléctrica. Una decisión, cabe imaginar, tomada ante el "escenario de amenaza real" que el despliegue de tractores por diversos puntos de la ciudad representaba para la seguridad de los celayenses.
El director de la Guardia Municipal, Prisciliano Mandujano Herrera, explicó que se solicitó el apoyo del gobierno estatal para implementar el “operativo especial”, cuyo fin fue el de “salvaguardar el orden”. Por tanto, se felicitó porque si bien no estaba dispuesto a "caer en provocaciones”, “no fue necesario emplear la fuerza pública” porque la manifestación se dio "en son de paz”.
En un municipio donde desde hace años se dan los más altos índices de inseguridad pública, llamar en auxilio a las autoridades estatales para hacer frente a las imaginarias “provocaciones” de unos manifestantes que resultan ser pacíficos, no es un gesto inocuo, sin repercusiones. Sobre todo cuando al desproporcionado llamado acuden no sólo más de cien elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, sino otros tantos de la Policía Ministerial y 80 de la corporación local, además de notarios públicos.
Se trata de un despliegue que no se ha visto en los tiempos recientes para combatir la inseguridad en el municipio, ése sí un problema de enormes dimensiones que pone en serio riesgo la integridad de los ciudadanos. Porque lo único que provocaron los manifestantes, fue que las inconsecuencias de las autoridades municipales quedaran otra vez en evidencia.
Más grave que todo esto es que ha quedado expuesta la idea de seguridad que se tiene en ese municipio y en el gobierno del estado, esa que considera una peligrosa amenaza a los grupos de manifestantes, aunque intenten resolver sus problemas por la vía pacífica, como ocurrió ayer. Muy distinta a la que se tiene ante las bandas de delincuentes que no sólo provocan intranquilidad y sentimiento de desamparo entre los celayenses, sino que incluso en sus acciones llegan hasta a atentar contra la vida de sus víctimas.
Hoy la máxima prioridad tiene que estar en la lucha sin cuartel contra la delincuencia, que se nutre de los errores de los encargados de las instituciones y de los miedos que desata entre la población. Para ello es imprescindible la responsabilidad en la cooperación entre los gobiernos estatal y municipal, a la vez que la capacidad para identificar en dónde se encuentran los verdaderos peligros para los ciudadanos
Editorial
Correo
Con un contingente de cerca de 300 policías estatales y municipales de Celaya, las autoridades de ambos niveles de gobierno recibieron ayer a un grupo casi igual de numeroso de miembros del Comité Promejoramiento del Agro Nacional, que de forma pacífica se instaló frente a las sedes de Conagua, SAGARPA, SDA y CFE en demanda de una rebaja en los costos de la energía eléctrica. Una decisión, cabe imaginar, tomada ante el "escenario de amenaza real" que el despliegue de tractores por diversos puntos de la ciudad representaba para la seguridad de los celayenses.
El director de la Guardia Municipal, Prisciliano Mandujano Herrera, explicó que se solicitó el apoyo del gobierno estatal para implementar el “operativo especial”, cuyo fin fue el de “salvaguardar el orden”. Por tanto, se felicitó porque si bien no estaba dispuesto a "caer en provocaciones”, “no fue necesario emplear la fuerza pública” porque la manifestación se dio "en son de paz”.
En un municipio donde desde hace años se dan los más altos índices de inseguridad pública, llamar en auxilio a las autoridades estatales para hacer frente a las imaginarias “provocaciones” de unos manifestantes que resultan ser pacíficos, no es un gesto inocuo, sin repercusiones. Sobre todo cuando al desproporcionado llamado acuden no sólo más de cien elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, sino otros tantos de la Policía Ministerial y 80 de la corporación local, además de notarios públicos.
Se trata de un despliegue que no se ha visto en los tiempos recientes para combatir la inseguridad en el municipio, ése sí un problema de enormes dimensiones que pone en serio riesgo la integridad de los ciudadanos. Porque lo único que provocaron los manifestantes, fue que las inconsecuencias de las autoridades municipales quedaran otra vez en evidencia.
Más grave que todo esto es que ha quedado expuesta la idea de seguridad que se tiene en ese municipio y en el gobierno del estado, esa que considera una peligrosa amenaza a los grupos de manifestantes, aunque intenten resolver sus problemas por la vía pacífica, como ocurrió ayer. Muy distinta a la que se tiene ante las bandas de delincuentes que no sólo provocan intranquilidad y sentimiento de desamparo entre los celayenses, sino que incluso en sus acciones llegan hasta a atentar contra la vida de sus víctimas.
Hoy la máxima prioridad tiene que estar en la lucha sin cuartel contra la delincuencia, que se nutre de los errores de los encargados de las instituciones y de los miedos que desata entre la población. Para ello es imprescindible la responsabilidad en la cooperación entre los gobiernos estatal y municipal, a la vez que la capacidad para identificar en dónde se encuentran los verdaderos peligros para los ciudadanos
Don Giovanni
Yerbamala
Jueves, 15 de Marzo de 2007
Correo
1.- CFE ACEITOSA. Primero se abstuvo de avisar a las autoridades del derrame de combustóleo; luego, ninguno de sus funcionarios se atrevió a dar la cara durante dos días; y finalmente, cuando no tuvo alternativa, desinformó con la aseveración de que sólo se habían vertido 800 litros del hidrocarburo al río Lerma. Una forma de actuar que desvela la negligencia con que se opera en la CFE de Salamanca.
El tamaño de la mentira de la paraestatal fue descubierto, acaso involuntariamente, por el vocero de la Refinería Ing. Antonio M. Amor de Pemex, Alfonso García Moreno, cuando dio cuenta que trabajadores de esta otra empresa habían retirado más de cinco mil litros del combustible y anunció que la labor de los petroleros sólo se detendrá hasta que el derrame termine por completo.
Es decir, hasta el día de ayer todavía continuaba el vertido al río provocado por una tubería de la termoeléctrica dañada el fin de semana, cosa a la que tampoco se han referido ninguno de sus funcionarios.
Por eso el delegado de la Profepa, Eloy Urroz Jiménez, pide que la CFE diga "si fueron 800 litros los que se fueron al río y que no fueron retenidos, o si en realidad fueron retenidos y sacados por personal de Pemex. Hasta ahora las cifras no están claras, porque podremos pensar que esos 800 litros se fueron aguas abajo y que los tres mil 500 son los que se han sacado y otros tanto están confinados en el interior de la empresa".
Debido, precisamente, a la falta de información confiable es que todavía no se pueden medir las consecuencias del accidente, aunque el propio Urroz Jiménez da señales de hasta dónde pueden llegar las repercusiones cuando la Conagua conozca las cifras reales del derrame y entonces pueda saber si el agua del Lerma es o no apta para el riego, o si llegará contaminada al Lago de Chapala.
Cabe imaginar entonces la reacción de los campesinos si les informa que deberán dejar correr el río, dejando a sus tierras en espera del temporal o a merced de la sequía; o la posición que asumirá Jalisco cuando se entere que las descargas que reciba el Chapala fueron contaminadas por la CFE.
De hecho, productores agrícolas que sufrieron afectaciones en sus tierras por la lluvia de combustóleo ya anunciaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable y empresarios del municipio no sólo exigen información a la empresa, sino que "ofrezcan soluciones y que las cumplan". Estamos ante un hecho de enormes repercusiones. Por eso, también, resultan sorprendentes las declaraciones ayer del gobernador Juan Manuel Oliva, que al contrario de mostrar una convicción respecto a la protección del entorno y comprometer gestiones para la reparación de los daños, pretendió eludir el problema.
Primero atribuyó toda responsabilidad a las autoridades federales, y luego proporcionó cifras del derrame de combustóleo que sólo contribuyen a la desinformación: "Hasta el martes… cerca de 6 mil litros de dicha sustancia se habían recogido. Se espera que durante el transcurso del día recolecten otros cuatro mil litros, lo que representará aproximadamente cinco barriles de 200 litros cada uno".
No se debe olvidar que lo más importante es remediar los daños causados por la contaminación del río y mitigar los efectos que se puedan tener en la zona del siniestro. Pero eso no se logrará si no se cuenta siquiera con datos confiables y si no se asume una postura firme con quienes tienen que revertir esta situación. Porque el accidente ha ocurrido en Guanajuato, y aquí se sufren sus consecuencias.
2.- ESPECULACIÓN DESATADA. El abandono de que han hecho gala las autoridades estatales y municipales para reencauzar la obra del nuevo acceso, ha originado una anarquía generalizada que en poco puede dar beneficios a la joya histórica y arquitectónica que es la capital del Estado.
Nadie parece estar tomando una iniciativa firme para resolver los problemas que hasta ahora mantienen empantanada la construcción de la vialidad Euquerio Guerrero- Presa de la Olla.
Cuarenta y cinco días después de que se realizaran las primeras denuncias sobre las irregularidades en la obra, las medidas de remediación del daño ambiental no se han definido; tampoco se ha determinado dónde tirar los nuevos desperdicios que se generen para evitar mayores perjuicios a la zona. De la misma manera, nada se sabe de posibles responsabilidades por negligencia y omisiones dolosas de los funcionarios de la anterior administración que permitieron que pasara lo que pasó.
El municipio, bajo mucha presión, decidió suspender la publicación de un sospechoso cambio del uso del suelo de la zona, mediante la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, lo cual redundó en la renuncia del director de Desarrollo Urbano.
Sin embargo, hoy se sabe que un particular interesado en la posibilidad de urbanizar la zona al ser propietario de cientos de hectáreas en ella, decidió tomar la iniciativa y registrar por su cuenta el Plan de Ordenamiento modificado, el cual ya había sido publicado en el diario oficial. Se trata del ex directivo del Sistema Municipal de Agua Potable, Rubén Rodríguez Nieto, familiar cercano del ex alcalde Arnulfo Vázquez Nieto.
Por si algo faltara, los regidores de la oposición priista, encabezados por el abogado Jorge Luis Hernández, se volvieron consultores en materia vial y sugirieron la reubicación de un puente pensado para una etapa posterior del nuevo acceso, a fin de modificar el trazo de las conexiones entre esta vía y la carretera panorámica, lo cual sin duda también busca el beneficio de algún particular.
En este clima de ausencia del gobierno, lo que viene triunfando es una posición de rapiña desatada para especular con los beneficios que traerá consigo la vialidad. Desde luego, es ingenuo pensar que no existan repercusiones favorables para algunos particulares, pero debería ser el gobierno un árbitro activo en mediar todas estas disputas que hoy por hoy han contaminado enormemente la obra.
Por eso resultaba importante lo que tuviera que decir al respecto el ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks, en cuya administración dio inicio toda la descomposición que se ha originado en torno a una obra de casi 300 millones de pesos, vital para el desarrollo de la capital del Estado.
Sin embargo, el hoy director de Conacyt eligió el silencio al ser abordado por los medios en una visita a la entidad este miércoles. "Tengo por regla no hablar de los cargos anteriores que he ocupado", dijo quien fuera un activo ex rector de la Universidad de Guanajuato durante su gestión como gobernador, al grado de haber intervenido en forma decisiva y radical en la propuesta de reforma de la institución que hoy todavía está en análisis por el Congreso.
Y no obstante que el gobernador Juan Manuel Oliva ha señalado de manera reiterada que los problemas del nuevo acceso, "fueron heredados", Juan Carlos decidió que lo mejor era no meterse en esos terrenos, no los del nuevo acceso, sino los de la explicación sobre las terribles omisiones que han salido a relucir en estos días. Ese silencio, empero, es más que elocuente.
Y lo que urgía, más allá de la búsqueda de las responsabilidades originales, es decir el reencauzamiento de la que sin duda será una realización de gran impacto para la ciudad, se ve hoy más distante que nunca. El acto de audacia de Rodríguez Nieto genera una situación jurídica que puede ser de graves consecuencias, pues aunque el Ayuntamiento trate de revocar el registro, la situación se prestará a litigios administrativos e incluso amparos judiciales que pueden nulificar cualquier decisión de revertir los usos de suelo de la zona.
Y, por si algo faltara, un damnificado de este nuevo acto de prestidigitación inmobiliaria es el propio gobierno estatal, al ver surgir una fuerte competencia para el desarrollo de los terrenos del fideicomiso promotor para el desarrollo de Marfil, el olvidado Fiprodima que duerme el sueño de los justos desde hace tiempo.
El protagonismo de los particulares, que también se muestra en la rebatinga que empieza a verse por orientar la construcción de los anexos al nuevo acceso que le darían conexión con Pozuelos y la Panorámica, obras que ni siquiera están presupuestadas, es otro síntoma delicado del repliegue de la autoridad.
Urge que esta situación cambie por bien de todos, pues el peor enemigo de cualquier comunidad es la desnuda confrontación de los intereses privados sin arbitraje de por medio.
dongiovanni@fastmail.fm
Jueves, 15 de Marzo de 2007
Correo
- Derrame en Salamanca: Profepa descubre las mentiras de la CFE
- Este asunto no me corresponde, dice el gobierno del estado
- Gol a Cabildo capitalino: registra particular plan de ordenamiento
1.- CFE ACEITOSA. Primero se abstuvo de avisar a las autoridades del derrame de combustóleo; luego, ninguno de sus funcionarios se atrevió a dar la cara durante dos días; y finalmente, cuando no tuvo alternativa, desinformó con la aseveración de que sólo se habían vertido 800 litros del hidrocarburo al río Lerma. Una forma de actuar que desvela la negligencia con que se opera en la CFE de Salamanca.
El tamaño de la mentira de la paraestatal fue descubierto, acaso involuntariamente, por el vocero de la Refinería Ing. Antonio M. Amor de Pemex, Alfonso García Moreno, cuando dio cuenta que trabajadores de esta otra empresa habían retirado más de cinco mil litros del combustible y anunció que la labor de los petroleros sólo se detendrá hasta que el derrame termine por completo.
Es decir, hasta el día de ayer todavía continuaba el vertido al río provocado por una tubería de la termoeléctrica dañada el fin de semana, cosa a la que tampoco se han referido ninguno de sus funcionarios.
Por eso el delegado de la Profepa, Eloy Urroz Jiménez, pide que la CFE diga "si fueron 800 litros los que se fueron al río y que no fueron retenidos, o si en realidad fueron retenidos y sacados por personal de Pemex. Hasta ahora las cifras no están claras, porque podremos pensar que esos 800 litros se fueron aguas abajo y que los tres mil 500 son los que se han sacado y otros tanto están confinados en el interior de la empresa".
Debido, precisamente, a la falta de información confiable es que todavía no se pueden medir las consecuencias del accidente, aunque el propio Urroz Jiménez da señales de hasta dónde pueden llegar las repercusiones cuando la Conagua conozca las cifras reales del derrame y entonces pueda saber si el agua del Lerma es o no apta para el riego, o si llegará contaminada al Lago de Chapala.
Cabe imaginar entonces la reacción de los campesinos si les informa que deberán dejar correr el río, dejando a sus tierras en espera del temporal o a merced de la sequía; o la posición que asumirá Jalisco cuando se entere que las descargas que reciba el Chapala fueron contaminadas por la CFE.
De hecho, productores agrícolas que sufrieron afectaciones en sus tierras por la lluvia de combustóleo ya anunciaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable y empresarios del municipio no sólo exigen información a la empresa, sino que "ofrezcan soluciones y que las cumplan". Estamos ante un hecho de enormes repercusiones. Por eso, también, resultan sorprendentes las declaraciones ayer del gobernador Juan Manuel Oliva, que al contrario de mostrar una convicción respecto a la protección del entorno y comprometer gestiones para la reparación de los daños, pretendió eludir el problema.
Primero atribuyó toda responsabilidad a las autoridades federales, y luego proporcionó cifras del derrame de combustóleo que sólo contribuyen a la desinformación: "Hasta el martes… cerca de 6 mil litros de dicha sustancia se habían recogido. Se espera que durante el transcurso del día recolecten otros cuatro mil litros, lo que representará aproximadamente cinco barriles de 200 litros cada uno".
No se debe olvidar que lo más importante es remediar los daños causados por la contaminación del río y mitigar los efectos que se puedan tener en la zona del siniestro. Pero eso no se logrará si no se cuenta siquiera con datos confiables y si no se asume una postura firme con quienes tienen que revertir esta situación. Porque el accidente ha ocurrido en Guanajuato, y aquí se sufren sus consecuencias.
2.- ESPECULACIÓN DESATADA. El abandono de que han hecho gala las autoridades estatales y municipales para reencauzar la obra del nuevo acceso, ha originado una anarquía generalizada que en poco puede dar beneficios a la joya histórica y arquitectónica que es la capital del Estado.
Nadie parece estar tomando una iniciativa firme para resolver los problemas que hasta ahora mantienen empantanada la construcción de la vialidad Euquerio Guerrero- Presa de la Olla.
Cuarenta y cinco días después de que se realizaran las primeras denuncias sobre las irregularidades en la obra, las medidas de remediación del daño ambiental no se han definido; tampoco se ha determinado dónde tirar los nuevos desperdicios que se generen para evitar mayores perjuicios a la zona. De la misma manera, nada se sabe de posibles responsabilidades por negligencia y omisiones dolosas de los funcionarios de la anterior administración que permitieron que pasara lo que pasó.
El municipio, bajo mucha presión, decidió suspender la publicación de un sospechoso cambio del uso del suelo de la zona, mediante la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, lo cual redundó en la renuncia del director de Desarrollo Urbano.
Sin embargo, hoy se sabe que un particular interesado en la posibilidad de urbanizar la zona al ser propietario de cientos de hectáreas en ella, decidió tomar la iniciativa y registrar por su cuenta el Plan de Ordenamiento modificado, el cual ya había sido publicado en el diario oficial. Se trata del ex directivo del Sistema Municipal de Agua Potable, Rubén Rodríguez Nieto, familiar cercano del ex alcalde Arnulfo Vázquez Nieto.
Por si algo faltara, los regidores de la oposición priista, encabezados por el abogado Jorge Luis Hernández, se volvieron consultores en materia vial y sugirieron la reubicación de un puente pensado para una etapa posterior del nuevo acceso, a fin de modificar el trazo de las conexiones entre esta vía y la carretera panorámica, lo cual sin duda también busca el beneficio de algún particular.
En este clima de ausencia del gobierno, lo que viene triunfando es una posición de rapiña desatada para especular con los beneficios que traerá consigo la vialidad. Desde luego, es ingenuo pensar que no existan repercusiones favorables para algunos particulares, pero debería ser el gobierno un árbitro activo en mediar todas estas disputas que hoy por hoy han contaminado enormemente la obra.
Por eso resultaba importante lo que tuviera que decir al respecto el ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks, en cuya administración dio inicio toda la descomposición que se ha originado en torno a una obra de casi 300 millones de pesos, vital para el desarrollo de la capital del Estado.
Sin embargo, el hoy director de Conacyt eligió el silencio al ser abordado por los medios en una visita a la entidad este miércoles. "Tengo por regla no hablar de los cargos anteriores que he ocupado", dijo quien fuera un activo ex rector de la Universidad de Guanajuato durante su gestión como gobernador, al grado de haber intervenido en forma decisiva y radical en la propuesta de reforma de la institución que hoy todavía está en análisis por el Congreso.
Y no obstante que el gobernador Juan Manuel Oliva ha señalado de manera reiterada que los problemas del nuevo acceso, "fueron heredados", Juan Carlos decidió que lo mejor era no meterse en esos terrenos, no los del nuevo acceso, sino los de la explicación sobre las terribles omisiones que han salido a relucir en estos días. Ese silencio, empero, es más que elocuente.
Y lo que urgía, más allá de la búsqueda de las responsabilidades originales, es decir el reencauzamiento de la que sin duda será una realización de gran impacto para la ciudad, se ve hoy más distante que nunca. El acto de audacia de Rodríguez Nieto genera una situación jurídica que puede ser de graves consecuencias, pues aunque el Ayuntamiento trate de revocar el registro, la situación se prestará a litigios administrativos e incluso amparos judiciales que pueden nulificar cualquier decisión de revertir los usos de suelo de la zona.
Y, por si algo faltara, un damnificado de este nuevo acto de prestidigitación inmobiliaria es el propio gobierno estatal, al ver surgir una fuerte competencia para el desarrollo de los terrenos del fideicomiso promotor para el desarrollo de Marfil, el olvidado Fiprodima que duerme el sueño de los justos desde hace tiempo.
El protagonismo de los particulares, que también se muestra en la rebatinga que empieza a verse por orientar la construcción de los anexos al nuevo acceso que le darían conexión con Pozuelos y la Panorámica, obras que ni siquiera están presupuestadas, es otro síntoma delicado del repliegue de la autoridad.
Urge que esta situación cambie por bien de todos, pues el peor enemigo de cualquier comunidad es la desnuda confrontación de los intereses privados sin arbitraje de por medio.
dongiovanni@fastmail.fm
Cede Ayuntamiento, decide parar obra de aparcadero
DESDE 2003
En un principio se autorizó la construcción de la obra que tendría capacidad para estacionar 160 cajones, sin embargo se modificó el proyecto y planearon 100 cajones más lo que aumentaría la altura del edificio.
En un principio se autorizó la construcción de la obra que tendría capacidad para estacionar 160 cajones, sin embargo se modificó el proyecto y planearon 100 cajones más lo que aumentaría la altura del edificio.
Por: Carlos García,
Jueves, 15 de Marzo de 2007
Correo
La Comisión de Desarrollo Urbano realizó un estudio a petición de grupos inconformes
SAN MIGUEL DE ALLENDE
El Ayuntamiento de San Miguel de Allende ordenó a la Dirección de Desarrollo Urbano suspender la construcción de un estacionamiento de cuatros pisos que esta a dos cuadras del centro histórico porque no cumple con requerimientos legales.
La Comisión de Desarrollo Urbano realizó un estudio sobre las condiciones en que se autorizó la edificación del estacionamiento derivado de la inconformidad que grupo de ciudadanos externaron mediante un oficio.
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Después del análisis del caso dictaminaron pedir a la Dirección de Ordenamiento Territorial que proceda inmediatamente a la suspensión de la obra de estacionamiento localizado en el predio identificado con el número 35 de la calle insurgentes hasta que cumpla con las condiciones y requisitos legales y obtenga la autorización de impacto ambiental, así como cualquier otro requisito o requerimiento previsto en otra legislación aplicable al proyecto.
De acuerdo al oficio 56/03/07 que emitió la Comisión de Desarrollo Urbano menciona que el 10 de junio de 2003 la Dirección del área emitió un oficio en el que notificaban al dueño del terreno que tenía un uso de suelo viable para construir un estacionamiento de 160 cajones.
Pero ahora el proyecto es de 264 cajones por eso construyen cuatro pisos. Después el cuatro de septiembre de 2003 la Dirección de Desarrollo Urbano emite otro oficio ratificando la compatibilidad del uso de suelo pero sólo si el proyecto se integra al contexto urbano de la ciudad de acuerdo al Reglamento Obras y Construcciones, además debe contar con un estudio de impacto vial y de Protección Civil.
Con estos antecedentes la Comisión de Desarrollo Urbano dictaminó suspender la obra porque no cumple con el reglamento de Obras y Construcciones, no tienen los estudios de impacto ambiental, viales y de protección civil.
De acuerdo al artículo 41 del Reglamento de Obras y Construcciones uno de los criterios para autorizar las alturas máximas de construcciones nuevas son los niveles de los inmuebles colindantes, las alturas de edificios y templos catalogados como monumentos histórico, el nivel del terreno, el perfil urbano de las fachadas existentes "debiendo respetar el escalonamiento de dicho perfil".
Pero la construcción rebasa hasta en tres metros la altura de los edificios colindantes, pero la justificación del arquitecto encargado de la obra, Raúl Barrera es que antes había un frontón que medía 16 metros; pero en promedio los edificios de la zona tienen una altura de 10 metros.
Deberán ex funcionarios regresar liquidaciones
APROBACIÓN
La Contraloría recomendó al Ayuntamiento que inhabilite para ocupar cargos públicos hasta por cinco años a los miembros de la anterior administración que de liquidación tomaron más de 270 mil pesos.
Por: Carlos García,
Jueves, 15 de Marzo de 2007
Correo
El ex tesorero, el ex secretario de Ayuntamiento y el ex contralor de San Miguel se autoliquidaron ilegalmente
SAN MIGUEL DE ALLENDE
El Ayuntamiento de San Miguel de Allende acordó recuperar los más de 270 mil pesos de las autoliquidaciones que tomaron tres ex funcionarios de la administración 2003-2006 además los inhabilitaron para ocupar cargos públicos hasta por cinco años.
La Contraloría inició procedimientos administrativos contra el ex tesorero, Orlando Navarro Calderón, el ex contralor Manuel Soria Pantoja y el ex secretario del Ayuntamiento Gonzalo González Rodríguez que se auto liquidaron con más de 270 mil pesos, sin que el Cabildo autorizara la prestación.
Por eso la Contraloría recomendó al Ayuntamiento que inhabilite para ocupar cargos públicos por cinco años al ex tesorero y proceda legalmente para recuperar 100 mil 337 pesos, de estos 28 mil 828 fueron de la prima de antigüedad y 71 mil 548 pesos de indemnización que se auto otorgó sin autorización del Cabildo.
En ese mismo tenor el Cabildo inhabilitó para que ocupen cargos públicos por un año al ex contralor, Manuel Soria Pantoja y al ex secretario del Ayuntamiento, Gonzalo González.
El ex contralor recibió indebidamente 81 mil 256 pesos, por prima de antigüedad obtuvo 23 mil 336 pesos y por indemnización 57 mil 920 pesos, el ex secretario del Ayuntamiento recibió 99 mil 776 pesos, por prima se llevó 28 mil 228 pesos y de indemnización 71 mil 548 pesos.
La Contraloría no recomendó que el Cabildo recuperara el dinero que recibieron los ex funcionarios por concepto de prima vacacional y parte proporcional de aguinaldo.
La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos en el artículo 8 menciona que los municipios podrán dar una compensación de tres meses y 12 días por año trabajado al termino de la relación laboral, mediante una deposición de carácter general; pero el Ayuntamiento nunca la aprobó las liquidaciones.
A pesar de que el Cabildo no autorizó la prestación que marca la Ley para los funcionarios de primer nivel el ex tesorero Orlando Navarro y que Juan Pasqualli tenía una licencia para no ejercer el cargo de síndico firmaron los cheques.
SIN AUTORIZACIÓN...
El 21 de septiembre de 2006 en la última sesión ordinaria del Ayuntamiento, el alcalde interino Juan Antonio Jaramillo y el tesorero propusieron que se tomara un millón 200 mil pesos de la partida del relleno sanitario para liquidar a 11 directores, al secretario del Cabildo, al tesorero y al contralor; pero no se aprobó. Los integrantes del cuerpo colegiado no aprobaron liquidar a los directores de área por dos motivos: porque no había dinero y porque la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos no los obligaba a dar la compensación económica. Además de que el Ayuntamiento no autorizó liquidaciones el pago fue ilegal porque la firma de Juan Pasqualli en los cheques no tenía validez ya que en ese momento era síndico con licencia y nunca se reincorporó al Cabildo en una sesión.
miércoles, 14 de marzo de 2007
Protección de SMA: Oliva
ANUNCIOS
El mandatario informó también que apoyará las acciones que se realicen para lograr que San Miguel consiga ser Ciudad Patrimonio Cultural.
El mandatario informó también que apoyará las acciones que se realicen para lograr que San Miguel consiga ser Ciudad Patrimonio Cultural.
Por: Carlos García,
Miércoles, 14 de Marzo de 2007
Además ofrece acercamientos con los vecinos para llegar a acuerdos
ATARJEA
El Instituto Estatal de la Cultura (IEC) hará un análisis de la Ley sobre la Protección y Conservación de San Miguel de Allende para que "a la brevedad" sea aplicada, además serán impulsadas las acciones que apoyen la candidatura de la ciudad para ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, afirmó el gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez.
"Vamos a apoyar totalmente a San Miguel de Allende para lograr el cometido para que sea Patrimonio Cultural de la Humanidad la propuesta es para el 2008 y tenemos que tener cubierto todo lo que sea necesario y todas las partes legales que sean convenientes", adelantó el Ejecutivo.
Se cuestionó a Oliva Ramírez qué opinaba sobre la movilización ciudadana que quiere cuidar el patrimonio de la ciudad y que incluso contrató al despacho jurídico de Székelyn y adelantó que "nosotros pediremos al responsable del Instituto de la Cultura que por favor dialogue con los vecinos de San Miguel de Allende para que se llegue a un acuerdo".
El gobierno del estado tendrá acercamientos con la ciudadanía y con la administración local "para que en la brevedad posible" se aplique la Ley de Conservación de San Miguel de Allende y "con todos los organismos de la sociedad civil que quieran coadyuvar en estos términos", dijo.
Si el estado logra que San Miguel de Allende sea Patrimonio de la Humanidad tendría dos ciudades con esta distinción de la Unesco "y (se hará) todo lo que abone para que se consolide en estos términos, lo que haya que respetar lo vamos a respetar" concluyó.
La Ley sobre la Protección y Conservación de la Ciudad de San Miguel de Allende es "letra muerta", no se aplica porque el Poder Ejecutivo de Guanajuato no ha instalado la Junta de Vigilancia que debe supervisar las construcciones nuevas.
De acuerdo al artículo primero de la Ley es declarada Población Típica de San Miguel de Allende "todo el espacio urbanizado comprendido dentro de los límites que actualmente forman el perímetro de dicha ciudad".
Dentro del perímetro urbanizado están prohibidas las construcciones que no estén acordes al estilo arquitectónico de la ciudad por eso "no podrá emprenderse ninguna obra nueva sin que previamente se haya obtenido autorización escrita de la Junta de Vigilancia", marca el artículo segundo.
La Junta de Vigilancia depende del Poder Ejecutivo y corresponde al gobernador en turno que en este caso es Juan Manuel Oliva Ramírez, designar al presidente del organismo y el gobierno federal debe tener un representante
DIÁLOGO
“El diálogo tendrá que hacerse con toda persona interesada en preservar la Fragua de la Independencia, hay que trabajar y dialogar con todos, el objetivo es que San Miguel de Allende sea Patrimonio Cultural”.
Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernadoR del estado
For citizens who prefer proposals over protest
Commentary on the Basta Ya Meeting of March 8, 2007
By Mercedes San Martin
translated by Holly Yasui
A spring-like afternoon was the peerless setting for the citizens' meeting that took place in the patio of the Museum Casa de Allende. The great General Allende, proud of his home, put forth good omens for the gathering to measure up to its surroundings. Early on, almost an hour before the event, people started to arrive, some with invitation in hand and others without. More than a hundred and seventy chairs awaited their occupants, and soon the aisles, the stairs overflowed with people and the patio was packed.
The presentation by Ambassador Alberto Szekely was solemn, professional, intelligent and well-documented. Accompanied by a group of colleagues from his law firm, the ambassador began his discourse with conciliatory tone: "We haven't come to confront anyone, but rather to offer cooperative alternatives for the citizens who would substitute proposals for protest."
To that effect, we listened for about an hour and a half to the "Legal Strategy for the Protection of the Traditional Town of San Miguel de Allende." Twenty-seven proposals for citizen participation are included in the plan which, dealing with a series of problems concerning both cultural and natural heritage of the municipality of Allende, attempts to transform the complaints, the apathy and the legal disputes into proposal-oriented and democratic work for the good of our municipality. Who can be opposed to citizen participation based on the laws with which our institutions endeavor to promote democracy? Without a doubt, no one should be.
Dr. Szekely, an expert environmental defense attorney and ambassador, presented us with the tools that enable effective citizen participation. The purpose of the presentation, and I quote it literally, is "to design a strategy for the citizens of San Miguel de Allende to contribute to what they are qualified to assume: the co-responsibility to protect their natural and cultural heritage in a proposal-oriented manner, abiding by the law and using the various means and resources offered by it, working with the authorities, and thereby assuring that those authorities find, in the citizens' participation, the necessary incentive to fulfill the pertinent legal provisions."
It was clear that citizens' initiatives resonate when they are proposed out of respect and knowledge; it is not overly idealistic to suggest to the authorities the need to work together in order to accomplish the development of our municipality for the benefit of the whole community. We are working to make the law not a dead letter but rather an instrument; we are working with the authorities, putting aside rivalries and distrust. The fact that the forum was open to all citizens and authorities showed that we are not trying to be confrontational -- if that had been the case, we would have made the meeting private. We give ourselves the task of validating the law, everything within the law and nothing outside of the law.
Yes, we are all in favor of the rule of law and order; we will use the law, its framework and substance, and, above all, we pledge to fulfill it. Equality, justice and respect should be values that enable us to envision a future in which all of us belong.
We have the right to dissent -- in a democracy, that helps us to reflect, to find solutions to problems, to see in the other an inexhaustible source of perspectives on reality. Those who fear criticism fear themselves, fear that they are insecure in their knowledge and opinions, and are not able to defend them.
We should congratulate ourselves for this step forward and I welcome this new web page ("Va Por San Miguel" www.vaporsanmiguel.blogspot.com in Spanish), which will be a fount of information for citizens who prefer proposals over protest.
By Mercedes San Martin
translated by Holly Yasui
A spring-like afternoon was the peerless setting for the citizens' meeting that took place in the patio of the Museum Casa de Allende. The great General Allende, proud of his home, put forth good omens for the gathering to measure up to its surroundings. Early on, almost an hour before the event, people started to arrive, some with invitation in hand and others without. More than a hundred and seventy chairs awaited their occupants, and soon the aisles, the stairs overflowed with people and the patio was packed.
The presentation by Ambassador Alberto Szekely was solemn, professional, intelligent and well-documented. Accompanied by a group of colleagues from his law firm, the ambassador began his discourse with conciliatory tone: "We haven't come to confront anyone, but rather to offer cooperative alternatives for the citizens who would substitute proposals for protest."
To that effect, we listened for about an hour and a half to the "Legal Strategy for the Protection of the Traditional Town of San Miguel de Allende." Twenty-seven proposals for citizen participation are included in the plan which, dealing with a series of problems concerning both cultural and natural heritage of the municipality of Allende, attempts to transform the complaints, the apathy and the legal disputes into proposal-oriented and democratic work for the good of our municipality. Who can be opposed to citizen participation based on the laws with which our institutions endeavor to promote democracy? Without a doubt, no one should be.
Dr. Szekely, an expert environmental defense attorney and ambassador, presented us with the tools that enable effective citizen participation. The purpose of the presentation, and I quote it literally, is "to design a strategy for the citizens of San Miguel de Allende to contribute to what they are qualified to assume: the co-responsibility to protect their natural and cultural heritage in a proposal-oriented manner, abiding by the law and using the various means and resources offered by it, working with the authorities, and thereby assuring that those authorities find, in the citizens' participation, the necessary incentive to fulfill the pertinent legal provisions."
It was clear that citizens' initiatives resonate when they are proposed out of respect and knowledge; it is not overly idealistic to suggest to the authorities the need to work together in order to accomplish the development of our municipality for the benefit of the whole community. We are working to make the law not a dead letter but rather an instrument; we are working with the authorities, putting aside rivalries and distrust. The fact that the forum was open to all citizens and authorities showed that we are not trying to be confrontational -- if that had been the case, we would have made the meeting private. We give ourselves the task of validating the law, everything within the law and nothing outside of the law.
Yes, we are all in favor of the rule of law and order; we will use the law, its framework and substance, and, above all, we pledge to fulfill it. Equality, justice and respect should be values that enable us to envision a future in which all of us belong.
We have the right to dissent -- in a democracy, that helps us to reflect, to find solutions to problems, to see in the other an inexhaustible source of perspectives on reality. Those who fear criticism fear themselves, fear that they are insecure in their knowledge and opinions, and are not able to defend them.
We should congratulate ourselves for this step forward and I welcome this new web page ("Va Por San Miguel" www.vaporsanmiguel.blogspot.com in Spanish), which will be a fount of information for citizens who prefer proposals over protest.
Martínez Harris no ha dado informe de las Fiestas Patrias
La Contraloría Municipal emitió observaciones que se deben solventar de irregularidades del Patronato de Fiestas Patrias, pues hay gastos sin comprobar..
El Sol del Bajío
13 de marzo de 2007
San Miguel de Allende, Gto.- Desde que finalizaron las fiestas patrias y regionales a principios del mes de octubre del año pasado, a la fecha, el Patronato de las Fiestas Patrias, Tradicionales y Regionales, encabezada por el Lic. Jaime Fernández Martínez Harris, no se han entregado cuentas claras a la Tesorería, por lo que la Contraloría municipal ha emitido observaciones para que se solventen.
El contralor municipal, José López Ortiz informó que la Contraloría ha emitido un dictamen que fue dirigido a la Comisión de Hacienda, patrimonio y cuenta pública del Ayuntamiento. En dicho dictamen, se señalan una serie de irregularidades y observaciones. Este dictamen fue entregado el pasado 27 de febrero y se tienen diez días hábiles para contestar las observaciones.
"Una vez cumplido el plazo, ya estará en condiciones la Comisión del Ayuntamiento, para que ellos en un plan de diez días, analicen y vean también la solventación de las observaciones", dijo el contralor.
Las observaciones son de diversa índole, una de ellas es por no cumplir con firmas en los contratos que se elaboraron, otra observación es que en los convenios sólo aparece una firma, o aparecen dos. Por otro lado, hay algunos gastos que no están comprobados, faltan facturas y comprobantes de gastos.
Poco más del 40% del total de los ingresos que reportó el patronato lo que está observado. En cuestión monetaria, se habla de más de dos millones 600 mil pesos. "Esto no indica, que se trate de un fraude o de un encubrimiento. Nosotros como órgano de control interno, lo que nos toca es observar algunas irregularidades que hemos detectado. Nosotros no tenemos ninguna facultad para poder en algún momento dado decir si se trata de un fraude o no. En todo caso, hay autoridades competentes, como puede ser una agencia del Ministerio Público en materia penal en donde se pudiera ver eso", señaló el contralor.
Lo que propondría la Contraloría Municipal es la inhabilitación para que los integrantes el patronato de Fiestas Patrias, ya no cumplan con el puesto que vienen desempeñando, por ser irregularidades que no se deben de cometer, independientemente si se solventan o no las observaciones. Además, lo que no se observe en el plazo señalado, se tendrá que reembolsar.
Invitan a asear las azoteas en San Miguel
El director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ángel Gastelum invita a los vecinos del centro a limpiar sus azoteas y alerta a los ciudadanos a que no compren terrenos irregulares.
El Sol del Bajío
13 de marzo de 2007
San Miguel de Allende, Gto.- De acuerdo a observaciones hechas de parte de los asesores de la UNESCO para que San Miguel de Allende, sea declarado patrimonio mundial de la humanidad, la dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, hace una invitación a los habitantes de la zona centro a que limpien sus azoteas.
El director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Ángel Gastelum Cadena, informó que se recibieron recomendaciones de parte de los asesores de la UNESCO para que las azoteas en el centro de la ciudad se limpien.
Desde las torres de las iglesias, se puede apreciar que hay un gran deterioro, en cuanto a imagen urbana, en las azoteas de las casas ubicadas en el centro de la ciudad. Principalmente en la parte norte, en las calles de Reloj, Insurgentes, Mesones, Hernández Macías y Loreto.
Por esta razón, se está enviando de parte de esta dirección un oficio en el que se solicita su apoyo para la limpieza de las azoteas. La autoridad municipal apoyará con la mano de obra y los particulares deberán de poner el material para las reparaciones que se tengan que hacer.
Se busca que se cubran los tinacos, los muros de colindancia que están sin pintar y sin aplanar, azoteas que se encuentran sin impermeabilizar y otras que albergan muchos triques o basura. Además se ordenará que se quiten también los techos de lámina.
El plazo para realizar estas acciones es el mes de agosto, ya que en septiembre, vendrán los inspectores que apoyan para que San Miguel de Allende sea patrimonio de la humanidad.
Se les recomendará que tipo de material se debe de comprar de parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Ya se han enviado 100 cartas y se enviarán otras 200 para que los vecinos del centro estén enterados.
ALERTAN SOBRE VENTA DE TERRENOS IRREGULARES
Continúan los asentamientos irregulares en el municipio, señaló el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Ángel Gastelum. Recomendó que los ciudadanos que tengan ofrecimiento de venta de terrenos ubicados en zonas irregulares, acudan a la dirección, que se cercioren si están en regla los permisos para fraccionar o vender un terreno.
En los fraccionamientos irregulares, se cuenta con el inconveniente de que no se cuentan con los servicios básicos que son electricidad, agua y drenaje.
Las zonas detectadas en el municipio que tienen el problema de venta de terrenos irregulares, son atrás del Ejido de Tirado, en las comunidades de Los López y La Cieneguita.
Dentro de la mancha urbana, se han detectado siete asentamientos irregulares, en los cuales habitan alrededor de dos mil familias.
martes, 13 de marzo de 2007
Solo como un ejemplo, si se puede!
Plan Anual de Transparencia
Comisión de Transparencia R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas 2005-2007
Comisión de Transparencia R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas 2005-2007
El Plan Anual de Fortalecimiento de la Transparencia Municipal
Es el documento que integra los compromisos y las propuestas de los miembros de la Comisión, a efecto de transparentar el manejo de los recursos humanos y materiales, así como el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en la Administración Pública Municipal.
http://www.ct.org.mx/plananual.html
A EU la protesta por el megatúnel
Jessica Martínez Chio
/Cambio de Michoacán
Lunes 12 de Marzo de 2007
Decenas de michoacanos radicados en los Estados Unidos y con familiares que habitan en la loma de Santa María han decidido poner manos en el asunto, toda vez que con el proyecto del megatúnel se prevé que su construcción causará graves e irreversibles daños al lugar, así como a su patrimonio.
Estos migrantes michoacanos se unirán en el vecino país del norte a la lucha que ya encabezan sus familiares, para impedir la construcción del túnel que pretende llevar a cabo la actual administración municipal panista, con el objetivo de unir la parte alta de la ciudad con la Avenida Camelinas.
Incluso, informó Virginia Fernández Guzmán, vecina de la loma, el caso ha sido tomado por una organización de migrantes llamada “Asociación de mujeres en protección al medio ambiente”, registrada en el estado de California, y pronto habrá de establecer alianzas con otras organizaciones de México para que en conjunto comiencen a propalar el polémico caso del megatúnel en toda instancia gubernamental y otras organizaciones, con el fin de generar un movimiento mayor para evitar su construcción.
“Tengo una hermana que vive en California y forma parte de esta asociación, está muy indignada y preocupada por lo que está pasando aquí. Ella comenta que no puede ser posible que el gobierno no entienda lo importante que es esta área para la ciudad y lo riesgosa que es la construcción”, aseguró.
Además de esta campaña, los líderes de los colonos de la loma estudian la posibilidad de acudir a organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras más.
A decir de Alfonso Sánchez, vecino del lugar, sólo es cuestión de afinar algunos detalles de los documentos que ya se alistan y cuyo eje rector serán todos los acuerdos internacionales para el cuidado ambiental que ha firmado el gobierno mexicano, donde se cuida el medio ambiente, entre los cuales se encuentra el Protocolo de Kyoto en materia de conservación y defensa de áreas naturales protegidas a nivel mundial.
De esta manera, este polémico caso ha comenzado a tomar matices a nivel internacional, justo a escasas semanas de que se dé inicio el proceso electoral que renovará la gubernatura, el Congreso local y las 113 alcaldías de la entidad, que se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre.
Ni siquiera estoy enterado: López Orduña
Cabe recordar que el pasado sábado se llevó a cabo el primer foro de información a cargo del Frente en Defensa de Nuestras Áreas Naturales, donde varios especialistas criticaron fuertemente la actuación de Salvador López Orduña como presidente municipal y dieron datos argumentados de por qué la obra resulta ser una actitud caprichosa e irracional de la actual administración; sin embargo, al cuestionar al edil moreliano sobre qué opinaba de dichas críticas, no tuvo mucho que decir: “Ellos tienen el derecho de manifestarse como quieran, yo ni siquiera estoy enterado de dónde fue ese foro y tampoco de los comentarios emitidos por estas personas”, esto tras señalar que “lo que pasa es que los periódicos me llegan al trabajo y pues, los domingos casi nunca los leo”.
Los Greñudos de Chavo
Después de que el alcalde de Morelia, Salvador López Orduña, declarara que los habitantes de los campamentos instalados por el Frente en Defensa de Nuestras Áreas Naturales, conformado por colonos de la Loma de Santa María y diversas organizaciones opositoras a la construcción del megatúnel eran sólo “greñudos y pagados”, Cambio de Michoacán acudió a la búsqueda de estas personas para comprobar las declaraciones del edil, y este es el resultado de nuestra búsqueda.
“Estoy en contra de la construcción, pone en riesgo mi patrimonio, así como el de mis hijos, y porque el daño ambiental que causará será irreversible”, María Virginia Fernández Guzmán, profesora. Privada Sansón Flores #49.
“Nos preocupa que el cerro es inestable, tiene desplazamientos notables, subimos muchas veces al cerro a hacer limpieza y nos podemos dar cuenta de la cantidad de irregularidades que existen el los cimientos por causa de la falla geológica”, Anastasia Gonzáles Díaz, estilista. Privada Sansón Flores #37.
“La seguridad de nuestro patrimonio y el de nuestros hijos está en peligro, esta construcción traerá más problemas que beneficios, y aparte se acabará con el único pulmón que nos queda”, Maximiliano Rivera Sánchez. Calle Tarimú #15.
“Leí en los periódicos que el alcalde está buscando que la zona de Ichaqueo sea considerada área natural protegida, eso es de dar risa, para qué buscan decretos que protejan áreas naturales si luego llegan otros presidentes que los violan, como lo está haciendo él. Ahora nos damos cuenta de que la misma autoridad viola las leyes como las que protegen está zona, poniendo en peligro la vida de ciudadanos que votaron por él, es algo por demás injusto e intolerable, me gustaría que el Ayuntamiento se hiciera responsable por los daños que pudieran ocurrirnos si se iniciara la obra”, Octavio Bucio, arquitecto. Calle José Rubén Romero #98.
“Causarán un problema aún más grave del que tenemos en materia ecológica, es el único pulmón que tenemos y si seguimos así, llegará muy pronto el día en que estemos en las mismas circunstancias de contaminación que el Distrito Federal. No nos importa cuánto vayan a ganar con esta obra, si se hacen más ricos de lo que son o no, me vale, sólo les pido que cuiden lo único que nos queda de bosque”, Rogelio García y Leticia Huerta, médico veterinario y ama de casa. Ecuaro #32.
“Lo que más me molesta es que ignoren la problemática ecológica que vive el mundo, estamos acabando con la naturaleza por nuestra ambición de poder, no es justo que sean inconscientes y pretendan acabar con esta loma, que es lo único que nos queda”, Teresa Díaz, ama de casa. Calle Marita #39.
“Sí a un Morelia sustentable, no a un Morelia anárquico”, Alfonso Rivera Sánchez. Calle José Rubén Romero #548.
Cabe señalar que en esta investigación también se encontraron familias que aseguran que el movimiento constante del cerro les afecta desde ahora, por lo cual no quieren ni imaginar lo que pasaría al comenzar la obra. En su mayoría habitan casas que no tienen mucho tiempo de haber sido construidas, de ocho a trece años, y que sin embargo ya presentan grandes deterioros, para los cuales los dueños han tenido que invertir hasta cuatro mil pesos de reparación en los casos menos graves, como se observa en las gráficas.
Al pan, pan, y al vino, vino
Víctor Manuel Martínez De Escobar
Denuncia a: Polevnsky y Coppola (Parte I)
El Sudcaliforniano
13 de marzo de 2007
Recientemente le denuncie a la Senadora y Secretaria de la Cámara de Senadores Yeidckol Polevnsky, diferentes problemas regionales que tenemos, como son: La llamada Ley del Mangle, la controvertida NOM-029 y la producción de Etanol. Me pidió que se lo mandara todo por escrito, para que ella pudiera analizarlo y exponerlo en tribuna, como punto de acuerdo; pero recordé que su Grupo Parlamentario por si solo, poco o nada puede hacer en el pleno de la Cámara de Senadores, por lo tanto, aprovecho la ocasión para hacerlo extensivo al Senador por Baja California Sur y Presidente de la Comisión de Turismo, Lic. Luís Coppola Joffroy.
En estos tiempos tan difíciles de encontrar virtudes como: el sentido común, la congruencia y la inteligencia, acudo a dos Legisladores Federales, empresarios, combativos y buscadores ambos; del bien común. Yeidckol pertenece al Grupo Parlamentario del PRD y Coppola al del PAN. Se bien por que los conozco, que la principal preocupación de ambos, es México, la generación de empleos, el combate a la inseguridad, el medio ambiente y el estado de derecho. LA PATRIA ES PRIMERO, es la frase en letras de oro que todos los Legisladores ven en la pared frontal de la Cámara de Senadores y la cual debería ser el motivo principal que debería impulsarlos sin distingo partidista, para trabajar por México y por el bien común y no solamente para sus respectivos intereses personales, de grupos o de partidos.
Nuevamente hago la denuncia, de que se viene otra embestida en contra de la protección de los manglares y humedales. Ambas Cámaras legislativas se sacaron un diez, cuando recientemente reformaron la Ley de Vida Silvestre y enmendaron un terrible error del gobierno Foxista, de autorizar la destrucción de los manglares en "bien del desarrollo", sin tomar en cuenta los incalculables servicios ambientales que prestan los bosques de mangles y los humedales.
La semana pasada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se reunieron el Presidente de la Asociación Nacional de Desarrolladores Turísticos, dirigentes hoteleros y funcionarios estatales y municipales con el Director de FONATUR, Miguel Gómez Mont, quien "reconoció que es importante que se revise la ley ecológica que protege al mangle" y dijo también que: "Sí hay pedidos muy claros de que se revise esa Ley, y creo que se debe de hacer, por que la prohibición tajante siempre hace que haya una violación tajante, entonces hay que cuidar a la ecología, pero una prohibición tan abrupta es invitar a que nadie la regule" (Diario Noroeste 09.03.07) ¿Qué les parece?
Los hoteleros mazatlecos propusieron eliminar la llamada "Ley del mangle", ya que consideran que está impidiendo el desarrollo de complejos turísticos en áreas costeras. Dijeron también que durante una comida con el Presidente Felipe Calderón, el Secretario de la SEMARNAT, Juan Rafael Elvira Quezada les dijo: "...es que la Ley (Vida Silvestre) fue aprobada al "vapor" por los diputados federales sin tomar en cuenta la opinión de desarrolladores turísticos", dijeron también que: "Elvira acordó que el Presidente Calderón va a revisar el contenido de la Ley y la intención es que se elimine para plantearla de nueva cuenta" (Noroeste 07.03.07). Lo increíble de estas declaraciones es que varios de los hoteleros ahí presentes, son férreos defensores del medio ambiente y han obtenido para sus hoteles; el Certificado de Excelencia Ambiental que otorga la PROFEPA a todos los empresarios socialmente responsables.
Ernesto Coppel Kelly dijo; que actualmente varios desarrolladores turísticos de Cancún y Baja California han tenido dificultades para realizar sus complejos, por que se "topan" con el mangle. Dijo también "que no están en contra de proteger la naturaleza, sino que es necesario tener un equilibrio con el desarrollo sustentable, pues no es posible que se dejen de crear fuentes de trabajo sólo por proteger a los mangles". Me extraña esta declaración de un empresario que se ha destacado por hacer obras millonarias para proteger el medio ambiente, en todos sus desarrollos turísticos.
Luis Coppola y Yeidckol Polevnsky saben que ningún empresario se detiene ante nada para lograr un proyecto exitoso y mucho menos para obtener utilidades millonarias. Ahí están de muestra, las multimillonarias inversiones que se realizaron en el Municipio de Los Cabos, como son: la marina de San José del Cabo o la obra faraónica de construir un túnel a través de un cerro, sólo para tener el acceso a una pequeña playa. También están los movimientos de tierra en donde han desaparecido cerros enteros, así como la marina de Costa Baja en La Paz o el puente para cruzar al desarrollo de Nuevo Altata en Sinaloa. Estos son algunos ejemplos de que nada detiene a los empresarios turísticos para obtener grandes beneficios. Entonces por que no pedirles y exigirles que empleen toda su inteligencia y los recursos necesarios, para que protejan el medio ambiente, aprovechen sustentablemente los manglares y al mismo tiempo obtengan millonarias ganancias y el reconocimiento de la sociedad.
Además y como Legisladores que son, deben recordar que los lagos, lagunas, presas, ríos, arroyos y sus cauces, así como los humedales y manglares son propiedad de la nación y los temas del agua y los bosques, son considerados desde hace varios años como de prioridad y seguridad nacional. Los empresarios inmobiliarios tienen la obligación de proteger los bosques de mangle y los humedales, ya que no son de su propiedad y están bajo protección de las leyes ambientales.
Se extiende copia a los Diputados Federales Carlos Felton González y Víctor Manuel Lizárraga, del PAN y PRD y de Sinaloa y Baja California Sur respectivamente, ya que al parecer fueron de los que aprobaron "al vapor" la protección a los manglares y humedales. De todas formas se los agradecemos.
Denuncia a: Polevnsky y Coppola (Parte I)
El Sudcaliforniano
13 de marzo de 2007
Recientemente le denuncie a la Senadora y Secretaria de la Cámara de Senadores Yeidckol Polevnsky, diferentes problemas regionales que tenemos, como son: La llamada Ley del Mangle, la controvertida NOM-029 y la producción de Etanol. Me pidió que se lo mandara todo por escrito, para que ella pudiera analizarlo y exponerlo en tribuna, como punto de acuerdo; pero recordé que su Grupo Parlamentario por si solo, poco o nada puede hacer en el pleno de la Cámara de Senadores, por lo tanto, aprovecho la ocasión para hacerlo extensivo al Senador por Baja California Sur y Presidente de la Comisión de Turismo, Lic. Luís Coppola Joffroy.
En estos tiempos tan difíciles de encontrar virtudes como: el sentido común, la congruencia y la inteligencia, acudo a dos Legisladores Federales, empresarios, combativos y buscadores ambos; del bien común. Yeidckol pertenece al Grupo Parlamentario del PRD y Coppola al del PAN. Se bien por que los conozco, que la principal preocupación de ambos, es México, la generación de empleos, el combate a la inseguridad, el medio ambiente y el estado de derecho. LA PATRIA ES PRIMERO, es la frase en letras de oro que todos los Legisladores ven en la pared frontal de la Cámara de Senadores y la cual debería ser el motivo principal que debería impulsarlos sin distingo partidista, para trabajar por México y por el bien común y no solamente para sus respectivos intereses personales, de grupos o de partidos.
Nuevamente hago la denuncia, de que se viene otra embestida en contra de la protección de los manglares y humedales. Ambas Cámaras legislativas se sacaron un diez, cuando recientemente reformaron la Ley de Vida Silvestre y enmendaron un terrible error del gobierno Foxista, de autorizar la destrucción de los manglares en "bien del desarrollo", sin tomar en cuenta los incalculables servicios ambientales que prestan los bosques de mangles y los humedales.
La semana pasada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se reunieron el Presidente de la Asociación Nacional de Desarrolladores Turísticos, dirigentes hoteleros y funcionarios estatales y municipales con el Director de FONATUR, Miguel Gómez Mont, quien "reconoció que es importante que se revise la ley ecológica que protege al mangle" y dijo también que: "Sí hay pedidos muy claros de que se revise esa Ley, y creo que se debe de hacer, por que la prohibición tajante siempre hace que haya una violación tajante, entonces hay que cuidar a la ecología, pero una prohibición tan abrupta es invitar a que nadie la regule" (Diario Noroeste 09.03.07) ¿Qué les parece?
Los hoteleros mazatlecos propusieron eliminar la llamada "Ley del mangle", ya que consideran que está impidiendo el desarrollo de complejos turísticos en áreas costeras. Dijeron también que durante una comida con el Presidente Felipe Calderón, el Secretario de la SEMARNAT, Juan Rafael Elvira Quezada les dijo: "...es que la Ley (Vida Silvestre) fue aprobada al "vapor" por los diputados federales sin tomar en cuenta la opinión de desarrolladores turísticos", dijeron también que: "Elvira acordó que el Presidente Calderón va a revisar el contenido de la Ley y la intención es que se elimine para plantearla de nueva cuenta" (Noroeste 07.03.07). Lo increíble de estas declaraciones es que varios de los hoteleros ahí presentes, son férreos defensores del medio ambiente y han obtenido para sus hoteles; el Certificado de Excelencia Ambiental que otorga la PROFEPA a todos los empresarios socialmente responsables.
Ernesto Coppel Kelly dijo; que actualmente varios desarrolladores turísticos de Cancún y Baja California han tenido dificultades para realizar sus complejos, por que se "topan" con el mangle. Dijo también "que no están en contra de proteger la naturaleza, sino que es necesario tener un equilibrio con el desarrollo sustentable, pues no es posible que se dejen de crear fuentes de trabajo sólo por proteger a los mangles". Me extraña esta declaración de un empresario que se ha destacado por hacer obras millonarias para proteger el medio ambiente, en todos sus desarrollos turísticos.
Luis Coppola y Yeidckol Polevnsky saben que ningún empresario se detiene ante nada para lograr un proyecto exitoso y mucho menos para obtener utilidades millonarias. Ahí están de muestra, las multimillonarias inversiones que se realizaron en el Municipio de Los Cabos, como son: la marina de San José del Cabo o la obra faraónica de construir un túnel a través de un cerro, sólo para tener el acceso a una pequeña playa. También están los movimientos de tierra en donde han desaparecido cerros enteros, así como la marina de Costa Baja en La Paz o el puente para cruzar al desarrollo de Nuevo Altata en Sinaloa. Estos son algunos ejemplos de que nada detiene a los empresarios turísticos para obtener grandes beneficios. Entonces por que no pedirles y exigirles que empleen toda su inteligencia y los recursos necesarios, para que protejan el medio ambiente, aprovechen sustentablemente los manglares y al mismo tiempo obtengan millonarias ganancias y el reconocimiento de la sociedad.
Además y como Legisladores que son, deben recordar que los lagos, lagunas, presas, ríos, arroyos y sus cauces, así como los humedales y manglares son propiedad de la nación y los temas del agua y los bosques, son considerados desde hace varios años como de prioridad y seguridad nacional. Los empresarios inmobiliarios tienen la obligación de proteger los bosques de mangle y los humedales, ya que no son de su propiedad y están bajo protección de las leyes ambientales.
Se extiende copia a los Diputados Federales Carlos Felton González y Víctor Manuel Lizárraga, del PAN y PRD y de Sinaloa y Baja California Sur respectivamente, ya que al parecer fueron de los que aprobaron "al vapor" la protección a los manglares y humedales. De todas formas se los agradecemos.
Obligarán a demoler edificios irregulares en Benito Juárez
El Sol de México
13 de marzo de 2007
Teresa Escalante
Ciudad de México.- La delegación Benito Juárez obligará a las constructoras a demoler edificios con alturas no permitidas y a cubrir los gastos que implique la recimentación de casas de uno o dos niveles que han sufrido un hundimiento diferenciado por este tipo de vivienda.
El diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, presidente de la Comisión en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aseguró que en zonas donde la altura máxima es de cuatro pisos se construyen edificios de seis y ocho, donde además cuentan con tuberías de agua potable de un diámetro menor al autorizado, con el consecuente desabasto en las viviendas, ya que "se permitió violar el Plan de Desarrollo Urbano de la delegación".
Díaz Cuervo señaló que para conocer el impacto que ocasiona el desmedido otorgamiento de licencias de construcción en la Benito Juárez, se levantará un censo de las obras realizadas y en proceso desde el 2000 hasta la fecha.
Dijo que para identificarlas se contratarán 10 personas que recorrerán calle a calle la delegación en busca de construcciones irregulares.
El diputado explicó que pretenden detener y corregir estas acciones y, en su caso, proponer las modificaciones necesarias a la Ley de Desarrollo Urbano y al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Benito Juárez.
Informó que realizarán un estudio comparativo entre el número de viviendas construidas por habitante en la Benito Juárez, con respecto a las otras delegaciones que fueron pactadas por el Bando 2, como Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
Los vecinos podrán opinar a través de encuestas el nivel de afectación a su vida cotidiana, ya que se realizarán foros de análisis.
Adelantó que llamarán a comparecer tanto a funcionarios públicos como a los titulares de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), al de la Seduvi, al delegado, al director general de Obras, al exdelegado y a miembros del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Distrito Federal.
De igual manera, Díaz Cuervo comentó que la comisión elaborará un informe donde se señalen acciones en contra de funcionarios e instancias que hayan cometido irregularidades, así como propuestas de modificación a leyes y programas
13 de marzo de 2007
Teresa Escalante
Ciudad de México.- La delegación Benito Juárez obligará a las constructoras a demoler edificios con alturas no permitidas y a cubrir los gastos que implique la recimentación de casas de uno o dos niveles que han sufrido un hundimiento diferenciado por este tipo de vivienda.
El diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, presidente de la Comisión en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aseguró que en zonas donde la altura máxima es de cuatro pisos se construyen edificios de seis y ocho, donde además cuentan con tuberías de agua potable de un diámetro menor al autorizado, con el consecuente desabasto en las viviendas, ya que "se permitió violar el Plan de Desarrollo Urbano de la delegación".
Díaz Cuervo señaló que para conocer el impacto que ocasiona el desmedido otorgamiento de licencias de construcción en la Benito Juárez, se levantará un censo de las obras realizadas y en proceso desde el 2000 hasta la fecha.
Dijo que para identificarlas se contratarán 10 personas que recorrerán calle a calle la delegación en busca de construcciones irregulares.
El diputado explicó que pretenden detener y corregir estas acciones y, en su caso, proponer las modificaciones necesarias a la Ley de Desarrollo Urbano y al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Benito Juárez.
Informó que realizarán un estudio comparativo entre el número de viviendas construidas por habitante en la Benito Juárez, con respecto a las otras delegaciones que fueron pactadas por el Bando 2, como Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
Los vecinos podrán opinar a través de encuestas el nivel de afectación a su vida cotidiana, ya que se realizarán foros de análisis.
Adelantó que llamarán a comparecer tanto a funcionarios públicos como a los titulares de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), al de la Seduvi, al delegado, al director general de Obras, al exdelegado y a miembros del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Distrito Federal.
De igual manera, Díaz Cuervo comentó que la comisión elaborará un informe donde se señalen acciones en contra de funcionarios e instancias que hayan cometido irregularidades, así como propuestas de modificación a leyes y programas
Culpa Botello a gobiernos panistas de daño a imagen urbana de SMA
Por: Salvador Manjarrez,
Martes, 13 de Marzo de 2007
Correo
Asegura que los funcionarios de ese partido violan leyes, además de minimizar la voluntad de la ciudadanía
SAN MIGUEL DE ALLENDE
Los gobiernos panistas siempre se han caracterizado por violar las leyes, no han respetado la Ley de Preservación de San Miguel de Allende; "No es de extrañarse que San Miguel esté resintiendo tantas modificaciones en su imagen por no respetarse la ley", señaló la diputada local Bárbara Botello Santibáñez.
La Ley sobre la Protección y Conservación de la Ciudad de San Miguel de Allende es "letra muerta" no se aplica porque el gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez no ha instalado la Junta de Vigilancia que debe supervisar las construcciones nuevas, así lo externaron el domingo pasado un grupo de habitantes de Allende.
Al respecto la diputada local Bárbara Botello Santibáñez opinó que los gobiernos panistas siempre se han caracterizado por ignorar a gran parte de la ciudadanía y lo que está pasando en San Miguel de Allende no es de extrañarse, desde el momento en que esta ciudad turística es candidata a ser Patrimonio Humano esté siendo objeto de tantas modificacion en su imagen, ignorándose la opinión de la gente y sobrepasando las leyes.
"Este gobierno (panista) ha minimizado la parte ciudadana y lo mismo pasa en los consejos ciudadanos de Seguridad Publica, y de Protección Civil por citar algunos", refirió.
La congresista dio la razón a un grupo de ciudadanos que se han movilizado, incluso que contrataron el despacho jurídico Székelyn para defender el patrimonio de la ciudad, ya que consideran que se deteriora por obras que afectan la imagen urbana de la ciudad.
"No sabemos si quienes toman estas decisiones dentro de los gobiernos panistas cuentan con malos asesores, o ignoran las leyes o con qué fin lo hacen", replicó Botello Santibáñez.
Sin embargo cabe destacar que la Ley de Preservación que aún es vigente ya no se adapta a la realidad, fue publicada el 15 de junio de 1939 y requiere modificaciones porque marca en su artículo 21 que quienes violen la norma podrán ser acreedores de sanciones hasta de 100 pesos.
Artículos como el 20 marcan que "la persona que destruya en todo o en parte un edificio clasificado o haga de él un uso que perjudique su valor artístico o histórico será castigada con tres a quince días de prisión o multa de diez a quinientos pesos o con ambas penas a la vez, a juicio del juez".
"Nosotros desde la fracción parlamentaria del PRI haremos todos los exhortos para impulsar una reforma a esta ley y asegurar que se aplique en todos los sentidos", subrayó.
Es de mencionar que la Ley de Preservación de San Miguel de Allende marca que dentro del perímetro urbanizado están prohibidas las construcciones que no estén acordes al estilo arquitectónico de la ciudad por eso "no podrá emprenderse ninguna obra nueva sin que previamente se haya obtenido autorización escrita de la Junta de Vigilancia".
A pesar de lo anterior, sobre la calle Insurgentes en pleno centro histórico de Allende se está edificando un estacionamiento de tres pisos que a razón de un grupo de ciudadanos, impacta la imagen urbana de la ciudad, sin embargo el director de Desarrollo Urbano, Ángel Gastelum, aseguró que dicha obra no afecta la imagen urbana de la ciudad porque cuenta con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Martes, 13 de Marzo de 2007
Correo
Asegura que los funcionarios de ese partido violan leyes, además de minimizar la voluntad de la ciudadanía
SAN MIGUEL DE ALLENDE
Los gobiernos panistas siempre se han caracterizado por violar las leyes, no han respetado la Ley de Preservación de San Miguel de Allende; "No es de extrañarse que San Miguel esté resintiendo tantas modificaciones en su imagen por no respetarse la ley", señaló la diputada local Bárbara Botello Santibáñez.
La Ley sobre la Protección y Conservación de la Ciudad de San Miguel de Allende es "letra muerta" no se aplica porque el gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez no ha instalado la Junta de Vigilancia que debe supervisar las construcciones nuevas, así lo externaron el domingo pasado un grupo de habitantes de Allende.
Al respecto la diputada local Bárbara Botello Santibáñez opinó que los gobiernos panistas siempre se han caracterizado por ignorar a gran parte de la ciudadanía y lo que está pasando en San Miguel de Allende no es de extrañarse, desde el momento en que esta ciudad turística es candidata a ser Patrimonio Humano esté siendo objeto de tantas modificacion en su imagen, ignorándose la opinión de la gente y sobrepasando las leyes.
"Este gobierno (panista) ha minimizado la parte ciudadana y lo mismo pasa en los consejos ciudadanos de Seguridad Publica, y de Protección Civil por citar algunos", refirió.
La congresista dio la razón a un grupo de ciudadanos que se han movilizado, incluso que contrataron el despacho jurídico Székelyn para defender el patrimonio de la ciudad, ya que consideran que se deteriora por obras que afectan la imagen urbana de la ciudad.
"No sabemos si quienes toman estas decisiones dentro de los gobiernos panistas cuentan con malos asesores, o ignoran las leyes o con qué fin lo hacen", replicó Botello Santibáñez.
Sin embargo cabe destacar que la Ley de Preservación que aún es vigente ya no se adapta a la realidad, fue publicada el 15 de junio de 1939 y requiere modificaciones porque marca en su artículo 21 que quienes violen la norma podrán ser acreedores de sanciones hasta de 100 pesos.
Artículos como el 20 marcan que "la persona que destruya en todo o en parte un edificio clasificado o haga de él un uso que perjudique su valor artístico o histórico será castigada con tres a quince días de prisión o multa de diez a quinientos pesos o con ambas penas a la vez, a juicio del juez".
"Nosotros desde la fracción parlamentaria del PRI haremos todos los exhortos para impulsar una reforma a esta ley y asegurar que se aplique en todos los sentidos", subrayó.
Es de mencionar que la Ley de Preservación de San Miguel de Allende marca que dentro del perímetro urbanizado están prohibidas las construcciones que no estén acordes al estilo arquitectónico de la ciudad por eso "no podrá emprenderse ninguna obra nueva sin que previamente se haya obtenido autorización escrita de la Junta de Vigilancia".
A pesar de lo anterior, sobre la calle Insurgentes en pleno centro histórico de Allende se está edificando un estacionamiento de tres pisos que a razón de un grupo de ciudadanos, impacta la imagen urbana de la ciudad, sin embargo el director de Desarrollo Urbano, Ángel Gastelum, aseguró que dicha obra no afecta la imagen urbana de la ciudad porque cuenta con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Editorial Correo Carta Pública
Carta Pública
Correo
Arturo Miranda Montero
Ya basta
Martes, 13 de Marzo de 2007
La tentación para insultar a un insultable siempre brota cuando el bicho no sabe quedarse calladito. Saltar es la acepción, no la de ofender, que es la más común. Salta uno cuando los que ocupan los cargos públicos hacen como si fueran dioses; y se ofenden cuando se les reclaman sus responsabilidades, esas que pujaron por alcanzar y las mismas que juraron cumplir, vía la Ley.
Es el caso del alcalde de San Miguel de Allende. Ciudadanos en ejercicio de sus derechos constitucionales se plantean una simple participación en lo que a ellos les interesa: No enfrentar a nadie, sino a plantear alternativas de cooperación por el lado de la ciudadanía “que sustituyan la protesta por la propuesta" para que la ley se respete en el ámbito de la participación ciudadana, la rendición de cuentas de la autoridad, la legalidad en los permisos para desarrollos inmobiliarios y en cuestiones relacionadas con el agua, lo que implica, necesariamente, “que las autoridades cierren el paso a la imposición y abran el camino de la coadyuvancia con la sociedad".
Esto que es oro molido para cualquier gobernante sensible a una nueva gestión municipal, le resulta "golpeador” al alcalde sanmiguelense. Para él, mente burocratizada, el rendimiento debe darse, “en mi oficina, en la oficina de los miembros del Ayuntamiento, de los directores (ya que) nadie se ha presentado para decir todo aquello que le inquiete". Y remata desdeñón: "el municipio tiene su agenda elaborada, tiene su Plan de Gobierno, tiene el reclamo de las mayorías de atender las cuestiones de vivienda, de educación, de empleo, de seguridad pública y en eso invertimos nuestra gestión". Voy derecho y no me paro: “Yo tengo mi propia versión de sus intereses: entrar en el juego mediático”. Se nota a leguas que es un político mosca, teme morir a periodicazos. Ya basta de bichos así.
mirarturo@gmail.com
Correo
Arturo Miranda Montero
Ya basta
Martes, 13 de Marzo de 2007
La tentación para insultar a un insultable siempre brota cuando el bicho no sabe quedarse calladito. Saltar es la acepción, no la de ofender, que es la más común. Salta uno cuando los que ocupan los cargos públicos hacen como si fueran dioses; y se ofenden cuando se les reclaman sus responsabilidades, esas que pujaron por alcanzar y las mismas que juraron cumplir, vía la Ley.
Es el caso del alcalde de San Miguel de Allende. Ciudadanos en ejercicio de sus derechos constitucionales se plantean una simple participación en lo que a ellos les interesa: No enfrentar a nadie, sino a plantear alternativas de cooperación por el lado de la ciudadanía “que sustituyan la protesta por la propuesta" para que la ley se respete en el ámbito de la participación ciudadana, la rendición de cuentas de la autoridad, la legalidad en los permisos para desarrollos inmobiliarios y en cuestiones relacionadas con el agua, lo que implica, necesariamente, “que las autoridades cierren el paso a la imposición y abran el camino de la coadyuvancia con la sociedad".
Esto que es oro molido para cualquier gobernante sensible a una nueva gestión municipal, le resulta "golpeador” al alcalde sanmiguelense. Para él, mente burocratizada, el rendimiento debe darse, “en mi oficina, en la oficina de los miembros del Ayuntamiento, de los directores (ya que) nadie se ha presentado para decir todo aquello que le inquiete". Y remata desdeñón: "el municipio tiene su agenda elaborada, tiene su Plan de Gobierno, tiene el reclamo de las mayorías de atender las cuestiones de vivienda, de educación, de empleo, de seguridad pública y en eso invertimos nuestra gestión". Voy derecho y no me paro: “Yo tengo mi propia versión de sus intereses: entrar en el juego mediático”. Se nota a leguas que es un político mosca, teme morir a periodicazos. Ya basta de bichos así.
mirarturo@gmail.com
Piden ciudadanos que gobierno y Congreso estatal reformen ley
INSUFICIENTE
Además de que la ley que protege el patrimonio de la ciudad no se cumple, los artículos requieren de actualización y sanciones más efectivas.
Además de que la ley que protege el patrimonio de la ciudad no se cumple, los artículos requieren de actualización y sanciones más efectivas.
Por: Carlos García,
Lunes, 12 de Marzo de 2007
Correo
Pobladores reclaman falta de atención a Ley de Protección y Conservación; urgen a que Oliva forme Junta de Vigilancia
SAN MIGUEL DE ALLENDE
La Ley sobre la Protección y Conservación de la Ciudad de San Miguel de Allende es "letra muerta", no se aplica porque hasta el momento el gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez no ha instalado la Junta de Vigilancia que debe supervisar las nuevas construcciones.
Un grupo de ciudadanos ya se han movilizado, incluso contrataron el despacho jurídico Székely para defender el patrimonio de la ciudad, ya que consideran que se deteriora por obras que afectan la imagen urbana de la ciudad.
El Congreso de Guanajuato también tiene que participar en la conservación de la ciudad porque la Ley fue publicada el 15 de junio de 1939 y requiere modificaciones porque marca que quienes violen la norma podrán ser acreedores de sanciones hasta de 100 pesos.
Ahora el Poder Ejecutivo y el Legislativo de Guanajuato tendrán que intervenir en el tema de la Conservación de San Miguel de Allende y aplicar la ley para que deje de ser “letra muerta”.
De acuerdo al artículo primero de la Ley es declarada Población Típica de San Miguel de Allende "todo el espacio urbanizado comprendido dentro de los límites que actualmente forman el perímetro de dicha ciudad".
Dentro del perímetro urbanizado están prohibidas las construcciones que no estén acordes al estilo arquitectónico de la ciudad¨, por eso "no podrá emprenderse ninguna obra nueva sin que previamente se haya obtenido autorización escrita de la Junta de Vigilancia", marca el artículo segundo.
La Junta de Vigilancia depende del Ejecutivo y corresponde al gobernador en turno, en este caso Juan Manuel Oliva Ramírez, designar al presidente del organismo y el gobierno federal debe tener un representante.
De acuerdo al artículo 17 de la ley, la Junta estará integrada por "una persona que designará el mismo Ejecutivo del estado y que tendrá el carácter de presidente; de otra que designará la Dirección de Bienes Nacionales, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; del Inspector Local de Monumentos Artísticos, y de otras dos personas que elegirán las tres anteriores y que deberán ser vecinos de San Miguel de Allende".
El mismo artículo establece que "la Junta funcionará con asistencia de tres de sus miembros, cuando menos, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los asistentes; quedando facultada para formar y expedir su reglamento interior, el cual será sometido a la aprobación del gobernador del estado".
Uno de los artículos más importantes es el cuatro que estipula que la Junta de Vigilancia puede impedir la ejecución de obras que no haya autorizado, suspender las que no se ajusten a la norma y hasta exigir la destrucción de obras que se opongan al carácter arquitectónico general de la ciudad.
Las sanciones Es necesario que la Ley sea reformada por el Poder Legislativo porque artículos como el 20 marcan que la persona que destruya en total o parcialmente un edificio clasificado o haga de él un uso inapropiado al valor artístico o histórico, será castigada con 3 a 15 días de prisión o multa de 10 a 500 pesos.
lunes, 12 de marzo de 2007
Editorial El Correo
Editorial
Poder ciudadano
Viernes, 09 de Marzo de 2007
Cada vez es más frecuente que se haga notar la conciencia pública. En San Miguel de Allende pareciera estar próximo su estallido. A la voz de “no venimos a enfrentar a nadie, sino a plantear alternativas de cooperación por el lado de la ciudadanía que sustituyan la protesta por la propuesta”, el grupo ¡Ya Basta! anunció su propósito de impulsar la figura de la iniciativa popular contenida en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato y los Municipios, para contribuir en la protección del patrimonio de su ciudad.
Se trata, según lo expresó el diplomático y abogado de derechos humanos Alberto Zsékely, de que los ciudadanos hagan uso de los mecanismos que las leyes ponen a su disposición para participar en la toma de decisiones que afectan a su municipio, y para que "no se pueda decir que son solo unos cuantos individuos movilizados los que hacen ruido (y) quienes se han hecho corresponsables de la suerte de San Miguel de Allende".
Es la respuesta de personas conscientes de sus derechos y obligaciones que deciden organizarse y presentarse ante el gobierno municipal, al cabo de distintos hechos que consideran atentan contra la ciudad en que quieren vivir. Como la puesta en marcha de proyectos inmobiliarios que afectan la imagen urbana: la construcción de un edificio de departamentos de seis pisos y un estacionamiento de cuatro niveles en pleno centro histórico.
El camino para que la voz de los ciudadanos sea escuchada es todavía muy largo y sinuoso, por más que ya se haya empezado a recorrer. La tarea que se necesita hacer para lograr la democratización de nuestros municipios, de todo el estado, es ardua. Por tanto, se debe saludar la iniciativa de los habitantes de San Miguel de empezar a postular el ejercicio de la soberanía popular. Como ellos dicen, dándole oportunidad a diversas formas de imaginación colectiva que sustituyan la protesta por la propuesta.
Poder ciudadano
Viernes, 09 de Marzo de 2007
Cada vez es más frecuente que se haga notar la conciencia pública. En San Miguel de Allende pareciera estar próximo su estallido. A la voz de “no venimos a enfrentar a nadie, sino a plantear alternativas de cooperación por el lado de la ciudadanía que sustituyan la protesta por la propuesta”, el grupo ¡Ya Basta! anunció su propósito de impulsar la figura de la iniciativa popular contenida en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato y los Municipios, para contribuir en la protección del patrimonio de su ciudad.
Se trata, según lo expresó el diplomático y abogado de derechos humanos Alberto Zsékely, de que los ciudadanos hagan uso de los mecanismos que las leyes ponen a su disposición para participar en la toma de decisiones que afectan a su municipio, y para que "no se pueda decir que son solo unos cuantos individuos movilizados los que hacen ruido (y) quienes se han hecho corresponsables de la suerte de San Miguel de Allende".
Es la respuesta de personas conscientes de sus derechos y obligaciones que deciden organizarse y presentarse ante el gobierno municipal, al cabo de distintos hechos que consideran atentan contra la ciudad en que quieren vivir. Como la puesta en marcha de proyectos inmobiliarios que afectan la imagen urbana: la construcción de un edificio de departamentos de seis pisos y un estacionamiento de cuatro niveles en pleno centro histórico.
El camino para que la voz de los ciudadanos sea escuchada es todavía muy largo y sinuoso, por más que ya se haya empezado a recorrer. La tarea que se necesita hacer para lograr la democratización de nuestros municipios, de todo el estado, es ardua. Por tanto, se debe saludar la iniciativa de los habitantes de San Miguel de empezar a postular el ejercicio de la soberanía popular. Como ellos dicen, dándole oportunidad a diversas formas de imaginación colectiva que sustituyan la protesta por la propuesta.
Para ciudadanos que prefieran la propuesta a la protesta.
Por Mercedes San Martín
9 de marzo 2007
San Miguel de Allende, Gto.- Una tarde que avecina la primavera fue el marco inigualable para la reunión ciudadana que se llevó a cabo en el museo casa de Allende.
El generalísimo, orgulloso de sus moradores, preparó los mejores augurios para que la junta estuviera a la altura del lugar.
Desde temprano, casí una hora antes, empezaron a acudir las personas, unas con invitación en mano y otras sin ella.
Más de ciento setenta sillas esperaban impacientes a sus convidados, pasillos, escaleras rebosando de gentes y de a poco el recinto se abarrotó.
Solemne, profesional, inteligente y documentada fue la exposiciópn del Dr. Székely, acompañado de un grupo de profesionales de su despacho, el embajador empezó su discurso en un tono conciliador "no venimos a enfrentar a nadie, sino a plantear alternativas de cooperación por el lado de la ciudadanía que sustituyan la protesta por la propuesta".
En efecto, alrededor de hora y media escuchamos lo que se conoció como Estrategia Legal para la Protección del Poblado Típico de San Miguel de Allende.
Veintisiete propuestas específicas de participación ciudadana acompañan la labor que, sobre una serie de problemas que atañen tanto al patrimonio cultural como natural de Allende, pretende transformar la queja, la apatía y el enjuiciamiento, en trabajo propositivo y democrático por el bien de nuestro municipio.
¿Quién puede estar en contra de la participación ciudadana abrigada en las leyes que desde nuestras instituciones pretenden empujar la democracia? Sin duda nadie debe, si puede.
Ayer un experto en defensoría ambiental, abogado y embajador nos presentó las herramientas que permiten la cabal participación ciudadana.
El trabajo presentado ayer tiene como propósito y lo cito textualmente, "diseñar una estrategia, para los ciudadanos de San Miguel de Allende, a fin de contribuir a que estén habilitados para asumir, eficazmente, la corresponsabilidad de proteger su patrimonio natural y cutural de una manera propositiva, con la ley en la mano y con los distintos medios y recursos que la misma ofrece, coadyuvando con las autoridades a la vez que asegurándose que éstas encuentren, en la participación ciudadana, el aliciente necesario para cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales pertinentes"
Ayer quedó de manifiesto que las iniciativas ciudadanas tienen eco cuando se hacen desde el respeto y el conocimiento, no es apolíneo sugerirle a las autoridades la necesidad del trabajo conjunto para lograr que nuestro municipio se desarrolle en beneficio de toda la comunidad.
Trabajemos para que la ley no sea letra muerta sino instrumento, trabajemos con las autoridades, dejemos las rivalidades y la desconfianza. El foro abierto a toda la ciudadanía y a las autoridades mostró lo lejos que estamos de pretender confrontarnos, si esto fuera así lo hubiéramos hecho privado.
Démonos a la tarea de hacer valer la ley, todo dentro de ella nada fuera. Sí todos estamos a favor del estado de derecho, utilicemos la ley,sus marcos y cauces para discuitir y, sobre todo, empeñémonos para que se cumpla. La equidad, la justicia y el respeto deben de ser valores que permitan augurar un futuro en donde todos tengamos cabida.
Tenemos derecho a disentir, en la democracia esto ayuda a la reflexión, a la solución de problemas, a ver en el otro una fuente inagotable de lecturas de la realidad. Quien teme a la crítica se teme asímismo, teme no tener claro sus conocimientos y capacidades y de no poderlas defender.
Me congratulo de este paso adelante y doy la bienvenida a esta nueva página, que será fuente de información para ciudadanos que prefieran la propuesta a la protesta.
www.vaporsanmiguel.blogspot.com